ACUERDO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2004, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD AL DÍA SIGUIENTE. NO ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO POR SU SOLA ENTRADA EN VIGOR.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 144/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito que la motivaron y que a continuación se precisan.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al dictar la ejecutoria en el amparo en revisión número 118/2005, interpuesto por la Contraloría Interna del Estado de Nuevo León, consideró:
"CUARTO. Resultan infundados los agravios de la autoridad recurrente, y por tanto se debe confirmar la sentencia que se impugna, en atención a las consideraciones que enseguida se expresan.
"Previamente al estudio de los agravios que expone la impugnante, se estima necesario reseñar los antecedentes relevantes del caso, a efecto de resolver con claridad lo que corresponde.
"Por escrito presentado el tres de septiembre de dos mil cuatro, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito de la materia, que por razón de turno le correspondió al Juzgado Segundo en Materia Administrativa, la persona moral ‘Taxis Económicos de Monterrey, Sociedad Anónima de Capital Variable’, promovió juicio de garantías en contra del Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, y otras autoridades, de quienes reclamó: ‘El acuerdo dictado en fecha 6 -seis de septiembre de 2004- dos mil cuatro, por el C. Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León y otro, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, el día 7 -siete de septiembre del año 2004- dos mil cuatro. Ahora bien, y para acreditar la existencia del acto reclamado de esta demanda de garantías se acompaña a este escrito un ejemplar del Periódico Oficial del Estado del Nuevo León, en donde en el mismo aparece publicado el acuerdo de fecha 6 -seis de septiembre del año 2004- dos mil cuatro, pronunciado por el C. Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León y otro.
"‘De todas las autoridades responsables, reclamo las consecuencias y efectos inherentes de los actos reclamados, incluyendo en éstos los actos tendientes a evitar la vigencia de los juegos de placas y tarjetas de circulación legalmente expedidas a mi representada como consecuencia de las concesiones otorgadas, así como la desposesión, detención, retiro de circulación de los vehículos de alquiler, que circulan al amparo de dichas concesiones y placas.’
"En la misma demanda de amparo, y en relación con la demostración de su interés jurídico, la quejosa manifestó: ‘Para acreditar el interés jurídico de mi apoderada, se anexa al presente escrito de demanda, un ejemplar del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, en donde en el mismo aparece publicado el acuerdo de fecha 6 -de septiembre del año 2004- dos mil cuatro ... Asimismo, se acompañan en copia certificada, las placas como las tarjetas de circulación que fueron expedidas a favor de mi poderdante por la autoridad competente y que definitivamente tienen su fundamentación en la existencia del acto administrativo que implica la concesión para la prestación del servicio público de pasajeros. ... Es fundamental señalar a esta H. Autoridad, que las placas que se allegan en copias certificadas justifican por sí mismas la existencia de la concesión otorgada por la autoridad hacia mi representada. Lo anterior en razón de que así lo marca de manera tajante el artículo 15 de la Ley del Transporte para el Estado de Nuevo León. No siendo necesaria la expedición física del «título de concesión» para que la concesión (valga la redundancia) cause efectos jurídicos.’
"Admitida que fue la demanda de garantías y seguido el juicio por sus restantes etapas, el Juez de Distrito dictó la sentencia que ahora se recurre, en fecha diez de diciembre de dos mil cuatro, autorizada el día diez de enero del año en curso.
"En tal determinación, el Juez a quo sustentó elementalmente las consideraciones que enseguida se sintetizan:
"• En el considerando segundo, resolvió sobreseer en el juicio en lo que corresponde a las autoridades que la quejosa denominó director de Tránsito y Transporte del Municipio de García, Nuevo León y director del Periódico Oficial del Estado, ello ante la inexistencia de tales autoridades.
"• En el tercer considerando, determinó sobreseer en el juicio de amparo en lo que se refiere a las responsables denominadas presidente del Consejo Estatal del Transporte y Vialidad de Nuevo León, director de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Apodaca, secretario de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Apodaca, secretario de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Santa Catarina, director de Vialidad y Tránsito del Municipio de Santa Catarina, director de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de San Pedro Garza García, secretario de Seguridad Pública del Municipio de San Pedro Garza García, director de Tránsito del Municipio de Guadalupe, director de Policía del Municipio de Guadalupe, secretario de Vialidad y Tránsito del Municipio de Monterrey, director de Tránsito y Vialidad del Municipio de Monterrey, director de Vialidad y Tránsito del Municipio de San Nicolás de los Garza, secretario de Seguridad, Vialidad y Tránsito del Municipio de San Nicolás de los Garza, secretario de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Escobedo, director de Seguridad Pública del Municipio de Juárez, secretario de Seguridad Pública del Municipio de García y directora de Vialidad y Tránsito del Municipio de García; en atención a que las mencionadas autoridades, al rendir sus informes justificados, negaron la existencia de los actos reclamados, sin que la quejosa aportara prueba en contrario.
