AGRARIO. SI LOS EJIDATARIOS DEMANDAN AL EJIDO Y SOLICITAN EL EMBARGO PRECAUTORIO DE BIENES, EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO PUEDE ORDENAR DICHA MEDIDA CAUTELAR Y, EN SU CASO, FIJAR LA GARANTÍA CONFORME A LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DE LOS ACTORES.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 53/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. A fin de verificar la existencia de la contradicción denunciada, se hacen las siguientes transcripciones:
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en el recurso de revisión agrario 581/2004, resuelto el día veintiséis de noviembre de dos mil cuatro, sostiene:
"QUINTO. ... No obstante lo anterior, resultan fundados el segundo y tercer agravios que hace valer la recurrente, donde señala: a) Que el Juez hizo una equivocada disertación sobre el tema ‘embargo’ con base en los artículos del 389 al 391 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Agraria; por lo que resulta obvio que no se estudiaron las constancias de autos de donde consta que los actores sí solicitaron el embargo precautorio en su escrito de demanda. Luego señala que si la premisa fundamental para negar el amparo fue que los actores no solicitaron el embargo y si de las constancias se observa lo opuesto, resulta patente que no se examinaron las pruebas ofrecidas por la asamblea quejosa; en consecuencia, la sentencia recurrida nada aporta a la solución de la litis planteada, pues sólo constituye un cúmulo de conjeturas al ser poco lo que exterioriza. b) Que la sentencia resulta incongruente porque el Juez textualmente reconoce que a fin de que se pueda proveer sobre las diligencias de embargo precautorio ‘... se requiere que el solicitante de dicha medida otorgue previamente una garantía suficiente para responder de los daños y perjuicios que con ella se ocasionen ...’ por lo que, en consecuencia, deben tenerse como fundados los conceptos de violación en lo que a esta parte se refiere. De lo anterior, insiste, se deriva la incongruencia porque por una parte el Juez señaló lo dicho en el párrafo que antecede, y por otra, menciona que ‘... en la especie no se decretó embargo precautorio, sino un aseguramiento ...’, siendo que los actores en el juicio agrario sí solicitaron un embargo; no obstante ello, de cualquier forma un aseguramiento o un embargo tienen como finalidad la retención de bienes. Las consideraciones que anteceden se estudian de manera conjunta dado la íntima relación que guardan entre sí, las cuales resultan fundadas atento a lo siguiente. En el caso, el Juez al resolver el segundo de los conceptos de violación que hizo valer la quejosa, señaló que no eran aplicables los artículos 389, 390 y 391 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en razón de que en la demanda de origen no se solicitó embargo precautorio, por lo que éste no se decretó, sino que lo que se decretó en el juicio de origen fue un aseguramiento por la cantidad de tres millones de pesos. Analizada la consideración que el Juez hizo en el sentido que antecede, este Tribunal Colegiado considera que resulta incorrecta, porque como lo aduce la recurrente, en el caso, las actoras del juicio agrario Julia Concepción Baltazar Don Juan, María del Refugio Don Juan Nájera y Flora García García, en su escrito de demanda, como medidas preventivas solicitaron el embargo por la cantidad de tres millones de pesos obligando al comisariado ejidal para que exhiba un billete de depósito por dicha cantidad; petición que apoyaron en los artículos 384, 389, fracción I, 390, 395 y demás aplicables del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Agraria (foja 86 del expediente de origen). Por ello, si la razón primordial por la que el Juez consideró que no eran aplicables los artículos 389, 390 y 391 del Código Federal de Procedimientos Civiles, fue porque las actoras en el juicio agrario no solicitaron dicho embargo y porque el mismo no se decretó, sino que lo que se decretó fue un aseguramiento por la cantidad de tres millones de pesos; resulta evidente que tal aseveración es inadecuada porque como se dejó señalado, las actoras en el juicio agrario sí solicitaron como medida preventiva el embargo de la cantidad señalada; de lo anterior se concluye que en efecto, el Juez no examinó en su totalidad las pruebas ofrecidas por la asamblea quejosa, siendo que se refiere tanto a la medida de aseguramiento como al embargo precautorio, atribuyendo a ambas instituciones el mismo significado. En consecuencia, con apoyo en la fracción I del artículo 91 de la Ley de Amparo, se revoca la sentencia recurrida y se procede al análisis del segundo de los conceptos de violación que hizo valer la quejosa ahora recurrente. En dicho concepto señaló: Que la autoridad responsable omitió de manera injustificada la aplicación de los artículos 389, 390 y 391 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Agraria, en razón de que en el acuerdo de diecinueve de enero de dos mil cuatro, decretaron el embargo precautorio sin que a los actores en el juicio se les requiera el cumplimiento de lo previsto en el artículo 391 en cita, que ordena (se transcribe). Esto es, que la autoridad omite el requerimiento que garantice suficientemente los daños y perjuicios que se ocasionen con el aseguramiento que llanamente ordena. Lo anterior resulta fundado. Previamente debe señalarse que, contrario a lo que adujo el Juez en la sentencia materia del presente recurso de revisión, en el caso sí resulta aplicable la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles a la Ley Agraria. En efecto, el