DICTAMEN FORMULADO POR CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO. POR REGLA GENERAL, TIENE VALOR PROBATORIO PARA ACREDITAR EL ACTO DE APLICACIÓN EN UN JUICIO DE AMPARO CONTRA LEYES Y, CONSECUENTEMENTE, EL INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVERLO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 101/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Para determinar la existencia o no de la contradicción de tesis denunciada, es menester transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, remitió la ejecutoria correspondiente al amparo en revisión número 689/2004, en el que fue quejoso Laboratorios Sophia, Sociedad Anónima de Capital Variable, de fecha tres de noviembre de dos mil cuatro.
El criterio sustentado en dicha ejecutoria, en la parte que interesa, es del tenor siguiente:
"CUARTO. Los agravios que han quedado transcritos, en la parte de la competencia delegada a este Tribunal Colegiado, son sustancialmente fundados. En efecto, la empresa quejosa reclamó en el presente asunto, del presidente de la República, del Congreso de la Unión, del secretario de Gobernación y del director del Diario Oficial de la Federación, respectivamente, la expedición, promulgación, refrendo y publicación del artículo 220, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio fiscal de dos mil dos, que literalmente dice: ‘Artículo 220.’ (se transcribe). Por su parte, la Juez Federal sostuvo que se actualizaba al respecto la causal de improcedencia prevista por la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que, dijo, conforme al texto del precepto legal tildado de inconstitucional, los contribuyentes podrán efectuar la deducción inmediata de la inversión de bienes nuevos de activo fijo, en lugar de las previstas en los artículos 37 y 43 de la ley, deduciendo en el ejercicio fiscal siguiente al en que se inicie su utilización, la cantidad que resulte de aplicar, al monto original de la inversión, únicamente los por cientos que correspondan; empero, precisó, en el último párrafo del artículo en cuestión, se precisa que dicha opción (deducción), sólo podrá ejercerse tratándose de inversiones en bienes que se utilicen permanentemente en territorio nacional y fuera de las áreas metropolitanas y de influencia en el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey, excepto que en esas áreas se trate de empresas que sean intensivas en mano de obra, que utilicen tecnologías limpias en cuanto a sus emisiones contaminantes y no requieran uso intensivo de aguas en sus procesos productivos. Siguió diciendo el a quo que, en ese caso (imposibilidad para deducir el por ciento aplicable al monto original de inversión en bienes nuevos de activo fijo), el acto de aplicación debe reflejar de manera fehaciente que la empresa quejosa no dedujo cantidad alguna respecto de bienes de activo fijo que adquirió en el ejercicio fiscal de dos mil dos; empero, determinó que tales extremos no quedaron demostrados, dado que, dijo: ‘del recibo no se aprecia, cómo llegó a quedar en ceros, sin que haya deducido la cantidad que erogó por la adquisición de bienes de activo fijo en el ejercicio fiscal de dos mil dos, para que se hubiera concretado la aplicación de lo que se establece en el artículo 220, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues para ese fin, no basta el solo recibo de pago de contribuciones, sino que, por la naturaleza del extremo a acreditar (no deducción de bienes en activo fijo), era menester el desahogo de una prueba pericial, la cual no fue ofrecida por la quejosa ...’ (foja 215, vuelta id). Agregó la Juez de Distrito: ‘aun cuando de los documentos mencionados, se encuentra el escrito firmado por el contador público Ernesto Alonso Gómez, dirigido al Juez de Distrito dependiente del Poder Judicial de la Federación con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en turno, en el que emite dictamen, en términos del artículo 52, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, para demostrar que la quejosa realizó adquisiciones en el ejercicio fiscal dos mil dos por concepto de bienes nuevos de activo fijo, y que los mismos no fueron incluidos como una deducción en la declaración anual del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal dos mil tres, lo cierto es que dicha prueba únicamente puede tomarse como documental, y no como pericial contable, habida cuenta que para adquirir ese valor, debió haber sido ofrecida y desahogada con las formalidades legales previstas por el artículo 151 de la Ley de Amparo.’ (foja 219 id). Ahora bien, como se dijo, son sustancialmente fundados los motivos de agravio materia de estudio, pues aun conviniendo con la Juez Federal en que el dictamen emitido por el contador público Ernesto Alonso Gómez, no debe ser valorado como una prueba pericial, sino como una documental privada; sin embargo, como enseguida se verá, tal medio de convicción adminiculado con las copias certificadas del recibo bancario de pago de contribuciones federales (visible a fojas 76 y 77 id), así como de las facturas número 22939, 5351 y 2343 (visibles a fojas 106, 109 y 117 id), expedidas a nombre de la empresa quejosa, los días tres de abril, tres de junio y veinticinco de julio, todas de dos mil dos, por las empresas denominadas ‘ABC Instrumentación Analítica’, ‘Desarrollo y Resultados’ y ‘Quality Internacional Services de México’, todas Sociedad Anónima de Capital Variable, acreditan de manera fehaciente el acto de aplicación del artículo 220, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en dos mil dos, es decir, que la empresa solicitante de amparo, durante el ejercicio fiscal de dos mil dos, adquirió bienes nuevos de activo fijo y, que en el ejercicio fiscal siguiente al de su utilización, a saber, el correspondiente a dos mil tres, no fueron incluidos como deducciones. A fin de sustentar lo anterior, es menester transcribir el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, que dice: ‘Artículo 52.’ (se transcribe). De la anterior transcripción, precisamente del subrayado, se advierte que conforme al artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, se presumirán ciertos, salvo prueba en contrario, los hechos afirmados en cualquier dictamen formulado por contador público que tengan relación con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, siempre y cuando reúnan, entre otros requisitos, que sea emitido por contador público registrado ante las autoridades fiscales. Así las cosas, de la certificación realizada por el contador público de la empresa quejosa, que obra agregado a fojas setenta y ocho a ochenta del expediente de amparo al que este toca de revisión se contrae, se desprende que dicho contador precisó que está registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para dictaminar fiscalmente (para acreditar esos extremos anexó copia certificada del oficio número 324-A-CC-11603, expedido a su favor por la Administración General de Auditoría Fiscal Federal), así como que el dictamen en cuestión, lo emitió con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, en el que, entre otras cosas, hizo constar: ‘Una vez aplicados los procedimientos descritos, manifiesto que Laboratorios Shopia, S.A. de C.V., realizó adquisiciones en el ejercicio fiscal de 2002 por concepto de bienes nuevos de activo fijo, y que los mismos no fueron incluidos como una deducción en la declaración anual del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal 2003, en los términos del artículo 220 de la ley de la materia.’ (foja 79 id). Por tanto, en términos del transcrito artículo 52 del código tributario, tal certificación se presume cierta, salvo prueba en contrario. De ahí que al no haber sido objetada por las autoridades responsables, es decir, al no demostrarse lo contrario de los datos y hechos consignados, éstos se presumen ciertos y, en consecuencia, adquieren valor probatorio pleno, habida cuenta que tal documento privado, concatenado con las copias certificadas de las facturas números 22939, 5351 y 2343, de las que se advierte que efectivamente la empresa solicitante de amparo en el ejercicio fiscal de dos mil dos, adquirió bienes nuevos de activo fijo, así como con la copia certificada del recibo bancario de pago de contribuciones federales del que se desprende que dicha empresa efectuó el pago del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil tres, consecuentemente, la certificación realizada por contador público registrado, así como las copias certificadas de las facturas descritas con antelación y del recibo bancario de pago de contribuciones federales, merecen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el numeral 52, del Código Fiscal de la Federación y, por ende, son suficientes para demostrar de manera fehaciente el acto de aplicación del artículo 220, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en dos mil dos, esto es, insístese, que la empresa solicitante de amparo, durante el ejercicio fiscal de dos mil dos, adquirió bienes nuevos de activo fijo y que en el ejercicio fiscal siguiente al de su utilización, a saber, el correspondiente a dos mil tres, no fueron incluidos como deducciones. De ahí que las razones expuestas obligan a concluir que en el presente caso, dado el planteamiento de la empresa quejosa en su demanda de garantías, fue incorrecto que la Juez de Distrito decretara el sobreseimiento, ya que no se actualiza el sobreseimiento en el juicio con base en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo."
