APODERADO. ES INEFICAZ EL PODER OTORGADO POR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA EN SU FAVOR CUANDO DETENTA AL MISMO TIEMPO EL CARGO DE COMISARIO DE LA MISMA POR SER INCOMPATIBLES ENTRE SÍ.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 64/2007-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, y punto segundo del diverso Acuerdo 4/2002 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que, por su naturaleza mercantil, corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala.
SEGUNDO. Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo pues, en el caso, la contradicción de tesis fue denunciada por el Magistrado presidente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por lo que formalmente se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO. Ejecutorias que participan en la contradicción. En primer lugar, debe determinarse si en el caso existe o no contradicción de criterios, para lo cual es necesario analizar las ejecutorias que participan en la misma.
1) El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión RC. 34/2007, se pronunció respecto de un asunto en el cual se declaró improcedente un incidente de falta de personalidad, promovido en contra de un apoderado legal para pleitos y cobranzas de una sociedad anónima. El motivo de la impugnación de la personalidad fue porque el apoderado detentaba a su vez el cargo de comisario de la sociedad, es decir, tenía el cargo de comisario cuando se le otorgó el poder. Dicha resolución fue recurrida y confirmada por el Tribunal Unitario responsable.
La parte quejosa, en el juicio de amparo, adujo que el tribunal responsable en su resolución antepuso la aplicación de los principios generales de derecho a la interpretación jurídica de la ley, desatendiendo con ello que si los administradores de la sociedad no pueden ser comisarios, por mayoría de razón tampoco pueden serlo los mandatarios. El tribunal de garantías determinó infundados los conceptos de violación alegados y, en consecuencia, negó el amparo solicitado. En contra de dicho fallo, la inconforme interpuso recurso de revisión.
El Tribunal Colegiado determinó que el poder para pleitos y cobranzas cuestionado en el incidente de falta de personalidad era eficaz, pues consideró que no existía impedimento alguno para que un comisario pudiera ser apoderado de la misma sociedad anónima y, por consiguiente, no invalidó el poder general para pleitos y cobranzas materia de tal incidente.
Dicho órgano colegiado sustentó sus razonamientos en lo que a continuación se transcribe:
"CUARTO. Estudio de agravios. Los motivos de agravio son infundados por una parte, e inoperantes por otra.
"En principio, es conveniente dejar asentado que, en el caso a estudio, no existe discusión sobre el incidente de falta de personalidad materia del acto reclamado, pues tal incidente se planteó sobre la base de que el poder otorgado carecía de eficacia, al ser incompatibles los cargos de comisario con el de administrador, esto es, que en una misma persona no podían reunirse los citados cargos, circunstancia aplicada por mayoría de razón al citado incidente; tampoco un apoderado podía ser a la vez comisario de una persona moral, esencialmente porque aquellos dependen del administrador de la persona moral y, por tal motivo, no existiría independencia.
"Como se ve de lo anterior, la litis en el presente asunto se limita en resolver, si el artículo 165 de la Ley General de Sociedades Mercantiles prohíbe a una persona física ejercer a la vez los cargos de comisario y de apoderado de una sociedad anónima, y en caso de esa restricción, cuál de los citados cargos sería nulo o ineficaz.
"Ante las reiteraciones de argumentos que se hacen en los agravios, éstos serán estudiados en orden diferente al propuesto por la recurrente, a efecto de evitar repeticiones, en la medida de lo posible.
"Las alegaciones conducentes se agrupan por temas, que dan título a los apartados del presente considerando.
"I. Ineficacia del poder otorgado por haber sido a la vez nombrado comisario de dicha persona moral.
"El inconforme refiere en una parte de los motivos de agravios primero y segundo, que al existir incompatibilidad entre las funciones de los cargos de comisario y de administrador de una persona moral, por mayoría de razón, también debe considerarse ineficaz el cargo de apoderado, cuando una persona física es a la vez nombrado comisario de una persona moral, al depender el apoderado del administrador, en términos del precepto 165 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
"Para justificar esa postura, el recurrente aduce que si la finalidad del legislador, al prohibir al administrador ser a la vez comisario de una persona moral, es la de garantizar que las funciones de vigilancia se desarrollen de manera independiente con las de la administración de una sociedad mercantil, entonces, por mayoría de razón, también debe evitarse la dependencia que un apoderado tiene, respecto del administrador, cuando aquel es también comisario, pues según el recurrente, los apoderados se encuentran en relación de dependencia con los administradores, por ser los que confirieren el poder.