"• En el cuarto considerando estimó ciertos los actos imputados al gobernador del Estado de Nuevo León, al secretario general de Gobierno, al secretario de Finanzas y tesorero general del Estado, al director general de la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León y a la Contraloría Interna del Gobierno del Estado de Nuevo León.
"• En el quinto considerando, el Juez de Distrito procedió al estudio de las causales de improcedencia alegadas por las autoridades responsables, mismas que declaró infundadas en su totalidad, con base en lo siguiente:
"1. Sostuvo que no se actualizaba el motivo de improcedencia previsto en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, en cuanto a que la quejosa careciera de interés jurídico, porque ésta allegó al juicio de amparo, copia certificada de las tarjetas de circulación, así como de las placas respectivas que pertenecen a los vehículos de alquiler de su propiedad, expedidas por las autoridades competentes durante los meses de julio y agosto de dos mil cuatro, según los comprobantes de pago de derechos que también se presentaron; aunado a que también se exhibieron copias certificadas de diversas facturas que demuestran la propiedad de los vehículos a nombre de la accionante, y copia certificada de la escritura constitutiva de la quejosa, de la que se desprende que tiene por objeto realizar actos de compra, venta, arrendamiento, subarrendamiento, alquiler, distribución, comisión, mediación de toda clase de automóviles y equipo automotriz nuevo y usado para el servicio de taxis ecológicos. Añadió que de ello se sigue que, contrario a lo aducido por el gobernador del Estado en su informe con justificación, la quejosa sí cuenta con interés jurídico para promover el amparo en contra del acuerdo reclamado, sin que sea óbice para considerarlo así lo que se argumenta, en el sentido de que la quejosa no cuenta con concesión para prestar el servicio de vehículos de alquiler, ya que es inconcuso que indefectiblemente será afectada cuando las autoridades eviten la vigencia de tarjetas y placas de circulación, que previos los trámites y requisitos de ley, fueron expedidas al demandante por las propias autoridades; además de que lo planteado por tal autoridad responsable, en cuanto a la carencia de concesión, propiamente constituye una cuestión de fondo.
"2. Que también resulta infundada la causal de improcedencia aducida por la Contraloría Interna del Gobierno del Estado, con base en la fracción XII del artículo 73 de la ley de la materia, referente al consentimiento tácito del acto reclamado, porque el acto reclamado lo constituye un acuerdo de aplicación general y abstracta, que tiene características semejantes a las de una ley, de ahí que para promover el amparo en su contra se deba atender a lo dispuesto por el artículo 22, fracción I, de ese ordenamiento legal, que prevé que será de treinta días el término para la promoción del juicio de amparo, contados a partir de la vigencia de la ley; amén de que, aun en el supuesto de que se considerara que el amparo debió promoverse dentro del término de quince días, a que se refiere el artículo 21 de la relativa ley, del estudio de la demanda de garantías se advierte que ésta se presentó dentro del tal término.
"3. Que tampoco se acreditó la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, invocada por la Contraloría Interna del Gobierno del Estado, pues si en el caso se hicieron valer violaciones directas a la Constitución Federal, no era necesario que la quejosa agotara los recursos ordinarios en contra del acuerdo reclamado.
"• En el sexto considerando de la sentencia que se revisa, el Juez Federal procedió al análisis de los conceptos de violación, y declaró fundados aquellos en que se adujo violación a las garantías de previa audiencia y de seguridad jurídica, previstas en los numerales 14 y 16 de la Carta Magna, conclusión que sustentó en los siguientes razonamientos:
"1. Que del acuerdo reclamado se destaca, que la Secretaría de Finanzas del Estado, junto con la Agencia para la Modernización y Racionalización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León, son los encargados de expedir y autorizar las placas y tarjetas de circulación de los vehículos destinados al transporte público.
"2. Que también se deriva de ese acuerdo, que en materia de transporte público es la concesión el acto administrativo que faculta a una persona a prestar el servicio público de transporte en cualquiera de sus modalidades, es decir, que el otorgamiento de la concesión es el requisito indispensable para que una persona pueda prestar ese servicio, por lo que los juegos de placas y sus respectivas tarjetas de circulación, siempre deben derivar de un título de concesión, de ahí la necesidad de verificar que todo juego de placas y tarjetas de circulación se funden en una concesión, por lo que se instruyó a las autoridades competentes para que practiquen la revisión de placas y tarjetas expedidas entre el cuatro de octubre de dos mil tres y la fecha de emisión de ese acuerdo (seis de septiembre de dos mil cuatro).
