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Modo: Corpus Pro

ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS DESTINADAS A LA HABITACIÓN. PRESUNCIÓN DE PAGO DE RENTAS POR FALTA DE ENTREGA DE RECIBOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 2,428-E DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL VIGENTE A PARTIR DEL 17 DE ENERO DE 2003).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 65/2006-PS. · Registro digital (IUS): 19826
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, , Pág. 34.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 65/2006-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el punto segundo del Acuerdo 5/2001 emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que la posible contradicción de criterios se presentó en la materia civil, la que es competencia exclusiva de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima en términos del artículo 197-A de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por los Magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, órgano colegiado que resolvió por unanimidad de votos el juicio de amparo directo 180/2006.

En efecto, de acuerdo con dicho numeral, cuando se sustenten criterios contradictorios entre Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos que son de su competencia, la denuncia correspondiente ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sólo puede plantearse por:

a) Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

b) El procurador general de la República.

c) Los Tribunales Colegiados o los Magistrados que los integren o las partes que intervinieron en los juicios en que tales criterios contradictorios se hayan sustentado.

En el caso que nos ocupa, la propuesta de denuncia de contradicción de tesis provino, como se dijo antes, de los Magistrados de uno de los tribunales que participan en la contradicción de criterios; por tanto, queda patente que quien realiza la propuesta tiene legitimación para motivar la denuncia.

TERCERO. Por otra parte, para que exista materia a dilucidar respecto de cuál criterio es el que debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, una oposición de criterios jurídicos en los que se analice la misma cuestión, es decir, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las situaciones jurídicas, consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas.

En otras palabras, existe contradicción de criterios cuando concurren los siguientes supuestos:

a) Que al resolver los asuntos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes.

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.

c) Que los diferentes criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Al respecto, es aplicable la siguiente jurisprudencia:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

CUARTO. Las consideraciones medulares que sustentan la sentencia dictada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por unanimidad de votos, el día diez de junio de dos mil cuatro, en el amparo directo 3826/2004, que se advierten en la copia certificada glosada en autos, documental pública con valor probatorio pleno conforme al artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, son las siguientes:

"En cuanto a la materia sustancial del presente juicio de amparo, es menester analizar el contenido del artículo 2,428 (sic) E del Código Civil para el Distrito Federal y determinar su actualización en el presente caso. De la interpretación que se hace del multicitado numeral, tenemos que contrario a lo sustentado por la responsable, éste releva de la carga de la prueba al arrendatario de demostrar el pago de las renta y la negativa del arrendador para recibirlas, cuando se reclaman más de tres pensiones de ese tipo. En efecto, históricamente en el artículo 2,448 del Código Civil para el Distrito Federal, al que pertenece el estudiado, no obstante su incorrecta modificación en la reforma respectiva, en lo específico y en sus diversos incisos han establecido normas de orden público e interés social que han propugnado en la medida en que el legislador ha estimado conveniente proteger al inquilino de fincas urbanas destinadas a la habitación, instaurando reglas para ello, la razón es simple, el derecho a la vivienda a que todo ser humano tiene derecho es una cuestión de tal orden relevante y trascendente que debe ser objeto de resguardo, además de que económicamente hablando los arrendatarios de tales localidades se encuentran en desventaja ante su necesidad imperiosa de tener un lugar para vivir y desarrollarse, lo que les obliga, en algunos casos, a aceptar situaciones desventajosas, como sería el pago de rentas sin la entrega de recibos. Con esa óptica deben ser interpretadas esas disposiciones, pues de lo contrario se contravendría la intención del legislador, la cual ha sido, como se dijo, proteger al inquilino. Luego entonces, el artículo 2,428 (sic) E, impone la obligación del arrendatario de pagar puntualmente la renta en los plazos convenidos y a falta de convenio por meses vencidos. Además que el arrendador debe entregar el recibo de renta correspondiente por el pago respectivo. Pero en el segundo párrafo, establece una presunción legal a favor del arrendatario, en el sentido de que si el arrendador no le entrega los recibos de pago por más de tres meses, se entenderá que el pago ha sido efectuado, salvo que el casero haya hecho el requerimiento correspondiente en tiempo y forma. Esto significa que el arrendador ante la falta de pago de rentas debe requerir al inquilino a efecto de que no opere en su favor dicha presunción, pues no puede entenderse de otra manera que el arrendador se desentienda de tal forma del derecho a percibir el numerario correspondiente por un lapso mayor del ahí establecido, que el hecho de que las mismas fueron pagadas y no se entregaron los recibos correspondientes. Por tanto, el arrendador cuando pretenda el cobro de rentas por un lapso mayor al de tres meses, debe demostrar haber requerido antes de que culmine ese término al inquilino, de lo contrario esas y las posteriores se entenderán pagadas, hasta en tanto que no lo interpele en los términos que establece la ley. Entonces, contrario a lo sustentado por la responsable, al amparo del precepto en comento, no debe el inquilino demostrar haber hecho el pago correspondiente y que el arrendador a su vez se negó a entregar los recibos correspondientes, en tanto que lo que pretende es proteger al primero mediante el establecimiento de una presunción de pago ante la falta de requerimiento, antes de que transcurran tres meses por la falta de pago. Consecuentemente, cuando se reclaman más de tres meses de renta, la carga de la prueba de la falta de pago de las mismas corresponde al casero de demostrar el requerimiento respectivo, en términos del artículo 282, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, al pretender desconocer la presunción legal que le otorga a su contrario, el artículo 2,428 (sic) E del diverso Código Civil para la propia ciudad. Sin embargo, no obstante lo fundado de su concepto de violación, el mismo deviene inoperante en razón de que por razones que ven al fondo de la cuestión debatida, es inconducente para que se resuelva el asunto en su favor, por lo que por economía procesal debe negarse el amparo en vez de concederse para efectos, es decir, para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que subsanada aquélla, la propia responsable y, en su caso, el Tribunal Colegiado que por virtud de un nuevo amparo que en su caso se llegue a promover, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a los intereses de la quejosa, de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que, desde luego, puede y debe ser negado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 170 emitida en la Séptima Época por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice 1995, Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 114, del siguiente contenido literal: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES.’ (se transcribe). En efecto, el artículo en comento fue resultado de las reformas al Código Civil para el Distrito Federal, publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, del dieciséis de enero de dos mil tres, mediante el decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Distrito Federal, cuyos artículos transitorios segundo y tercero textualmente disponen: ‘Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.’. ‘Tercero. Los asuntos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto, continuarán tramitándose hasta su conclusión, en los términos de la legislación vigente en el momento de su inicio.’. Cabe aquí recordar que la responsable estimó que el artículo cuestionado sí era aplicable al caso, en términos del artículo tercero transitorio del referido decreto. Sin embargo, tal dispositivo transitorio sólo refiere a la aplicación de las reformas en tratándose de procedimientos judiciales y en el caso el precepto en comento contiene un aspecto procesal y uno meramente sustantivo. El primero consiste en un requisito de procedibilidad para la acción basada en el cumplimiento de pago de rentas, esto es, el requerimiento previo de sustentarse el reclamo en más de tres mensualidades. En estos casos, las normas procesales dada su naturaleza especial se agotan en fases y que, en la fecha en que entran en vigor, si bien deberán aplicarse a los asuntos en trámite, esta aplicación podrá hacerse sobre derechos no adquiridos, aun dada la fase en que se encuentre el proceso. La segunda, se deriva de la obtención de una presunción legal de pago a favor de los arrendatarios, es decir, de un derecho que otorga la ley a los inquilinos. Aquí opera el principio de no retroactividad de las leyes en materia contractual, pues los contratos se rigen por la ley en vigor al momento de celebrarse. Sin que pase inadvertido el hecho de que las leyes son obligatorias desde su entrada en vigor, pero en materia contractual esto implica que la nueva ley se aplicará a los convenios que se perfeccionen durante su vigencia, y no a los celebrados con anterioridad a ella, pues de lo contrario se le daría efecto retroactivo en perjuicio de alguno de los contratantes, lo cual está prohibido expresamente en el artículo 14 constitucional. Luego entonces, para su materialización en la realidad deben acatarse a los principios generales de derecho, en razón de su complejidad. Es claro, el artículo 14 constitucional señala que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Sobre ese supuesto, si la inquilina no demostró mediante la prueba directa, esto es, la documental, el pago de rentas que van del mes de noviembre de dos mil uno al mes de enero de dos mil tres, siendo que en este último mes se publicó la referida reforma que le otorgaba la presunción a que se ha hecho mención en líneas precedentes, tenemos que no era factible exigirle al arrendador que antes de que culminara enero de dos mil dos, es decir, antes de que culminara el tercer mes de mora, le requiriera de pago al inquilino de las rentas adeudadas, si aún no existía la disposición respectiva. Asimismo, es claro que antes de enero de dos mil tres, no nacía a favor de la inquilina el derecho otorgado por esa norma, de la presunción legal de pago, por lo que no puede eximirse del pago de rentas sobre las que aún no obtenía la referida presunción. Pensar como lo hace la quejosa, sería aplicar el referido precepto de manera retroactiva en ambos aspectos, procesal y sustantivo, en perjuicio del arrendador, la referida disposición, y si bien sería en beneficio de la quejosa, los actos reclamados no derivan de un proceso penal en el que opera que cuando una ley posterior modifica la naturaleza de un delito tipificado en los códigos correspondientes, o modifica la pena impuesta por ese delito, el inculpado puede acogerse a los beneficios de la nueva disposición, si le resulta favorable; pero tal criterio no priva ni puede constituir norma jurídica en materia civil, porque en ese caso no se trata de la libertad individual de las personas, sino de contienda entre partes, en la cual, el aplicar un principio semejante, implicaría dejar en estado de indefensión a una de ellas, con perjuicio de sus intereses patrimoniales o propiamente jurídicos, según el caso de que se trate, dado que el riesgo se asume en función de las disposiciones vigentes y no de las que puedan establecer un distinto trato, por cuanto de ser así, la defensa o excepciones podrían variar para la parte afectada. En consecuencia, las rentas reclamadas como vencidas datan de fechas anteriores a la reforma citada, por lo que no podía exigirse al arrendador como requisito de procedibilidad que las requiriera antes del tercer mes de atraso, ni había nacido la presunción a favor de la arrendataria sobre las mismas, si en tales fechas aún no existía la disposición a la que pretende acogerse la quejosa."