artículo 166 de la Ley Agraria, en relación con las diligencias precautorias solo señala: (se transcribe) y enseguida refiere lo relativo a la suspensión del acto de autoridad en materia agraria. Sin embargo, tratándose de las diligencias precautorias no señala los lineamientos que han de seguirse para el establecimiento de las mismas, por ello, se estima necesario acudir a la supletoriedad que prevé el artículo 167 de la propia ley, que al efecto dispone: (se transcribe). En consecuencia, en el caso deben aplicarse supletoriamente a la Ley Agraria, los artículos 389, 390, 391, 393 y 395 del Código Federal de Procedimientos Civiles, a fin de establecer con precisión los lineamientos que han de seguirse con motivo de la diligencia precautoria solicitada por las actoras en el juicio agrario de origen. Ahora bien, en el caso debe señalarse que aun cuando en el proveído de diecinueve de enero de dos mil cuatro reclamado en el juicio de amparo, no se haya señalado de manera expresa que se decretaba un embargo por la cantidad de $3'000,000.00, sino un aseguramiento por esa cantidad, ello no es impedimento para que la autoridad que lo decretó diera cumplimiento a lo previsto por el artículo 391 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Agraria, porque, en principio, las actoras en el juicio agrario solicitaron como medida preventiva el embargo con apoyo en los artículos 384, 389, fracción I, 390, 395 y demás aplicables del código en cita. Además de que tanto el embargo como el aseguramiento, son consideradas por el artículo 389 del código en cita, como medidas precautorias para garantizar el resultado del juicio; es decir, son instrumentos que tienen la misma naturaleza y puede decretarlos el juzgador, a solicitud de parte o de oficio, para conservar la materia del litigio y para evitar un daño irreparable a las partes con motivo de la tramitación del proceso. Ahora bien, los artículos 389, 390, 391, 393 y 395 del Código Federal de Procedimientos Civiles señalan: (se transcribe). De los artículos transcritos se advierte: Que dentro del juicio pueden decretarse, a solicitud de parte, como medidas precautorias: a) el embargo de bienes suficientes para garantizar el resultado del juicio; y, b) el depósito o aseguramiento de las cosas, libros, documentos o papeles sobre lo que versa el pleito. Que el embargo se concederá a solicitud del interesado. Que la parte que solicite la medida, debe previamente otorgar garantía suficiente para responder de los daños y perjuicios que con ella se ocasionen a la parte contra la que se dicte. Por ello, si la quejosa señaló en el concepto de violación a estudio, que el Juez de manera injustificada omitió la aplicación de los artículos 389, 390 y 391 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Agraria, tal aseveración resulta correcta, porque como se advierte del acuerdo impugnado de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro, el Tribunal Unitario Agrario, pese a la solicitud de las actoras consistente en decretar como medida precautoria un embargo por la cantidad de tres millones de pesos, éste decretó un aseguramiento por dicha cantidad; sin embargo, dado que tanto el embargo como el aseguramiento decretado son considerados como medidas precautorias de la misma naturaleza que se decretan para garantizar el resultado del juicio, este Tribunal Colegiado considera que la medida de aseguramiento decretada en el proveído de diecinueve de enero de dos mil cuatro, debe subsistir como embargo decretado en términos de la fracción I del artículo 389 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Agraria. Por tanto, dada la procedencia de la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles a la Ley Agraria, el Tribunal Unitario Agrario, a fin de que subsista dicha medida, debe proceder a solicitar a las actoras del juicio agrario de origen, la garantía a que se refiere el artículo 391 del código de procedimientos en cita. En consecuencia, se concede a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el único efecto de que la autoridad demandada Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Distrito, tomando en consideración la existencia del aseguramiento decretado en proveído de diecinueve de enero de dos mil cuatro, por la cantidad de tres millones de pesos, fije y solicite a las actoras del juicio la garantía a que se refiere el artículo 391 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Agraria. Por último, dado que de la copia de la ejecutoria que exhibe la parte quejosa, pronunciada el dos de septiembre de dos mil cuatro por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Segundo Circuito, al resolver el toca AR. 141/2004, se desprende que se sostiene un criterio diverso al sustentado en la presente ejecutoria, en razón de que en el primero, se consideró que tratándose de embargos decretados como medidas precautorias en los juicios agrarios, no resulta procedente la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles, en tanto que este órgano colegiado estima que en esos mismos casos sí resulta de aplicación supletoria el código procesal en cita, en razón de que el artículo 166 de la Ley Agraria, en relación con las diligencias precautorias no señala los lineamientos que han de seguirse para el establecimiento de las mismas; por tanto, con apoyo en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, denúnciese la contradicción de tesis sustentada en ambas ejecutorias de amparo, por lo que una vez notificada la presente resolución a las partes, la secretaría de tesis de este Tribunal Colegiado debe realizar el trámite correspondiente."
