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Modo: Corpus Pro

NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 107/2007-PS. · Registro digital (IUS): 20897
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 2008, , Pág. 239.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 107/2007-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos primero, segundo y cuarto, del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, por tratarse de una contradicción suscitada entre los criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos de materia civil, de la competencia exclusiva de esta Sala.

SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mismos que se encuentran facultados para ello, de conformidad con el artículo 197-A de la Ley de Amparo.

TERCERO. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:

A) El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver con fecha doce de julio de dos mil siete, la queja civil 42/2007, determinó en lo que interesa, lo siguiente:

"De las constancias remitidas por el Juez de Distrito en apoyo a su informe sobre la materia de queja, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en el artículo 2o. de ésta, destaca lo siguiente: 1. Por auto de once de abril de dos mil siete, el Juez federal ordenó requerir a la demandante de garantías, mediante notificación personal, para que exhibiera una copia más del escrito a través del cual interpuso el recurso de revisión y expresó agravios en contra de la sentencia dictada en la audiencia constitucional, con el apercibimiento, en caso de incumplimiento a lo requerido, de tener por no interpuesto el recurso (foja 73 del expediente de queja). 2. El trece de abril de dos mil siete, el actuario adscrito al Juzgado de Distrito asentó una razón en la cual asentó que se constituyó en esa fecha y dos ocasiones en otra anterior (doce de abril), en el domicilio ubicado en la calle de Francisco Pimentel número setenta y dos, colonia San Rafael, en la Ciudad de México, Distrito Federal, sin que nadie acudiera a su llamado, después de tocar el timbre por un lapso aproximado de diez minutos (folio 74 del cuaderno de queja). 3. Mediante auto de diecisiete de abril de dos mil siete, el Juez de amparo, con vista a la razón actuarial de referencia, ordenó que el actuario se constituyera nuevamente en el mismo domicilio a fin de notificar el diverso proveído de once de abril del año en curso, y en caso de que ‘nadie acuda a su llamado o se negaren a recibir la notificación de mérito, la hará por medio de instructivo que fijará en la puerta del inmueble y asentará razón, de conformidad con el artículo 312 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2o. de la Ley de Amparo.’ (folio 75 del expediente). 4. El dieciocho de abril de dos mil siete, el actuario practicó la notificación ordenada en los términos siguientes: ‘En la Ciudad de México, Distrito Federal, a las diez horas con veinte minutos del dieciocho de abril de dos mil siete, René Elguera Rosas, actuario judicial adscrito al Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, doy fe que me constituí en calle Francisco Pimentel sesenta y dos, colonia San Rafael en esta ciudad, cerciorado de ser la calle por la placa de identificación que forma las calles de Francisco Pimentel y Manuel María Contreras, el numeral por estar fijo en el inmueble en que se actúa, el cual corresponde a un bien raíz de tres niveles, fachada café, zaguán y cortina metálicos azul, a fin de notificar a la quejosa Elvia Plate Álvarez, los autos de once y diecisiete de abril de dos mil siete, en los que este juzgado requirió a la quejosa para que en tres días exhiba una copia de su escrito de expresión de agravios, con el apercibimiento que se indica y en caso de ser necesario realizar la notificación por instructivo respectivamente, y entregarle copia de los autos sellados y cotejados, por lo que una vez constituido en el inmueble antes indicado y tocar por un lapso aproximado de diez minutos en el timbre como en la puerta del inmueble, nadie atendió a mis llamados; por lo que a las diez horas con treinta del día de la fecha, el suscrito con fundamento en el artículo 312 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por el artículo 2o., procedí a realizar la notificación por instructivo, misma que fijo en la puerta metálica del inmueble en que se actúa, con lo que doy cuenta a su Señoría para los efectos legales conducentes. Doy Fe. ...’ (sic) (foja 76 del expediente de queja). Esa notificación, y lo actuado a partir de la misma, incluyendo el auto que declaró que la sentencia dictada en la audiencia constitucional causó ejecutoria, constituyen la materia del incidente que fue resuelto por el Juez de Distrito a través de la sentencia interlocutoria objeto de queja. Con base en esa delimitación de los aspectos fácticos, resulta posible colegir que la práctica de la notificación en los términos en que se hizo fue incorrecta. De manera inicial, debe precisarse que la procedencia del incidente de nulidad de actuaciones con posterioridad a la sentencia de amparo, aunque se haya dictado el auto que declaró ejecutoriada esa resolución, como ocurrió en el presente asunto, así como la materia de esa incidencia, ha sido abordada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 20/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, mayo de dos mil cuatro, página 5, que es del tenor siguiente: ‘NULIDAD DE NOTIFICACIONES. ES PROCEDENTE EL INCIDENTE RELATIVO, INCLUSO SI YA FUE DICTADO EL AUTO QUE DECLARÓ EJECUTORIADA LA SENTENCIA.’ (se transcribe). Por consiguiente, si el incidente resuelto por medio de la sentencia impugnada se refería a una notificación y a las actuaciones practicadas con posterioridad al dictado de la sentencia pronunciada en la audiencia constitucional, y se promovió una vez que había sido dictado el proveído que declaró ejecutoriado ese fallo, era factible su tramitación y resolución en la forma en que se hizo, y susceptible de recurrirse en queja la resolución interlocutoria, en términos de la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo, por haberse dictado en la mencionada etapa y ser irreparable. Realizada la anterior precisión sobre la procedencia del incidente y del recurso de queja, debe señalarse que, tratándose de las notificaciones personales en materia de amparo, no es factible la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, en caso de que nadie acuda al llamado del actuario en el domicilio en que debe practicarse la notificación. En este punto, es conveniente insistir en que no es materia de queja el auto de diecisiete de abril de dos mil siete, que ordenó la notificación con base en el artículo 312 del Código Federal de Procedimientos Civiles; sin embargo, como la justificación de que se haya actuado con apoyo en tal precepto fue realizada por el juzgador de garantías en la sentencia combatida, y los agravios se dirigen a atacar la consideración respectiva, sin que, por otro lado, esté vedado al tribunal que conoce de la queja analizar una notificación impugnada de nulidad cuando se omite combatir el auto con apoyo en el cual se practicó, debe examinarse dicho tema. Interesa, al efecto, lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Amparo, que se transcribe a continuación: (se transcribe). Son tres los supuestos que, tratándose de notificaciones personales, regula el texto legal, a saber, el caso de que exista domicilio señalado para oír notificaciones, el diverso en que no conste ese lugar ni se haya designado alguno y el consistente en esa misma falta de constancia o señalamiento cuando se deba notificar la providencia que mande ratificar escritos de desistimiento de demanda o recursos. De ellos, el que guarda relación con el asunto es el primero, conforme al cual las notificaciones personales, cuando exista domicilio señalado para oírlas, deben practicarse observando la siguiente mecánica: A) El actuario buscará a la persona a quien deba notificar, para entender la diligencia directamente con ella. B) Si el actuario no encontrare a la persona buscada, deberá dejarle citatorio con cualquiera de los siguientes individuos: los parientes de la propia interesada, los empleados (incluyendo los domésticos) de ella, cualquiera otra persona que viva en la casa, ya sea el domicilio real o el señalado para oír notificaciones, o se encuentre en el despacho designado para tal efecto. C) En caso de que la diligencia se practique en la casa de la persona buscada, el actuario tendrá la obligación, antes de dejar el citatorio a los sujetos mencionados, de cerciorarse de que en ese lugar vive la persona que deba ser notificada. D) El citatorio, que contendrá síntesis de la resolución materia de notificación, indicará hora fija dentro de las veinticuatro horas siguientes. E) Si la persona citada no espera al actuario, éste practicará la notificación por lista; y,-F) Resulta necesario que el actuario asiente razón de la notificación, precisando lo conducente en cuanto a los aspectos descritos en los incisos anteriores. La anterior descripción pormenorizada de la forma legal de proceder del actuario en la realización de notificaciones personales, lleva a advertir, en lo que interesa, que dicho fedatario no puede entregar el citatorio a cualquier individuo distinto a los enunciados limitativamente, por lo que si ninguna persona encuentra en el domicilio, o ninguna acude a su llamado, estará imposibilitado para cumplir con la entrega del citatorio. En caso de presentarse esa hipótesis, el precepto legal que se examina no prevé qué debe hacer el actuario, como sí establece qué