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Modo: Corpus Pro

ABOGADOS PATRONOS Y MANDATARIOS JUDICIALES EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. SON FIGURAS JURÍDICAS ANÁLOGAS PARA EL COBRO DE HONORARIOS PROFESIONALES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 94/2007-PS. · Registro digital (IUS): 21225
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Diciembre de 2008, , Pág. 6.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 94/2007-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Número 5/2001, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal el veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veintinueve del mismo mes y año, porque se trata de una contradicción de tesis en materia civil, cuyo conocimiento es exclusivo de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el apoderado de la parte quejosa que intervino en el toca en revisión número 412/2006, asunto del que conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, juicio en el cual aduce el denunciante sostuvo criterio jurisprudencial diverso al emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en los autos del toca en revisión 501/2000, tratándose ambos juicios de cuestiones jurídicas esencialmente iguales.

TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 501/2000, fallado por unanimidad de votos, el quince de febrero de dos mil uno, sostuvo en sus consideraciones, en la parte que interesa, lo siguiente:

"TERCERO. Los agravios transcritos son infundados. El inconforme aduce que es erróneo el criterio del Juez Federal al estimar que la resolución reclamada está fundada y motivada, porque si bien la responsable citó como fundamento los preceptos a que alude dicho juzgador en la sentencia recurrida, y dio algunas razones para aplicarlos, tales razonamientos no encuadran con esos dispositivos legales ya que en ninguno de ellos se establece que el abogado patrono tenga derecho a cobrar el diez por ciento de lo reclamado como suerte principal, pues este porcentaje es para los mandatarios judiciales pero no para los abogados patronos, por lo que si la responsable se basó en esas disposiciones, su decisión resulta contraria a la ley y no está fundada ni motivada, antes bien, se encuentra fuera de la legalidad, formalidad y seguridad jurídica que debe imperar en estos casos. No asiste razón al inconforme, pues como lo determinó el Juez Federal, la resolución reclamada cumple con los requisitos de fundamentación y motivación al citarse en su texto los preceptos legales que se estimaron aplicables y se expresaron las razones por las cuales se consideró que el caso concreto encuadra en las hipótesis normativas contenidas en dichos preceptos legales, cumpliendo así con la exigencia constitucional de que todo acto debe estar fundado y motivado. Además, tampoco asiste razón al inconforme al aducir que tal acto reclamado no está correctamente fundado y motivado, porque este Tribunal Colegiado estima que si bien es cierto que los preceptos legales invocados por la responsable como sustento de su determinación, es decir, los artículos 3o., 4o., 5o. y 33 de la Ley para Cobros de Honorarios Profesionales, 43 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, 1054 y 1083 del Código de Comercio; no establecen que el abogado patrono tenga derecho a cobrar el diez por ciento de lo reclamado en el juicio, también es cierto que en el contenido de tales preceptos la responsable llegó a la conclusión de que el abogado patrono es un mandatario judicial de carácter limitado y, por ende, en términos de lo dispuesto por el artículo 5o. de la citada Ley para el Cobro de Honorarios Profesionales, era correcta la aplicación en el caso de lo dispuesto por el artículo 33 de dicha ley, que regula el pago de los mandatarios judiciales en un diez por ciento del valor del negocio. Razones que expresa la responsable y por las que el Juez Federal consideró ajustada a derecho la petición de ********** para que se le pague como costas del juicio y del recurso de apelación, el diez por ciento del valor del negocio. Por tanto, es de estimarse infundada la alegación del inconforme referente a que no puede ser aplicado por analogía el artículo 33 de la Ley para el Cobro de Honorarios Profesionales, para pagar costas a los abogados patronos, ya que dicho precepto está en el capítulo II a que se refiere a los mandatarios judiciales y por ello no puede aplicarse al capítulo I de la misma ley y menos a los abogados patronos, por lo que si el Juez de Distrito considera correcto que ********** tenga derecho a cobrar el diez por ciento de lo reclamado por su actuación como abogado patrono, tal razonamiento es incorrecto y debe revocarse la sentencia recurrida. Se dice que dicha alegación del recurrente debe estimarse infundada, porque independientemente de que el capítulo I de dicha ley regule el pago de honorarios a los abogados, en la especie la Sala estimó que por las funciones que realiza un