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DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 57/2008-PL. · Registro digital (IUS): 22715
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Febrero de 2011, , Pág. 1377.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 57/2008-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

MINISTRA PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.

MINISTRA ENCARGADA DEL ENGROSE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIO: ALFREDO VILLEDA AYALA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintidós de junio de dos mil diez.

VISTOS, y

RESULTANDO:

PRIMERO. Denuncia de la contradicción de tesis. Mediante oficio **********, de nueve de diciembre de dos mil ocho, el presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito denunció ante este Alto Tribunal la posible contradicción de criterios entre los sustentados por la Primera y la Segunda Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver, respectivamente, las contradicciones de tesis ********** y **********; denuncia que se hizo en los términos siguientes:

"Presidente del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, denunció la posible contradicción de criterios entre lo sostenido (sic) por la Primera y (sic) Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis ********** y **********, esto a pesar de que en las referidas sentencias el tema jurídico central no es el mismo, pues la Primera Sala en su resolución estudió el cómputo del plazo para la interposición de la demanda de garantías en las hipótesis que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo, distinguiendo que no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él; mientras que, la Segunda Sala analizó a partir de cuándo se computa el término que tiene el quejoso para la promoción del juicio de amparo contra la emisión de un laudo en cumplimiento a diverso juicio constitucional, considerando que es necesario que conste fehacientemente que se haya corrido traslado de dicha resolución. En efecto, en ambas ejecutorias concuerdan -de forma genérica- en el análisis del artículo 21 de la Ley de Amparo, que establece tres hipótesis para iniciar el cómputo de la promoción de la demanda constitucional, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; y, c) A partir del día siguiente al en que el quejoso se hubiera ostentado sabedor de los referidos actos. Siendo coincidentes en que los tres supuestos son excluyentes entre sí, y no guardan orden de prelación alguno. Sin embargo difieren en razón de que la Primera Sala hace una distinción que no lleva a cabo la Segunda. Así la Segunda Sala, sin hacer distinción alguna, refiere que el cómputo se inicia a partir de que se actualice cualquiera de las hipótesis expuestas en el artículo 21 de la Ley de Amparo, ya que aun cuando exista constancia de notificación al quejoso, ésta no podrá considerarse para tal efecto, si se demuestra que con anterioridad, tuvo conocimiento de tales actos o se ostenta sabedor de los mismos. Este criterio dio lugar a la jurisprudencia número 2a./J. 31/2002, de rubro: ‘DEMANDA DE AMPARO. EL TÉRMINO PARA SU PROMOCIÓN CONTRA UN LAUDO EMITIDO EN CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA DE AMPARO ANTERIOR, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DE AQUÉL.’. Mientras que la Primera Sala del Máximo Tribunal hace una distinción para el inicio del cómputo del plazo para la presentación de la demanda, haciéndolo depender de la idoneidad de cada supuesto que prevé el artículo 21 de la ley de la materia; el primero, derivado de la posición que el quejoso guarde respecto del acto que reclama; así, la notificación es el único medio para los casos en que el acto reclamado derive de procedimientos judiciales que contemplen la notificación, en relación con las partes que interviene en él -inciso a) de las hipótesis advertidas en el numeral referido- y; el segundo, derivado del conocimiento del acto, aplicado sólo a los procedimientos en que no exista -de facto o (sic) iure- la notificación como medio legal de comunicación procesal -supuestos jurídicos considerados en los incisos b) y c) anteriormente expuestos-. Este criterio dio lugar a la jurisprudencia número 1a./J. 30/2007, de rubro: ‘DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO.’. Atentamente ..."

SEGUNDO. Trámite de la contradicción. Por proveído de ocho de enero de dos mil nueve, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación mandó formar el cuaderno de contradicción de tesis y en atención a las razones expresadas por el Magistrado compareciente, denunció la posible contradicción de criterios entre las Salas que integran este Máximo Tribunal; ordenó se agregaran copias certificadas de las ejecutorias en pugna a efecto de integrarlo debidamente y, por último, mandó dar vista al procurador general de la República, por el término de treinta días para que manifestara lo que a su representación conviniera.