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, remitió la copia certificada de la resolución dictada en el amparo en revisión número 658/2004, promovido por Mazapán de la Rosa, Chupaletas, Almidones y Glucosa Mive y Central Administrativa Jesús, todas Sociedades Anónimas de Capital Variable, de fecha diecinueve de mayo de dos mil cinco, misma que es del tenor siguiente:
"CUARTO. Resulta innecesario el análisis de las consideraciones de la sentencia recurrida frente a los agravios que en su contra se exponen, toda vez que este Tribunal Colegiado advierte, de oficio, que opera una causal de improcedencia -por motivos diversos a los expresados en la sentencia recurrida-, que determina a sobreseer en el juicio de amparo, la cual es de examen prioritario de acuerdo con lo establecido por el artículo 73, fracción XVIII, in fine, de la Ley de Amparo. En relación con la posibilidad de analizar una causal de improcedencia por razones distintas a las examinadas en la sentencia recurrida resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 122/99, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del país, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de mil novecientos noventa y nueve, página veintiocho, que a la letra dice: ‘IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA.’ (se transcribe). Ahora bien, como se anticipó, este Tribunal Colegiado advierte que en el juicio de amparo se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción V del artículo 73 de la citada Ley de Amparo -por motivos diversos a los examinados en la sentencia- porque la parte quejosa no acreditó su interés jurídico para la promoción del juicio de amparo. En principio precisa destacar que el interés jurídico, para efectos del juicio de garantías, se traduce en un derecho jurídicamente tutelado y que a su vez constituye uno de los presupuestos indispensables para promover dicha instancia, en términos de lo establecido por los artículos 4o. y 73, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior deriva del citado artículo 4o., en concordancia con lo dispuesto por el numeral 107, fracción I, constitucional, atento a los cuales se concluye que el juicio de garantías puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto reclamado, y que tal perjuicio inmediato y directo actualiza la procedencia del juicio constitucional. En estas condiciones, si el aludido interés se refiere al derecho jurídicamente protegido, es lógico establecer que para promover un juicio de garantías, debe estarse a la naturaleza del acto que se reclama, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 854, visible en la página quinientos ochenta y dos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, de rubro y texto siguientes: ‘INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE.’ (se transcribe). Pues bien, las empresas quejosas reclaman el decreto legislativo de treinta y uno de diciembre de dos mil uno, por el que se creó la Ley del Impuesto sobre la Renta, en vigor a partir del primero de enero de dos mil dos, específicamente por lo que se refiere a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 32 del cuerpo normativo impositivo referido, en relación con su fracción XXV, así como su artículo segundo transitorio, fracción XC, con motivo de lo que las citadas quejosas estiman constituye el primer acto concreto de aplicación, que afirman, se concretó el veintiocho de marzo de dos mil tres, que fue cuando presentaron la declaración fiscal del ejercicio de dos mil dos. En principio, de especial relevancia resulta establecer la distinción entre leyes autoaplicativas y heteroaplicativas. Así tenemos que el juicio de amparo indirecto procede contra los ordenamientos a que se refiere el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, contra leyes federales y locales, tratados internacionales y reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación causan un perjuicio en contra del gobernado. La disposición legal antes enunciada conlleva establecer que hay cierto tipo de leyes cuyas consecuencias no se producen inmediatamente, es decir, que con su sola expedición no se genera afectación alguna en las situaciones jurídicas en que opere, sino que se requiere de un acto de aplicación posterior a su nacimiento, que imponga o haga observar los mandatos legales. Estas leyes se denominan ‘heteroaplicativas’, porque su mera existencia es intrascendente para producir efecto alguno en la situación para la que está destinada a operar. En cambio, existe otro tipo de leyes que no necesitan de un acto de aplicación posterior para producir sus efectos en las situaciones para las que están destinadas a operar, sino que su sola promulgación conlleva la obligatoriedad efectiva y actual para las personas o categoría de personas, cuya situación regulan. A estas leyes se les denomina ‘autoaplicativas’. La distinción entre leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, no se basa en la circunstancia