SUSPENSIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS. CONTINÚA SURTIENDO EFECTOS AUNQUE EL SENTENCIADO SE ACOJA AL BENEFICIO DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 15/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO Y EL NOVENO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRA PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.
SECRETARIO: JORGE ROBERTO ORDÓÑEZ ESCOBAR.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintidós de junio de dos mil diez.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante escrito presentado el once de enero de dos mil diez en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Magistrada presidenta del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado por dicho órgano y el Noveno Tribunal Colegiado en la misma materia y circuito, al resolver los amparos directos 387/2009 y 378/2009 (de cuyas ejecutorias remitió copia certificada) y los amparos directos 126/2008, 148/2008, 158/2008, 195/2008 y 281/2008, respectivamente.
SEGUNDO. Por proveído de veintidós de enero de dos mil diez, el presidente de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la posible contradicción de tesis, así como girar oficio a la presidenta del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, para que remitiera el expediente o, en su defecto, copia certificada de las ejecutorias sostenidas en los amparos directos penales 126/2008, 148/2008, 158/2008, 195/2008 y 281/2008, e informara, de ser el caso, si en posterior ejecutoria ese órgano colegiado se hubiese apartado del criterio sostenido en el expediente en cuestión.
TERCERO. Por oficio de fecha nueve de febrero de dos mil diez, la presidenta del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito remitió copias certificadas de las ejecutorias dictadas en los amparos directos 126/2008, 148/2008, 158/2008, 195/2008 y 281/2008, así como el disquete respectivo. Asimismo, informó que no se ha apartado de dicho criterio. El doce de febrero de dos mil diez, el presidente de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por cumplido el requerimiento formulado a ese tribunal en fecha veintidós de enero del mismo año. Asimismo, tuvo por integrada la contradicción de tesis 15/2010; ordenó dar vista al procurador general de la República, por conducto del director general de Constitucionalidad de dicha institución, por el término de treinta días para que expusiera su parecer y turnó el asunto a la señora Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, para que formulara el proyecto de resolución correspondiente.
QUINTO. Por acuerdo de siete de abril de dos mil diez, el presidente de la Primera Sala de este Alto Tribunal mandó agregar a los autos el oficio DGC/DCC/345/2010, de treinta de marzo del mismo año, suscrito por el agente del Ministerio Público de la Federación, designado por el procurador general de la República, por el que expone su parecer en el sentido de que sí existe la contradicción de tesis planteada.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197-A de la Ley de Amparo y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos tercero, fracción VI, y noveno del Acuerdo General Número 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno de este Alto Tribunal, de fecha veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año, en virtud de que la Primera Sala estimó que el asunto debía ser resuelto por este Pleno.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo pues, en el caso, la contradicción de tesis fue denunciada por la presidenta del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, lo que configura el estudio de la presente denuncia de contradicción, pues formalmente se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO. En primer término, debe establecerse si en el caso efectivamente existe la contradicción de tesis denunciada, ya que sólo bajo ese supuesto es posible efectuar el estudio relativo, a fin de determinar cuál es el criterio que debe prevalecer.
Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por este Tribunal Pleno, al resolver, por unanimidad de diez votos, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la contradicción de tesis 36/2007-PL, en cuanto a que de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias que pronuncien, sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales.
Así, la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución.
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada P. XLVI/2009, emitida por este Tribunal Pleno, cuyos rubro y texto son:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 26/2001, DE RUBRO: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’). De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpe la jurisprudencia citada al rubro, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ impide el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución.
"Contradicción de tesis 36/2007-PL. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 30 de abril de 2009. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda Ayala."
Establecido lo anterior, es procedente examinar si en la especie se da o no contradicción de criterios, de acuerdo a lo siguiente:
1) El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolvió los siguientes amparos directos:
• Amparo directo 387/2009.