TERCERO. Pedimento del Ministerio Público Federal. Por oficio de veintiséis de febrero de dos mil nueve, el Ministerio Público Federal adscrito a este Alto Tribunal formuló opinión ministerial en el sentido de que no existe la contradicción de tesis denunciada.

Mediante proveído de cuatro de marzo de dos mil nueve, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia mandó agregar la opinión referida en el párrafo anterior, y en esa misma actuación turnó el asunto a la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, para que formulara el proyecto de resolución correspondiente.

CUARTO. Acuerdos presidenciales de turno y radicación. El presidente de este Alto Tribunal, previos dictámenes de la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, ordenó se remitieran los autos a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas determinó enviar el presente asunto al Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su conocimiento y resolución.

Posteriormente, el presidente de este Alto Tribunal, mediante acuerdo de dos de junio de dos mil nueve, tuvo por recibidas las constancias del presente asunto y ordenó devolverlos a la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas para efectos de la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

QUINTO. Sesiones del Tribunal Pleno de febrero y mayo de dos mil diez. En sesión celebrada el once de febrero de dos mil diez, se determinó por mayoría de seis votos de los integrantes de este Tribunal Pleno que sí existe la contradicción de tesis denunciada y en la diversa sesión de treinta y uno de mayo siguiente se determinó el punto de contradicción a resolver, por lo que se acordó que la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas elaborara de nueva cuenta el proyecto respectivo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 197 de la Ley de Amparo; y, 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que los criterios discrepantes fueron sustentados por las Salas de este Alto Tribunal.

SEGUNDO. Legitimación del denunciante de la contradicción. La denuncia de contradicción proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197 de la Ley de Amparo, toda vez que si bien es cierto, la denuncia la formuló el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, y que los criterios en contradicción no fueron sustentados por el órgano colegiado que preside; también lo es que en el caso, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo suya la denuncia de contradicción al dictar el proveído por medio del cual tuvo por presentado el oficio respectivo; en consecuencia, es dable tenerla hecha por parte legítima.

TERCERO. Criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese órgano jurisdiccional al resolver en sesión de veintisiete de septiembre de dos mil seis la contradicción de tesis **********, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero, Quinto, Sexto y Décimo Primero, en Materia Civil del Primer Circuito determinó lo siguiente:

"Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, el criterio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se establece. El punto materia de la contradicción consiste en determinar cuál de las hipótesis que prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo, debe tomarse en cuenta para computar el término para presentar la demanda de amparo, cuando en la misma fecha en que se notificó al quejoso la sentencia mediante boletín judicial, también se le expidieron copias de la misma. Para estar en condiciones de dilucidar el tema de la presente contradicción de tesis, es necesario analizar la disposición aplicable de la ley reglamentaria que establece las condiciones para llevar a cabo la interposición de la demanda de garantías, en el caso concreto el artículo 21 de la Ley de Amparo, el cual señala: (se transcribe). Como puede advertirse, del texto del precepto legal antes transcrito, se desprende que el término para la presentación de la demanda de garantías, correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a) Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Que el agraviado haya tenido conocimiento de los actos de autoridad o de su ejecución; o, c) Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. De la interpretación del indicado artículo, puede advertirse que en su texto se hacen tres distinciones para el cómputo del término de quince días dentro de los cuales se debe presentar la demanda de amparo; además, los supuestos mencionados, son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno y, por tanto, es claro que la intención del legislador, fue la de establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquellos supuestos; no obstante, no por ello debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado. En efecto, el legislador tuvo la intención de establecer que el inicio del cómputo para interponer la demanda de amparo, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de esas hipótesis, por lo que no cabe duda que el creador de la ley distinguió entre un supuesto y otro, porque de lo contrario habría bastado con que señalara que el término empezaría a contar a partir del día siguiente al en que el quejoso se enterara, por cualquier medio, del acto reclamado. Esto es, tomando en cuenta la idoneidad de los medios por los cuales los gobernados tienen conocimiento y su posición respecto de los actos reclamados, no deben aplicarse invariablemente para empezar a contar a partir del día siguiente, cualquiera de las tres hipótesis, pues de lo contrario, si el legislador no hubiera querido hacer tal distinción, habría bastado con que señalara que el término empezaría a contar a partir del día siguiente al en que el inconforme se enterara, por cualquier medio, del acto reclamado. Por tanto, como se establecen tres distintas hipótesis, siempre debe tomarse en consideración, para estimar a partir de cuándo empieza a correr el término para la presentación de la demanda de amparo, la posición del quejoso respecto del acto que reclame, toda vez que puede darse el caso de que se actualice la notificación, el conocimiento o la confesión, para que el agraviado se haga sabedor del acto reclamado, por lo que el problema se presenta cuando la notificación del acto reclamado al quejoso o el conocimiento que éste tenga de aquél, son dos medios indistintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, que obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que el tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que el propio conocimiento, no siempre proviene de una notificación, por lo que se está en casos diversos, pues al establecerse la notificación, la ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas. En cambio, el conocimiento de la resolución, se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la ley, al no haber sido partes, por esa sola circunstancia, no podrían ser notificadas. De acuerdo con lo anterior, la notificación del acto reclamado a la parte quejosa y el conocimiento que de él tenga, no son dos medios indistintos, que sirven de punto de partida para la presentación del amparo, pues no son idóneos ambos para todos los casos, ni válidos para la misma situación. En ese orden de ideas, el tercer supuesto del numeral transcrito, entraña una confesión de la existencia y conocimiento de un acto que transgrede derechos públicos subjetivos del gobernado. Al respecto, es ilustrativa la tesis plenaria de la anterior integración, cuyos datos de localización, rubro y texto, son del siguiente tenor: ‘DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe). Entre los supuestos contenidos en el precepto legal transcrito, se encuentra el que se refiere a la notificación según la ley del acto, la cual constituye un medio de comunicación procesal entre el funcionario judicial y las partes o los terceros, así como entre autoridades; la notificación en sí, es el acto mediante el cual, de conformidad con las formalidades legales preestablecidas, se hace saber una resolución judicial o administrativa a la persona que se reconoce como interesado, o se le requiere para que cumpla con un acto procesal, éstas se hacen personalmente, por cédula, por boletín judicial, por edictos, por correo o por telégrafo. En tal virtud, no cabe duda que cuando el citado artículo 21 de la Ley de Amparo se refiere a la notificación, desde luego que tiene que ver con el medio de comunicación procesal en los procedimientos en los que existe establecido ese medio legal para dar a conocer una resolución y las personas que siendo parte en dicho procedimiento, puedan ser notificadas, incluyendo aquí a los terceros como serían los testigos o los peritos, que sin ser partes se requiere su participación y por ese motivo son llamados al proceso respectivo. En otro aspecto, al mencionarse en dicho precepto, el conocimiento del acto reclamado, inmediatamente es para distinguirlo de la notificación, o sea para referirse a diversos medios ajenos a la misma, esto es, a procedimientos en que no exista ese medio legal de dar a conocer la resolución y a las personas que no siendo parte en el procedimiento, por tal razón, no son notificadas aunque establezca ese medio de comunicación procesal o lo sea ilegalmente (para el caso del tercero extraño por equiparación). Lo anterior, encuentra sustento en que la Ley de Amparo, prevé las diversas situaciones que pueden presentarse, según la pluralidad de casos y procesos de los que pueden provenir los actos reclamados ante los que se puede solicitar la protección constitucional, porque, tal solicitud no puede estimarse que sólo proceda en contra de resoluciones dictadas en un juicio o procedimiento en forma de juicio y sólo respecto de las personas que hubiesen intervenido en ellos como partes, legalmente emplazadas, pues en tal caso, el artículo 21 se limitaría a la hipótesis de las notificaciones de acuerdo a la ley del acto; sino que la solicitud de amparo procede contra actos reclamados que pueden provenir de procedimientos no judiciales o por personas que no sean parte o que siéndolo no sean legalmente notificadas, por lo que la Ley de Amparo prevé todos estos supuestos, especificando diversos puntos de partida para la interposición de la demanda. Por tanto, la primera hipótesis referida en el inciso a), deberá considerarse idónea para los casos en que el acto reclamado derive de procedimientos judiciales que contemplen el medio de la notificación, en relación con las partes que intervienen en él. En cambio, tratándose de la segunda hipótesis, se debe aplicar generalmente a los procedimientos en que no existe ese medio legal de comunicación procesal (como pueden ser actos no judiciales), de dar a conocer la resolución y también a las personas que no siendo partes en un procedimiento contencioso, aunque lo establezca, no pueden ser notificadas por dicha