de que en el momento de expedirse existan individuos colocados en su hipótesis, sino en la manera como se ejecuta el mandamiento u obligación que contiene. De tal modo que si para causar la afectación debe mediar la condición de existencia de un acto de la autoridad, ya sea jurisdiccional o administrativo, o incluso por medio de la voluntad del particular, la ley es heteroaplicativa y no puede combatirse en la vía de amparo, por su sola expedición. Ocurre lo contrario, cuando la norma consigna una obligación a cargo del particular que no pueda dejar de cumplirla, en virtud de que a través de su nacimiento u origen se crean, modifican o extinguen situaciones concretas de derechos del gobernado, por lo mismo la actividad de los órganos del Estado es meramente pasiva ante la realización del mandato de observancia general o no es indispensable que se presente un acto jurídico del particular para adecuarse en el supuesto normativo, entonces, estamos frente a la ley autoaplicativa que puede combatirse por su sola expedición. De tal modo que para la procedencia de la acción del juicio de garantías en tratándose de leyes ‘autoaplicativas’, es necesario que desde la iniciación de la vigencia de la ley combatida, el particular se encuentre en la situación prevista por la norma, para que esté obligado al mandato legal que puede consistir en un hacer o dejar de hacer, acto ulterior de autoridad o incluso, como ya quedó precisado, un acto voluntario del particular cuando la naturaleza de la ley lo permita. La razón fundamental para determinar si una ley es o no autoaplicativa, radica en que no hay que atender solamente si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino a los términos concretos del mandato legal, toda vez que basta con que ordene a los particulares que se trata de un hacer o un no hacer y que no se supedite su ejecución a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad para que tenga aquel carácter. Por ello, para estar en aptitud de considerar el momento de la existencia del agravio personal y directo de las leyes autoaplicativas, a fin de determinar la procedencia del juicio constitucional, es necesario que desde la vigencia de la ley que se combate, el particular se encuentre comprendido en el supuesto que prevé la norma, y que no exija la obligación de un hacer o no hacer, mediante un acto posterior de autoridad o incluso, de un acto voluntario del particular, cuando la naturaleza de la ley lo permita. Para mayor ilustración del punto en comento, cabe invocar la jurisprudencia sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: ‘LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.’ (se transcribe). Criterio jurisprudencial del cual se observa que las condiciones a las cuales puede sujetarse la aplicación de la ley, se integran, a saber: I. De carácter administrativo, como son, el permiso o la autorización; II. De carácter jurisdiccional, en la cual se encuentra inmersa la facultad de decir el derecho; III. A través del acto jurídico, emanado de la voluntad del gobernado; y, IV. Por medio de un hecho jurídico que resulta ajeno al ánimo volitivo del ser humano. Por consiguiente, si la situación concreta de un particular se halla comprendida dentro del caso abstracto involucrado en la norma, o si el supuesto legal se encuentra realizado en el caso particular, de manera automática al entrar en vigor, es decir, sin que para constatar dicha adecuación o correspondencia sea necesario un acto distinto y posterior a la norma, se estará en presencia de una ley ‘autoaplicativa’, siempre por virtud de la coincidencia entre lo concreto y lo legal abstracto, consignándose para el individuo que sea sujeto de la situación particular normada en pleno derecho. Por el contrario, la ley tiene el carácter de ‘heteroaplicativa’ cuando desde el inicio de su vigencia el gobernado no se encuentra en la situación prevista por la norma, sino que ésta exija para que se dé la obligatoriedad de la conducta efectiva y actual de hacer, permitir o prohibir algo, de un acto posterior de aplicación ya sea que provenga de la actividad estatal, o bien, que emane de la voluntad del particular, con la consecuente afectación a la esfera jurídica del destinatario de la ley. Con apoyo en las anteriores consideraciones legales y en aras de estar en posibilidad de establecer si el artículo 32, fracción XXV y segundo transitorio, fracción XC, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el dos mil dos, es de naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa, se estima necesario su transcripción. Al respecto, los preceptos legales reclamados, disponen: ‘Artículo 32.’ (se transcribe). Del primer precepto jurídico anteriormente reproducido, se sigue que no son deducibles las cantidades que tengan el carácter de participación en las utilidades del contribuyente, o participaciones que estén condicionadas a la obtención de utilidades, ya sea que correspondan a trabajadores, miembros del consejo de administración, a obligacionistas o a otros, es decir todas las participaciones en las utilidades del contribuyente no son deducibles. Por otro lado, de la fracción XC del artículo segundo transitorio de la ley reclamada, se evidencia que las participaciones en las utilidades de los trabajadores, serán deducibles si la expectativa de crecimiento en los criterios generales de política económica para el ejercicio de dos mil tres, estimen un crecimiento superior al tres por ciento del producto interno bruto. Partiendo de tales premisas, puede concluirse válidamente que los dispositivos reclamados, 32, fracción XXV y segundo transitorio, fracción XC, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, son de característica heteroaplicativa, pues para que se den los supuestos normativos, es necesario que el contribuyente tenga utilidades, que haga partícipe a sus trabajadores, miembros del consejo de administración, obligacionistas o a otros, de tales utilidades o participaciones condicionadas a la obtención de utilidades por parte del contribuyente, además que respecto de las participaciones a los trabajadores la expectativa de crecimiento en los criterios generales de política económica para el ejercicio de dos mil tres, no se haya estimado un crecimiento superior al tres por ciento del producto interno bruto, y sobre todo que no se realice la deducción en el cálculo del impuesto sobre la renta. En ese tenor, es claro que no basta la sola entrada en vigor de los anotados preceptos legales, para que se actualice un perjuicio cierto, directo e inmediato en la esfera jurídica del gobernado, sino que indefectiblemente, se requiere la existencia de utilidades del contribuyente, que haga partícipe a tales utilidades a los sujetos a que se refiere el numeral reclamado, que con relación a las participaciones de sus trabajadores, no se haya estimado un crecimiento superior al tres por ciento del producto interno bruto, en la expectativa de crecimiento en los criterios generales de política económica para el ejercicio de dos mil tres, y sobre todo que no se realice la deducción en el cálculo del impuesto sobre la renta, para que se justifique la procedencia del juicio biinstancial, en términos del artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo. Por tanto, para combatir los preceptos 32, fracción XXV y segundo transitorio, fracción XC, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en dos mil dos, se requiere la actualización de los siguientes presupuestos esenciales y concurrentes: a) Que el promovente sea contribuyente, y que haya obtenido utilidades. b) Que haya hecho partícipes a sus trabajadores, miembros del consejo de administración, obligacionistas o a otros, de las utilidades obtenidas o de participaciones condicionadas a la existencia de utilidades. c) Que de las participaciones entregadas a los trabajadores, la expectativa de crecimiento en los criterios generales de política económica para el ejercicio de dos mil tres, no se haya estimado un crecimiento superior al tres por ciento del producto interno bruto. d) Que no deduzca tales participaciones en el cálculo del impuesto sobre la renta. Ahora bien, las quejosas, como en un principio se indicó, reclaman el artículo 32, fracción XXV y segundo transitorio, fracción XC, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en dos mil dos. Como primer acto de aplicación refieren que lo constituye la declaración del ejercicio fiscal de dos mil dos, presentada el veintiocho de marzo de dos mil tres, vía internet. Carecen de razón las quejosas, pues en el caso no se acredita el acto de aplicación de las normas reclamadas, es decir que efectivamente esta parte se ubique en los supuestos normativos de los preceptos que reclama, ya que contrario a lo que sostienen, no basta con la presentación de las declaraciones del ejercicio de dos mil dos para acreditar el supuesto normativo. Exacto, las peticionarias de garantías desahogaron las siguientes pruebas: 1. Copias certificadas de las declaraciones del ejercicio de dos mil dos, personas morales, presentadas por las empresas quejosas el veintiocho de marzo de dos mil tres -respecto de las cuales, arguyen, constituyen el primer acto de aplicación de las normas tildadas de inconstitucionales-, vía internet, y además adjuntaron las constancias de envío (fojas 68 a 108 vuelta del cuaderno de amparo). 2. Documentales privadas de los dictámenes formulados de conformidad con el primer párrafo del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, por el C.P.R. Ernesto Alonso Gómez (fojas 109 a 116). 3. Copia certificada de la constancia de inscripción en el registro de contadores públicos otorgada por la Administración General de Auditoría Fiscal Federal al C.P. Ernesto Alonso Gómez, en la que se le asignó el número de registro 13470 (foja 117). 4. Copia certificada de la cédula profesional relativa al referido profesionista, C.P. Ernesto Alonso Gómez, emitida por el director general de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, con número de cédula 1311952 (foja 118). 