"Es ineficaz el motivo de desacuerdo.
"En el artículo 165 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se prevé lo siguiente:
"‘Artículo 165. No podrán ser comisarios:
"‘I. Los que conforme a la ley estén inhabilitados para ejercer el comercio;
"‘II. Los empleados de la sociedad, los empleados de aquellas sociedades que sean accionistas de la sociedad en cuestión por más de un veinticinco por ciento del capital social, ni los empleados de aquellas sociedades de las que la sociedad en cuestión sea accionista en más de un cincuenta por ciento.
"‘III. Los parientes consanguíneos de los administradores, en línea recta sin limitación de grado, los colaterales dentro del cuarto y los afines dentro del segundo.’
"En el citado precepto se advierte que regula una hipótesis específica y limitada, al restringir o prohibir a las tres clases de sujetos ahí previstos, para ejercer a la vez el cargo de comisario de una sociedad anónima y no así la del cargo de apoderado.
"Por tanto, el inconforme parte de una premisa falsa para fundar la ineficacia del poder cuestionado en el correspondiente incidente de falta de personalidad, ya que el artículo 165 sólo regula la restricción o prohibición, para que la persona inhabilitada para el comercio, la que tenga parentesco con los administradores o la que esté vinculada laboralmente con la persona moral, pueda ejercer a la vez el cargo de comisario; empero, en tal precepto legal, no se regula la restricción del comisario para que pueda desempeñar concomitantemente el cargo de apoderado.
"En abundamiento, aun cuando en hipótesis se regulara la prohibición o restricción de un apoderado para ser comisario de una sociedad anónima, la consecuencia no sería la ineficacia para ser apoderado, sino la de comisario, siendo que en la especie, en la materia del incidente de falta de personalidad no se planteó la ineficacia del cargo de comisario.
"Todo lo expuesto pone de manifiesto la inexactitud en el planteamiento del recurrente, porque el punto de discusión se centra en determinar, si a quien le fue conferida la calidad de apoderado, está en condiciones legales de desempeñar el cargo, y no en establecer si determinada persona tiene la aptitud para ser comisario de una sociedad anónima.
"Los razonamientos del promovente de la revisión versan sobre esta última cuestión, en lugar de abordar la primera; de ahí la ineficacia de esos razonamientos.
"Luego entonces, al no regular el precepto 165 del cuerpo de leyes en cita, la hipótesis en que se funda el incidente de falta de personalidad y, por ende, la consecuencia, consistente en la declaración de procedencia del incidente de falta de personalidad, por ineficacia del poder cuestionado, debe arribarse a la conclusión, tal como lo resolvió la autoridad responsable, corroborado por el tribunal de amparo, en la correcta declaración de improcedencia del consabido incidente.
"II. Los métodos más adecuados para resolver que el artículo 165 de la Ley General de Sociedades Mercantiles prohíbe a los apoderados ejercer a la vez el cargo de comisario de una persona moral son: el analógico, el extensivo y el sistemático.
"En el propio primer concepto de violación, la inconforme aduce que, contrariamente a lo expuesto por el tribunal de amparo, el incidente de falta de personalidad no debió ser resuelto conforme a la letra o interpretación literal del artículo 165 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, esencialmente porque si bien es cierto no existe alguna norma jurídica prohibitiva expresa, de que los comisarios de una sociedad mercantil no pueden ser a la vez apoderados, también lo es que no existe algún precepto en el cual se establezca que una persona pueda ejercer los cargos de comisario y apoderado en un mismo ámbito temporal; además de que la interpretación de una ley no solamente debe realizarse cuando sea oscura o incompleta, básicamente porque el interpretar una norma jurídica, es darle determinado sentido o lenguaje normativo, por no estar expresa o claramente comprendido algún supuesto o consecuencia en el texto de la ley.
"Así también, sostiene el recurrente que los argumentos interpretativos para resolver la cuestión debatida son: el analógico por mayoría de razón, el extensivo (a fortiori) y el sistemático.
"El analógico, porque al ser incompatible el cargo de comisario con el de empleado o pariente del administrador de una sociedad mercantil, por mayoría de razón, esa incompatibilidad también se traslada al comisario para que no pueda ser a la vez apoderado de una misma sociedad.
"El sistemático, porque si bien es cierto que el artículo 165 de la Ley General de Sociedades Mercantiles no prohíbe que el comisario pueda ser a la vez apoderado, lo cierto es que tal numeral debió interpretarse en forma armónica y conjunta con las demás disposiciones del grupo del cual forma parte, a fin de determinarse si los cargos de comisario y apoderado de una sociedad son o no incompatibles.