abogado patrono, su actuar equivale al de un mandatario limitado para intervenir sólo en el juicio de que se trate y, siendo así, resulta aplicable por analogía el contenido del artículo 33 de dicha ley, que regula el pago a los mandatarios judiciales; precisando incluso que no es aplicable al caso lo establecido para los abogados, porque el actuar de éstos lo regula dicha ley en su capítulo I y lo hace en el ejercicio de una dirección técnica en la que no tiene intervención o representación directa por su cliente; criterio de la responsable que fue estimado por el Juez Federal como ajustado a derecho por considerar que no sólo los mandatarios judiciales tienen derecho a percibir el diez por ciento del negocio por concepto de honorarios, sino también los abogados patronos, pues al concatenar los artículos 3o., 4o., 5o. y 33 de la Ley para el Cobro de Honorarios Profesionales, con el artículo 1083 del Código de Comercio, que establece el pago de costas para el abogado con título, es correcto que el abogado patrono perciba tal porcentaje por concepto de costas. Decisión de la responsable y del Juez Federal que justifica en el caso la aplicación analógica del artículo 33 de la Ley para el Cobro de Honorarios Profesionales, y con ello la no aplicación del capítulo I de dicha ley, que regule el cobro de honorarios para los abogados; sin que obste para ello lo que el inconforme alega respecto que el artículo 1084 del Código de Comercio, se refiere al agente de negocios o mandatario judicial pero no al abogado patrono, ya que esta figura la regula el Código de Procedimientos Civiles, por lo que no puede ser aplicada de manera supletoria al Código de Comercio, ya que éste no contempla su existencia y, siendo así, es claro que ambas figuras son distintas, pues un abogado patrono no puede ser un mandatario judicial por tener facultades limitadas, y si ********** compareció como patrono, no debió aceptarse su representación, y de admitirla, no puede cobrar el diez por ciento por concepto de honorarios, ya que este porcentaje es para los mandatarios judiciales; dice que por ello la decisión de la responsable es incorrecta pues el abogado patrono deberá cobrar honorarios que corresponden a los abogados por ser la actividad que más se le parece. No asiste razón al inconforme en cuanto aduce que la figura del abogado patrono no puede aplicarse de manera supletoria a la materia mercantil, porque contrariamente a lo que aduce, el Código de Comercio aplicable al caso (es decir, el anterior a las reformas procesales del veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y seis, ya que el crédito motivo del juicio se contrató el veintisiete de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho) sí contemplaba la figura del abogado patrono, ya que su artículo 1082, literalmente señalaba: ‘Artículo 1082. Cada parte será inmediatamente responsable de las costas que originen las diligencias que promueva; en caso de condenación en costas, la parte condenada indemnizará a la otra de todas las que hubiere anticipado. La condenación no comprenderá la remuneración de procurador, sino cuando fuere agente de negocios titulado, ni la del patrono, sino cuando fuere abogado recibido; cuando un abogado fuere procurador, sólo comprenderá sus honorarios la condenación, cuando él mismo se haya encargado de la dirección del juicio sin recurrir al patrocinio de otro abogado.’. Precepto de cuyo texto se conoce que para efectos mercantiles, puede intervenir en el juicio un abogado patrono, refiriendo el mismo precepto que tendrá derecho a recibir costas cuando sea recibido. Por tanto, no asiste razón al inconforme al afirmar que figura (sic) del abogado patrono no puede aplicarse supletoriamente a la materia mercantil, pues como antes se dijo, el Código de Comercio contempla la existencia de esta figura. Conviene precisar además, que del contenido de tal precepto se advierte que la legislación mercantil establece la figura del abogado patrono como diversa a la del procurador o mandatario, puesto que señala la forma en que debe cobrar, en caso de que en una persona coincidan ambas calidades; por lo que claramente puede advertirse que son figuras distintas entre sí. Por su parte, el artículo 2588 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común, y para toda la República en Materia Federal, aplicable supletoriamente al Código de Comercio, establece las obligaciones del mandatario judicial o procurador, pues en su texto se señala: ‘Artículo 2588. El procurador, aceptado el poder, está obligado. I. A seguir el juicio por todas sus instancias mientras no haya cesado en su encargo por alguna de las causas expresadas en el artículo 2595. II. A pagar los gastos que se causen a su instancia, salvo el derecho que tiene de que el mandante se los reembolse. III. A practicar, bajo la responsabilidad que este código impone al mandatario, cuando sea necesario para la defensa de su poderdante, arreglándose al efecto las instrucciones que éste le hubiere dado, y si no las tuviere, a lo que exija la naturaleza e índole del litigio.’