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Modo: Corpus Pro

RENTA. EL SUBSIDIO ACREDITABLE PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 113, 114 Y 178 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO NO TIENE RELACIÓN CON LA TARIFA APLICABLE NI CON LA BASE DEL TRIBUTO Y, POR ELLO, NO SE RIGE POR LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE JUSTICIA TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2006).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2008-PL. · Registro digital (IUS): 22557
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Diciembre de 2010, , Pág. 867.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2008-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.

SECRETARIO: ROGELIO ALBERTO MONTOYA RODRÍGUEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día ocho de diciembre de dos mil nueve.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el siete de marzo de dos mil ocho, el Ministro Sergio A. Valls Hernández denunció la posible contradicción de criterios entre la Primera Sala, al resolver los amparos en revisión 1663/2006 y 1055/2007 y la Segunda Sala al fallar los amparos en revisión 1468/2006, 1933/2006, 1965/2006, 1973/2006 y 1979/2006; al manifestar, entre otras cuestiones, las siguientes:

"... 1. Esta Primera Sala al resolver el amparo en revisión 1663/2006, el 21 de febrero de 2007, promovido por **********, sostuvo que el subsidio acreditable es un beneficio que al aminorar la cuantía de la obligación tributaria afecta el monto total del pago respectivo y, por ende, constituye una consecuencia jurídica que incide directamente en el aspecto sustancial del impuesto. Los principios constitucionales en materia tributaria deben tener plena eficacia en cualquier actuación legislativa que repercuta en la obligación sustantiva (el pago); por ello, el análisis de la constitucionalidad del subsidio acreditable debe atender a los elementos considerados por el legislador para otorgar dicho beneficio, a la luz de los principios tributarios. El asunto dio origen a la tesis aislada 1a. CXXXV/2007, aprobada el 13 de junio de 2007, de rubro: ‘SUBSIDIO ACREDITABLE. EL ANÁLISIS DE SU CONSTITUCIONALIDAD DEBE ATENDER A LOS ELEMENTOS CONSIDERADOS POR EL LEGISLADOR PARA OTORGAR DICHO BENEFICIO, A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS.’, criterio que fue reiterado en el amparo en revisión 1055/2007, fallado el 23 de enero de 2008. 2. La Segunda Sala, en sesión privada de fecha 22 de agosto de 2007 aprobó la tesis jurisprudencial 165/2007, de rubro: ‘RENTA. LA PROPORCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 114, PÁRRAFO CUARTO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, ES PARTE DEL BENEFICIO DEL SUBSIDIO ACREDITABLE Y, POR ENDE, NO LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA FISCAL (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2006).’, de la cual se advierte que del estudio histórico de la figura del subsidio acreditable, el legislador incorporó un beneficio fiscal consistente en un subsidio decreciente mediante una proporción que reduce gradualmente su monto. Esta proporción es parte de dicho beneficio del subsidio acreditable y, por ende, no le son aplicables los principios de justicia fiscal. Por ello, el posible tema de contradicción se refiere al aspecto de la aplicación a los subsidios acreditables, previstos en los artículos 114 y 178 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de los principios tributarios contenidos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, someto a la consideración de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la presente denuncia, para que se le dé el trámite que en derecho proceda, para cuyo efecto se acompañan copias de los criterios emitidos por cada Sala."

SEGUNDO. Mediante proveído de once de marzo de dos mil ocho, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó, por una parte, que se formara y registrara el expediente de contradicción de tesis respectivo; por la otra, que se le diera vista al procurador general de la República para que expusiera su parecer y, finalmente, que se le notificara por lista y mediante oficio al Ministro Sergio A. Valls Hernández.

TERCERO. Mediante acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil ocho, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó que se turnara el presente asunto al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo.

CUARTO. Mediante oficio DGC/DCC/436/2008, presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia el siete de mayo de dos mil ocho, la agente del Ministerio Público de la Federación, designada para intervenir en el presente asunto por el director general de Constitucionalidad, emitió su parecer en el sentido de que sí existe la contradicción de tesis denunciada, debiendo prevalecer el criterio que considera que sí son aplicables los principios que prevé el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, a los subsidios acreditables previstos en los artículos 114 y 178 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver las contradicciones de tesis, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197 de la Ley de Amparo; 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General Plenario 5/2001, en relación con el punto tercero, fracción VII, del Acuerdo General Plenario 3/2008, emitidos por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno y el diez de marzo de dos mil ocho, respectivamente, relativo a la determinación de los asuntos que conservará el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, en virtud de que se trata de la posible contradicción de criterios entre la Primera y la Segunda Salas de este Alto Tribunal.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis es procedente en términos de lo dispuesto por el artículo 197 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que dicho numeral expresamente establece que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis contradictorias hubieren sido sustentadas, se encuentran facultados para denunciar, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicha contradicción.