"Extensivo, porque al establecer el artículo 165 del cuerpo de leyes invocado, que el comisario de una persona moral no puede ser simultáneamente administrador, pariente de éste o empleado de la misma sociedad anónima, por existir incompatibilidad entre aquél y estos últimos cargos, es claro que por extensión, el comisario tampoco puede ser apoderado de una misma sociedad mercantil, por virtud de que los apoderados dependen de los administradores y, por tal motivo, el comisario y apoderado no es capaz de enfrentarse al administrador, esencialmente porque no tiene independencia, cuya finalidad es la que consideró el autor de la ley para determinar la incompatibilidad de los cargos de comisario y administrador.
"Son infundados los citados argumentos.
"Lo anterior es así, ya que es el más adecuado y acertado método -interpretación literal- que aplicó la autoridad responsable y corroborado por el tribunal de amparo, para la solución del problema planteado en el incidente de falta de personalidad, aun cuando sea con algunas precisiones no atendidas por tales autoridades y sin que en la especie los argumentos interpretativos (analógico, extensivo y sistemático) señalados por el recurrente, conduzcan a determinar la prohibición de un comisario para ser a la vez apoderado de una sociedad mercantil, por lo siguiente:
"En el tema a estudio, es conveniente volver a transcribir el artículo 165 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que regula las clases de sujetos imposibilitados para ejercer el cargo de comisario, establece: (transcrito con anterioridad).
"La interpretación jurídica ha sido objeto de una evolución que se inició con la concepción tradicional que en Europa llegó al extremo de prohibir a los Jueces que interpretaran las disposiciones legislativas, las que debían aplicar de manera mecánica, ya que establecer su significado correspondía en último grado al órgano legislativo que las había expedido.
"En ese sentido, especialmente tuvieron gran peso las ideas expresadas por Carlos Luis de Secondat, Barón de Montesquieu, en su obra clásica ‘El Espíritu de las Leyes’, en el sentido de que: ‘... los Jueces de la nación, como es sabido, no son ni más ni menos que la boca que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados que no pueden mitigar la fuerza y el rigor de la ley misma ...’, consecuentemente con lo anterior, estimaba que de los tres poderes ‘el juzgar es casi nulo ...’, lo que equivalía a sostener que no era un verdadero poder.
"A comienzos del siglo XIX, se creyó llegado a la perfección el terreno legislativo y se pensó que el juzgador estaba obligado a aplicar la ley en sus términos, de manera que sólo en los casos excepcionales en que existiera duda sobre su alcance, se le otorgaba, con renuencia, la facultad de interpretarla.
"En el citado siglo surgió la escuela de la exégesis, como un producto de la acción codificadora y tuvo su auge hasta finales del mismo siglo. La citada escuela significó una reacción afortunada, en su momento, contra la inseguridad jurídica. La falta de certeza era fomentada por el exagerado arbitrio judicial y la ausencia de sistema en el ordenamiento de las normas formales, de las consuetudinarias y de los criterios judiciales.
"La citada escuela sostuvo que es suficiente la ley para la absolución de cualquier problema jurídico, atendiendo, en primer lugar, a su letra y, luego, a la intención o voluntad del legislador. Se llegó a decir que derecho y ley eran lo mismo, y que la ley ha de aplicarse con apego a su texto, de manera que ninguna interpretación debería rebasar la letra. ‘Quod non est in codice non est in mundo’.
"La decadencia de la mencionada escuela fue producto de las limitaciones y del muy discutible propósito de identificar el derecho con la ley. La mecánica que condenaba a los Jueces a usar una lógica simplista, consistente en subsumir el caso concreto en la norma general, reduciendo la interpretación a un método puramente deductivo, atento más a las palabras que a los hechos; ello, mostró fallas, al no adaptarse con oportunidad a los cambios sociales ni el ser posible que todo lo tenga previsto.
"La realidad se ha encargado de desvanecer esa ilusión, comenzándose a superar la idea del juzgador como un aplicador automático de las disposiciones legislativas, a la manera de una verdadera máquina silogística.
"La doctrina contemporánea es casi unánime en subrayar, que no es posible la aplicación textual de una norma jurídica a los casos concretos de la experiencia, sin que previamente se hubiese interpretado.
