INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. PUEDE ACREDITARSE CON EL CONTRATO PRIVADO TRASLATIVO DE DOMINIO CUYAS FIRMAS SE RATIFICAN ANTE NOTARIO, PORQUE ES UN DOCUMENTO DE FECHA CIERTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 173/2006-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, y punto segundo del diverso Acuerdo 4/2002 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que, a pesar de su incidencia en la materia de amparo, por su naturaleza civil, corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala.
SEGUNDO. Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pues fue denunciada por la presidenta del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO. Ejecutorias que participan en la contradicción. En primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, para lo cual es necesario analizar las sentencias que participan en la misma.
I. Por un lado, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito conoció de los siguientes asuntos:
A) Al resolver el amparo en revisión 409/2004, analizó un asunto con los siguientes antecedentes:
1. La persona "X" vendió a otra "Y" un predio, a través de un contrato privado. Las partes ratificaron sus firmas ante notario público, quien hizo la certificación correspondiente.
2. Con posterioridad a la certificación, otra persona "Z" demandó a la persona "X"en la vía ejecutiva mercantil. Como consecuencia del juicio se embargó el bien inmueble mencionado. Dicho juicio fue resuelto condenando a la parte demandada "X" al pago de determinada suma de dinero.
3. En contra de la orden de embargo "Y" solicitó el amparo, alegando que era ella quien realmente tenía la propiedad dominical del bien embargado. Para acreditar su interés jurídico acompañó el contrato de compraventa cuyas firmas habían sido ratificadas ante notario público en una fecha anterior a que fuera trabado el embargo.
4. El Juez de Distrito que conoció del amparo sobreseyó en el juicio, pues consideró que la parte quejosa no había acreditado su interés jurídico, ya que no había demostrado que tenía la propiedad del bien embargado. El Juez de Distrito consideró que como el contrato no había sido redactado ante notario público, carecía de eficacia probatoria y tampoco podía surtir efectos contra terceros al no haber sido inscrito en el Registro Público de la Propiedad.
5. En contra de esa resolución "Y" interpuso recurso de revisión, el cual fue resuelto en el sentido de confirmar el fallo recurrido al considerar que el documento era de fecha cierta. Las consideraciones que sustentaron dicho fallo fueron las siguientes:
"... Por otra parte, la inconforme refiere que el Juez de Distrito a efecto de sobreseer en el juicio, se fundó en un criterio equivocado, pues adujo que el contrato privado de compraventa ratificado ante notario público que presentó con el objeto de acreditar su interés jurídico, resultaba ineficaz, por no haber sido redactado ante notario público, habiendo citado en apoyo de lo así expuesto la jurisprudencia intitulada: ‘INTERÉS JURÍDICO, INEFICACIA DEL SIMPLE CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA, PARA ACREDITAR LA PROPIEDAD O POSESIÓN DEL BIEN, Y POR ENDE EL.’
"Que el Juez del amparo interpretó erróneamente la aludida jurisprudencia, porque lo que en realidad se desprende de su contenido es que el simple contrato privado de compraventa es ineficaz para acreditar la propiedad en el juicio de garantías, mas no hace referencia a los contratos ratificados ante notario público, pues los documentos privados son de fecha cierta a partir de su presentación ante el citado funcionario público para su ratificación y no desde que se celebran ante él, porque el notario al estar investido de fe pública, constata que en determinada fecha se ratificó el documento privado que se llevó ante su presencia y es a partir de tal presentación que aquél adquiere fecha cierta; apoyándose para ello, en lo dilucidado en las tesis de rubros: ‘COMPRAVENTA, CONTRATO PRIVADO DE. ES DE FECHA CIERTA SI SE RATIFICA ANTE FEDATARIO PÚBLICO O FUNCIONARIO AUTORIZADO, AUNQUE NO SE HAYA CELEBRADO ANTE ÉSTE.’ y ‘DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. INTERPRETACIÓN DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CUYO RUBRO DICE: «INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA PARA ACREDITARLO.».’