En el presente asunto, el Ministro Sergio A. Valls Hernández, presidente de la Primera Sala de este Alto Tribunal, denunció la posible contradicción de criterios, por lo que debe concluirse que se reunió el requisito de legitimidad señalado.

TERCERO. Debe examinarse, en primer lugar, si existe la contradicción denunciada.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 1663/2006, interpuesto por **********, sostuvo lo siguiente:

"El concepto de violación es infundado por los siguientes razonamientos: Como puede apreciarse de los artículos 177, 178 y segundo transitorio, fracciones LXXXVII, inciso C) y LXXXVIII, inciso a), reclamados, los cuales fueron transcritos en el considerando anterior, se debe calcular el impuesto a cargo del contribuyente, conforme a la tabla del artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y una vez obtenido ese resultado se procede a calcular el subsidio acreditable que se restará de la cantidad anterior, lo que determinará el impuesto a pagar. Lo anterior, se efectúa mediante dos procedimientos, establecidos con base en estructuras de rangos, tasa y cuota fija, en el que, por un lado, se establece una tarifa progresiva para aplicarse sobre el excedente del límite inferior, para la obtención del impuesto a pagar y, por otro, una alícuota regresiva para el subsidio que será acreditable al impuesto determinado. Al respecto, se advirtió que la carga contributiva establecida en el artículo 177 multirreferido, a través de una tarifa progresiva en la cual resulta que sujetos que tienen mayores ingresos obtienen mayor carga impositiva, la cual es medida en función del incremento proporcional que se dé entre un renglón y otro, que se efectúa de la comparación entre el límite superior del renglón anterior. Sin embargo, por lo que se refiere al subsidio acreditable, que será aplicado al impuesto a cargo, hay una regresión de la alícuota a aplicar hasta el séptimo renglón, que resulta a los sujetos que se sitúen en dicho renglón en mayor beneficio y, por tanto, pagan menor impuesto que los sujetos que se encuentran en el renglón anterior. En esa tesitura, nos encontramos ante una situación en la cual derivado de un beneficio otorgado a los sujetos pasivos ubicados en el renglón séptimo, en mayor proporción a sus ingresos, resulta que tributen en menor medida que los que tienen menores ingresos. Al respecto, se considera que el carácter de infundado del agravio en estudio deriva de la convicción en el sentido de que, aun de existir una inconsistencia en la tabla del subsidio, ello no conduce a determinar que por el otorgamiento de un mayor beneficio a sujetos obligados con mayor ingreso neto, los demás causantes -entre ellos el quejoso- no contribuyan al gasto público de manera proporcional. Lo anterior es así, ya que si el principio de proporcionalidad consiste en que los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad contributiva de cada sujeto pasivo; y nos encontramos ante un supuesto en que se ve afectado el subsidio en un renglón -que es aplicable al impuesto a cargo-, luego la capacidad contributiva apreciada para la imposición del gravamen de los demás sujetos obligados -como el quejoso-, no se ve afectada por el subsidio otorgado de manera incorrecta a un renglón al que no pertenece. Como se advirtió en el considerando anterior, dentro de la mecánica establecida en el artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para la obtención del impuesto a cargo hay una tarifa progresiva que conduce a que los sujetos con mayor capacidad contributiva tributen en mayor medida, por lo que la particular circunstancia de que existan sujetos que cubran un mayor gravamen a pesar de recibir menores ingresos, es porque en un renglón se otorgó más subsidio a sujetos con mayores ingresos. Dentro de la mecánica contenida en el artículo 178 reclamado para determinar el subsidio acreditable, hay una alícuota regresiva que es aplicada en función de la capacidad contributiva -apreciada por el impuesto sobre la renta-, salvo en un renglón en el que la alícuota es progresiva, pues se otorga más beneficio a mayores ingresos. Sin embargo, se advierte que, apreciando la progresividad y la regresividad dentro de los procedimientos establecidos en los artículos reclamados, los sujetos obligados al pago del impuesto sobre la renta tributan de acuerdo a su capacidad contributiva. Lo anterior es así, ya que hay una progresividad en el pago del impuesto, hasta los sujetos que se encuentran en el renglón referido, y si existe un caso en él -indeseablemente- disminuye el monto a enterar, tal circunstancia se deriva de un beneficio que es aplicado al impuesto a cargo, debiendo considerarse que el error que se advierte es específicamente en un renglón de la tabla del subsidio -por una cuota que supera la proporción de la disminución del porcentaje-. Y toda vez que el subsidio no constituye un elemento del tributo sino una variable que será aplicable a la determinación del mismo, el error en un renglón de la mecánica establecida para la distribución del beneficio, no conlleva a distorsionar la capacidad contributiva de los demás sujetos obligados al pago del tributo, pues ello sólo conduce a que los situados en el séptimo renglón