hará en caso de que, entregado el citatorio, la persona buscada se abstenga de esperarlo (notificará por lista), sin que tampoco esté previsto ese supuesto en alguna otra disposición de la Ley de Amparo, ni siquiera en las restantes fracciones de su artículo 30 que parten de la falta de constancia sobre el domicilio o de señalamiento del mismo, cuestión diversa a la existencia de la designación correspondiente. La falta de previsión, empero, no debe impedir resolver la situación descrita, dada la plenitud característica del derecho, por lo que para llenar esa laguna es menester acudir a la analogía, que justifica trasladar la solución legalmente prevista para un caso, a otro caso distinto, no regulado por el ordenamiento jurídico, pero que es semejante al primero, y constituye un instrumento de integración del ordenamiento. El problema consiste en elegir la norma aplicable por analogía, ya sea dentro del ordenamiento o fuera del mismo, caso este último en que se está en presencia de la supletoriedad. Sin embargo, aun cuando es verdad que el Código Federal de Procedimientos Civiles invocado por el Juez de Distrito es supletorio de la Ley de Amparo, ante la existencia de una deficiencia, insuficiencia o ausencia de reglamentación, lo que incluye las notificaciones, también es cierto que en el caso la solución es posible encontrarla en el sistema interno de la legislación reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En cuanto a los alcances de la supletoriedad, son aplicables las tesis de la Segunda y Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubros y textos se indican enseguida: ‘AMPARO. SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.’ (se transcribe). ‘CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, APLICACIÓN SUPLETORIA EN AMPARO DEL.’ (se transcribe). Asimismo, son aplicables en lo conducente, por versar sobre la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles en materia de notificaciones personales reguladas por la Ley de Amparo, las consideraciones vertidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria por medio de la cual resolvió la contradicción de tesis 19/2002-PL, y que dio lugar a la emisión de la jurisprudencia 2a./J. 24/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, marzo de dos mil cuatro, página 321, bajo el rubro: ‘DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE ORDENA ACLARARLA DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE, AUN CUANDO EL DOMICILIO SEÑALADO PARA

RECIBIR NOTIFICACIONES SE ENCUENTRE FUERA DEL LUGAR DE RESIDENCIA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEL CONOCIMIENTO.’, sin que sea necesario transcribir el texto de esa tesis jurisprudencial por versar sobre un aspecto diverso al involucrado en la especie. En cambio, las consideraciones que permitieron a la Segunda Sala llegar a fijar el criterio de interpretación judicial publicado, sí se insertan, en la parte de interés para el presente asunto, por su utilidad para sustentar lo aquí expuesto, y son las siguientes: ‘... SEXTO. ... Desde esta perspectiva se entiende que la consecuencia de no desahogar la prevención consiste, por regla general, en que la demanda de amparo se tenga por no interpuesta, según lo establecen los propios artículos 146 y 178 de la Ley de Amparo, pues al no reunirse los presupuestos procesales necesarios para la integración de la relación jurídico procesal, resulta imposible continuar con la tramitación del juicio. Al respecto, cabe aclarar que no todos los requisitos de la demanda son indispensables para el desarrollo de la relación jurídico procesal, por lo que no siempre la omisión de cumplir con el requerimiento formulado conlleva a tener por no interpuesta la demanda de garantías, tal como lo ha reconocido esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las siguientes tesis de jurisprudencia: (se transcriben). Las tesis jurisprudenciales que anteceden establecen diversos supuestos, en los que la omisión de desahogar una prevención no necesariamente se traduce en que la demanda se tenga por no interpuesta, lo que encuentra justificación al considerarse que no todas las irregularidades del escrito inicial implican la imposibilidad de proseguir con la tramitación del juicio, sino únicamente aquellas que trascienden a la integración de la relación jurídico procesal del juicio de amparo. Lo hasta aquí expuesto pone de manifiesto la importancia de que el auto por el que se mande aclarar la demanda sea hecho del conocimiento del promovente en forma personal, a fin de que tenga la oportunidad real y efectiva de subsanar las irregularidades de su escrito, dada la magnitud de la consecuencia de no desahogar los requerimientos contenidos en la prevención; consecuencia que, por regla general, consiste en que la demanda se tenga por no