5. Copias certificadas de los recibos de nómina de diez trabajadores de las quejosas, correspondientes al ejercicio fiscal de dos mil dos (fojas 175 a 186). 7. Copias certificadas de los comprobantes de pago de cuotas y aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de dos mil dos (fojas 187 a 210 vuelta). 8. Copia certificadas de los formatos oficiales referentes a la inscripción de las quejosas en el Registro Federal de Contribuyentes (fojas 211 a 217 vuelta). Las referidas pruebas adquieren valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, comprueban, en ese orden, que las quejosas presentaron las declaraciones del ejercicio de dos mil dos; que el contador público emitió dictámenes de conformidad con el primer párrafo del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, en los que, por cierto, se determinó la utilidad fiscal que obtuvo cada una de las empresas quejosas y que esos importes no se hicieron deducibles de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 32, fracción XXV, de la ley que regula dicho gravamen -en la inteligencia que los citados informes del contador público, se valoran como documentos privados-; que el mencionado contador se encuentra inscrito en el registro de contadores públicos ante la Administración General de Auditoría Fiscal Federal; que a este último se le otorgó cédula profesional; los pagos que se realizaron a los trabajadores atinentes al ejercicio fiscal de dos mil dos; que se pagaron las cuotas y aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de dos mil dos; y que las propias empresas quejosas se encuentran dadas de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (fojas 211 a 217 vuelta). Desde otra perspectiva, cabe señalar que las empresas quejosas en su demanda de garantías argumentaron que durante el ejercicio fiscal de dos mil dos, pagaron $13'389,893.77 (trece millones trescientos ochenta y nueve mil ochocientos noventa y tres pesos 77/100), $5'256,792.44 (cinco millones doscientos cincuenta y seis mil setecientos noventa y dos pesos 44/100), $794,675.80 (setecientos noventa y cuatro mil seiscientos setenta y cinco pesos 80/100) y $371,517.71 (trescientos setenta y un mil quinientos diecisiete pesos 71/100) a sus trabajadores por concepto de ‘participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa’, y que dichas cantidades no fueron deducidas para efectos de la determinación del resultado fiscal del impuesto sobre la renta correspondiente a ese mismo ejercicio. Las referidas circunstancias no se encuentran evidenciadas claramente en la declaración anual del ejercicio -destacadas en el punto número 1-; por esa razón, y con la finalidad de acreditar el primer acto de aplicación en su perjuicio de los artículos 32, fracción XXV y segundo transitorio, fracción XC, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las empresas quejosas desahogaron las documentales consistentes en: ‘... los originales del dictamen formulado de conformidad con el primer párrafo del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, por el C.P.R. Ernesto Alonso Gómez, con el que se acredita de manera indubitable la afectación que las porciones normativas reclamadas perpetran en detrimento de mis poderdantes ...’ -foja 51 del cuaderno de amparo-. Sin embargo, aun cuando los citados dictámenes, efectivamente, reunieran los requisitos a que se contrae el numeral 52 de Código Fiscal, tal prueba no es suficiente para dejar evidenciado el acto de aplicación en perjuicio de las empresas quejosas, puesto que, aquí, únicamente comprueba lo manifestado por el perito contable de que se trata; empero, esas documentales no tienen el alcance de sustituir a una prueba pericial que debe de integrarse y desahogarse en los términos que establecen los artículos 151 y 155 de la Ley de Amparo, en la que se dé la intervención a todas las partes en él, para que se encuentren en posibilidad de alegar lo que a sus derechos convengan; es decir, la parte quejosa a fin de que comprobara fehacientemente el interés jurídico de referencia debió desahogar dentro del juicio de garantías una prueba pericial en la que, en su caso, precisamente se concluyera con la afirmación que quedó expresada en los dictámenes fiscales. Al respecto, resulta aplicable por analogía, la jurisprudencia 4a./J. 30/92, sustentada por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 24, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 60, diciembre de 1992, Octava Época, que dice: ‘PRUEBA DOCUMENTAL OFRECIDA COMO PERICIAL MÉDICA, CARECE DE EFICACIA PROBATORIA SI SE OBTUVO MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO DIS
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19219-beb20309/dictamen-formulado-por-contador-publico-autorizado-por-regla · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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