de la tabla de subsidio, tributen en menor proporción a su capacidad, pero sin que ello deslegitime el juicio adelantado en el sentido de que los demás causantes -entre ellos, el quejoso- efectuaron un entero ajustado a su capacidad. En efecto, debe tomarse en cuenta que el subsidio no es un elemento del tributo que cuantifique el hecho imponible, por lo que si existe un rompimiento de la regresión del subsidio, se debe advertir que es por la mecánica establecida para la distribución del beneficio y no porque se hubiere distorsionado la apreciación de los elementos que reflejan la capacidad contributiva, con base en la cual fue otorgado. En efecto, ya que si partimos del hecho de que la medida utilizada por el legislador para la determinación del subsidio acreditable, fueron los ingresos netos considerados para la determinación de la obligación tributaria, y se advirtió que la herramienta técnica establecida en la ley, cuantifica la obligación tributaria en la cual expresa, efectivamente, la parte de la capacidad contributiva que le corresponde legítimamente al Estado; luego, la proporción de beneficio establecido en cada renglón de la tabla contenida en el numeral reclamado, es de acuerdo a una real capacidad contributiva, salvo la del séptimo renglón, pero que es por un error en la aplicación de la mecánica no por la apreciación de su capacidad. De tal manera, resulta que la desproporción con la que tributan sujetos con mayor capacidad contributiva, no conduce a que los demás -como el quejoso- estén tributando incorrectamente. Lo anterior es así, ya que el error en la aplicación de la mecánica del subsidio, no puede decirse que afecta la capacidad contributiva con base en la cual están los demás sujetos pasivos tributando -específicamente, los que no se encuentren en ese renglón- ya que tal circunstancia se deriva del subsidio acreditable, que es ajeno a los elementos esenciales del tributo que cuantifican la obligación tributaria a cargo, y no es por un error en el elemento que determina su distribución, sino en la aplicación en un renglón de la mecánica establecida. Esto es, si la apreciación de la capacidad contributiva para la determinación del impuesto -en este caso, el elemento o medida para el otorgamiento del beneficio-, no es distorsionada por la mecánica de cuantificación propia del gravamen, luego, el rompimiento de la regresividad de la alícuota del subsidio, en un renglón, no implica que los sujetos pasivos que se encuentren en los demás renglones contribuyan de manera desproporcionada. Lo anterior es así, ya que, se insiste, el subsidio no constituye un elemento del tributo que cuantifique el hecho imponible, por lo que si existe un rompimiento de la regresión del otorgamiento del subsidio, ello no conduce a que se tribute de forma ajena a la capacidad contributiva real evidenciada en los demás causantes; en otras palabras, la incorrecta determinación del subsidio en un renglón determinado, nada aporta para contradecir que el impuesto a cargo de otros causantes -como el quejoso- no tributen en la medida de la renta disponible por ellos obtenida. De tal suerte, que la situación indeseable de que pague más quien menos ingreso tiene se deriva de una comparación que efectúa el quejoso con otros sujetos que se encuentren en un renglón posterior en la tabla de subsidio, y no así porque se hubiere apreciado incorrectamente su capacidad contributiva para imponer el gravamen, que es el elemento legitimador del Estado para exigir el pago de un tributo. Además, para que se transgrediera el principio de proporcionalidad, en virtud de que, en el caso, la capacidad contributiva del sujeto obligado determina la cuantía de beneficio a obtener, deberían ser los elementos de apreciación de dicha capacidad los que no correspondan a una realidad efectiva. Es decir, el error no está en los conceptos que fueron considerados como ingreso y gasto para la determinación del impuesto, sino en la aplicación de la mecánica utilizada para la distribución del beneficio, específicamente en un renglón en el que la cuota fija que debe compensar la disminución de la tasa de manera proporcional al aumento del ingreso, sobrecompensa la alícuota de beneficio. De tal suerte que, si el beneficio mayor otorgado a sujetos con mayor ingreso, se debió a un error de la aplicación de la mecánica y no de la determinación de un impuesto que -antes o después del subsidio- no correspondiera a la capacidad del sujeto obligado -y, en concreto, del quejoso-, ello no conduce a considerar que se transgrede la garantía de proporcionalidad tributaria. En esa tesitura, se estima infundado lo argumentado por el recurrente en el sentido de que es desproporcional que se establezca un subsidio mayor a sujetos que tienen mayores ingresos, ya que la determinación de la carga del impuesto es establecida de manera objetiva y correcta de acuerdo a la capacidad contributiva del deudor -y, específicamente, a la propia del quejoso-, motivo por el cual la indeseable o inconveniente progresión de subsidio que resulta en un renglón en relación con el límite superior anterior, no conduce a determinar que se distorsiona la medición de capacidad de los demás sujetos pasivos, por lo que su contribución