EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 215/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
MINISTRA PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.
SECRETARIA: BEATRIZ J. JAIMES RAMOS.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día cuatro de mayo de dos mil diez.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el dos de junio de dos mil nueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Magistrado presidente del Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito denunció la posible contradicción de criterios entre los sustentados por la Primera y Segunda Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis números 74/2002-PS y 208/2008-SS, respectivamente.
SEGUNDO. Por auto de cuatro de junio de dos mil nueve, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo suya la denuncia de la contradicción de tesis y ordenó formar y registrar el expediente relativo con las copias certificadas de las ejecutorias relativas, así como dar vista al titular de la Procuraduría General de la República, para que manifestara su parecer de estimarlo conveniente.
TERCERO. Mediante proveído de once de junio de dos mil nueve, el presidente de este Alto Tribunal ordenó turnar el expediente a la señora Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, para su resolución.
Previo dictamen de la Ministra ponente, por acuerdo de diez de febrero de dos mil diez, la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se avocó al conocimiento del presente asunto y, por diverso acuerdo de ocho de marzo del citado año, se envió nuevamente dicho asunto al Tribunal Pleno, quien se avocó a su conocimiento con fecha diez de marzo de dos mil diez.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 de la Ley de Amparo y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto tercero, fracción VII, del Acuerdo General 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que los criterios discrepantes fueron sustentados por las Salas del Máximo Tribunal del País.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, ya que aun cuando fue formulada por el Magistrado presidente de un Tribunal Colegiado de Circuito, el presidente de este Alto Tribunal la hizo suya, de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Amparo que, en su parte conducente, establece lo siguiente:
"Artículo 197. Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, cualquiera de dichas Salas o los Ministros que las integren, el procurador general de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la misma Suprema Corte de Justicia, la que decidirá funcionando en Pleno cuál es la tesis que debe observarse."
TERCERO. Es pertinente precisar que de los presentes autos se advierte que por oficio SSGA-XI-25202/2009, del cuatro de junio de dos mil nueve, se le dio vista al procurador general de la República, con la denuncia de contradicción de tesis que nos ocupa, mismo que fue recibido el nueve de junio siguiente, en la Dirección General de Constitucionalidad de dicha institución, según se desprende del sello impreso en la constancia que obra a fojas 107 de autos.
Ahora bien, el artículo 197, primer párrafo, parte in fine, de la Ley de Amparo dispone que en la denuncia de contradicción de tesis el procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.
En la especie, el plazo de los treinta días para que el procurador general de la República emita su parecer en relación con la contradicción en estudio, comenzó a correr del diez de junio al seis de agosto de dos mil nueve, descontándose los días trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de junio, cuatro, cinco, once y doce de julio, todos del citado año, por ser sábados y domingos y, en consecuencia, inhábiles, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley de Amparo, así como los días del dieciséis al treinta y uno de julio de dos mil nueve, por corresponder al primer periodo vacacional a que se refiere el artículo 159 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Por oficio DGC/DCC/720/2009, del veintitrés de junio de dos mil nueve, recibido en su fecha en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el agente del Ministerio Público de la Federación emitió su opinión en el presente asunto, estimando que es inexistente la contradicción de criterios.
CUARTO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión del veintiuno de mayo de dos mil tres, resolvió la contradicción de tesis número 74/2002-PS, determinó la existencia de la contradicción de criterios por considerar que mientras que uno de los tribunales contendientes sostiene el criterio de que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracciones III y IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, el juicio de amparo indirecto sí resulta procedente en contra de actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, aun cuando se realice en la etapa de ejecución de sentencia; el otro Tribunal Colegiado expone que las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto previstas en la fracciones III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, tienen aplicación en hipótesis diferentes, ya que la primera de ellas regula la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos realizados en ejecución de sentencias, mientras que la fracción citada en segundo lugar prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, esto es, actos realizados antes del dictado de la sentencia definitiva y que, por ello, una vez concluido el juicio, no resulta procedente dilucidar si los actos dictados en ejecución de sentencia tienen o no una ejecución de imposible reparación; que el juicio de amparo indirecto sí resulta procedente en contra de algunas resoluciones dictadas en el procedimiento de ejecución de sentencia, pero no porque causen una ejecución de imposible reparación, sino porque por su propia y especial naturaleza, lo resuelto en ellas no pueda ser materia de estudio en la última resolución del procedimiento de ejecución, por no influir ni tener relevancia alguna en el mismo.