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en el recurso de revisión 141/2004, resuelto el día dos de septiembre de dos mil cuatro, sostiene:
"SEXTO. ... Precisado lo anterior, se procede a analizar el tercer agravio, en el que las recurrentes alegan que el Juez de Distrito no debió haber dejado sin efectos el embargo que fue decretado mediante auto de doce de febrero de dos mil tres, porque consideran injusto el razonamiento relativo a que el tribunal debió exigirles que otorgaran garantía suficiente por los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar al comisariado ejidal con el embargo precautorio que se decretó; esto, dicen, porque tratándose de ejidatarios no procede que se fije garantía por su condición socioeconómica, tanto que el artículo 234 de la Ley de Amparo señala que la suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para surtir efectos, siendo que ellas forman parte de un núcleo poblacional, por lo que es injusto que al comisariado ejidal se le exima de otorgar garantía y a ellas se les obligue a hacerlo, pues donde existe la misma razón debe existir la misma disposición. Asimismo, aducen que debe tomarse en cuenta que el artículo 166 de la Ley Agraria, señala que para otorgar la suspensión en materia agraria, los tribunales considerarán las condiciones socioeconómicas de los interesados para el establecimiento de la garantía por reparación del daño e indemnización, es decir, en la suspensión, que se equipara con el embargo precautorio, se dan facultades al tribunal agrario para que fije el monto de la garantía o para que se exima de ella; por lo que, si en el acuerdo de doce de febrero de dos mil tres nada se dijo respecto a la garantía, es de suponerse que el Magistrado instructor no la señaló porque los actores son también ejidatarios y, además, porque con la medida cautelar no se causan daños ni perjuicios a la asamblea demandada, dado que el dinero embargado les corresponde y no se les da porque supuestamente se encuentran suspendidos en sus derechos por un reglamento interno, es decir, el dinero embargado les pertenece por concepto del pago de indemnización que realizó el Ayuntamiento de Naucalpan, Estado de México, al haberse afectado terrenos comunales del ejido; por lo que si ese dinero no es de la asamblea ni del comisariado, el embargo sólo tiene como fin que no se disponga del mismo, repartiéndose entre los demás ejidatarios, mientras se dicte resolución en el juicio agrario, sin que se cause daño a aquéllos, pues en el caso de que se perdiera el juicio, los restantes ejidatarios recibirían una cantidad extra de lo que ya se les pagó, dado que el dinero embargado constituye, en sí mismo, la garantía. Lo anterior es sustancialmente fundado. Como se ha reseñado, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Número Diez, el doce de febrero de dos mil tres, emitió un proveído por el que decretó embargo precautorio por la cantidad de un millón quinientos mil pesos, sobre la cantidad que con motivo de la afectación de terrenos comunales por la construcción de la vialidad en la Avenida López Mateos, el Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, le entregó a la asamblea de ejidatarios del Poblado San Juan Totoltepec, representados por Cayetana Victoria Romero, Carolina Zaragoza Lozano y Marcelina Ramírez Baltazar, en su carácter de presidente, secretaria y tesorera del comisariado ejidal, para lo cual el tribunal agrario requirió a dicha asamblea para que exhibiera billete de depósito por tal cantidad, a efecto de garantizar el pago de la parte proporcional que pudiera corresponder a los ahora recurrentes, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dicho tribunal procedería con las medidas precautorias que autoriza la ley. El acuerdo de mérito, en la parte conducente, literalmente establece: ‘Cuarto. no obstante que el presente acuerdo previene a los accionantes para el efecto de que aclaren su demanda y exhiban los documentos a que se ha hecho referencia en líneas anteriores, este tribunal en uso de la facultad que le confiere el artículo 166 de la Ley Agraria, para proveer las diligencias precautorias necesarias para proteger a los interesados determina que en virtud de la exhibición de los certificados de derechos agrarios 447959 a nombre de Enrique Baltazar González, 3057612 a nombre de Julia C. Baltazar Don Juan, así como 447947 a favor de Tobías Baltazar Guzmán y acta certificada de la defunción de este último, existen elementos suficientes para