no es desproporcionada ni deja de ajustarse a la propia potencialidad tributaria. Ahora bien, en relación al planteamiento del quejoso en el sentido de que es inequitativa la diferencia de trato entre sujetos que se coloquen en el sexto rango con los del séptimo rango de la tabla del subsidio, pues se otorga mayor beneficio a los que tienen mayor ingreso, debe decirse lo siguiente: En primer término es preciso reiterar que en lo que concierne al principio constitucional de equidad en materia tributaria, este Alto Tribunal, mediante criterio jurisprudencial sentado desde la Séptima Época, delimitó el contenido de dicha garantía individual, precisando que la misma radica en la igualdad ante la ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo gravamen, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducción permitida, plazos de pago, etcétera, de lo cual se deriva, en síntesis, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula. De tal manera, el argumento del quejoso en cuanto a la falta de equidad por el otorgamiento de mayor subsidio a mayor ingreso, resulta infundado, pues el subsidio reclamado es aplicable a todos los sujetos que se ubican en el mismo supuesto normativo, independientemente de las posibles diferencias en lo que concierne a su capacidad contributiva; en tal virtud, si el quejoso tiene distinta capacidad para contribuir al gasto público, que los que se ubican en el séptimo renglón, ello en todo caso constituiría un planteamiento de proporcionalidad y no de equidad. En efecto, como postulado de equidad tributaria, resulta trascendente que se reconozca a los gobernados, el derecho a contar con el subsidio acreditable, siempre y cuando se encuentren en la misma situación jurídica relevante -como acontece entre el universo integrado por las personas que prestan un servicio personal subordinado, quienes en todo caso cuentan con dicho derecho-; en cambio, la decisión en torno al monto específico que de dicho subsidio les corresponde, es un pronunciamiento atinente a sus diferentes capacidades contributivas y, por ende, constituye un juicio en torno a la proporcionalidad tributaria -aspecto éste que ya fue analizado con antelación-. En tal virtud, si las personas que se encuentran en la misma situación del quejoso, cuentan con el mismo derecho al subsidio acreditable, es claro que no existe la violación aducida en relación con la garantía de equidad, siendo que la aplicación diferenciada de la alícuota de subsidio entre el sexto y el séptimo renglón de la tabla se debió a la diferente apreciación de la capacidad contributiva por parte del legislador, lo cual se presenta en términos acorde a la propia capacidad del quejoso, independientemente de los juicios que pudieran hacerse en torno a otros causantes que se ubiquen en renglones diversos. Lo relevante, por ende, es que todas las personas que obtengan ingresos por honorarios -como es el caso del quejoso-, tengan derecho al subsidio acreditable, lo cual efectivamente acontece, mientras que el pronunciamiento sobre el monto específico que a cada persona puede corresponder -planteamiento de inconstitucionalidad que aduce el quejoso- es un argumento de proporcionalidad tributaria que ya fue contestado con anterioridad, y no de equidad tributaria como alega. Además, es preciso hacer notar que la naturaleza del subsidio acreditable es la de ser un beneficio otorgado por el Estado, cuya finalidad es dar mayor subsidio a los rangos de contribuyentes con menores ingresos y en congruencia los decrementos en el beneficio sean de manera proporcional en relación con el incremento del ingreso neto, no obstante, ello no ocurre en un renglón, por un error en la aplicación de la mecánica. Sin embargo, el error en un renglón de la mecánica utilizada por el legislador, al no encontrarse viciado de origen como se señaló, no la afecta en su totalidad, pues ello se originó por una errónea ponderación en una cuota, y no así porque el legislador lo hubiere considerado por la fuente de donde proviene la riqueza para otorgar el subsidio y con ello beneficiar a unos sujetos obligados. El Estado tiene la responsabilidad de organizar y conducir el desarrollo nacional y, por tanto, una de sus tareas centrales en la regulación económica que ejerce, deberá encontrarse encaminada a designar a los sujetos que recibirán los beneficios o cargas de dicha regulación, qué forma tomará ésta y los efectos de los mismos sobre asignación y distribución de recursos. En esa medida, para poder subsanar el error ocurrido en un renglón que originó el otorgamiento de mayor proporción de subsidio en relación con los demás sujetos, implicaría intervenir en la redistribución del gasto público, en aras de otorgar la misma proporción de subsidio a los demás renglones, ámbito éste en el que no corresponde a este Alto Tribunal ejercer una decisión por vía de juicio de amparo. En las relatadas condiciones, resulta infundado el concepto de violación efectuado por el quejoso, por lo que procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal que se solicita respeto de los artículos 177, 178 y segundo transitorio, fracción LXXXVIII, inciso c), de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en dos mil cuatro. ..."