"Que de igual modo es desacertado lo referido por el Juez de Distrito respecto a que los contratos mediante los cuales se transfiere o modifica el dominio de bienes inmuebles deben constar en escritura pública, dado que según se desprende de las tesis con antelación citadas, es suficiente con que los contratos privados de compraventa sean ratificados ante notario.
"Tales agravios devienen infundados.
"En efecto, contrario a lo antes sintetizado, el contrato privado de compraventa ratificado ante notario público exhibido por la ahora recurrente, de fecha veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve, resulta insuficiente para justificar la afectación a su interés jurídico, ya que dicha documental no proporciona total certidumbre respecto a la fecha de celebración del acto traslativo de dominio ahí plasmado.
"Ello es así, porque según lo clarificado en la jurisprudencia 1a./J. 46/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja 78, del Tomo X, diciembre de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"‘INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales, cuando estamos ante un documento privado en el se hace constar un acto traslativo de dominio, es requisito indispensable para que el mismo tenga eficacia probatoria y surta efectos contra terceros, que sea de fecha cierta, lo que sucede en tres únicos supuestos, a saber: 1) a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado; 2) cuando son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación; y, 3) a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; de ahí que, si en el caso la documental aportada, no goza de alguna de las referidas características, deviene incuestionable que carece de fecha cierta, por lo que no es apta para acreditar el interés jurídico de la quejosa.’
"Sin que sea dable de variar lo así dilucidado, lo expuesto en el sentido de que la documental privada en cuestión adquirió fecha cierta, al momento en que se presentó ante el notario público para su ratificación, así como que no es necesario que ésta constara en escritura pública, pues como ya se vio, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 52/97, que hizo derivar la jurisprudencia antes transcrita, determinó, entre otras cuestiones, que los documentos privados no objetados en juicio, en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, hacen prueba plena sólo cuando son de fecha cierta, lo cual, en documentos como el del caso a estudio, esto es, contrato de compraventa de un bien inmueble, ocurre cuando se celebran ante fedatario público, situación que es muy distinta a cuando se presenta dicho contrato ante el notario sólo para su ratificación.
"En efecto, como bien lo sostuvo el Juez federal, la legislación civil para el Estado de Puebla, en su artículo 1491, dispone que: ‘Artículo 1491. Deben constar en escritura pública los contratos por los cuales se transfiera o modifique el dominio de bienes inmuebles o se constituya un derecho real sobre ellos.’, de donde se colige que, en tratándose de operaciones relacionadas con bienes inmuebles, éstas deben hacerse constar necesariamente en escritura pública, misma que de conformidad con lo estatuido en el artículo 100 de la Ley del Notariado del Estado de Puebla, que dice: ‘Escritura, es el instrumento que el notario asienta en el protocolo, para hacer constar un acto jurídico, autenticado con su sello y firma.’. Es obligación del notario elaborar, pretendiendo con ello que el acto jurídico obtenga plena certeza, así como su contenido, mediante la constatación que hace el fedatario de la identidad de las partes, la fecha y lugar de su realización (a través del relato de las circunstancias en que se efectuó), los antecedentes del bien objeto del contrato, su redacción e incluso su perfección jurídica, porque en este caso la intervención del notario no se limita a autentificar el documento, sino que él es el responsable de su redacción y de su contenido, y corre a su cargo que la escritura satisfaga todos los requisitos conducentes para que los interesados que comparecieron ante él hayan participado en un negocio jurídico perfectamente celebrado.
"De ahí que no quepa duda de que no basta la ratificación ante notario de un contrato privado de compraventa para que adquiera fecha cierta, ya que tal ratificación únicamente implica que el notario en los documentos que se le presentan para ello, haga constar, con su firma y sello, la comparecencia y reconocimiento del firmante, según se desprende del artículo 123 de la Ley del Notariado del Estado de Puebla, que dice: ‘Artículo 123. Cuando se trate de ratificación del contenido de documentos y firmas, o de simple comprobación de éstas, se hará constar en ellos la comparecencia y reconocimiento o ratificación que hace el firmante, la identidad y capacidad de éste, poniendo el notario al final el ante mi con su firma y sello.’, sin embargo, ello de ningún modo puede traducirse en que el fedatario conoce a ciencia cierta los términos en que se verificó la compraventa contenida en el documento a ratificar, lo que si ocurre, se insiste, cuando tal acto jurídico se celebra ante dicho funcionario, por ende, no se comparten las consideraciones que se sustentan en las tesis que citó la disconforme, con el fin de robustecer sus agravios, pues contrarían lo dilucidado en la jurisprudencia relatada.