considerar la existencia de derechos agrarios susceptibles de protección por parte de este órgano jurisdiccional, ante la existencia de presunta asamblea de ejidatarios que debió celebrarse a las nueve horas del dos de febrero de dos mil tres en la que según el dicho de los propios accionantes, ésta determinó no hacerles pago de la cantidad proporcional a que tienen derecho, respecto de la indemnización exhibida en vía de pago por el Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de Juárez, Estado de México, con motivo de la afectación de terrenos comunales por la construcción de la vialidad en Avenida Adolfo López Mateos, a la altura del centro comercial Mega Comercial, que asciende a la cantidad de $30'305,500.00 (treinta millones trescientos cinco mil quinientos pesos 00/100 M.N.), que fuera exhibido o remitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Juzgado Tercero de Distrito en esta ciudad, dentro del juicio de amparo 135/98-V, de su índice. Por tanto, se decreta el embargo precautorio de la cantidad de $1'500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.), sobre la cantidad que se entregue al comisariado ejidal para cubrir la indemnización aludida, para garantizar el pago de la parte proporcional que corresponde a Enrique Baltazar González, Julia C. Baltazar Don Juan y la sucesión de Tobías Baltazar, en el caso de que resultara procedente su pretensión al dictarse sentencia definitiva y firme en el juicio de nulidad que proponen. Gírese oficio al Juez Tercero de Distrito en esta ciudad para que en auxilio de este tribunal, y sin perjuicio de la notificación personal que realice este órgano jurisdiccional, se sirva hacer del conocimiento de la asamblea general de ejidatarios, de San Juan Totoltepec, Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, por conducto de su órgano de representación, al momento de recibir el cheque que ampara la indemnización de referencia, que con motivo del embargo precautorio decretado por este tribunal, deberán exhibir mediante billete de depósito, la cantidad de $1'500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.), que garantice el pago de la parte proporcional que pudiera corresponder a los citados accionantes; con el apercibimiento a dichos representantes que de no hacerlo el tribunal procederá con las medidas precautorias que autoriza la ley, desde multa hasta la denuncia por el delito de desobediencia en términos del artículo 59 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. ...’. En la sentencia que se revisa, el Juez de Distrito señaló, esencialmente, que el embargo se decretó como medida precautoria en un juicio agrario donde los documentos base de la acción no tienen aparejada ejecución ni presunción de validez plena, por lo que el Magistrado agrario responsable debió exigir a la parte que solicitó la medida, que otorgara garantía suficiente para responder por los daños y perjuicios que con el embargo se pudiesen ocasionar a la demandada; lo anterior, de conformidad con el artículo 391 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, toda vez que en la Ley Agraria no existe disposición alguna que exima a las partes de garantizar los posibles daños y perjuicios que pudieran derivarse de alguna medida precautoria decretada a petición de alguno de los interesados. ... De igual manera, se considera que no le asiste razón al juzgador al determinar que el Magistrado del tribunal agrario, para decretar el embargo precautorio, debía haber aplicado, ineludiblemente, el artículo 391 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Para una mejor comprensión, es preciso transcribir los textos de los artículos 166 y 167 de la Ley Agraria (se transcribe). El transcrito artículo 167 de la Ley Agraria establece de manera genérica el principio de supletoriedad en materia agraria respecto del derecho adjetivo, la que se rige por los principios generales de la supletoriedad de una norma respecto de otra, a saber: a) Que el ordenamiento que se pretenda suplir lo admita expresamente y señale las normas supletorias. b) Que las normas existentes en tal cuerpo jurídico sean insuficientes para su aplicación a la situación concreta presentada, por carencia total o parcial de la reglamentación necesaria. c) Que las disposiciones o principios con los que se vaya a llenar la deficiencia no contraríen, de cualquier modo, las bases esenciales del sistema legal de sustanciación de la institución suplida. La conjunción total de esos requisitos genera la procedencia de la suplencia enunciada en el referido artículo 167 de la Ley Agraria; de tal manera que si alguno de estos presupuestos no se colma, no operará la supletoriedad de una legislación en otra comentada. Apoya lo anterior, la tesis que se encuentra en la página 157 del Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 121-126, Primera Parte, Séptima Época, instancia Pleno, que establece: ‘SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES PROCESALES. PRINCIPIOS QUE LA RIGEN.’ (se transcribe). Por otra parte, el artículo 166 de la Ley Agraria, establece la posibilidad de que los tribunales agrarios provean las diligencias precautorias necesarias para proteger a los interesados. Asimismo, señala que podrán acordar la suspensión del acto, aplicando en lo conducente lo dispuesto por el libro primero, título segundo, capítulo III, de la Ley de Amparo, considerando las condiciones socioeconómicas de los interesados para el establecimiento de la garantía inherente a la reparación del daño e indemnización que pudiere causarse con la suspensión. Concatenado lo anterior, puede concluirse que en el caso no se cumple con la totalidad de los enumerados principios de la supletoriedad, puesto que si bien el ordenamiento a suplir (Ley Agraria) admite expresamente esa posibilidad y señala las normas supletorias, no puede considerarse que la norma que establece la aplicación de providencias precautorias, sea insuficiente para su aplicación a la situación concreta presentada, ni que las disposiciones con los que se vaya a llenar la deficiencia no contraríen, de modo alguno, los principios esenciales del sistema legal a suplir. En efecto, uno de los principios procesales fundamentales del juicio agrario, es el de justicia social, que implica un desequilibrio procesal necesario para lograr la igualdad por compensación, por encima de la simple igualdad formal. De este principio esencial de compensación derivan diferentes lineamientos procesales, generados indudablemente en el carácter social del procedimiento en el juicio agrario. Por vía de ejemplo, es de señalarse la tendencia a reducir al mínimo la forma de los actos procesales, a invertir en algunos casos la carga de la prueba a favor de la parte considerada más débil, a establecer la suplencia de la queja para favorecer a esa misma parte reputada como más débil y a impulsar oficiosamente el procedimiento, entre otros supuestos. Este principio de justicia socializadora está presente en la legislación agraria, pues está contemplado incluso en el mismo Texto Constitucional, concretamente en sus artículos 107, fracción II y 27. En este contexto debe analizarse el artículo 166 de la Ley Agraria, que en su primer párrafo expresamente dice que: (se transcribe), por lo que debe ser entendido en el sentido de que el legislador pretendió establecer dicha posibilidad en los juicios agrarios, para proteger los derechos de los interesados que deriven del derecho sustantivo agrario controvertido. De tal manera, si el legislador estableció que los tribunales ‘proveerán las diligencias precautorias necesarias’, debe entenderse que fue su propósito que el juzgador apreciara qué medidas preventivas deben decretarse en el caso que corresponda, para proteger el derecho de los interesados controvertido en el juicio, sin razonar de manera arbitraria, sino apoyado en la aplicación de la lógica y experiencia humana, con el afán de mantener con el rigor posible los principios de la lógica en que el derecho se apoya, pero basándose en su libre convicción, que se funda en la sana crítica, entendida la sana crítica como la combinación de las reglas del correcto entendimiento humano, las reglas de la lógica y las reglas de la experiencia del propio juzgador. Esto se robustece con el hecho de que en el mismo artículo 166, se establece también la posibilidad de que los tribunales acuerden la suspensión del acto impugnado ante ellos en tanto resuelva en definitiva; y a diferencia de las diligencias precautorias, se especifica de qué manera se regulará, señalando que se hará aplicando las disposiciones conducentes de la Ley de Amparo. Lo anterior, hace evidente que el legislador, al no señalar expresamente alguna regulación especial para proveer las medidas precautorias, tuvo la intención de dejar a la libre convicción del juzgador el ordenar las que considerase necesarias atendiendo al caso concreto. Ahora bien, lo concluido no quiere decir que el tribunal, atendiendo a las circunstancias del caso, se