interpuesta, pero que también puede consistir en que se aplace la apertura del incidente de suspensión o en que las notificaciones de carácter personal se realicen por lista, en términos de las tesis jurisprudenciales 2a./J. 86/2002 y 2a./J. 47/2002, arriba invocadas. En este sentido, resulta conveniente atender al contenido de los artículos 28, fracción II, último párrafo y 29, fracción III, de la Ley de Amparo, los que a la letra indican: (se transcriben). Tales preceptos establecen la obligación de notificar personalmente los requerimientos o prevenciones que se formulen a las partes tanto en el juicio de amparo biinstancial como uniinstancial, por lo que es inconcuso que los requerimientos formulados de conformidad con los artículos 146 y 178 de la Ley de Amparo deben notificarse personalmente conforme a las reglas del artículo 30 del ordenamiento en cita, que regula las notificaciones personales en los siguientes términos: (se transcribe). De la lectura del artículo que antecede destaca lo dispuesto en la fracción II, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se le hará por lista, disposición que es acorde con lo dispuesto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al 2o. de la Ley de Amparo, que rezan: (se transcriben). Los referidos preceptos disponen que todo litigante en su primer escrito dirigido a un tribunal del orden federal tiene la obligación de señalar un domicilio para recibir notificaciones en la población en la que tenga su residencia dicho tribunal, y que de lo contrario las notificaciones personales se le harán conforme a las reglas para las notificaciones que no deban ser personales. Lo anterior, interpretado conjuntamente con los artículos 116, fracción I y 166, fracción I, de la Ley de Amparo, relativos a la obligación de precisar en la demanda de garantías el nombre y domicilio del quejoso, permite concluir que el promovente tiene la obligación de designar un domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de residencia del órgano jurisdiccional del conocimiento, en el entendido de que la omisión de cumplir con dicho requisito dará lugar a que las notificaciones personales se practiquen en términos del artículo 30, fracción II, de la ley de la materia, es decir, por medio de lista. Sin embargo, lo dispuesto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el 30, fracción II, de la Ley de Amparo, no puede llevar a concluir que el auto por el que se mande aclarar una demanda de amparo pueda notificarse por medio de lista cuando el quejoso no haya señalado domicilio en la residencia del órgano jurisdiccional que conozca del asunto, sino que dicha notificación por lista será procedente únicamente ante la falta absoluta de designación de domicilio, por las razones que a continuación se exponen: 1) En primer lugar porque la obligación de señalar domicilio convencional en el lugar del juicio constituye un requisito de la demanda de amparo, cuya omisión no puede dar lugar a su sanción inmediata sino a un requerimiento previo, acorde con el espíritu de los artículos 146 y 178 de la Ley de Amparo, según los cuales la irregularidad de una demanda de garantías da lugar a que el juzgador mande prevenir al promovente para que la aclare. En este sentido, la consecuencia contenida en el artículo 30, fracción II, de la ley reglamentaria, no puede ni debe hacerse efectiva en perjuicio del promovente sin antes haberle dado la oportunidad de subsanar su omisión. Lo que lleva a la convicción de que en el supuesto que nos ocupa el auto que mande aclarar la demanda de amparo debe contener el requerimiento para que el quejoso señale domicilio en el lugar de residencia del juzgado o tribunal, apercibido de que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal se le harán por medio de lista. Lo anterior, con la salvedad de que si el único defecto de la demanda consiste en la falta de señalamiento de domicilio para recibir notificaciones en el lugar de residencia del juzgador, será innecesario prevenir al quejoso por no tratarse de un elemento indispensable para integrar la relación jurídico procesal. En efecto, si la única irregularidad del escrito de demanda consiste en la omisión de señalar un domicilio convencional en el lugar del juicio, ello no amerita una prevención, pues esto llevaría a paralizar innecesariamente la tramitación del juicio de amparo en detrimento de la garantía que tutela el artículo 17 constitucional, y con el riesgo de que al no proveerse inmediatamente sobre la suspensión provisional pudiera quedar sin materia el juicio. De modo que, en esta hipótesis, lo procedente es admitir a trámite la demanda de garantías, requiriendo al quejoso, en el propio auto admisorio, para que cumpla con el requisito en comento, apercibido de que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal se le harán por medio de lista, en términos del artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, requerimiento éste que por su naturaleza misma y a fin de que sea efectivo debe ser notificado personalmente. 