"Ciertamente, en la ejecutoria respectiva, se prevé tajantemente en lo que interesa, lo que sigue:
"‘Es verdad, que un documento privado de compraventa surte sus efectos legales cuando reúne los requisitos establecidos en los artículos 2142 y 2143 del Código Civil del Estado de Nuevo León, los cuales son del tenor literal siguiente: ‘Artículo 2142. Habrá compraventa cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho, y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero.’. ‘Artículo 2143. Por regla general, la venta es perfecta y obligatoria para las partes cuando se han convenido sobre la cosa y su precio, aunque la primera no haya sido entregada, ni el segundo satisfecho.’. Así como también cuando éste observa en su contenido lo dispuesto por los artículos 203 y 205 del Código Federal de Procedimientos Civiles, numerales en los que se hace alusión al valor probatorio de los documentos privados en una controversia judicial de esta índole, al señalar textualmente lo siguiente: ‘Artículo 203. El documento privado forma prueba de los hechos mencionados en él, sólo en cuanto sean contrarios a los intereses de su autor, cuando la ley no disponga otra cosa. El documento proveniente de un tercero sólo prueba en favor de la parte que quiere beneficiarse con él y contra su colitigante, cuando éste no lo objeta. En caso contrario, la verdad de su contenido debe demostrarse por otras pruebas.’. ‘Artículo 205. Si la parte contra la cual se presente un escrito privado suscrito no objeta, dentro del término señalado por el artículo 142, que la suscripción o la fecha haya sido puesta por ella, ni declara no reconocer que haya sido puesta por el que aparece como suscriptor, si éste es un tercero, se tendrán la subscripción y la fecha, por reconocidas. En caso contrario, la verdad de la suscripción y de la fecha debe demostrarse por medio de prueba directa para tal objeto, de conformidad con los capítulos anteriores. Si la suscripción o la fecha está certificada por notario o por cualquiera otro funcionario revestido de la fe pública, tendrá el mismo valor que un documento público indubitado.’. Sin embargo, es necesario destacar que el valor probatorio que debe otorgarse en un juicio a los documentos privados no objetados, pierden vigencia cuando éstos provienen de terceros y en ellos se consignan contratos o actos traslativos de dominio, los cuales para surtir plenos efectos probatorios requieren que sean de fecha cierta, como así lo ha sustentado en reiteradas ocasiones este Supremo Tribunal en diversas ejecutorias que integran jurisprudencia; lo que significa, que la falta de objeción de esta clase de documentos en una contienda constitucional no puede ni debe generar valor probatorio del que carecen de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2894, fracción I y 2895 del Código Civil de Nuevo León; numerales que a su letra dicen: ‘Artículo 2894. Se inscribirán en el registro: I. Los títulos por los cuales se adquiere, transmite, modifica, grava o extingue el dominio, la posesión o los demás derechos reales sobre inmuebles.’. ‘Artículo 2895. Los documentos que conforme a esta ley deben registrarse y no se registren, sólo producirán efectos entre quienes los otorguen; pero no podrán producir perjuicios a tercero, el cual sí podrá aprovecharlos en cuanto le fueren favorables.’. Siendo aplicable además, la tesis publicada en la página 29, Volumen CVII, Cuarta Parte, Sexta Época, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación, que en su literalidad establece: ‘DOCUMENTOS SIMPLES PROVENIENTES DE TERCEROS, VALOR PROBATORIO DE LOS. Los documentos simples provenientes de tercero, no objetados por la parte a quien perjudiquen, hacen prueba plena, con excepción de aquellos documentos que consignen contratos o actos traslativos de dominio, los cuales, para tener eficacia, es necesario que sean de fecha cierta.’