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Modo: Corpus Pro

INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE CUANDO CON ANTERIORIDAD SE HAYA DESESTIMADO OTRO INCIDENTE SIMILAR EN EL MISMO JUICIO DE GARANTÍAS, POR ESTIMAR QUE EXISTÍA UN CUMPLIMIENTO PARCIAL. INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS "PRINCIPIO DE EJECUCIÓN" Y "CUMPLIMIENTO PARCIAL", PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. A EFECTO DE DECLARARLO SIN MATERIA, TRATÁNDOSE DE ASUNTOS EN QUE DEBA DEVOLVERSE UNA DETERMINADA CANTIDAD DE DINERO, DEBE ACREDITARSE LA ENTREGA AL QUEJOSO DE LA CORRESPONDIENTE A LA SUERTE PRINCIPAL. INCONFORMIDAD EN AMPARO DIRECTO. ES INFUNDADA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEJA INSUBSISTENTE EL ACTO RECLAMADO Y DICTA OTRO, SIN QUE SEA NECESARIO EXAMINAR SI CUMPLIÓ O NO CON LA TOTALIDAD DE LOS LINEAMIENTOS PRECISADOS EN LA SENTENCIA DE AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 487/2009. · Registro digital (IUS): 22477
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMOSÉPTIMO CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Octubre de 2010, , Pág. 2345.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 487/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMOSÉPTIMO CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES.

SECRETARIO: FRANCISCO GARCÍA SANDOVAL.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintiuno de junio de dos mil diez.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Mediante oficio recibido el quince de diciembre de dos mil nueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la presidenta del Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito en Ciudad Juárez denunció la posible contradicción de criterios entre el sustentado por ese órgano colegiado, al resolver los incidentes de inejecución de sentencia **********, y el sostenido por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los incidentes de inejecución de sentencia ********** y **********.

SEGUNDO. El subsecretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación remitió el oficio de denuncia a la Segunda Sala, cuyo presidente, por acuerdo de once de enero de dos mil diez, ordenó formar y registrar el expediente relativo, así como solicitar al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito copias certificadas de las ejecutorias en posible contradicción.

Una vez que se recibieron las copias, el propio presidente de la Sala la declaró competente para conocer del asunto, ordenó hacerlo del conocimiento del procurador general de la República y lo turnó al Ministro Luis María Aguilar Morales para que formulara el proyecto de resolución correspondiente.

El agente del Ministerio Público de la Federación designado para intervenir en el presente asunto formuló pedimento en el sentido de que no se declare improcedente el incidente de inejecución de sentencia cuando se ha declarado sin materia otro diverso por existir principio de ejecución.

En sesión de catorce de abril de dos mil diez, los Ministros integrantes de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordaron que se remitiera al Tribunal Pleno para su resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto noveno del Acuerdo 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal el veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, ya que la formuló la presidenta del Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito en Ciudad Juárez, el cual emitió uno de los criterios en posible contradicción.

TERCERO. Las consideraciones de las ejecutorias que originaron la denuncia de contradicción son las siguientes:

A. El Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito en Ciudad Juárez, al resolver el incidente de inejecución de sentencia **********, en sesión de diez de septiembre de dos mil nueve, en lo que interesa, consideró lo siguiente:

a) El amparo se concedió, entre otros efectos, para que se devolviera a la parte quejosa la cantidad enterada con motivo del pago de derechos de alumbrado público.

b) Ante el desacato de la ejecutoria por parte de las responsables, se abrió un primer incidente de inejecución de sentencia **********, el que se declaró sin materia en razón de que la autoridad responsable, tesorero municipal de Ciudad Juárez, acreditó que puso a disposición de la parte quejosa un cheque que correspondía a las cantidades erogadas por concepto de pago del derecho de alumbrado público y, por tal motivo, dicho órgano colegiado, en ese primer incidente "... consideró que existía un principio de ejecución y por ello devolvió los autos al juzgador federal por considerar que la autoridad responsable no incurrió en abstención total en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, sino que llevó a cabo actos relacionados con el núcleo esencial de la obligación ..."