Asimismo, la Primera Sala, al resolver el amparo en revisión 1055/2007, promovido por **********, dictó la resolución siguiente:

"Ahora bien, en el tercer agravio, la parte recurrente aduce que devienen ilegales las consideraciones de la sentencia recurrida consistentes en declarar inoperantes los conceptos de violación en los que aduce que los preceptos impugnados son violatorios de las garantías de proporcionalidad y equidad tributarias, en atención a que el subsidio acreditable no es una contribución, aunado a que al ser la quejosa el patrón, únicamente le corresponde retener y enterar el impuesto. En tal sentido, la recurrente aduce que el subsidio es un elemento que trasciende a la carga tributaria, de ahí que deba regirse por las garantías tributarias. También argumenta que no se puede dejar de lado lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, del Código Fiscal, que señala al patrón como responsable solidario de la contribución generada por sus trabajadores, por lo que es insostenible que por no haber desembolso del patrón resulten inoperantes sus agravios. Las argumentaciones de referencia devienen inoperantes en atención a lo siguiente: Es cierto, como lo sostiene la parte actora, que el subsidio constituye un beneficio que incide en el pago del tributo, y que por tanto, debe respetar las garantías tributarias, lo anterior incluso ya ha sido reconocido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (a diferencia del criterio de la Segunda Sala) que se ha pronunciado en el sentido de que los principios tributarios deben aplicarse en el contexto del subsidio, toda vez que el subsidio tiene por objeto aminorar la cuantía de la obligación de contribuir en el gasto público lo que conlleva a la necesidad de un análisis bajo los mencionados principios, pues aquél es el otorgamiento de un beneficio que afecta el monto total de la obligación a pagar. El criterio de referencia, se encuentra contenido en la siguiente tesis aislada de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: Tesis aislada. Materia(s): Constitucional, Administrativa. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, julio de 2007, tesis 1a. CXXXV/2007, página 270. ‘SUBSIDIO ACREDITABLE. EL ANÁLISIS DE SU CONSTITUCIONALIDAD DEBE ATENDER A LOS ELEMENTOS CONSIDERADOS POR EL LEGISLADOR PARA OTORGAR DICHO BENEFICIO, A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS.’ (se transcribe). Lo anterior no implica que la parte recurrente, en su calidad de retenedor, pueda esgrimir razonamientos tendientes a evidenciar la violación a la proporcionalidad o equidad del subsidio. En efecto, el subsidio tiene por objeto aminorar la cuantía de la obligación a cargo del trabajador de contribuir al gasto público, pues es el otorgamiento de un beneficio que afecta el monto total de la obligación a pagar, por tanto, el establecimiento de dicha medida utilizada por el legislador no corresponde cuestionarla al retenedor, pues ésta se aplica al contribuyente, de ahí que sea éste el único que en su caso puede cuestionarla. El patrón retenedor sólo tiene la obligación de realizar el cálculo del subsidio y de enterar el impuesto correspondiente, lo que implica que no puede cuestionar la medida utilizada por el legislador, aplicada al contribuyente. Por ende, es correcta la consideración contenida en la sentencia recurrida, en el sentido de que deben declararse inoperantes los conceptos de violación en los que la parte quejosa aduce que los artículos 114 y 178 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vulneran las garantías de proporcionalidad y equidad tributaria, pues al demostrarse de autos su carácter de patrón, y por ende de retenedor del impuesto en cuestión, es inconcuso que no puede dirigir argumentos tendientes a evidenciar una falta de equidad y desproporcionalidad que no le es aplicable. Lo expuesto, no significa que el retenedor en su calidad de obligado solidario, en un momento dado no tenga interés jurídico para reclamar lo concerniente al establecimiento y cálculo del subsidio, pues tal cuestión sí le podría llegar afectar, puesto que es el encargado de aplicar dicha mecánica, a diferencia de la proporcionalidad y equidad del subsidio, ya que si el subsidio le es aplicable al trabajador es inconcuso que sólo a éste le correspondía cuestionar una violación a tales principios. En conclusión, deviene inoperante la argumentación esgrimida por la parte recurrente, en relación a la procedencia del estudio de proporcionalidad y equidad de los artículos 114 y 178 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigentes en el ejercicio fiscal de dos mil tres."