. De lo que se deduce, que estando en presencia de documentos privados que consignan actos traslativos de dominio, es requisito indispensable para que surtan efectos contra terceros que consten en escritura expedida por fedatario público, que se encuentren inscritos en el Registro Público de la Propiedad del lugar de su ubicación, o bien que hubiese fallecido alguno de los firmantes, lo que significa a contrario sensu que el documento privado no registrado en la oficina pública citada, sólo podrá generar efectos contra las partes contratantes, mas no obliga, ni produce consecuencia legal alguna a terceros que no hubiesen intervenido en la celebración de ese acto jurídico y reclamen algún derecho sobre el bien de que se trate. ... Ahora bien, este Supremo Tribunal ha sustentado en reiteradas ocasiones que la fecha cierta de un documento privado, es aquella que se tiene a partir del día en que se incorpore o se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, o bien, desde la fecha en que el documento se presente ante un funcionario público por razón de su oficio, y finalmente, a partir de la muerte de cualesquiera de los firmantes, de ahí, que si no se dan estos supuestos se estime por esta Primera Sala que es justo y legal que el documento privado que incumpla con esos requisitos no se le otorgue ningún valor probatorio en relación con terceros; sirviendo de apoyo a esta consideración, lo sustentado en la tesis de jurisprudencia número 237, de la anterior Tercera Sala, localizable a foja 162, del Tomo IV, Materia Civil, Sexta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que a su letra dice: ‘DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. Solamente puede considerarse que los documentos privados tienen fecha cierta cuando han sido presentados a un Registro Público, o ante un funcionario en razón de su oficio, o a partir de la fecha de la muerte de cualquiera de sus firmantes.’. Así como también, lo dispuesto por el artículo 2034 del Código Civil para el Distrito Federal y su similar 1928 del Estado de Nuevo León, aplicado analógicamente, en el cual literalmente se establece: ‘Artículo 2034. La cesión de crédito que no sean a la orden o al portador, no produce efectos contra tercero, sino desde que su fecha deba tenerse como cierta, conforme a las reglas siguientes: I. Si tiene por objeto un crédito que deba inscribirse, desde la fecha de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad; II. Si se hace en escritura pública, desde la fecha de su otorgamiento; III. Si se trata de un documento privado, desde el día en que se incorpore o inscriba en un registro público; desde la muerte de cualquiera de los que lo firmaren, o desde la fecha en que se entregue a un funcionario público por razón de su oficio.’
"Por tanto, si un documento privado de compraventa carece de fecha cierta por no reunirse los requisitos a que nos hemos referido en líneas anteriores, aun en los supuestos de que no hubiese sido objetado por su contraria en el juicio respectivo, ni se hubiesen aportado pruebas que acrediten tener mejor título sobre la propiedad o posesión del bien embargado, es de arribarse a la consideración de que con ellos no se acredita en autos el interés jurídico que debe revestir al quejoso en un juicio de amparo para ser considerado legalmente legitimado para demandar la protección de la Justicia Federal, pues en tal caso, no se demuestra la afectación producida en su esfera jurídica en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo.
"Por lo que en esas condiciones, es inconcuso que un documento privado cuando consta en ellos un acto traslativo de dominio, es de fecha cierta, entre otras hipótesis, cuando se celebra ante notario público, y en esa virtud, tal como sostuvo el Juez de Distrito, en la especie se actualizó la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo ..."