"Así, en nuestro país, el antecedente legislativo más antiguo, sobre el cambio de esa figura del juzgador como un aplicador automático o mecánico de las normas jurídicas, al de un interpretador de éstas, se reguló por primera vez en los códigos civiles de 1870 y 1884, pues en tales codificaciones, en el artículo 20, se disponía lo siguiente:
"‘Cuando no se pueda decidir una controversia judicial no por el testo (sic) ni por el sentido natural o espíritu de la ley, deberá decidirse según los principios generales del derecho, tomando en consideración todas las circunstancias del caso.’
"En la exposición de motivos del Código Civil de 1870, se consideró lo siguiente:
"‘... Los códigos modernos han llenado muchos vacíos: han hecho que la ley, ese ojo de la sociedad, vigile con más precisión los intereses comunes del pueblo y los peculiares del individuo; pero no han previsto, porque no han podido prever, todos los casos en que debe intervenir la justicia. Así vemos que no es menor el número de volúmenes que comentan y explican las leyes modernas, que el de los que comentan y explican las leyes romanas. Y la razón es muy obvia. Fundadas las legislaciones modernas en la de Roma, es preciso, al explicar aquéllas, repetir las explicaciones de ésta, añadiendo, quitando, modificando mucho; pero combinando siempre lo de hoy con lo de entonces; porque lo de entonces, en cuanto a los principios especiales del derecho, no ha sido mejorado hasta ahora.
"‘Es por lo mismo una verdad incuestionable, que no siendo posible un código que comprenda todos los actos humanos, el Juez tiene la indeclinable necesidad de obrar frecuentemente fuera de la letra de la ley. Pedir al legislador la interpretación para cada caso dudoso, además de entorpecer de un modo extraordinario la administración de justicia, con positivo perjuicio de los ciudadanos, sería exponer a éstos al ingente peligro de ser juzgado por una ley retroactiva, hábilmente disfrazada de interpretación auténtica. Dejar de juzgar por falta o insuficiencia de la ley, sería devolver al fallo siempre torpe de las pasiones, lo que éstas habían sujetado a la decisión imparcial de los tribunales, y constituir a la sociedad en un estado de permanente desorden, que de mal en mal le llevaría a su disolución.
"‘Es, pues, indispensable que el Juez falle, aunque no haya ley expresa. Conocidas son, aunque muy numerosas las reglas que sirven de base a la interpretación y al arbitrio judicial, que aunque menos peligroso en lo civil que en lo criminal, es siempre peligroso a la par que inevitable. Enumerar esas reglas, pareció a la comisión propia de un código: porque siendo esta ley, los Jueces tendrían obligación de sujetarse a las reglas fijadas: y pudiera suceder que alguno o muchos casos no estuviesen comprendidos en ella; de donde resultaría la necesidad de dictar nuevas o de fallar interpretando. Esto no sería más que aumentar elementos de complicación, viniendo siempre al sensible extremo del arbitrio judicial.
"‘Inclínose alguna vez la comisión a establecer una serie de medios supletorios, previniendo: que a falta de ley expresa para un caso, se apelará a la que se hubiere dictado para otro semejante; y después y por su orden, a la legislación española, a las demás extranjeras, a la tradición de los tribunales y a la doctrina de jurisconsultos respetables. Pero este sistema está comprendido en gran parte en las reglas generales de interpretación, que siendo de derecho común, están reconocidas por todas las legislaciones.
"‘En los códigos modernos encontró la comisión uniformidad en el principio y discordancia en la resolución; pues que en unos, sólo se prohíbe dejar de fallar por falta de ley, y en otros, se establecen medios supletorios, que todos vienen a reducirse a los principios generales del derecho.
"‘Por estos motivos, y convencida la comisión de que no es posible, por hoy a lo menos, llenar ese vacío, redactó el artículo 20 en términos generales, dejando a la ciencia y conciencia de los Jueces la manera de suplir el defecto de la ley, y esperando que como dice la ley romana quod legibus omissum est, non omittetur religione judicantium.
"‘Mas a pesar de las razones expuestas, la comisión duda, no de la necesidad y conveniencia del artículo, sino de su legalidad. El artículo 14 de la Constitución contiene el precepto más justo en principio, pero el más irrealizable en la práctica. «Nadie, dice, puede ser juzgado ni sentenciado sino por leyes dadas con anterioridad al hecho, y exactamente aplicadas a él por el tribunal que previamente ha establecido la ley.». Mucho puede decirse respecto del tribunal; pero no siendo ese punto la materia que hoy se trata, se limitará la comisión a examinar la exacta aplicación que previene el precepto constitucional.