Y en tal virtud, señaló como tema a determinar: la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, realizados en la etapa de ejecución de sentencia, sin constituir la última resolución en el procedimiento respectivo; sustentando en lo que es materia de contradicción, esencialmente, lo que a continuación se transcribe:
"NOVENO. Precisada la existencia y el tema de la contradicción de tesis, y examinadas las resoluciones que dieron origen a la misma, esta Primera Sala considera que debe prevalecer el criterio de este órgano colegiado, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se formulan: En principio, es pertinente precisar las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto invocadas expresa e implícitamente por los Tribunales Colegiados contendientes en sus respectivas resoluciones, las cuales se encuentran previstas en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Federal y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: ‘(Reformado primer párrafo, D.O.F. 25 de octubre de 1993). ‘Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... (Reformada, D.O.F. 25 de octubre de 1967). III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: ... (Reformado, D.O.F. 10 de agosto de 1987). b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y ... VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia ...’. ‘Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: ... (Reformada, D. O. F. 30 de abril de 1968). III. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación ...’. Como puede observarse, de los preceptos legales transcritos se desprenden dos reglas generales y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto. La primera regla general se desprende de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal y 114, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, y consiste en que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de actos dictados en juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Sobre el particular, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados dentro de juicio tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, y que por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Como ejemplos claros de actos dictados dentro de juicio que tienen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, este Alto Tribunal ha sustentado que se encuentran, entre otras, las cuestiones relativas a la personalidad de las partes, el embargo y la negativa a denunciar el juicio a terceros. Al respecto, cabe invocar las tesis que a la letra dicen: ‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.’ (se transcribe); ‘EMBARGO. ES UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO, RESPECTO DEL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.’. (se transcribe); ‘DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS. EL AUTO O RESOLUCIÓN QUE NIEGA SU ADMISIÓN, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.’ (se transcribe); ‘LITISDENUNCIACIÓN O DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS. SU NEGATIVA ES UN ACTO DENTRO DEL JUICIO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).’ (se transcribe). La segunda regla general de procedencia del juicio de amparo, se desprende de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal y 114, fracción III, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de actos dictados por tribunales judiciales administrativos o de trabajo, después de concluido el juicio, siempre y cuando no se dicten en ejecución de sentencia. Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el juicio de amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Como ejemplo de la regla genérica en cuestión es pertinente citar la resolución que fija en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte perdidosa, ya que la misma tiene por objeto cuantificar en cantidad líquida la condena del juicio natural y no así la ejecución de la propia sentencia, por lo que propiamente constituye un medio previo o preliminar para la ejecución de la sentencia, así como la orden de arresto dictada como medida de apremio, porque la misma tiene por objeto vencer la contumacia de una de las partes y no así ejecutar directa e inmediatamente la sentencia del juicio natural. Sobre tales ejemplos, cabe citar las tesis que a la letra dicen: ‘INTERLOCUTORIA QUE PONE FIN AL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO.’ (se transcribe); ‘LIQUIDACIÓN, INCIDENTE DE, EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA, NO ES IMPROCEDENTE EL AMPARO CONTRA EL.’ (se transcribe); ‘MEDIOS DE APREMIO PARA HACER CUMPLIR UNA SENTENCIA, IMPROCEDENCIA DE LOS.’ (se transcribe). Finalmente, la regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto se desprende de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal y 114, fracción III, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, en cuanto a que el juicio de garantías en la vía indirecta es procedente en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Al respecto, este Alto Tribunal advierte que esta regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto fue instrumentada por el legislador al expedir la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, en vigor a partir de esa misma fecha, desprendiéndose de la exposición de motivos respectiva, que una de las finalidades de la misma fue la de evitar los abusos del juicio de amparo, es decir, impedir que el juicio de garantías se utilizara para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva que constituía verdad legal, por lo cual la sociedad estaba interesada en su ejecución, sin que múltiples amparos obstaculizaran su ejecución, esto es, al constituir la sentencia definitiva una verdad legal, la sociedad estaba interesada en ejecutarla y por ese motivo el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia hasta que se dictara la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento de ejecución, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el procedimiento de ejecución que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y tratándose de remates que sólo procedería en contra de la resolución que lo aprobara o desaprobara. Sobre el particular, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que por última resolución debe entenderse como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Al caso, es pertinente invocar las tesis que a la letra dicen: ‘AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN «ÚLTIMA RESOLUCIÓN», A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.’ (se transcribe); ‘AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO QUE DEBE DARSE A LA EXPRESIÓN «ÚLTIMA RESOLUCIÓN», A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA.’ (se transcribe); ‘AMPARO CONTRA UNA LEY CON MOTIVO DE UNA RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE. SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA.’ (se transcribe); ‘RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.’ (se transcribe). Ahora bien, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que las anteriores reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto no pueden adminicularse o relacionarse entre sí sin desnaturalizar los principios y reglas que rigen al juicio constitucional. En efecto, a los actos dictados dentro de juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no pueden aplicárseles las reglas genérica y específica de procedencia del juicio de amparo indirecto que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera se obtendría una anarquía total en el sentido de que el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento judicial, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación, pues bastaría invocar alguna otra regla de procedencia del juicio de amparo para que éste procediera en contra de actos dictados dentro del juicio, aun cuando no causaran una ejecución de imposible reparación. Iguales consideraciones deben hacerse en cuanto a la regla genérica de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados después de concluido el juicio, así como a la regla específica contra actos dictados en ejecución de sentencia, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo indirecto resultara procedente, pasándose por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto, fue el de evitar el abuso del juicio de garantías, siendo que la sociedad está interesada en ejecutar una sentencia definitiva por constituir una verdad legal ..."