Las anteriores consideraciones dieron lugar a la tesis VI.1o.C.69 C, que es del tenor literal siguiente:
"DOCUMENTOS PRIVADOS. SON DE FECHA CIERTA, CUANDO CONSTA EN ELLOS UN ACTO TRASLATIVO DE DOMINIO RELATIVO A BIENES INMUEBLES, SÓLO SI SON CELEBRADOS ANTE NOTARIO PÚBLICO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De la lectura de la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia número 1a./J. 46/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es de rubro: ‘INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO.’, se concluye que un documento privado será de fecha cierta, entre otras hipótesis, a partir del día que se celebra ante fedatario público. En esa virtud, un contrato privado de compraventa de bien inmueble será de fecha cierta, sólo en el caso de que dicho documento se hubiera celebrado ante el notario, es decir, redactado por él; sin que baste la simple ratificación de los contratantes ante el fedatario para considerarlo suficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo, por lo siguiente: a) Porque los actos traslativos de dominio referentes a bienes inmuebles, de acuerdo a lo previsto en el artículo 1491 del Código Civil para el Estado de Puebla deben constar en escritura pública; y, b) En la Ley del Notariado del Estado se establece en el numeral 123 que la ratificación de un documento únicamente consiste en que el fedatario hace constar la comparecencia y reconocimiento del firmante, mas no implica que aquél conoce íntegramente el contenido del contrato por lo que es claro que no puede dar fe de él."(1)
Además, dicho Tribunal Colegiado analizó los siguientes asuntos:
B) Al resolver el amparo en revisión 103/2005, analizó un asunto con los siguientes elementos:
1. Mediante contrato privado, una persona "A" vendió a otra "B" un bien inmueble. Ambas partes acudieron ante notario a ratificar las firmas que obraban en el contrato y dicho fedatario hizo la certificación correspondiente.
2. Posteriormente, una persona diversa "C" ejerció la acción reivindicatoria en contra de otra "A". La resolución del Juez natural le fue favorable, por lo que se condenó a la demandada "A" a la desposesión, desalojo o lanzamiento del inmueble mencionado.
3. En contra de esa decisión "B" interpuso demanda de amparo, alegando que él era el verdadero propietario del bien reivindicado, exhibiendo como prueba el contrato de compraventa con las firmas ratificadas ante notario.
4. El Juez de Distrito sobreseyó en el amparo, pues consideró que con esa documental no se acreditaba el interés jurídico de la parte quejosa, pues la simple ratificación no era suficiente para ello.
5. La parte quejosa interpuso recurso de revisión en contra de esa decisión, el cual fue resuelto con las mismas consideraciones ya transcritas en el sentido de que los documentos privados ratificados ante notario no son aptos para acreditar el interés jurídico en el amparo.
C) El amparo directo 41/2006 tenía las siguientes características:
1. Una persona "X" vendió un bien inmueble a una persona "Y"(2) ante un Juez de lo civil y de lo familiar de Puebla en mil novecientos noventa y tres. Realizado lo anterior, se intentó el registro del contrato en dos mil cuatro, pero la respuesta fue que no era posible la inscripción, debido a que dicho inmueble se encontraba embargado por otra persona "Z" dentro de un juicio ejecutivo mercantil, así que "Y" interpuso tercería excluyente de dominio, acompañando como prueba la consistente en la copia certificada del contrato de compraventa.
2. Se resolvió la tercería a favor de la persona "Y" y, en segunda instancia, se confirmó esa decisión.
3. En contra de ello, la persona "Z" interpuso demanda de amparo directo, el cual fue resuelto con las siguientes consideraciones:
"CUARTO. El concepto de violación que se analizará es fundado y suficiente para conceder la protección de la Justicia Federal solicitada.
"Refiere el promovente de la demanda que la Sala responsable violó sus garantías al resolver del modo en que lo hizo, porque dio valor probatorio a una compraventa celebrada el quince de enero de mil novecientos noventa y tres, entre (X) como vendedor con el consentimiento de su esposa ... y (Y), como comprador, sin tomar en cuenta que la misma fue celebrada ante un Juez o ante un Registrador Público de la Propiedad que no están autorizados para ello; que el contrato no reúne los requisitos del artículo 2182 del Código Civil para el Estado de Puebla, que establece que la venta de un inmueble cualquiera que sea el valor de éste se otorgará en escritura pública; que las ventas no pueden celebrarse ante ningún Juez, pues no hay legislación que así lo determine, ni aun pueden celebrarse ante Registrador Público de la Propiedad, tanto más cuanto que en el lugar en que se celebró dicho contrato existen notarios públicos; que la Sala responsable debió estudiar el primer elemento para ejercitar la tercería excluyente de dominio, el cual no está justificado, y al no hacerlo, evidentemente se violaron sus garantías.