Derivado de ese fallo, emitió la tesis aislada que se identifica y lee como sigue:

"Novena Época

"Instancia: Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXI, marzo de 2005

"Tesis: I.6o.C.343 C

"Página: 1079

"ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS DESTINADAS A LA HABITACIÓN. EL ARRENDATARIO TIENE A SU FAVOR LA PRESUNCIÓN LEGAL DE HABER PAGADO LAS RENTAS, SI EL ARRENDADOR NO LO REQUIERE DE PAGO ANTES DE QUE VENZA EL TERCER MES DE RETRASO. En el artículo 2,448-E del Código Civil para el Distrito Federal actualmente 2,428-E, debido a la imprecisión del numeral en la reforma de 16 de enero de 2003, históricamente se han establecido normas de orden público e interés social, que han propugnado, en la medida en que el legislador ha estimado conveniente proteger al inquilino de fincas urbanas destinadas a la habitación, instaurando reglas para ello, porque el derecho a la vivienda es una cuestión de tal orden relevante, que debe ser objeto de resguardo, además de que los arrendatarios están en desventaja económica ante su necesidad imperiosa de tener un lugar para vivir y desarrollarse, lo que los obliga en algunos casos, a aceptar situaciones desventajosas, como sería el pago de rentas sin la entrega de recibos. Bajo esa óptica debe interpretarse el actual artículo 2,428-E citado, el cual establece que ‘la renta debe pagarse puntualmente en los plazos convenidos y a falta de convenio por meses vencidos’, instituyendo la obligación del arrendador de entregar recibos por cada mensualidad que el arrendatario pague pero, además, determina que ‘a falta de entrega de recibos de renta por más de tres meses, se entenderá que el pago ha sido efectuado, salvo que el arrendador haya hecho el requerimiento correspondiente en tiempo y forma’. Lo anterior implica una presunción legal de pago a favor del locatario, en el sentido de que si el arrendador no le entrega los recibos por más de tres meses, se entenderá que el pago ha sido efectuado, salvo que haya hecho el requerimiento correspondiente en tiempo y forma, pues no podría entenderse de otra manera que el dueño del inmueble se desentendiera de tal forma del derecho a percibir el numerario correspondiente por un lapso mayor del ahí establecido. Consecuentemente, cuando el arrendador pretenda el cobro de rentas por un lapso mayor de tres meses, debe demostrar haber requerido al inquilino antes de que culmine ese término, de lo contrario se entenderán pagadas, ante la falta de interpelación, dada la presunción legal que establece en su favor el artículo en comento."