De dicha ejecutoria se desprende que la Sala responsable modificó la sentencia reclamada, para quedar como sigue:
"PRIMERO. Se modifica el punto resolutivo quinto, de la sentencia apelada de veinte de julio de dos mil nueve, dictada por el Juez Cuadragésimo Penal del Distrito Federal por ministerio de ley, para quedar como sigue: ‘QUINTO. Se concede al sentenciado la sustitución de la pena de prisión impuesta por setecientas treinta jornadas de trabajo a favor de la comunidad, con descuento en la preventiva sufrida. Asimismo se le concede al acusado de mérito, el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, el cual tendrá una duración igual a la pena de prisión impuesta, con abono de la preventiva sufrida, cómputo que hará la autoridad ejecutora, y para que el acusado pueda gozar de ese beneficio deberá exhibir una garantía de cinco mil pesos moneda nacional, en cualquiera de las formas establecidas en la ley para asegurar su presentación ante la autoridad; lo anterior atento a lo expuesto en el considerando VII, de esta sentencia.’."
Al respecto, el Tribunal Colegiado determinó lo siguiente:
"QUINTO. ... Asimismo, no puede estimarse violatorio de garantías, que la Sala Penal responsable decretara la suspensión de derechos políticos del sentenciado, que comenzará a contar a partir de que cause ejecutoria la sentencia reclamada y concluirá cuando se extinga la pena de prisión impuesta; en el entendido que si el sentenciado se acoge al sustitutivo concedido, dejará de surtir efectos esa suspensión, determinación que se aprecia correcta. Ahora bien, en suplencia de la deficiente queja, en términos de lo que dispone la fracción II del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, debe decirse que no se comparte el criterio sostenido por la ad quem, al señalar que si el hoy quejoso opta por la suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión, no sería aplicable a la suspensión de derechos políticos, atento a lo siguiente: Por su naturaleza, la suspensión de derechos políticos es una sanción de carácter accesorio, que se produce como consecuencia necesaria de la pena prisión, por lo que su duración depende de la que tenga ésta; así, cuando la principal es sustituida, debe entenderse que lo es en su integridad, proceder que es aplicable para cualquier sustitutivo; pues la naturaleza de la pena resulta irrelevante para considerar que cuando la pena principal es sustituida, ello incluye la suspensión de derechos políticos, que se reitera, le es accesoria, por lo que en el caso, aun y cuando el hoy demandante de amparo se acogiera a la suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión, también es procedente suspender la ejecución de sus derechos políticos. Conclusión a la que arriba este Tribunal Colegiado, atendiendo al criterio que ha sostenido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 74/2006, de cuyo contenido se advierte, que aunque no aduce al beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión, de manera destacada, de la ejecutoria de que emana la misma, se aprecia que sí hace referencia a ella, como uno de los beneficios para el sujeto que ha sido condenado por la comisión de un delito, atento lo cual, este órgano colegiado concluye, al haberse expuesto en el citado criterio de observancia obligatoria, razones análogas por las que debía suspenderse el ejercicio de los derechos políticos, cuando se actualizaba la sustitución de la pena de prisión, no existe impedimento para aplicar las mismas razones a un caso similar, como en la especie acontece, tratándose del beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión. Criterio contenido en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 74/2006, emitida en la Novena Época, en materia penal por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIV, diciembre de 2006, página 154, del rubro y texto: ‘SUSPENSIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS. AL SER UNA SANCIÓN ACCESORIA DE LA PENA DE PRISIÓN CUANDO ÉSTA ES SUSTITUIDA INCLUYE TAMBIÉN A LA PRIMERA.’ (se transcribe). En tales condiciones, procede conceder la protección solicitada, para el efecto de que la autoridad responsable ordenadora, Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, deje insubsistente la resolución reclamada, y en su lugar emita otra en la que reitere la comprobación del delito de homicidio culposo y la plena responsabilidad del quejoso en su comisión, así como el grado de culpabilidad fijado; las penas impuestas; la suspensión de la licencia; la reparación del daño material; la absolución de la reparación del daño moral y del resarcimiento de los perjuicios; la concesión del beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, (con el abono de dos días que permaneció en prisión preventiva), previa exhibición de cinco mil pesos; la sustitución de la privativa de libertad, por setecientas treinta jornadas de trabajo a favor de la comunidad (descontando los dos días que estuvo en prisión preventiva) y considerando la naturaleza accesoria de la suspensión de derechos políticos, estime procedente ésta, también en el supuesto de que el hoy quejoso se acoja a la suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión."
• Amparo directo 378/2009.