2) Resulta imprescindible la notificación personal del auto por el que se mande aclarar la demanda de garantías, aun cuando el quejoso haya señalado un domicilio para recibir notificaciones fuera de la residencia del órgano jurisdiccional, toda vez que dicho proveído es de trascendencia tal, que su falta de conocimiento oportuno puede llevar a tener por no interpuesta la demanda, de modo que no cabe recurrir a una interpretación rigorista o formalista de los artículos 30, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues ello atentaría contra el derecho de acción de quien acude en amparo. Efectivamente, debe garantizarse plenamente al quejoso la posibilidad material -y no sólo formal- de subsanar las irregularidades de su escrito inicial, pues de lo contrario carecerían de toda eficacia jurídica los requerimientos y apercibimientos contenidos en la prevención, en tanto que no se aseguraría al quejoso el pleno conocimiento de las omisiones en que incurrió y de las consecuencias que se producirían de no subsanarlas. 3) Admitir la posibilidad de que la prevención se notifique por lista, conlleva el riesgo fáctico de que el quejoso no tenga conocimiento oportuno de su contenido y que, por ende, ante la falta de desahogo de la prevención se tenga por no interpuesta su demanda, lo que constituiría una consecuencia desproporcionada y excesiva para la falta de señalamiento de domicilio convencional en el lugar del juicio. Esto es, la notificación por lista es la consecuencia de no cumplir con el requisito a que se refieren los artículos 116, fracción I y 166, fracción I, de la Ley de Amparo, pero el hacer efectiva dicha sanción, antes de haberle dado la oportunidad al quejoso de subsanar su omisión, se puede traducir en que se tenga por no interpuesta la demanda al no desahogarse la prevención respecto de las demás irregularidades, lo que constituye una consecuencia que no es propia de la falta de señalamiento de domicilio convencional en el lugar del juicio. 4) Además, la obligación de señalar domicilio para oír notificaciones en el lugar de residencia del órgano jurisdiccional no deriva exclusivamente de lo dispuesto en la Ley de Amparo, sino que esa carga procesal está contenida en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, precepto que pertenece al capítulo relativo a las notificaciones y no al correspondiente a la demanda, lo que pone de manifiesto que la sanción a dicha omisión no puede aplicarse indiscriminadamente, sino siempre velando por la seguridad jurídica de los promoventes y por el ejercicio efectivo del derecho de acción. Consecuentemente, el criterio de esta Segunda Sala coincide, esencialmente, con el del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Cuarto Circuito, sin que al respecto sea válido el argumento del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, relativo a que el requerimiento no se puede notificar personalmente en términos del artículo 28, fracción II, último párrafo, de la Ley de Amparo, dada la falta de señalamiento de domicilio en el lugar en el que tenga su sede el órgano jurisdiccional, pues contrario a ello el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, prevé que las diligencias que no puedan practicarse en el lugar de residencia del tribunal en que se siga el juicio, deberán encomendarse al Juez de Distrito o de primera instancia para asuntos de mayor cuantía del lugar en que deban practicarse, de modo que la notificación personal correspondiente sí puede llevarse a cabo por medio de exhorto. El precepto secundario mencionado es del siguiente tenor literal: (se transcriben). En las relatadas condiciones, el criterio que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia obligatoria, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, es el que sustenta esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los siguientes términos: ...’. Resaltan en el texto precedente la aplicación supletoria a las disposiciones legales de la Ley de Amparo relativas a las notificaciones, de las normas del Código Federal de Procedimientos Civiles que regulan esos mismos medios de comunicación procesal; la p