"‘Si por la palabra exactamente sólo se entiende la racional aplicación de la ley, la dificultad es menos grave; pero el artículo será siempre peligroso, por prestarse a varia inteligencia. Pero si esa exactitud se entiende, como debe entenderse, según su letra y su sentido jurídico, el precepto, colocado entre las garantías individuales, da por preciso resultado la más funesta alternativa.
"‘Si se cumple con él, se dejan de resolver mil contiendas judiciales; pero en cuando no haya ley exactamente aplicable al hecho, el tribunal no puede apelar al arbitrio. La idea que ésta expresa, es contradictoria de la que expresa la exactitud: ésta acaba donde aquél empieza. Y no es ni concebible cómo un Juez puede usar de su arbitrio, si debe aplicar la ley exactamente. Si el precepto no se cumple, se infringe la Constitución a cada paso, y el recurso de amparo viene a nulificar las sentencias de los tribunales; si se admite en los negocios judiciales; quedando, si no se admite únicamente escrita la garantía constitucional.
"‘El precepto es justísimo, y prueba el noble pensamiento del legislador; pero supone, lo que no es posible, un código perfecto. Por lo mismo, la comisión ha creído necesario presentar estas observaciones al supremo gobierno, a fin de que si las estima fundadas, se sirva de iniciar la supresión del adverbio exactamente en el referido artículo 14, que aún haciendo todas las concesiones posibles, abre la puerta controversias trascendentales que pueden y deben fácilmente evitarse ...’.
"El anterior antecedente legislativo, así como las ideas sugeridas por José María Lozano e Ignacio L. Vallarta, acerca de que la aplicación exacta de la ley por parte de los tribunales, sólo era exigible en materia penal y no en materia civil, básicamente sobre la base de una distinción sustancial entre los derechos del hombre y los derechos civiles, la cual producía lógicamente la separación entre el sistema de la aplicación exacta de la ley penal y el de la racional interpretación de la ley civil, las cuales influyeron para que el Congreso Constituyente de 1916-1917, redactara y aprobara el actual texto del artículo 14 de la Constitución Federal, que en el párrafo cuarto dispone:
"‘Artículo 14. ... En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.’
"La estructura del artículo 14 en la Constitución de 1857 y la del propio ordinal en la Carta Magna de 1917, son indicativos del apogeo y el declive de la escuela de la exégesis.
"El acto de aplicación presupone el conocimiento de la regla que se trata de aplicar y, por ende, la indispensable labor de interpretación.
"La aplicación de la norma jurídica tiene normalmente su premisa indispensable en la interpretación, en virtud de que su correcta inteligencia garantiza también la recta aplicación de la norma al caso concreto.
"La función judicial es una actividad dinámica, puesto que la aplicación de las disposiciones normativas abstractas a los casos concretos de la realidad, forzosamente tiene que presuponer una labor interpretativa, indispensable para adecuar el mandato genérico a las modalidades específicas, infinitamente variables, de la práctica.
"La experiencia ha evidenciado que el Juez no puede materialmente limitarse a interpretar y aplicar el derecho a través de un silogismo simple o silogismo judicial, cuya premisa mayor está constituida por la norma abstracta en su apreciación textual, la premisa menor por los supuestos de hecho y la conclusión por la aplicación del mandato legal al caso particular.
"Los órganos jurisdiccionales aplican el derecho dentro de la sociedad, no fuera de ella, de lo que deriva que, de hecho, la decisión jurisdiccional no pueda constituir una simple aplicación mecánica del derecho, si se toma en cuenta que no consiste solamente en una constatación de éste que nada agregue al orden jurídico.
"Aceptar lo contrario llevaría a confundir lo abstracto con lo concreto y desconocer el movimiento dialéctico que opera por el fenómeno de la concreción de las normas. Si la tesis (norma abstracta) produjera una antítesis (norma concreta), y la síntesis no fuera otra cosa que el regreso a la tesis original, carecería de significación jurídico calificar a la jurisdicción como una de las funciones materiales del Estado, en tanto que nada estaría aportando ni en lo abstracto ni en lo concreto. Lo cierto es que al pasar de la antítesis a la síntesis se produce una nueva situación jurídica, diferente de la inicial, porque la sentencia no es idéntica a la norma en que se funda, al interpretarla y, en ocasiones integrarla.