. En el caso, si bien la parte demandada en el juicio natural, al contestar la demanda, nombró a ********** solamente como su abogado patrono, no como mandatario judicial, ni se le puede tener a éste como tal, ya que no se cumplió con los requisitos mínimos a que se refieren los artículos 2551 y 2552 del citado Código Civil, que permiten el mandato por escrito o verbal, pero exigen para el primero de ellos que al menos sea en carta poder sin ratificación de firma, y para el segundo, que siendo verbal se ratifique por escrito antes de que concluya el negocio para el que se dio. Estos preceptos son del tenor siguiente: ‘Artículo 2551. El mandato escrito puede otorgarse: I. En escritura pública; II. En escrito privado, firmado por el otorgante y dos testigos y ratificadas las firmas ante notario público, Juez de primera instancia, Jueces menores o de Paz, o ante el correspondiente funcionario o empleado administrativo, cuando el mandato se otorgue para asuntos administrativos; III. En carta poder sin ratificación de firmas.’. ‘Artículo 2552. El mandato verbal es el otorgado de palabra entre presentes hayan o no intervenido testigos. Cuando el mandato haya sido verbal, debe ratificarse por escrito antes de que concluya el negocio para que se dio.’. Por tanto, si en el escrito de contestación de demanda del juicio natural se designó a ********** como abogado patrono, es ésta la calidad con la que intervino en el juicio; sin embargo, como la propia demandada precisó en tal ocurso que esa designación la hacía para que su abogado patrono tuviera las facultades que le otorga el artículo 43 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, de aplicación supletoria al Código de Comercio, e incluso las enumeró en ese escrito, de la siguiente manera: ‘********** por mi propio derecho, promoviendo dentro del expediente número al rubro indicado, señalando como domicilio para recibir notificaciones ... autorizado para que indistintamente las reciban en mi nombre y representación a los señores licenciados ********** con número de cédula profesional ********** con efectos de patente para ejercer la profesión cuyo título se encuentra registrado en el honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, bajo la partida ciento treinta y dos, a fojas treinta y tres vuelta, tomo cuarto del libro correspondiente al registro de títulos ... y en términos del artículo 43 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado supletoriamente al 1054 del Código de Comercio, designo como mi abogado patrono al primero de los mencionados, a quien desde este momento faculto para que en mi nombre y representación interponga recursos, ofrezca o rinda pruebas y objete las de la contraria, alegue y siga el presente juicio hasta que se dicte sentencia, y que en el caso de ser favorable

los intereses de la promovente también desde hoy lo faculto a que demande el pago de las costas correspondientes y el diez por ciento de sus honorarios, en los términos del artículo 33 de la Ley Arancelaria del Estado de Puebla, previa planilla de por medio y haga suya la suma que resulta por tal concepto, y la aplique en su beneficio como contraprestación de los servicios profesionales prestados; ...’. Conviene transcribir el contenido del artículo 43 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla: ‘Artículo 43. Cuando la autorización a que se refiere el artículo anterior, se otorga a un abogado con título o cédula debidamente registrados en el Tribunal Superior de Justicia , el autorizado podrá: I. Interponer recursos incidentes; II. Ofrecer o rendir pruebas; III. Alegar y seguir el juicio hasta ejecutar la sentencia. La autorización para recibir notificaciones no confiere facultades extrajudiciales o de dominio.’. Es claro que por las facultades que se conceden por la legislación poblana al abogado autorizado para recibir notificaciones; su intervención en juicio se asemeja más a la de un mandatario judicial que a la de un simple abogado cuya labor se limita a la ejecución de trabajos que requieren para su desempeño una preparación técnica, o bien la de asesor técnico que acompaña a su cliente en todas las comparecencias personales y le formula los escritos o promociones que deban presentarse al juicio. Por ello, resulta acertado estimar aplicable al caso, por analogía, el contenido del artículo 33 de la Ley para el Cobro de Honorarios Profesionales, ya que las funciones que realiza un abogado patrono, en términos del transcrito artículo 43 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, es analógico o semejante al de un mandatario judicial. Resulta pertinente transcribir los artículos 5o. y 33 de la mencionada Ley para el Cobro de Honorarios Profesionales, mismos que son como siguen: ‘Artículo 5o. Los servicios profesionales que no se encuentren comprendidos o cotizados en este arancel, pero que tuvieren analogía con alguno de los que el mismo especifica, se pagarán en las cuotas señaladas a los que presenten mayor semejanza.’