circunstancia, de no ser o no haber sido parte en el mismo, extendiéndose a este supuesto la situación del tercero extraño por equiparación, el cual si bien es parte, alega no haber sido llamado al mismo en forma legal. Con base en la anterior distinción, cuando el quejoso sea parte en el juicio del que derivan los actos reclamados y no se ostente extraño al mismo, pues ha comparecido al procedimiento a deducir sus derechos, deberá situársele en principio en el primer supuesto para computarse el término para la promoción del juicio de amparo. Tres de los órganos contendientes examinaron la notificación del acto reclamado que constituyeron resoluciones, que fueron notificadas a través del boletín judicial, el cual es una publicación oficial del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el que se divulgan las listas de los asuntos o negocios en que han recaído acuerdos y sentencias del día anterior, que se tramitan ante los juzgados y Salas correspondientes, así como diversos avisos judiciales. En dicho medio de difusión, se inserta la lista con los nombres de las partes, con expresión de la clase de juicio de que se trata, a fin de que los interesados puedan acudir a enterarse del contenido de tales acuerdos en las secretarías correspondientes. Esto es, la publicación vía Boletín Judicial, tiene por objeto que los interesados tengan conocimiento del pronunciamiento de determinada resolución emitida por los órganos jurisdiccionales, para que éstos ocurran al local que ocupan a imponerse del contenido de los mismos. Luego, el hecho de que la parte interesada, por sí o a través de apoderado o de autorizado concurran indistintamente, al local que ocupa el órgano jurisdiccional donde esté radicado determinado asunto, implica que se impongan del contenido de la resolución publicada e incluso puedan recabar copias del acto reclamado, no significa necesariamente que deba situárseles en el supuesto del conocimiento del acto, para empezar a computar el término para la interposición del juicio de amparo, puesto que ello implicaría en soslayar el contexto en el que se desenvuelve el caso, esto es, que el interesado es parte del juicio del que deriva, no se ostenta como tercero extraño por equiparación y se entera del acto reclamado a través de la notificación que se hace, conforme a la ley del acto. Por tanto, se debe entonces partir de la notificación del acto reclamado, para computar el término para la interposición del juicio de amparo, siempre que ésta sea el motivo y origen del conocimiento del acto reclamado y cuando concurran las características mencionadas. Por otra parte, no pugna con la consideración precedente, la existencia del criterio contenido en la jurisprudencia por contradicción de tesis número 1a./J. 42/2002, sustentada por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: ‘ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CONOCIDO DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RECIBEN LAS COPIAS SOLICITADAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.’; porque si bien la misma se refiere al conocimiento del acto reclamado con motivo de la recepción de copias del mismo, en dicho criterio no se distingue ese supuesto, frente al de la notificación conforme a la ley del acto, para determinar la oportunidad en la presentación de la demanda de amparo, sino que se parte del supuesto que contempla, esto es, el conocimiento por la recepción de copias del acto reclamado como base para computar el término para la promoción del juicio de amparo, siendo que en la especie existe la diferencia entre ese caso y el de la notificación conforme a la ley del acto, arribando a la conclusión de que no resuelve en la especie el punto de contradicción que se trata, la sustentada en esa jurisprudencia, con base al conocimiento del acto; máxime que dicha tesis surgió de un punto de contradicción diverso, consistente en determinar en qué momento empieza a computarse el término, es decir, si es a partir de la solicitud de copias o cuando éstas son expedidas, que se originó en juicios de amparo indirecto promovidos por terceros extraños que solicitaron copia de una resolución que constituyó el acto reclamado. En consecuencia, si en los asuntos que conocieron los tribunales contendientes, los quejosos fueron parte en el procedimiento origen del acto reclamado, debe estarse a la notificación de dicho acto (por boletín judicial) y no a la fecha en que se recibieron las copias simples de la resolución reclamada. Por otra parte, resulta necesario incluir un aspecto fáctico que puede ser común en el quehacer jurisdiccional, esto es, si cuando en una misma fecha se notifica el acto reclamado (boletín judicial); y, al mismo tiempo se recogen las copias del acto reclamado, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías, debe iniciarse en la fecha en que surte efectos la notificación del acto, en términos de la primera hipótesis del artículo 21 de la Ley de Amparo, por ser la regla en este caso, más benéfica para quien (particular, justiciable o gobernado), eventualmente vaya a promover un juicio de amparo, pues de esta manera se fija el punto de partida para efectuar el referido cómputo, en aras del principio de seguridad jurídica; y en virtud de que la actual tendencia de este Alto Tribunal busca privilegiar el principio de un efectivo acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que está en consonancia con la garantía de la efectiva tutela judicial, que puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Asimismo, para facilitar al particular el acceso a los órganos de control constitucional y pueda aportar los elementos en que funde su derecho para sostener la inconstitucionalidad del o los actos reclamados, es decir que la interpretación de mérito no se aparta de los principios fundamentales que norman el debido proceso legal, pues guarda un equilibrio procesal entre las partes al allanar el camino al particular para que pueda defenderse en contra de los actos de autoridad que estime contrarios a la Constitución Federal. Los razonamientos anteriores, se justifican, toda vez que las notificaciones por boletín judicial, no pueden sustituirse por la recepción de copias, en virtud de que la notificación de una resolución determinada dictada en un juicio del orden civil por medio de boletín judicial, implica necesariamente el medio de conocimiento de existencia de la misma, pues se trata de la publicación oficial, en un diario, de los datos de los asuntos en los que exista una resolución judicial sin que se dé a conocer su contenido a las partes, circunstancia que les obliga a comparecer al tribunal relativo a imponerse de ese contenido bien sea mediante la consulta directa del expediente o por la obtención de copias de la resolución; de ahí que la comparecencia de los interesados por sí mismos, o por medio de sus representantes legales o autorizados, una vez realizada la publicación de referencia, a consultar el expediente o recibir copias de la resolución correspondiente, no constituye el medio legal para notificar legalmente a las partes la existencia de una resolución en el proceso correspondiente. Esto es, esa conducta únicamente constituye el modo o forma de imponerse del contenido de la resolución notificada en el diario aludido; así, la razón asentada en los autos sobre la recepción de copias de la resolución el mismo día de su publicación en el boletín judicial, aun cuando implique el conocimiento del contenido de aquélla, no constituye una notificación personal de la multirreferida resolución, porque sólo obedeció al fin perseguido con la divulgación en el diario mencionado, o sea, enterar a las partes de su existencia. Consiguientemente, deben prevalecer con carácter de jurisprudencia en el presente conflicto de criterios, las tesis de esta Primera Sala que enseguida se precisan ..."