c) Por tanto, dijo el tribunal, no era posible, en el nuevo incidente **********, resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo "... cuando con anterioridad este órgano colegiado ya decidió sobre el cumplimiento de la misma, declarando sin materia el incidente respectivo, por advertir que la autoridad responsable ya cumplió con el núcleo esencial de la obligación. De lo relatado se obtiene, que si lo que motivó la instauración del presente incidente de inejecución fue la abstención parcial de las autoridades responsables de dar cumplimiento al fallo protector, consistente en reintegrar o compensar a la empresa quejosa el total de las cantidades erogadas con motivo del pago del derecho de alumbrado público correspondiente al ejercicio fiscal dos mil ocho, con motivo de la aplicación del precepto tildado de inconstitucionalidad, entonces, como se consideró en la ejecutoria del incidente de inejecución ********** del índice de este tribunal, no hubo una abstención total, sino que por lo contrario existió un principio de ejecución de la sentencia de amparo, pues llevó a cabo actos relacionados con el núcleo esencial de la obligación, pues con independencia de que la cantidad devuelta por la autoridad exactora, sea correcta o no, lo cierto es que al no estar de acuerdo la quejosa con dicho monto, lo que procede es dejar a salvo los derechos del interesado en la parte que no se satisfizo su pretensión, para que los haga valer a través del recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo, sin perjuicio que la impetrante de amparo, si lo considera conveniente, acuda ante la responsable para que le haga entrega de la cantidad que reconoce y puso a su disposición por concepto de devolución de pago efectuado por derecho de alumbrado público."

A efecto de entender cabalmente el sentido de la anterior resolución **********, debe precisarse que el Tribunal Colegiado de mérito, en el resultando tercero de ella, tomó en cuenta que se dio vista a la parte quejosa con el cheque referido a efecto de que lo recogiera; que ésta desahogó esa vista manifestando su inconformidad en razón de que "... únicamente se le devolvieron las cantidades ... que erogó de los meses de enero a septiembre ... faltando las cantidades correspondientes a los de octubre, noviembre y diciembre de dos mil ocho ..."; que el Juez siguió requiriendo "... para que se acatara la ejecutoria únicamente por lo que hacía a los meses de octubre, noviembre y diciembre de dos mil ocho."; y que, ante el incumplimiento de este aspecto, ordenó abrir de nueva cuenta el incidente de inejecución de sentencia.

El criterio anterior lo sostuvo en términos similares al resolver los diversos incidentes de inejecución de sentencia 61/2009, 65/2009, 104/2009 y 106/2009, relacionados también con la devolución del pago de derecho de alumbrado público. En todos ellos, salvo en el último, el Tribunal Colegiado estimó igualmente que resultaban improcedentes, porque en los primeros incidentes de inejecución se puso de manifiesto que se devolvió una parte del pago de los derechos a los respectivos quejosos, quedando pendientes otras cantidades.

En el último, es decir, en el 106/2009, no se devolvió cantidad alguna a la quejosa. Al respecto, el Tribunal Colegiado lo declaró improcedente con base en que en el primer incidente se estableció que la responsable había dejado un cheque en la tesorería municipal a disposición de la parte quejosa, y que esta circunstancia implicaba que existía un principio de ejecución de sentencia dirigido al núcleo esencial de la obligación.

B. Por su parte, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el incidente de inejecución de sentencia **********, resuelto el doce de abril de dos mil siete, consideró, en lo que interesa, lo siguiente:

"SEGUNDO. Por cuestión de método y dada la existencia de la resolución que recayó al incidente de inejecución de sentencia número ********** del índice de este Tribunal Colegiado, se estima necesario precisar las causas por las cuales sí es procedente el presente incidente de inejecución.

"Como se aprecia de la transcripción realizada en el resultando sexto de este fallo, si bien se declaró improcedente el incidente de inejecución de sentencia número **********, porque se consideró que para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable estaba obligada a: i) dar contestación al escrito de petición presentado el quince de octubre de dos mil cuatro, en la Oficialía de Partes de las autoridades responsables y a: ii) dar contestación al escrito de petición de veinte de octubre de dos mil cuatro, en la Oficialía de Partes de las autoridades responsables y, de las constancias que obraban en el expediente relativo al juicio de amparo **********, se advertía que, a través del oficio ********** de treinta de junio de dos mil cinco, suscrito por el director de remuneraciones, prestaciones y relaciones laborales de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, éste hizo del conocimiento de la Juez Federal, la emisión del diverso oficio **********, de fecha veinticuatro de junio de dos mil cinco, a través del cual, se dio contestación al escrito de petición presentado por el quejoso el quince de octubre de dos mil cuatro; lo que pone de manifiesto que ya existió un principio de ejecución de la misma.