De dicha ejecutoria derivó la tesis aislada 1a. CXXXV/2007, que sustentó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Novena Época y que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, julio de dos mil siete, página doscientos setenta, que es del tenor literal siguiente:

"SUBSIDIO ACREDITABLE. EL ANÁLISIS DE SU CONSTITUCIONALIDAD DEBE ATENDER A LOS ELEMENTOS CONSIDERADOS POR EL LEGISLADOR PARA OTORGAR DICHO BENEFICIO, A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS. Si se toma en cuenta que el subsidio acreditable es un beneficio que al aminorar la cuantía de la obligación tributaria afecta el monto total del pago respectivo y, por ende, constituye una consecuencia jurídica que incide directamente en el aspecto sustancial del impuesto, y atento a que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. XXXIV/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, febrero de 2007, página 639, con el rubro: ‘EQUIDAD TRIBUTARIA. SU ÁMBITO DE APLICACIÓN COMPRENDE DISPOSICIONES LEGALES QUE TRASCIENDEN AL MONTO DE LA OBLIGACIÓN FISCAL DE PAGO, AUNQUE NO AFECTEN DIRECTAMENTE LA CONFIGURACIÓN DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE LA CONTRIBUCIÓN.’, sostuvo que los principios constitucionales en materia tributaria deben tener plena eficacia en cualquier actuación legislativa que repercuta en la obligación sustantiva (el pago), resulta inconcuso que el aludido beneficio debe ser analizado bajo dichos principios. Sin embargo, lo anterior no significa que tal análisis deba efectuarse como si se tratara de un elemento que cuantifica la obligación tributaria que hace referencia al hecho imponible que lo causa, sino que el estudio de su constitucionalidad debe atender a los elementos o parámetros considerados por el legislador para su otorgamiento, a la luz de los referidos principios.

"Amparo en revisión 1663/2006. Juan Carlos Guerrero Valle. 21 de febrero de 2007. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Paola Yaber Coronado."

Ahora bien, la Segunda Sala, al fallar los amparos en revisión 1468/2006, interpuesto por HY Line de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, y 1973/2006, interpuesto por ********** de la ponencia del señor Ministro Genaro David Góngora Pimentel; 1933/2006, interpuesto por **********, de la ponencia del señor Ministro Mariano Azuela Güitrón; 1965/2006, interpuesto por **********, de la ponencia del señor Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano; y 1979/2006, interpuesto por **********, de la ponencia de la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, resolvió conforme a las consideraciones siguientes:

"... resulta pertinente significar que en sesión del veintitrés de octubre de dos mil uno, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió que el mecanismo para obtener la proporción del subsidio acreditable establecido en el abrogado artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que en la nueva ley quedó conteni

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22557-bce9e136/renta-el-subsidio-acreditable-previsto-en-los-articulos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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