De dicha ejecutoria se desprende que la Sala responsable modificó la sentencia reclamada, para quedar como sigue:
"PRIMERO. Se modifican los puntos resolutivos cuarto y quinto de la sentencia de catorce de julio de dos mil nueve, dictada por la Juez Décimo Cuarto Penal en el Distrito Federal, dentro de la causa penal número 171/09, instruida en contra de ... por la comisión del delito de lesiones, en agravio de ... para quedar en los siguientes términos: ‘Cuarto. Se concede al sentenciado ... la sustitución de la pena de prisión impuesta (4 cuatro años) por tratamiento en libertad, la cual consiste en la aplicación, de las medidas laborales, educativas, de salud o de cualquier otra índole autorizadas por la ley, orientadas a la readaptación social del sentenciado y bajo la supervisión de la autoridad ejecutora, sin que su duración exceda de la correspondiente a la pena de prisión sustituida. Alternativamente a elección del sentenciado, se le concede el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión; debiendo exhibir una garantía por la cantidad de ocho mil pesos, que podrá exhibir en cualquiera de las formas que establece la ley, con la finalidad de asegurar su presentación ante la autoridad ejecutora, siempre que para ello sea requerido y se obligue a residir en lugar determinado, del que no podrá ausentarse sin permiso de la autoridad correspondiente; asimismo, debe desempeñarse en una ocupación lícita y abstenerse de causar molestias a el ofendido o a sus familiares; en la inteligencia que el enjuiciado quedará sujeto al cuidado y vigilancia de la autoridad ejecutora; suspensión que tendrá una duración igual a la de la pena suspendida; una vez transcurrida ésta, se considerará extinguida la pena impuesta, siempre que durante ese término el sentenciado no diere lugar a nuevo proceso que concluya con sentencia condenatoria; en este último caso se tomarán en cuenta las circunstancias y gravedad del delito y se resolverá si debe aplicarse o no la pena suspendida; precisándose que los hechos que originan el nuevo proceso interrumpen el plazo de la suspensión, tanto si se trata de delito doloso como culposo, hasta que se dicte sentencia ejecutoria; si el sentenciado falta al cumplimiento de las obligaciones contraídas, se podrá hacer efectiva la pena suspendida o apercibirse al justiciable que si vuelven a faltar a alguna de las condiciones fijadas, se hará efectiva dicha pena; por lo que se deberá hacer del conocimiento lo anterior al encausado. Quinto. Se ordena la suspensión de los derechos políticos de ... por un lapso igual a la pena de prisión que se le impuso, la cual comenzará y concluirá con la pena de prisión impuesta; debiéndose girar atento oficio a la vocalía del Registro Federal de Electores, del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal, para tales efectos.’. SEGUNDO. Se confirman los puntos resolutivos primero, segundo y tercero por las razones expuestas en esta ejecutoria; sin que se haga consideración alguna respecto a los puntos resolutivos sexto, séptimo, octavo y noveno por contener cuestiones de índole procesal y administrativo, que no le causan perjuicio al sentenciado. TERCERO. Notifíquese ..."
Al respecto, el Tribunal Colegiado determinó lo siguiente:
"QUINTO. ... Por otra parte, debe decirse que la Sala responsable correctamente le concedió al ahora solicitante de protección constitucional, el sustitutivo de la pena de prisión por tratamiento en libertad; lo anterior, con fundamento en los artículos 84, fracción II y 86, párrafo segundo, del Código Penal para el Distrito Federal, toda vez que la pena privativa de libertad no excede de cinco años, aunado a que al justiciable no se le ha condenado en sentencia ejecutoriada por delito doloso que se persiga de oficio. También correctamente le otorgó el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, al considerar que satisface los requisitos exigidos por el artículo 89 del código sustantivo de la entidad; por lo que otorgó dicho beneficio previa garantía de ocho mil pesos, en cualquiera de las formas que establece la ley, para garantizar su presentación ante la autoridad ejecutora, cantidad que es menor a la determinada por el Juez de primera instancia al conceder el beneficio de la libertad provisional; apercibiéndolo además a residir en lugar determinado, del que no podrá ausentarse sin permiso de la autoridad que ejerza el cuidado y vigilancia, desempeñar una ocupación lícita y abstenerse de causar molestias al ofendido o a sus familiares. Ahora bien, en suplencia de la deficiente queja, en términos de lo que dispone la fracción II del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, en relación a la suspensión de los