"Lo cierto es que, en aquella resolución únicamente se resolvió que existía un principio de ejecución de la sentencia protectora e, incluso, se precisó que tal circunstancia no implicaba pronunciamiento alguno de que la sentencia protectora haya sido cumplida y, en consecuencia, se indicó a la Juez del conocimiento que debería continuar requiriendo a las autoridades responsables para que dieran cumplimiento a la citada sentencia; luego, el presente incidente de inejecución sí es procedente, pues, las autoridades responsables están obligadas a cumplir con la ejecutoria de garantías a partir de los actos que en la resolución del expediente número **********, se estimaron como principio de ejecución de dicha sentencia, ya que ante el evento de que éstas fueran omisas en la emisión de actos posteriores, la vía idónea para determinar si existe incumplimiento de los deberes impuestos por el fallo protector, lo es precisamente el incidente de inejecución, pues de otra manera se dejaría en estado de indefensión al agraviado, con el consecuente extremo de tener que consentir y dejar incólume el incumplimiento de la sentencia de amparo, con lo cual, se desconocería la fuerza vinculatoria de las sentencias emitidas por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación.

"La anterior consideración encuentra sustento por analogía, en la tesis de rubro y texto siguientes:

"‘INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. RESULTA PROCEDENTE SI CON ANTERIORIDAD A SU TRAMITACIÓN SE DICTÓ RESOLUCIÓN QUE DECLARA FUNDADO EL RECURSO DE QUEJA POR DEFECTO O EXCESO EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE AMPARO.’ (se considera ocioso transcribir el texto).

"Cabe precisar que, no pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 63/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento treinta y cuatro del Tomo XVI, de octubre de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, del rubro siguiente: ‘INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO, SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE REALIZA ACTOS QUE ENTRAÑAN UN PRINCIPIO DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA CONCESORIA DEL AMPARO.’, que inclusive se invocó en el diverso incidente de inejecución de sentencia número 41/2006, sin embargo, se reitera, en el caso se trata de determinar si a partir de los actos que se estimaron como un principio de ejecución y que por tanto no bastaron para considerar cumplida la ejecutoria de amparo, las autoridades han realizado o no los actos necesarios que incidan en el núcleo esencial de la obligación que les resultó a virtud de la citada ejecutoria; para tener o no por cumplida ésta. ..."

El Tribunal Colegiado de que se trata sostuvo un criterio similar al anterior en el diverso incidente de inejecución de sentencia 14/2007, resuelto el veintitrés de marzo de dos mil siete, aunque las características de éste fueron distintas, como se advierte de la siguiente reseña:

1. Se concedió el amparo a la ahí quejosa para el efecto de que se le devolviera la cantidad pagada por concepto del impuesto sobre adquisición de inmuebles previsto en los artículos 134 a 147 del Código Financiero del Distrito Federal.

2. Ante la contumacia de las autoridades responsables, se abrió un primer incidente de inejecución de sentencia ante el propio tribunal, con el número **********, el que se declaró improcedente, en razón de que existía un principio de ejecución. Esto, porque en cumplimiento al requerimiento formulado a dichas responsables por el propio órgano jurisdiccional, éstas remitieron diversas constancias de las que se desprendía que:

"... existe principio de ejecución de la sentencia de amparo, pues ya se encuentra en cantidad líquida del total a devolver (suerte principal e intereses), así como la solicitud de la programación certificada de su devolución, lo que revela que las autoridades responsables se encuentran realizando los trámites necesarios que miran al núcleo esencial del cumplimiento total de dicha sentencia. Luego, es evidente que las autoridades responsables en la secuela de la etapa de ejecución de la sentencia de amparo que nos ocupa, no incurren en abstención total en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por el contrario, han llevado a cabo actos relacionados con el núcleo esencial de la obligación y, por ende, el presente incidente de inejecución resulta improcedente. Esto es así en razón de que si la causa que motivó la instauración del incidente de inejecución fue la abstención total de las autoridades responsables de dar cumplimiento al fallo protector; en el presente toca obran constancias que reflejan lo contrario; por tanto, es claro que existe un principio de ejecución de sentencia, ya que las actuaciones de las autoridades a las que se requirió el cumplimiento de la ejecutoria están dirigidas al núcleo esencial de la obligación, consistente precisamente en la devolución de la cantidad actualizada pagada indebidamente. Consecuentemente, en principio, ha desaparecido la abstención total de las autoridades responsables de dar cumplimiento al fallo protector."