. ‘Artículo 33. Los mandatarios judiciales, abogados percibirán como retribución por sus servicios, salvo convenio en contrario, el diez por ciento del importe del negocio de que se trate, además de los honorarios establecidos en el capítulo anterior.’. El recurrente alega que es contraria a derecho la decisión del Juez Federal de equiparar al mandatario judicial con el abogado patrono, porque éste tiene una representación limitada con la finalidad de que el profesionista pueda desempeñar su trabajo de mejor manera y el mandatario judicial es una representación para defender los derechos del representado, lo cual indica que cada una de estas figuras tiene un fin distinto e incluso se otorgan de manera diferente, pues el abogado sólo se nombra en juicio, y el mandatario se nombra mediante un acto que debe constar en escritura pública, por lo que son figuras en su mayoría sin coincidencia y no pueden aplicarse por analogía, pues mientras el abogado patrono tiene facultades limitadas, el mandatario tiene facultades amplias, por lo que no es posible que cobren lo mismo. No asiste razón al inconforme, pues aun cuando resulta cierto que un abogado patrono se nombra en el juicio y un mandatario judicial generalmente se designa mediante escritura pública, esa circunstancia no es relevante para determinar si sus funciones son o no coincidentes, pues si se toma en consideración que realiza actuaciones similares con la finalidad de obtener la defensa de los derechos del representado, con la diferencia de que el patrono está limitado a que esa actuación la realice exclusivamente en el juicio en el que fue designado como tal, y el mandatario judicial a intervenir con la misma finalidad, en todo negocio judicial que interesa a su mandante, es posible advertir la razón por la cual se les designa a cada uno de ellos de la manera que antes se precisó. Por tanto, si el abogado patrono realiza actos similares a los de un mandatario judicial, como son intervenir directamente en el juicio de que se trate en representación de su autorizante, no solamente dirigiendo el asunto, o asesorando técnicamente al litigante, sino que bajo su firma puede interponer recursos, promover incidentes, ofrecer y rendir pruebas, alegar e intervenir en la ejecución de la sentencia, sustituirse al interés de su cliente, pero en beneficio del mismo; con la única diferencia de que sólo puede realizarlos en el juicio en el que fue designado como patrono, es claro que su actuar es analógico con el de un mandatario judicial y puede por ello cobrar el diez por ciento del valor del negocio, como lo señala el artículo 33 de la Ley para el Cobro de Honorarios Profesionales. Por otra parte, el inconforme alega que lo determinado por el resolutor federal es contrario al artículo 43 del Código de Procedimientos Civiles, pues si se dice que la representación que deriva de ese numeral (la de abogado patrono) es un mandato limitado exprofeso para lo que en él se señala, si este precepto no faculta a que el abogado patrono formule planilla de costas, entonces ********** no tiene base para formular la liquidación en costas y al considerar la autoridad lo contrario, se infringió dicho artículo. No asiste razón al inconforme, ya que contrariamente a lo que aduce, la autoridad responsable estimó que la representación que ostenta el abogado patrono es analógica a la de un mandatario judicial con la única limitante de que podrá intervenir solamente en el juicio en el que fue designado como tal, pero en parte alguna del fallo reclamado ni de lo determinado por el resolutor federal, se estableció que tal representación se trate de un mandato limitado ex profeso para lo que en él se señala, por lo cual de considerarse que el abogado patrono puede llevar a cabo la formulación de la planilla de costas aun cuando este acto no esté expresamente contemplado en el artículo 43 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, que establece las facultades que la ley le otorga al autorizado para oír y recibir notificaciones a nombre de alguna de las partes, siempre y cuando sea un abogado con título y cédula debidamente registrados en el Tribunal Superior Justicia del Estado de Puebla, siendo éstas la de interponer recursos y promover incidentes, ofrecer o rendir pruebas y alegar y seguir el juicio hasta ejecutar la sentencia; por lo que es dable considerar que si puede actuar para dichos efectos, también puede intervenir por su representación, en la regulación de las costas decretadas en favor de su representado, ya que el artículo 536 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, establece que las costas serán reguladas por la parte a cuyo favor se hubieren decretado; por ello si el abogado patrono puede intervenir en el juicio representando a una de las partes en el mismo, con mayor razón podrá plantear la regulación en costas mediante el