apoye en los preceptos conducentes del Código Federal de Procedimientos Civiles, en términos de lo ordenado por el artículo 167 de la Ley Agraria, para que en el caso de estimar que con la medida precautoria que decrete se pueda causar daños y perjuicios a la contraparte, exija garantía para responder por éstos; esto, tomando en consideración que el Código Federal de Procedimientos Civiles contiene principios objetivos innegables de derecho, pero sin que tal posibilidad genere una obligación procesal para el tribunal de acudir necesariamente a tal ordenamiento en todos los casos en que considere procedente la realización de una diligencia precautoria. Aunado a lo anterior, en el caso, con la medida precautoria ordenada por el tribunal responsable, no se ocasionan daños y perjuicios a la parte quejosa, ya que la cantidad del embargo es la correspondiente reclamada a la parte proporcional de los actores del juicio agrario, relativa a la indemnización exhibida en vía de pago por el Ayuntamiento de Naucalpan, al haber afectado terrenos comunales del ejido, es decir, como aducen los recurrentes, ningún daño ni perjuicio se causa al comisariado ejidal, tomando en cuenta que la cantidad embargada no pertenecía originalmente a la asamblea ni al órgano de representación, sino que es la que debía ser recibida por los ejidatarios inconformes, lo que no sucedió porque en acuerdo de asamblea se determinó sancionarlos, cuestión que es materia del fondo en el juicio agrario natural. En tales condiciones, el hecho de que se declare como medida precautoria, el embargo de la cantidad que no fue cubierta a los actores del natural, que se traduce en que el comisariado no pueda disponer de ese dinero hasta en tanto el tribunal agrario decida en definitiva la procedencia o no de la pretensión de los ejidatarios inconformes, no le produce daños ni perjuicios puesto que en caso de resultar la sentencia favorable a sus intereses, podrán disponer del dinero en cuestión; caso contrario, si dispusieran del mismo y la sentencia favoreciera a los ejidatarios, sí se causarían daños irreparables a éstos, toda vez que no podrían cumplir con el pago que en su caso se ordenara. No se pasa por alto que la parte quejosa señala que los alcances del primer párrafo del artículo 166 de la Ley Agraria, se refieren a derechos agrarios y no derechos subjetivos, por lo que debe tomarse en cuenta que el embargo precautorio no se finca sobre parcelas o sobre su usufructo, sino sobre dinero que no proviene de la parcela de los actores del juicio agrario; y que resulta aplicable el siguiente criterio: tesis XII.2o.10 A, ubicada en la página 749 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, agosto de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, de rubro y texto: ‘DILIGENCIAS PRECAUTORIAS EN MATERIA AGRARIA. LAS QUE PROVEAN LOS TRIBUNALES AGRARIOS DEBEN DIRIGIRSE A PROTEGER A LOS INTERESADOS EN LOS DERECHOS AGRARIOS CONTROVERTIDOS EN EL JUICIO.’ (se transcribe). Empero, lo hasta aquí expuesto no pugna con tales consideraciones, pues cabe señalar que, como se asentó en líneas anteriores, el primer párrafo del artículo 166 de la Ley Agraria, establece la posibilidad de proveer diligencias precautorias a fin de proteger los derechos de los interesados que deriven del derecho sustantivo agrario controvertido. Así, ante el Tribunal Unitario Agrario se impugnó la privación de los derechos agrarios de los aquí terceros perjudicados, lo que fue acordado por mayoría en la asamblea ejidal; privación de la que derivó que no se les cubriera su parte proporcional del pago relativo a la indemnización por afectación de tierras comunales; en ese tenor, es claro que el acto reclamado en el juicio de garantías, consistente en el embargo precautorio de la parte proporcional de la indemnización, sí deriva de la afectación de derechos agrarios y ello, además, es parte central de la controversia del juicio agrario. De acuerdo a las consideraciones precedentes, se niega el amparo solicitado."
CUARTO. Una vez asentado lo anterior, debe precisarse si existe la contradicción de tesis señalada.
Al respecto, el artículo 197-A de la Ley de Amparo, establece:
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.
"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.
"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18952-05061e96/agrario-si-los-ejidatarios-demandan-al-ejido-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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