3. Al ponderar lo anterior, el Tribunal Colegiado en el incidente ********** (que aquí interesa), concluyó que:

"... como en aquella resolución únicamente se resolvió que existía un principio de ejecución de la sentencia protectora, e incluso, se precisó que tal circunstancia no implica pronunciamiento alguno de que la sentencia protectora haya sido cumplida y, en consecuencia, se indicó a la Juez del conocimiento que debería continuar requiriendo a las autoridades responsables para que dieran cumplimiento a la citada sentencia; entonces, el presente incidente de inejecución sí es procedente, pues en este caso, las autoridades responsables están obligadas a cumplir con la sentencia de amparo a partir de los actos que en la resolución del expediente número **********, se estimaron como principio de ejecución de dicha sentencia, ya que ante el evento de que éstas fueran omisas en la emisión de actos posteriores, lo que de momento aquí no se examina, la vía idónea para determinar si existe incumplimiento de los deberes impuestos por el fallo protector, lo es precisamente el incidente de inejecución, pues de otra manera se dejaría en estado de indefensión al agraviado, con el consecuente extremo de tener que consentir y dejar incólume el incumplimiento de la sentencia de amparo, con lo cual, se desconocería la fuerza vinculatoria de las sentencias emitidas por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación. ..."

CUARTO. De conformidad con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la nueva mecánica para abordar la procedencia de las contradicciones de tesis no necesita ya pasar por el cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos en la tesis de jurisprudencia número P./J. 26/2001, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.", puesto que dicho criterio fue interrumpido, como se advierte de la siguiente tesis:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 26/2001, DE RUBRO: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’). De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpe la jurisprudencia citada al rubro, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ impide el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución." (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, julio de 2009, tesis P. XLVI/2009, página 68).

De la tesis anterior se advierte que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales.

En el caso concreto, de acuerdo con las consideraciones de las sentencias antes reseñadas, se advierte que existe contradicción de tesis, pues mientras el Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito en Ciudad Juárez considera que es improcedente el incidente de inejecución de sentencia cuando ya se ha declarado sin materia o improcedente un incidente de inejecución anterior, al advertirse que existe un principio de ejecución de la sentencia de amparo, por haber realizado la autoridad responsable actos relacionados con el núcleo esencial de la obligación, debido a que no es jurídicamente posible resolver sobre el acatamiento de una ejecutoria de amparo cuando con antelación ya se decidió sobre el particular.

En cambio, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito considera que ese segundo incidente sí es procedente, porque en la primera resolución únicamente se resolvió que existía un principio de inejecución de sentencia e, incluso, se precisó que tal circunstancia no implicaba pronunciamiento alguno de que la sentencia protectora hubiera sido cumplida y, en consecuencia, se indicó al Juez del conocimiento que debería continuar requiriendo a las autoridades responsables para que dieran cumplimiento a la citada sentencia, esto es, el segundo incidente de inejecución sí procede, porque en éste se trata de determinar si a partir de los actos que se estimaron como un principio de ejecución y que, por tanto, no bastaron para considerar cumplida la ejecutoria de amparo, las autoridades han realizado o no los actos necesarios que incidan en el núcleo esencial de la obligación que les resultó en virtud de la citada ejecutoria.

De lo anterior se advierte que si bien los casos resueltos por los Tribunales Colegiados no son exactamente iguales, lo cierto es que discreparon respecto de un mismo punto jurídico, a saber, los alcances que tiene la resolución mediante la cual se declaró sin materia o improcedente un primer incidente de inejecución de sentencia, respecto de un segundo incidente de inejecución, pues mientras un órgano jurisdiccional estima que ese pronunciamiento torna improcedente el segundo, el otro órgano colegiado opina que no.

Pero, además, cabe precisar que ambos Tribunales Colegiados se refirieron al concepto "principio de ejecución" para adoptar sus respectivas posturas, lo que hicieron tomando en cuenta que existía: a) un cumplimiento parcial, en unos casos y b) una serie de actos encaminados al cumplimiento del fallo protector, en los otros.

En efecto, en cuanto al inciso a), el Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito en Ciudad Juárez, en los incidentes de inejecución de sentencia 61/2009, 65/2009 y 104/2009, relacionados con la devolución del pago de derecho de alumbrado público, consideró que resultaban improcedentes, porque en los primeros incidentes de inejecución se puso de manifiesto que se devolvió una parte del pago de los derechos a los respectivos quejosos, quedando pendientes otras cantidades.

Por su parte, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el incidente de inejecución de sentencia 6/2007, tomó en cuenta que la sentencia de amparo constriñó a la autoridad responsable a dar respuesta a dos escritos del quejoso, uno presentado el quince de octubre de dos mil cuatro, y el otro el veinte de ese mes; pero que como la autoridad responsable había justificado, en un incidente de inejecución anterior, haber dado respuesta solamente a un escrito, ese segundo incidente era procedente para verificar si había cumplido respecto del restante ocurso.

De lo anterior se advierte que, en esos asuntos, ambos Tribunales Colegiados de Circuito consideraron como principio de ejecución el cumplimiento parcial de las ejecutorias de amparo referidas.