"3. Que igualmente se desprende de ese acuerdo reclamado, que el gobernador del Estado instruyó a la Secretaría de Finanzas para que sean reembolsados aquellos pagos de derechos sobre placas y tarjetas de circulación que resulten afectados, adicionados con los intereses que correspondan, previa entrega de las láminas y las tarjetas; así como para que tome las medidas necesarias, a fin de evitar la vigencia de las placas y tarjetas que encuadren en el supuesto.
"4. Que en el caso particular, la litis de fondo se concentraba en dilucidar si el otorgamiento de tarjetas de circulación y placas por parte de la autoridad a la quejosa, genera a favor de ésta un derecho adquirido que cualquier autoridad debe respetar.
"5. Que, tanto en la Ley de Transporte del Estado como en su reglamento, se señalan diversos trámites y requisitos que los particulares deben cubrir para que se les otorgue una concesión, a fin de poder prestar el servicio público de transporte en su modalidad de vehículo de alquiler; por lo que una vez cubiertos esos requisitos y trámites, se les debe otorgar la concesión.
"6. Que de acuerdo a la redacción del artículo 15 de la Ley de Transporte para el Estado de Nuevo León, las placas de circulación expedidas por la autoridad competente, relacionadas con el servicio público de transporte, son consecuencia de la concesión otorgada en los términos de ley, por lo que se debe convenir en que las placas exhibidas por la quejosa también son consecuencia de una concesión que le otorgó la autoridad competente, pues las copias certificadas que presentó la demandante, de placas y tarjetas de circulación, no fueron objetadas por las autoridades responsables, de lo que se infiere que la accionante realizó diferentes trámites y cubrió distintos requisitos que culminaron con el otorgamiento de las tarjetas y placas, las cuales le generaron un derecho adquirido aunque no se le haya entregado título de concesión.
"7. A partir de esas consideraciones, el Juez de Distrito determinó que el acuerdo reclamado trastoca en perjuicio de la quejosa sus garantías individuales previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, puesto que lesiona derechos adquiridos de la solicitante de amparo sin que, además, el citado acuerdo funde y motive con base en qué ordenamiento legal, y por qué razones, motivos o circunstancias, se ordena evitar la vigencia de placas y tarjetas de circulación. Así, resolvió conceder el amparo demandado a la quejosa, para que no se le aplique el acuerdo reclamado.
"Ahora, para desvirtuar tales consideraciones, la autoridad recurrente argumenta en sus agravios, en síntesis:
"a) Que en el caso específico, el Juez de Distrito determinó concederle el amparo a la quejosa en contra de la Contraloría Interna del Gobierno del Estado de Nuevo León, para el efecto de que no le sea aplicado y se desincorpore de su esfera jurídica el acuerdo reclamado, lo cual resulta incorrecto, pues en lo que a tal autoridad se refiere, se debió decretar el sobreseimiento del juicio de garantías.
"b) Que lo anterior es así, porque como se desprende del acuerdo reclamado, el gobernador del Estado instruyó a la contraloría para que, dentro del marco de sus atribuciones, continuara, agotara e informara el resultado de la revisión practicada en la Agencia para la Modernización y Racionalización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León, respecto de los trámites efectuados en el periodo comprendido entre el cuatro de octubre de dos mil cuatro y la fecha del acuerdo, en todo lo relacionado con las autorizaciones de juegos de placas y tarjetas de circulación, solicitudes de altas y bajas de las mismas y, en su caso, lo referente a los títulos concesión; pero la contraloría interna, con anterioridad a la emisión y publicación del acuerdo reclamado, ya había ordenado que se efectuara, en la mencionada agencia, una revisión operativa, con base en las facultades que la ley le confiere.
"c) Que de ello se sigue, que la revisión operativa que efectuó la contraloría interna, se encontraba dirigida a la agencia señalada, a fin de verificar la forma en que tal autoridad ha operado el otorgamiento de concesiones relativas al servicio público de transporte, lo que significa que la revisión se llevó a cabo en ejercicio de facultades propias de esa autoridad, con antelación a la emisión del acuerdo reclamado, y que la actividad de la contraloría no se encuentra dirigida a la quejosa, sino a una dependencia de la administración estatal; por lo que no es cierto el acto que se le reclama, ya que su actuación no tiene por objeto evitar la vigencia de placas y tarjetas de circulación, ni el retiro o decomiso de los vehículos amparados por esas placas.