incidente respectivo. Por tanto, contrariamente a lo aducido por el recurrente, está ajustada a derecho la decisión de la responsable y del Juez Federal de considerar que ********** como abogado patrono de la parte que obtuvo, tiene bases para formular la liquidación en costas. El inconforme aduce que no se examinaron todos los argumentos que hizo valer en su demanda de amparo, pues se omitió fallar respecto de una parte del punto 2 y una parte del punto 3, por lo que la sentencia es incongruente al no abarcar todos los puntos materia de la litis, razón por la cual el Juez Federal debe dictar nueva sentencia en la que se pronuncie sobre todo lo alegado en la demanda de amparo a fin de no dejarlo en estado de indefensión. Tales manifestaciones, en principio, deben tenerse como inoperantes para revocar la sentencia recurrida, porque el inconforme no precisa cuáles son los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo que a su parecer dejaron de examinarse por el Juez Federal, lo cual bastaría para desestimar el argumento que se examina; empero, si el inconforme se refiere al contenido de los puntos 2 y 3 del capítulo de conceptos de violación de tal demanda, basta la lectura de los mismos para advertir que lo alegado en ellos fue motivo de estudio y pronunciamiento por el Juez Federal. En efecto, en el segundo de dichos conceptos de violación, sustancialmente adujo que en la sentencia reclamada indebidamente se estimó que el fallo de primera instancia carecía del requisito de congruencia, porque en ella analizó la planilla de gastos y costas y determinó que no procedía el porcentaje señalado en la misma, ya que no correspondía cobrarlo al abogado patrono, sólo a un mandatario judicial; y el que ésta determinación haya sido considerada por la responsable como incongruente, era ilegal porque al definir si ********** tiene o no derecho a recibir costas, es parte de la litis, y corresponde al examen del fondo de la misma, por lo que al decidir que no tiene derecho a percibir costas en términos de lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley para el Cobro de Honorarios Profesionales, no se aparta de la litis sino que se avoca a decidir sobre lo solicitado por el incidentista, puesto que la sentencia que al respecto se dicta, tiene por finalidad determinar si se aprueban o no las cantidades solicitadas. En el tercer concepto de violación el quejoso, ahora inconforme, adujo sustancialmente que la decisión de la responsable es violatoria de sus garantías y se aparta de la ley porque el artículo 43 del Código de Procedimientos Civiles es el que establece la figura del abogado patrono y el artículo 1084 del Código de Comercio, contempla la figura del agente de negocios y mandatario judicial, figuras que son distintas porque el mandatario tiene más facultades que el abogado patrono, por lo que cada uno de ellos debe tener el pago de honorarios distintos y si el artículo 33 de la Ley para el Cobro de Honorarios Profesionales señala que debe pagarse el diez por ciento de lo reclamado al mandatario judicial, consecuentemente ese cobro no corresponde al abogado patrono porque tiene facultades mínimas, y si la ley los diferenció también debe ser distinto el cobro de sus honorarios; que si en el caso a ********** sólo se le autorizó como abogado patrono, la responsable hizo una incorrecta aplicación de los artículos antes mencionados al aprobar la regulación de costas en el diez por ciento, porque los honorarios que debe percibir dicho abogado se deben regular por la mencionada Ley para el Cobro de Honorarios Profesionales en lo que respecta al capítulo de abogados, es decir, le es aplicable el capítulo primero de dicha legislación, capítulo que, según dice, infringió en su perjuicio la responsable al aprobar una regulación con base en artículos que no son aplicables, violando las garantías que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales. Los aspectos hechos valer en los aludidos conceptos de violación fueron examinados por el resolutor federal al determinar que contrariamente a lo alegado por la inconforme, la resolución reclamada está ajustada a derecho, ya que se emitió con fundamento en los artículos 3o., 4o., 5o. y 33 de la Ley para el Cobro de Honorarios Profesionales, 43 del Código de Procedimientos Civiles y 1054 y 1083 del Código de Comercio, y se establecieron las razones particulares de adecuación entre tales preceptos y los hechos sometidos a su jurisdicción, lo cual si bien no contiene un pronunciamiento destacado sobre la aseveración del quejoso en el sentido de que era incorrecta la apreciación de la responsable al considerar incongruente el fallo de primera instancia, sin embargo, al establecer el Juez Federal en la sentencia reclamada se dictó con el apego derecho puesto que está debidamente fundada y motivada, ello es suficiente para considerar implícitamente que estimó correcto el proceder de la Sala al destacar la incongruencia cometida por el resolutor de