De la anterior ejecutoria derivaron las jurisprudencias 1a./J. 30/2007 y 1a./J. 31/2007, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007, páginas 286 y 323, respectivamente, cuyos rubros y textos dicen:

"DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por boletín judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto."

"DEMANDA DE AMPARO. EL TÉRMINO PARA SU PROMOCIÓN CUANDO EN UNA MISMA FECHA SE NOTIFICA EL ACTO RECLAMADO Y SE OBTIENEN LAS COPIAS QUE LO CONTIENEN, DEBE COMPUTARSE CONFORME AL PRIMER SUPUESTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. En virtud de que en el quehacer jurisdiccional puede presentarse un aspecto fáctico no previsto en la ley consistente en que en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, resulta evidente que en tal hipótesis el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto, en términos del primer supuesto previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, por ser, en este caso, la regla más benéfica para quien eventualmente promueva un juicio de amparo, pues de esta manera se fija el punto de partida para efectuar el referido cómputo, en aras de cumplir con el principio de seguridad jurídica."

CUARTO. Criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese órgano jurisdiccional, en sesión de doce abril de dos mil dos, resolvió la contradicción de tesis **********, entre las sustentadas por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Se

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22715-104c3b81/demanda-de-amparo-el-plazo-para-promoverla-debe · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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