Dicho criterio dio origen a la jurisprudencia que a continuación se transcribe:
"Novena Época
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"XVII, junio de 2003
"Tesis: 1a./J. 29/2003
"Página: 11
"AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del País, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías."
QUINTO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 208/2008-SS, en sesión del día cuatro de marzo de dos mil nueve, consideró que los tres Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron resoluciones en las que se impuso una multa al obligado ante la omisión o renuencia de dar cumplimiento a una sentencia, en el trámite relativo a su ejecución, dado que analizaron un punto específico similar, a saber, si atento a la interpretación del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de una determinación en la que se impone un multa, en el procedimiento de ejecución de sentencia en el juicio de origen.
Que ello era así, porque el primero de los Tribunales Colegiados resolvió que sí es procedente en la medida de que la multa como tal tiene vida independiente del procedimiento de ejecución, en tanto que procura vencer la renuencia del obligado a dar cumplimiento a la sentencia.
En cambio, los restantes órganos colegiados sostuvieron lo contrario, es decir, que el juicio de amparo indirecto no es procedente en dicho supuesto pues, en lo medular, al tratarse de la etapa de ejecución de sentencias, la Ley de Amparo señala que sólo podrá promoverse en contra de la última resolución que se dicte en dicho trámite o en la que se apruebe o desapruebe el remate.
Por tanto, señaló como tema a dilucidar: si en contra de la determinación en la que se imponga una multa, en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto es procedente o improcedente, en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales y, en la parte que interesa, sostuvo lo siguiente:
"SEXTO. El criterio que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, en términos de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, es el que a continuación se desarrolla. El artículo 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo establecen lo siguiente: ‘Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: ... III. Contra actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; ...’. Respecto de este precepto, este Alto Tribunal ha establecido, de manera general, que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia sólo procede el amparo en contra del último acto dictado en ese procedimiento, el cual debe entenderse como aquel que tiene por cumplida la sentencia o declara la imposibilidad de cumplirla, de acuerdo con el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia del Tribunal Pleno, publicada con el número P./J. 32/2001, en la página 31 del Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: ‘AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN «ÚLTIMA RESOLUCIÓN», A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.’ (se transcribe). Además, es menester precisar que también se han emitido diversas tesis jurisprudenciales en las que ha quedado plasmado el criterio general aludido. En efecto, se ha sostenido que el amparo indirecto no procede en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, aun cuando se impugne la constitucionalidad de la ley aplicada, por lo que, incluso en estos casos, el amparo procede contra la resolución con la que culmine el procedimiento de ejecución en donde se podrán hacer valer las violaciones a la Constitución Federal que se estimen conducentes. Ejemplo de lo anterior, es el criterio contenido en la tesis de esta Segunda Sala, publicada con el número 2a./J. 17/98, en la página 187 del Tomo VII, abril de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: ‘EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES.’ (se transcribe). De igual manera, la Primera Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio de que el amparo indirecto no procede en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, incluso si quien promueve la demanda es el vencedor en el juicio natural, es decir, el ejecutante. En estos casos, también debe promoverse el amparo contra la resolución con la que culmine el procedimiento de ejecución, en los términos antes señalados. Dicho criterio se encuentra contenido en la tesis de jurisprudencia número 1a./J. 36/2004, publicada en la página 75 del Tomo XX, julio de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: ‘EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL.’ (se transcribe). Por otra parte, debe señalarse que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha sustentado supuestos de excepción a aquella regla, es decir, que existen actos emitidos en ejecución de sentencia, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, entre otros, aquellos respecto de los cuales, el acto reclamado afecta derechos sustantivos de manera inmediata. Como ejemplo de los actos mencionados, podemos citar los criterios siguientes: ‘AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR QUE ACTUANDO COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ACTUALMENTE TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA), ESTÁ LEGIT
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22718-408d2ee7/ejecucion-de-sentencia-el-amparo-indirecto-procede-excepcionalmente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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