ocedencia de la notificación por lista sólo ante la falta absoluta de señalamiento de domicilio para oír notificaciones; y el carácter de carga procesal de esa designación. El primer aspecto, permite corroborar la afirmación sobre la aplicación supletoria de la legislación adjetiva civil federal en materia de notificaciones; el segundo, es apto para aseverar que la opción para notificar personalmente ante la ausencia de domicilio designado para oír notificaciones es la practicada por lista; y, el tercero, da pie a examinar en los párrafos siguientes la naturaleza y alcances de la designación de un domicilio convencional en el juicio de amparo, lo que, a su vez, conduce a establecer la manera en que debe solucionarse el supuesto de falta de atención al llamado del notificador constituido en aquel sitio. Ha quedado precisado, conforme a la propia ejecutoria transcrita parcialmente, que es obligación del quejoso, e incluso, debe añadirse, del tercero perjudicado y de la persona extraña al juicio, señalar domicilio para oír notificaciones en el lugar de residencia del órgano de control constitucional. Ese domicilio es distinto a otros que pueden tener las partes mencionadas, aunque eventualmente sea susceptible de coincidir con ellos, pues debe considerarse que el domicilio, en un sentido genuino, es el lugar que la ley considera como centro o sede jurídica de la persona, y que, precisamente por tener relevancia para el derecho, se manifiesta en distintas clases, como se desprende, de forma enunciativa y no limitativa, de lo dispuesto en los artículos 29, 30, 31, 32, 33 y 34 del Código Civil Federal: (se transcriben). De esa manera, y conforme a esos preceptos, existen un domicilio real, que corresponde al lugar donde residen habitualmente las personas físicas (artículo 29); un domicilio legal, que es el establecido en la ley sin tener en cuenta la residencia habitual (artículos 30 y 31); un domicilio para el caso de pluralidad de domicilios, que dependerá de la residencia, en caso de tener varios, o del lugar en que se encuentre la persona, en caso de vivir en algunos distintos (artículo 32); un domicilio de las personas morales, coincidente con su establecimiento principal o administración, aunque con la posibilidad de inclusión del correspondiente a las sucursales (artículo 33); y un domicilio electivo o convencional, es decir, un lugar que no es sede original de la persona ni tiene necesariamente algo que ver con el centro jurídico de ésta, pero que se convierte en sede jurídica de la persona por determinación voluntaria para todos o algunos de los efectos que surgen de un acto o negocio (artículo 34). Este último tipo de domicilio es el que interesa en el caso, y se trata de un domicilio ficticio, creado por la declaración de voluntad, que desempeña el mismo papel que el domicilio real en la esfera para la que se le ha designado. Por ello, se utiliza lo mismo para determinar el lugar donde debe cumplirse una obligación, que para someter a los tribunales de ese sitio un litigio entre las partes, o bien, para practicar requerimientos y notificaciones. A la postrera función del domicilio electivo o convencional se refiere el artículo 30 de la Ley de Amparo, toda vez que el propósito de su designación es la práctica de notificaciones personales, como lo evidencia la mecánica prevista para el caso de falta de satisfacción de ese deber procesal, o sea, practicar las notificaciones por medios distintos a la comunicación en el domicilio señalado por las partes, ya sea lista o edictos, esto último tratándose del tercero perjudicado o de persona extraña al juicio. El domicilio designado por las partes en el primer escrito, o en uno posterior que sustituya esa primigenia designación, se convierte, entonces, en sede jurídica de la persona para los efectos del procedimiento, razón por la cual también es conocido, en esa vertiente y a manera de subespecie del domicilio convencional o electivo, como domicilio procesal. Por ende, satisfecha por las partes la obligación de designar esa clase de domicilio ante el órgano jurisdiccional, éste queda vinculado por esa manifestación de voluntad para efectos de la práctica de notificaciones personales, sin poder aplicar la mecánica consistente en realizar las notificaciones por conductos diversos a la comunicación domiciliaria, que busca facilitar el desarrollo del proceso como instrumento efectivo de la administración de justicia sólo cuando no se da el señalamiento de lugar por el interesado, salvo los casos de que el sitio indicado resulte inexacto, lo que equivale a la ausencia de designación, y merece idéntico tratamiento a ésta, o de la falta de espera del actuario por parte de la persona a quien aquél ha citado con antelación, o, como se verá a continuación, de la falta de respuesta al llamado del notificador en el domicilio designado, que es similar a la carencia de señalamiento. El deber que surge para el órgano jurisdiccional de ordenar la realización de notificaciones personales en el domicilio señalado

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20897-71197db0/notificaciones-personales-en-el-amparo-deben-realizarse-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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