"El papel que juega la interpretación jurídica es atribuir un significado a un enunciado normativo. Ella determina el ámbito de cobertura del precepto, el cual depende muchas veces del método o criterio de interpretación que se elige y se sigue, pero no sólo se trata de una correcta y adecuada comprensión de las expresiones lingüísticas del texto, sino del sentido y orientación normativa que le corresponde, de las formalidades perseguidas y de los valores sujetos a protección. Así que para emprender la operación hermenéutica correspondiente, es necesario apoyarse en métodos de interpretación suficientes para obtener de manera satisfactoria, razonable y plausible, la disminución y el control prudente de la incertidumbre, producto de la norma.
"Es verdad que el juzgador, al momento de definir el alcance o sentido de una norma, debe partir del texto literal de ésta, como exigencia lógica de su aplicación en el caso concreto.
"Esto es, la primera aproximación del intérprete a la ley debe realizarse tomando como punto de partida su contenido literal o textual y que el juzgador puede apartarse de él, cuando dicha lectura genere incertidumbre o dudas sobre alguno de sus aspectos.
"Sin embargo, ello no implica que pueda obligarse al juzgador a interpretar la norma, siempre y en todos los casos, a partir de su texto, cuando éste ofrezca una solución (cualquiera que sea), de tal forma que únicamente deba apartarse de esa interpretación literal cuando la lectura respectiva genere incertidumbre o duda, ya sea sobre su alcance o contenido.
"El Juez tiene una esfera de libertad decisoria para valorar, de manera autónoma e independiente, en qué situaciones debe acudir a los diversos métodos de interpretación reconocidos por la ciencia jurídica, con el fin de comprender la verdadera intención del creador de las normas y para llegar a una solución justa del caso sometido a su consideración.
"Este tribunal encuentra, así, que el juzgador no debe dar cuenta en su sentencia de la decisión de descartar la desnuda literalidad de la ley, para resolver el caso de su conocimiento, sino sólo debe motivar el porqué del resultado interpretativo al que finalmente ha llegado en su decisión.
"En efecto, los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como las disposiciones legales dirigidas a limitar la aplicación e interpretación jurídica de las normas, no son absolutos, porque conviven con la decisión del Constituyente de encomendar a los Jueces y tribunales la facultad de decir el derecho, en el caso concreto, de manera independiente y autónoma (potestad jurisdiccional), así como con el precepto que autoriza a los Jueces, en los juicios del orden civil (lato sensu), a dictar sus sentencias ‘conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley’.
"De ese modo, dichos principios constitucionales (legalidad y seguridad jurídica), junto con las disposiciones legales dirigidas a limitar la aplicación e interpretación jurídica de las normas, se ven ineludiblemente condicionados en cuanto a sus alcances en orden, a no variar la facultad constitucional de decir el derecho encomendado a Jueces y tribunales.
"Por ende, en la interpretación de las normas jurídicas pueden utilizarse todos los métodos reconocidos por la ciencia jurídica que juzgue el órgano jurisdiccional del caso en orden, a evitar una aplicación mecánica de la disposición correspondiente, extraña a la facultad constitucional de decir el derecho en el caso concreto de manera independiente y autónoma que ha sido encomendada a Jueces y tribunales (potestad jurisdiccional), lo que es acorde al mismo tiempo con el cuarto párrafo del artículo 14 constitucional, en la parte que los autoriza a dictar las sentencias ‘conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho’.
"De acuerdo con el cuarto párrafo del artículo antes citado, los órganos jurisdiccionales, al resolver la cuestión jurídica de naturaleza civil, lato sensu (entre la que se encuentra la Ley General de Sociedades Mercantiles), deberán hacerlo conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley y, a falta de ésta, fundándose en los principios generales del derecho.
"En esos casos, el juzgador está obligado a desentrañar el significado de las normas, haciendo uso de los distintos sistemas de interpretación que la doctrina ha elaborado, partiendo del texto de la ley porque fue el medio empleado para dejar constancia del mandamiento, de modo que cualquier interpretación se hace a partir del texto de la ley.
"De lo contrario, si los órganos jurisdiccionales pudieran sin mesura realizar interpretaciones de la ley contrarias al texto legal, éstos se convertirían en legisladores, creando nuevas normas a pretexto de interpretar las existentes y contrariando la intención del legislador reflejada precisamente en el texto legal, lo cual evidentemente estaría en contra de la garantía establecida en el cuarto párrafo del artículo 14 constitucional, el cual,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20509-21e3a780/apoderado-es-ineficaz-el-poder-otorgado-por-una · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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