QUINTO. Por otra parte, las consideraciones medulares que sustentan la resolución dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por unanimidad de votos, el seis de abril de dos mil seis, en el amparo en revisión 180/2006, que se advierten en la copia certificada glosada en autos, documental pública con valor probatorio pleno conforme al artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, son las que a continuación se transcriben:

"La fracción I del artículo 2,425 del Código Civil para el Distrito Federal, dispone lo siguiente: ‘Artículo 2,425. El arrendatario está obligado: I. A satisfacer la renta en la forma y tiempo convenidos.’. Por su parte, los artículos 2,078, primer párrafo y 2,079 del mismo código, disponen lo siguiente: ‘Artículo 2,078. El pago deberá hacerse del modo que se hubiere pactado; y nunca podrá hacerse parcialmente sino en virtud de convenio expreso o de disposición de ley.’. ‘Artículo 2,079. El pago se hará en el tiempo designado en el contrato, exceptuando aquellos casos en que la ley permita o prevenga expresamente otra cosa.’. De esos artículos se desprende que si en el caso concreto la parte arrendataria dentro del contrato basal se obligó a pagar una renta mensual, en forma adelantada y en el domicilio del arrendador, existía la carga de probar en el juicio natural que dentro del plazo pactado se hizo tal pago o, en su caso, que ante la negativa por parte del arrendador en recibir el pago o de extender el recibo correspondiente, efectuó la consignación que hace referencia a los artículos 2,097, 2,098 y 2,102 del Código Civil para el Distrito Federal, que disponen lo siguiente:-‘Artículo 2,097. El ofrecimiento seguido de la consignación hace veces de pago, si reúne todos los requisitos que para éste exige la ley.’. ‘Artículo 2,098. Si el acreedor rehusare sin justa causa recibir la prestación debida, o dar el documento justificativo de pago, o si fuere persona incierta o incapaz de recibir, podrá el deudor librarse de la obligación haciendo consignación de la cosa.’. ‘Artículo 2,102. Aprobada la consignación por el Juez, la obligación queda extinguida con todos sus efectos.’. Asimismo, es importante destacar que la ley establece el plazo que debe transcurrir para que el arrendatario esté exento de cubrir aquellas rentas que por determinada razón no fueron cubiertas, esto es, que el arrendador pierde el derecho sobre el pago de las rentas ya generadas al actualizarse su prescripción, que en sí, válidamente pueden oponerse en un juicio en el que se reclama el pago de rentas, y está prevista en el artículo 1,162 del Código Civil para el Distrito Federal, que dispone que las rentas no cobradas a su vencimiento quedarán prescritas en cinco años contados desde el vencimiento de cada una de ellas. En apoyo a lo expuesto en el párrafo que precede se cita por analogía, la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado publicada en la página 64, del tomo 157-162, Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que es del tenor siguiente: ‘DESAHUCIO, PRESCRIPCIÓN Y PAGO PARCIAL SON EXCEPCIONES OPONIBLES DENTRO DEL JUICIO DE.’ (se transcribe). En otro aspecto, se destaca que para determinar el carácter sustantivo o adjetivo de una norma, debe tomarse en cuenta la función que desempeña, con independencia de que se encuentre en una determinada codificación, pues su naturaleza no depende de su ubicación legislativa, sino de los efectos que la misma contempla. De ese modo, el que una norma se encuentre en el Código Civil de una entidad federativa no presupone lógicamente que tenga una naturaleza sustantiva ni tampoco puede caracterizársele como adjetiva si aquella se encuentra en una ley que rige el procedimiento civil, ya que en todos los casos debe atenderse a su contenido y alcance. Sobre el particular, resulta aplicable la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver en sesión de veinte de marzo de dos mil tres, el juicio de amparo en revisión, expediente RC. 1543/2003, publicada en la página 1159 del Tomo XVIII, correspondiente al mes de julio de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone lo siguiente: ‘NORMAS JURÍDICAS. SU UBICACIÓN LEGISLATIVA NO DETERMINA SU NATURALEZA SUSTANTIVA O PROCESAL.’ (se transcribe). Ese criterio es de fundamental relevancia en la medida de que no sólo permite establecer cuándo se está en los casos de una aplicación retroactiva de la ley en perjuicio del gobernado, sino además, hace patente la necesidad de interpretar la norma con base en la vinculación que guarda con la distribución de las cargas procesales que prevé el artículo 281 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en el sentido de que las partes asumirán la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones. El dieciséis de enero de dos mil tres, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Distrito Federal, entre los cuales destacan, a fin de resolver la litis planteada en esta instancia constitucional, los siguientes: ‘Artículo 2,448. Las disposiciones contenidas en este capítulo son de orden público e interés social, por tanto son irrenunciables y en consecuencia cualquier estipulación en contrario se tendrá por no puesta.’. ‘Artículo 2,428-E (sic). La renta debe pagarse puntualmente, en los plazos convenidos y a falta de convenio por meses vencidos. El arrendador está obligado a entregar un recibo por cada mensualidad que el arrendatario pague; a falta de entrega de recibos de pago de renta por más de tres meses, se entenderá que el pago ha sido efectuado, salvo que el arrendador haya hecho el requerimiento correspondiente en tiempo y forma. El arrendador no podrá exigir en su caso, más de una mensualidad de renta a manera de depósito.’