"En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 52/97, sustentada entre el Segundo y Primer Tribunales Colegiados del Cuarto Circuito, publicada con el número 1a./J. 46/99, a fojas 161 y 162, del Tomo X, diciembre de mil novecientos noventa y nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, emitió el criterio de que tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros, requieren ser de fecha cierta, lo que ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes, por lo que cuando esa clase de documentos no satisface alguno de esos requisitos, no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso, que lo legitime para acudir al juicio de amparo.
"Tal jurisprudencia es del tenor siguiente: ‘INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO.’ (se transcribe).
"Así, el contrato de compraventa que en copia certificada adjuntó el aquí tercero perjudicado, como fundatorio de su tercería excluyente de dominio, no es suficiente para tener por demostrado el derecho de propiedad indispensable para que prospere la tercería excluyente de dominio, porque el acto traslativo de dominio que se hizo constar en dicho documento no lo celebraron las partes contratantes ante la fe del notario público o funcionario legalmente autorizado para realizar ese tipo de actos; no se advierte que alguno de los firmantes haya fallecido y, por ende, menos justificado ese supuesto; ni fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad, tal como lo exige la jurisprudencia antes transcrita, así como lo disponen los artículos 1491, 1493 y 2182 del Código Civil para el Estado de Puebla, que establecen:
"‘Artículo 1491. Deben constar en escritura pública los contratos por los cuales se transfiera o modifique el dominio de bienes inmuebles o se constituye un derecho real sobre ellos.’
"‘Artículo 1493. Es nulo el contrato que no contenga la forma establecida por la ley.’
"‘Artículo 2182. La venta de un inmueble, cualquiera que sea el valor de éste, se otorgará en escritura pública.’
"Así, el hecho de que el contrato privado de que se trata, haya sido celebrado ante la Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tecamachalco, y por ministerio de la ley, Registrador Público de la Propiedad de dicha demarcación jurisdiccional el quince de enero de mil novecientos noventa y tres, es decir, antes de que iniciara el juicio del que derivó la tercería excluyente de que se trata, no es suficiente para darle certeza, pues ni de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, ni del Reglamento del Registro Público de la Propiedad, se observa que la juzgadora en mención, esté facultada para celebrar tal tipo de actos, por lo que el derecho de propiedad que dice el tercerista tener sobre él, no se encuentra demostrado, y no como erróneamente lo estimó la Sala responsable, pues, como se vio, los contratos en que se consignan actos traslativos de dominio, deben formalizarse ante fedatario público o funcionario legalmente autorizado, a fin de que ese acto se haga constar en escritura pública; por tanto, el referido contrato, al ser de fecha incierta, no es eficaz para demostrar el derecho de propiedad que el tercerista dice tener sobre el predio materia del juicio principal.
"De igual modo, debe precisarse que si bien de conformidad con lo previsto por el artículo 2122, del código sustantivo civil, la venta es perfecta y obligatoria para las partes, por el solo convenio de ellas respecto al bien vendido y el precio, aunque el primero no haya sido entregado ni el segundo satisfecho, lo cierto es que esta situación, como se vio con antelación, no otorga derecho alguno oponible a terceros en tratándose de actos traslativos de dominio de bienes inmuebles, como ilegalmente lo estimó la Sala responsable con el simple contrato privado de compraventa, si éste no fue celebrado ante notario público, de conformidad con la tesis sustentada por este órgano colegiado, publicada en la página 1684, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, febrero de 2005, Novena Época, que establece: ‘DOCUMENTOS PRIVADOS. SON DE FECHA CIERTA, CUANDO CONSTA EN ELLOS UN ACTO TRASLATIVO DE DOMINIO RELATIVO A BIENES INMUEBLES, SÓLO SI SON CELEBRADOS ANTE NOTARIO PÚBLICO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De la lectura de la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia número 1a./J. 46/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es de rubro: «INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO.», se concluye que un documento privado será de fecha cierta, entre ot
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20357-3eae68e2/interes-juridico-en-el-amparo-puede-acreditarse-con · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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