primera instancia. De igual manera, el Juez de Distrito determinó que del análisis de los artículos 3o., 4o., 5o. y 33 de referida (sic) Ley para el Cobro de Horarios Profesionales, resultaba aplicable por analogía el mencionado artículo 33, ya que también los abogados patrones tienen derecho a percibir como retribución de sus servicios, el diez por ciento del negocio de que se trate, pues así se advierte al concatenar dichos numerales con el artículo 1083 del Código de Comercio, que establece que las costas sólo se pagarán al abogado con título, lo que sucede en el caso, puesto que ********** justificó contar con su título profesional, que además se encuentra registrado en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla; así como que la figura del mandatario judicial coexiste con la del abogado patrono, como otra forma más de representación, equiparables las del abogado patrono a las del mandatario, porque le permite llevar a cabo actos procesales que corresponden a la parte que lo designó, aunque en forma restringida a las impuestas a los mandatarios judiciales, por lo que la representación conferida al abogado patrono es similar a la otorgada a un mandatario, pero sin las formalidades del mandato respectivo, por lo que fue aplicado correctamente al caso el artículo 33 de la Ley para el Cobro de Honorarios Profesionales, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 5o. de la misma ley, dada la analogía que existe entre la actuación del abogado patrono con la del mandatario judicial. Atento a lo anterior, es claro que el Juez Federal examinó lo alegado por el quejoso en los conceptos de violación invocados con los números dos y tres de la demanda de amparo, razón por la cual es evidente que no existe la omisión que aduce el ahora inconforme en el agravio que se examina."

CUARTO. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver por unanimidad de votos el toca en revisión 412/2006, relativo a los juicios de amparo acumulados números 1146/2006 y 1317/2006 sostuvo lo siguiente al establecer:

"CUARTO. Los agravios expuestos por el recurrente resultan parcialmente fundados, pero suficientes para revocar la sentencia recurrida, y negar a la quejosa el amparo solicitado ... . Ahora bien, en primer lugar debe sostenerse que no asiste razón al recurrente en cuanto afirma que el Juez Federal indebidamente consideró que había sido correcto que la Sala responsable hubiere dejado de condenar a la parte demandada en el juicio de origen, por el pago de costas causadas en primera y segunda instancias, con motivo del trámite de la apelación, en virtud de que el artículo 1084 del Código de Comercio anterior a las reformas de mil novecientos noventa y seis, ordenaba que la condenación en costas se podía realizar cuando así lo previniera la ley o cuando a juicio del Juez se hubiera procedido con temeridad o mala fe, así como también cuando obtengan dos sentencias conformes de toda conformidad, y que en la especie se habían actualizado esas hipótesis, porque el demandado había formulado su regulación de costas con esas características. Se afirma lo anterior, porque ciertamente de conformidad con el artículo 1084 del Código de Comercio, quien obtiene dos sentencias condenatorias conformes entre sí, debe ser condenada al pago de los gastos y costas generados en primera y segunda instancias; sin embargo, ese supuesto, como lo consideró el Juez Federal no opera en el caso, sólo por el hecho de haber interpuesto un recurso de apelación, pues dicho recurso no trajo como consecuencia la revocación de la sentencia condenatoria de primera instancia, sino sólo reservó los derechos de la actora para hacerlos valer en la vía procedente, sin afectar el derecho sustantivo de reclamar los gastos y costas. Tampoco le asiste la razón al recurrente, cuando afirma que indebidamente el Juez Federal consideró que el derecho de la demandada de formular nuevamente la planilla de liquidación de sentencia, no caducó. Ello es así, porque la figura jurídica de la preclusión, prevista en el artículo 1078 del Código de Comercio, se actualiza únicamente en relación con la diversidad de actos procesales que realizan las partes, y sólo extingue derechos de carácter procesal, y no puede comprender los de naturaleza sustantiva como el consistente en ejecutar la sentencia que es cosa juzgada. La única figura que por transcurso del tiempo comprende la pérdida del derecho para pedir la ejecución de una sentencia, es la prescripción en términos de lo dispuesto en los artículos 1038 y 1047 del Código de Comercio, que establecen: ‘Artículo 1038. Las acciones que se deriven de actos comerciales, se prescribirán con arreglo a las disposiciones de este código.’. ‘Artículo 1047. En todos los casos en que

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21225-a07fdc94/abogados-patronos-y-mandatarios-judiciales-en-un-juicio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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