. Esos preceptos transcritos que se ubican en el capítulo relativo al arrendamiento de fincas urbanas destinadas a la habitación, son de orden público e interés social, y tienen la calidad de irrenunciables, por lo que cualquier estipulación en contrario se tendrá por no puesta. Es importante destacar que si bien en el citado decreto se asentó que se trataba del artículo 2,428-E en lugar del artículo 2,448-E, que por orden lógico cronológico sería el correcto, al estar entre el artículo 2,448-D y 2,448-F; no obstante, en el artículo primero del propio decreto sí se precisó que al artículo al cual se le adicionaba un segundo párrafo era al 2,448-E, sin que en la fe de erratas, publicadas en la Gaceta Oficial para el Distrito Federal el seis de febrero de dos mil tres, se hiciera mención alguna en torno a este error mecanográfico. En ese contexto, atendiendo al principio de congruencia que debe prevalecer en toda sentencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, a efecto de evitar confusión sobre el artículo que será materia de interpretación en la presente sentencia, se hace pertinente precisar que al hacerse referencia al artículo 2,448-E, implícitamente se estará examinando el artículo 2,428-E que fue materia de consideración dentro de la sentencia definitiva aquí reclamada. El segundo párrafo del artículo 2,448-E del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, constituye una norma adjetiva porque comprende el tema de la carga de la prueba en torno al pago de la renta cuando se trate de más de tres meses, esto es, que se circunscribió al campo del procedimiento y configuró como un requisito de procedencia de la acción de pago de rentas que se sustenta en el reclamo de más de tres mensualidades. En el primer párrafo del citado artículo 2,448-E, se estableció la obligación a cargo del arrendatario de pagar la renta en los plazos convenidos y, a falta de convenio, por meses vencidos; esa obligación es congruente con lo dispuesto fundamentalmente en los artículos 2,425, fracción I, 2,078 y 2,079 del ordenamiento legal en cita, transcritos con antelación, en el sentido de que la renta debe pagarse en el tiempo y modo convenido; por lo que en el caso concreto dentro del juicio natural, la parte actora no tenía la carga de probar que de conformidad con lo convenido en la cláusula segunda del contrato base de la acción, la parte arrendataria cumplió con el pago de la renta en el plazo y lugar establecidos, esto es, dentro de los primeros diez días de cada mes, en forma adelantada y en el domicilio del arrendador, pues ante la existencia de un hecho negativo, la carga procesal de probar el cumplimiento del pago en los términos y forma convenidos correspondía al obligado. En apoyo a lo expuesto en el párrafo que precede, se cita la jurisprudencia emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 308 en la página 261 del Tomo IV, correspondiente a la Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de la compilación de los años 1917-2000, que dispone lo siguiente: ‘PAGO O CUMPLIMIENTO. CARGA DE LA PRUEBA.’ (se transcribe). En esas condiciones, cuando en un contrato de arrendamiento se conviene que la renta se pagará en un plazo determinado en el domicilio del arrendador, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 281 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, corresponde a la parte arrendataria la carga de probar que pagó las rentas en que se sustenta el pago reclamado, lo que válidamente puede probar a través de los recibos correspondientes, o la consignación efectuada en tiempo y forma. Es por esa carga procesal que corresponde al arrendatario, que el segundo párrafo del artículo en cita partió de la base de que ‘el arrendador está obligado a entregar un recibo por cada mensualidad que el arrendatario pague’, pues ello es congruente no sólo con la lógica elemental de que si la mensualidad es pagada, debe extenderse el recibo correspondiente, sino con lo dispuesto en la propia ley, específicamente en el artículo 2,088 del precitado código que establece que ‘el deudor que paga tiene derecho de exigir el documento que acredite el pago y puede detener éste mientras que no le sea entregado’; pero, el presupuesto que actualiza la presunción legal de pago en favor del arrendatario, por la ‘falta de entrega de recibos de pago de renta por más de tres meses’, se genera únicamente cuando en el contrato se pacta que la renta se pagará en el domicilio del arrendatario. Es así, porque no es lógico que el dueño del inmueble en un lapso de tres meses se desatienda del derecho que tiene a percibir el numerario correspondiente, por tal motivo, en el artículo 2,448-E del Código Civil para el Distrito Federal, se dispuso que la causa que impide el nacimiento de tal presunción, se genera cuando ‘el arrendador haya hecho el requerimiento correspondiente en tiempo y forma’, lo que se entiende, porque si el arrendador demuestra con prueba eficaz que requirió en tiempo el pago de la renta que tenía derecho a recibir en el domicilio del arrendatario, no podrá generarse la presunción legal en comento por estar acreditado que sí existió interés en el arrendador en recibir el pago correspondiente, ya que dicha presunción radica en el interés que en su caso tenga o no el arrendador en percibir la renta que por convenio expreso debe pagarse en el domicilio del arrendatario. Por otra parte, es importante destacar que el artículo 2,448-E, no debe ser interpretado en el sentido de que el arrendador tiene la carga de exhibir los recibos que son objeto de las rentas que reclama, ya que el artículo 2,088 del Código Civil para el Distrito Federal, impone esa obligación para el caso de que se pretenda efectuar el pago correspondiente, pero no es lógico ni congruente que el arrendador deba elaborar recibos sobre pagos que no percibió, cuando al arrendatario corresponde, en primer lugar, probar que cumplió con el pago en el plazo y modo que se obligó; y considerar que ante la omisión del arrendador de no exhibir los recibos de los propios pagos que reclama, pierde el derecho a esa reclamación, se estaría vulnerando su derecho a cobrar un dinero que por regla general únicamente puede ser destruido con la demostración del pago respectivo o por actualizarse la prescripción contemplada en el artículo 1,162 del Código Civil para el Distrito Federal, pero no porque no se exhiban los recibos de las propias rentas cuyos pagos se reclaman, pues éstos sólo deben entregarse a cambio del pago pactado. En el caso concreto, la parte demandada con el carácter de fiador, al contestar la demanda en el juicio

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19826-c7ed6d0b/arrendamiento-de-fincas-urbanas-destinadas-a-la-habitacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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