derechos políticos, debe establecerse lo siguiente: Por su naturaleza, la suspensión de derechos políticos es una sanción de carácter accesorio, que se produce como consecuencia necesaria de la pena prisión, por lo que su duración depende de la que tenga ésta; así, cuando la principal es sustituida, debe entenderse que lo es en su integridad, proceder que es aplicable para cualquier sustitutivo, pues la naturaleza de la pena resulta irrelevante para considerar que cuando la pena principal es sustituida, ello incluye la suspensión de derechos políticos, que se reitera, le es accesoria, por lo que en el caso, si el hoy demandante de amparo se acogiera al sustitutivo penal concedido (tratamiento en libertad) o a la suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión, también es procedente suspender o sustituir la suspensión de sus derechos políticos, precisión que debe realizarse a fin de no vulnerar los derechos fundamentales del impetrante de la acción constitucional. Orienta lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 74/2006, emitida en la Novena Época, en materia penal por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIV, diciembre de 2006, página 154, del rubro y texto: ‘SUSPENSIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS. AL SER UNA SANCIÓN ACCESORIA DE LA PENA DE PRISIÓN CUANDO ÉSTA ES SUSTITUIDA INCLUYE TAMBIÉN A LA PRIMERA.’ (se transcribe). En tales condiciones, procede conceder la protección solicitada, para el efecto de que la autoridad responsable ordenadora, Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, deje insubsistente la resolución reclamada, y en su lugar emita otra en la que reitere la comprobación del delito de lesiones dolosas y la plena responsabilidad del quejoso en su comisión, así como el grado de culpabilidad fijado; las penas impuestas; la absolución de la reparación del daño; la concesión del sustitutivo y el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena (con el abono de dos días que permaneció en prisión preventiva), previa exhibición de ocho mil pesos; y considerando la naturaleza accesoria de la suspensión de derechos políticos, estime procedente la suspensión de ésta, en el supuesto de que el hoy quejoso se acoja a la sustitución o a la suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión. La concesión del amparo se hace extensiva al Juez Décimo Cuarto Penal y Director Ejecutivo de Sanciones Penales de la Secretaria de Gobierno, como autoridades ejecutoras, ambas del Distrito Federal, al no combatirse por vicios propios. Sirve de apoyo la jurisprudencia 88, sustentada por la Tercera Sala del Máximo Tribunal del País, Quinta Época, visible en la página setenta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Materia Común, publicada con el título y contenido siguientes: ‘AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS.’ (se transcribe)."
2) En discrepancia con lo anterior, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolvió los siguientes amparos directos 126/2008, 148/2008, 158/2008, 195/2008 y 281/2008, en los que determinó lo siguiente:
"... es apegado (sic) a derecho la suspensión de los derechos políticos impuesta por el Magistrado responsable al sentenciado, previstos en el artículo 35 constitucional; toda vez que las prerrogativas del ciudadano se suspenden, entre otras causas, por estar sujeto a un proceso penal por delito que merezca pena corporal, a partir de la fecha en que se dicte auto de formal prisión, durante la extinción de una sanción privativa de libertad y por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión, de conformidad con el arábigo 38 fracciones II, III y VI, de la Carta Magna; de ahí que la suspensión de los derechos políticos de la parte quejosa es una consecuencia directa de la pena de prisión impuesta y, por ello, la condena en ese sentido es legal. Es aplicable, por los motivos que la informan, la jurisprudencia por contradicción de tesis 89/2004-PS, entre la sustentadas por el Noveno y Décimo Tribunales Colegiados, ambos en Materia Penal del Primer Circuito, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de fecha cuatro de mayo de dos mil cinco, de rubro y texto siguientes: ‘SUSPENSIÓN DE DERECHOS. PARA QUE SE SUSPENDAN CON MOTIVO DEL DICTADO DE UNA SENTENCIA QUE IMPONGA UNA SANCIÓN O LA PENA DE PRISIÓN, NO ES NECESARIO QUE ASÍ LO HAYA SOLICITADO EL MINISTERIO PÚBLICO.’ (se transcribe). Sin embargo, este Tribunal Colegiado estima que es parcialmente ajustada a derecho la decisión de la responsable al confirmar lo aducido por el a quo en el sentido que ‘... en el supuesto de que el sentenciado se acoja al beneficio o al sustitutivo concedido, la suspensión de derechos políticos quedará sin efectos ...’; ya que este órgano de control constitucional considera que ciertamente la suspensión de los derechos políticos debe durar hasta en tanto se extinga la pena de prisión impuesta, o bien, se le tenga por acogido al sustitutivo de la pena de prisión por multa que le fue concedido, mediante la exhibición de la cantidad correspondiente, mas no así, como lo señala la autoridad responsable, que dicha suspensión durará hasta que el encausado, en su caso, opte por la suspensión condicional de la ejecución de la pena. En efecto de la lectura de los diversos 38, fracción III, de la Constitución General de la República 56, 57 y 58 del Código Penal para el Distrito Federal, se desprende que la suspensión de derechos políticos es una sanción accesoria que se produce como consecuencia necesaria de la pena de prisión, por lo que su duración depende de la que haya sido impuesta como privativa de libertad y, por ende, cuando esta última es sustituida debe entenderse que lo es en su integridad, incluyendo la suspensión de derechos políticos, ya que la suerte de lo principal lo sigue lo accesorio. Asimismo, de la lectura de los ordinales 84 a 87 del Código Penal para el Distrito Federal, se advierte que tales normativos prevén y regulan la facultad del Juez para que sustituya la pena de prisión por multa o trabajo en beneficio de la víctima o en favor de la comunidad cuando aquélla no exceda de tres años y por tratamiento en libertad o semilibertad cuando no exceda de cinco y podrá sustituir la multa por trabajo en beneficio de la víctima o a favor de la comunidad, precisando que el Juez al determinar la sustitución de la sanción deberá sujetarse a los criterios para la individualización de las penas y medidas de seguridad previstas en el artículo 72 del propio código sustantivo, todo ello condicionado a que el sentenciado cubra la reparación del daño. Ahora bien, es importante señalar que los sustitutivos de la pena de prisión por trabajo en favor de la víctima o a favor de la comunidad, así como tratamiento en libertad o semilibertad, al igual que el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena establecido en el artículo 89 del Código Penal para el Distrito Federal no extingue de inmediato la pena cuando el sentenciado se acoge a alguno de ellos, sino que es hasta en tanto se cubra el número de jornadas o el tiempo del tratamiento por los que se haya sustituido la pena de prisión, cuando se extinga esa pena; en cambio, cuando se sustituye por multa, una vez que se cubre ésta la pena se extingue en términos de lo dispuesto por los preceptos 94, fracción I y 97 del ordenamiento en cita. En ese orden de ideas es dable considerar que la confirmación (en algunos casos, modificación), en ese aspecto, de la autoridad de alzada a la sentencia recurrida resulta inexacta porque la suspensión de los derechos políticos del sentenciado debió decretarse por un tiempo igual al de la prisión impuesta, misma que comenzará a contar a partir de que cause ejecutoria la sentencia y concluirá cuando se extinga la pena privativa de libertad, esto es, durará hasta que se extinga la pena de prisión impuesta, ya sea porque el sentenciado la compurgue o bien cubra la multa sustitutiva de esa pena, pero no cuando ‘... se «acoja» a la suspensión condicional de la ejecución de la pena ...’, como desacertadamente lo determinó la autoridad responsable, porque, se insiste, el hecho de que el enjuiciado opte por ese beneficio, además de que no extingue de inmediato la pena de prisión impuesta porque tal extinción está supeditada a que el quejoso cumpla con el mismo por el tiempo de duración de la pena de prisión impuesta, la suspensión de derechos políticos queda sin efecto cuando el sentenciado se acoge a algún sustitutivo de la pena de prisión, toda vez que tal sustitución comprende el cambio de naturaleza de la misma, lo cual lleva consigo forzosamente la desaparición de la pena original, por lo que si la pena de prisión desaparece, no puede haber parámetro para la aplicación de la suspensión de derechos políticos. Más aún, de la simple lectura de la ejecutoria que dio lugar a la jurisprudencia 74/2006 con el rubro ‘SUSPENSIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS. AL SER UNA SANCIÓN ACCESORIA DE LA PENA DE PRISIÓN CUANDO ÉSTA ES SUSTITUIDA INCLUYE TAMBIÉN A LA PRIMERA.’ sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, claramente se advierte que no se hace alusión a la suspen
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22503-ce747f45/suspension-de-derechos-politicos-continua-surtiendo-efectos-aunque · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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