En cuanto al aspecto del inciso b), el Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito en Ciudad Juárez señaló en el incidente de inejecución de sentencia 106/2009 (relacionado con esta contradicción), que en un primer incidente se había establecido que la responsable había dejado un cheque en la tesorería municipal, a disposición de la parte quejosa, y que esta circunstancia implicaba que existía un principio de ejecución de sentencia dirigido al núcleo esencial de la obligación; por tanto, el Tribunal Colegiado declaró improcedente ese segundo incidente (106/2009), porque no era posible resolver sobre el acatamiento al fallo protector cuando ya con anterioridad se había pronunciado al respecto.

Por su parte, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el incidente de inejecución de sentencia 14/2007 (materia de la presente contradicción), consideró que en el primer incidente de inejecución de sentencia se había establecido la existencia de un principio de ejecución, consistente en que ya estaba fijada la cantidad líquida a devolver, así como la solicitud de programación certificada de su devolución (sin que se le hubiera devuelto), y que ese segundo incidente (14/2007) era procedente, porque debía determinarse si la sentencia de amparo se había cumplido a partir de ese principio de ejecución.

Como puede advertirse, en los dos casos anteriores, relacionados con amparos en los que se determinó la devolución de ciertas cantidades a los respectivos quejosos, los Tribunales Colegiados de Circuito, a pesar de que advirtieron que no se demostró la entrega de las respectivas cantidades, consideraron como un principio de ejecución el hecho de que las autoridades correspondientes hubieran desplegado actos tendientes a cubrir esos pagos (haber puesto a disposición del quejoso un cheque en la tesorería municipal, en un caso, y haber formulado la solicitud de programación certificada de devolución, en el otro).

La reseña de los dos aspectos anteriores hace patente que los Tribunales Colegiados del conocimiento consideran que el concepto "principio de ejecución" implica tanto un cumplimiento parcial como otros diversos actos que, sin constituir ese cumplimiento, miran al núcleo esencial de la obligación.

Por tanto, en aras de la seguridad jurídica que buscan las resoluciones de contradicción habrá de determinarse, primero, lo relativo a los conceptos "principio de ejecución" y "cumplimiento parcial", para enseguida definir si es procedente el incidente de inejecución de sentencia nuevamente planteado, cuando con anterioridad se ha declarado sin materia o improcedente otro incidente de inejecución, al haber realizado la autoridad responsable actos relacionados con el cumplimiento esencial de la obligación.

QUINTO. Este Alto Tribunal determina que deben prevalecer, con carácter de jurisprudencia, las tesis que se sustentan en la presente resolución.

El artículo 107, fracción XVI, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"XVI. Si concedido el amparo la autoridad responsable insistiere en la repetición del acto reclamado o tratare de eludir la sentencia de la autoridad federal, y la Suprema Corte de Justicia estima que es inexcusable el incumplimiento, dicha autoridad será inmediatamente separada de su cargo y consignada al Juez de Distrito que corresponda. Si fuere excusable, previa declaración de incumplimiento o repetición, la Suprema Corte requerirá a la responsable y le otorgará un plazo prudente para que ejecute la sentencia. Si la autoridad no ejecuta la sentencia en el término concedido, la Suprema Corte de Justicia procederá en los términos primeramente señalados."

De la disposición anterior se deduce que una vez que la sentencia de amparo causa ejecutoria, la autoridad responsable estará constreñida, indefectiblemente, a cumplir con ella, restituyendo al quejoso en el goce y disfrute de la garantía violada, sin que, para tal efecto, deba demorarse ni oponer excusa, pretextos o evasivas, tal y como lo establece el artículo 80 de la Ley de Amparo, el que recoge el espíritu de la norma constitucional.

En relación con lo anterior, este Tribunal Pleno había sustentado el criterio de que las inconformidades e incidentes de inejecución requerían, como presupuesto, una abstención total de acatamiento por parte de la autoridad responsable, como se infiere de las tesis que fueron publicadas, respectivamente, en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos ochenta y ocho, Primera Parte, página ochocientos veintiocho, y en el Volumen 49, Séptima Época, del mismo Semanario, página veintitrés, de rubro, la primera: "INCONFORMIDADES PREVISTAS POR EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 105 DE LA LEY DE AMPARO E INCIDENTES DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. REQUIEREN, COMO PRESUPUESTO NECESARIO, LA IMPUTACIÓN DE UNA ACTITUD ABSTENCIONISTA TOTAL POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA ACATAR LA EJECUTORIA DE AMPARO." y la segu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22477-c446aa4d/incidente-de-inejecucion-de-sentencia-es-improcedente-cuando · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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