"d) Que la resolución impugnada le ocasiona agravios, porque el Juez de Distrito no analizó la causa de improcedencia que dicha autoridad propuso, en el sentido de que el juicio de amparo no procede porque la auditoría ordenada no afecta los intereses jurídicos de la quejosa, en virtud de que no se encuentra dirigida a su persona, sino a una dependencia de la administración estatal.
"Como se ve, los agravios que expresa la autoridad impugnante se centran en que el juicio de amparo debió sobreseerse en lo que a ella corresponde, porque los actos que lleva a cabo no se dirigen a la persona de la quejosa, sino a la verificación de la forma en que se han otorgado las concesiones, placas y tarjetas de circulación para prestar el servicio público de transporte, en la modalidad de vehículo de alquiler; de donde se obtiene que su actividad más bien se relaciona con un organismo estatal (Agencia para la Modernización y Racionalización del Sistema de Transporte para el Estado de Nuevo León), por lo que no es cierto que su actuación tenga por objeto dejar sin vigencia las placas y tarjetas de circulación que posee la quejosa, ni el retiro o decomiso de los vehículos de su propiedad.
"Pues bien, a efecto de resolver lo que corresponde, en principio se estima oportuno transcribir el acuerdo reclamado, que a la letra dice:
"‘José Natividad González Paras, Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 85, fracciones X y XXVIII y 87, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política del Estado de Nuevo León; 2o., 4o., 8o., 9o., 18, fracción I y IV, 24, fracción XXIII, 41, fracción XII y 53, fracciones IV y V de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado; y
"‘Considerando
"‘Que la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León, determina entre otros aspectos, la creación y competencia de las secretarías del ramo y demás dependencias que auxiliarán al titular del Ejecutivo para el estudio y despacho de los asuntos de la administración pública.
"‘Que para el desempeño de las actividades públicas propias del titular del Poder Ejecutivo se le autoriza que delegue en diversas dependencias, entre las que se encuentra la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, la cual está facultada para expedir las placas y tarjetas de circulación de vehículos destinados al transporte público de conformidad con lo dispuesto por los artículos 18, fracción IV y 24, fracción XXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.
"‘Que la Agencia para la Modernización y Racionalización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León tiene entre otras atribuciones la facultad de autorizar la expedición de placas y tarjetas de circulación de vehículos destinados al transporte público de conformidad con los artículos 41, fracción XII y 53, fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado, 7o. fracciones VI, XIII y XIV de la Ley de la Agencia para la Modernización y Racionalización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León y 6o. fracción VI de la Ley de Transporte para el Estado de Nuevo León.
"‘Que a la Contraloría Interna del Estado le corresponde organizar y coordinar los sistemas de control de la administración pública del Estado y llevar a cabo acciones y programas que propicien la legalidad y la transparencia en la gestión pública, según disponen las fracciones I XI y XII del artículo 32 de la citada Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.
"‘Que el artículo 44, fracción I, inciso b) de la citada ley de transporte señala que se requiere concesión para la prestación del servicio público de pasajeros en su modalidad de vehículos de alquiler.
"‘Que en materia de transporte público, la concesión es el acto administrativo mediante el cual la autoridad competente faculta a una persona física o moral para la prestación del servicio público de transporte en cualquiera de sus modalidades, sin crear derechos reales sobre los bienes propiedad del Estado, de acuerdo con el artículo 2o. de la citada ley de transporte.
"‘Que el otorgamiento de las concesiones por la autoridad competente en los términos de la ley de transporte, es requisito indispensable para que una persona física o moral preste el servicio público de transporte en cualquiera de sus modalidades según el artículo 33 y específicamente el servicio público de pasajeros en su fracción I.
"‘Por tanto los juegos de placas y sus respectivas tarjetas de circulación siempre sin excepción están fundadas y derivan de un título concesión para poder otorgar dicho servicio público del transporte, salvaguardando el interés público, según establece el artículo 15 de la ley de transporte vigente en la entidad.
"‘Por lo que resulta necesario proceder a verificar que todo juego de placas y tarjetas de circulación expedidas a solicitud y por autorización de la Agencia para la Modernización y Racionalización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León, se deriven y funden en título concesión, para lo cual instruyó a las tres dependencias para que en la esfera de su competencia de inmediato practiquen una revisión de los procedimientos internos llevados a cabo en el otorgamiento de juegos de placas y tarjetas de circulación durante el periodo comprendido entre el 4 de octubre de 2003 y la fecha de este acuerdo en relación con la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en su modalidad de vehículos de alquiler.
"‘Se instruye igualmente a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado para que aquellos pagos de derechos de los juegos de placas y tarjetas de circulación que se vean afectadas con la medida, se les reembolse de su integridad el monto cubierto más los intereses que corresponda contra la entrega de las láminas y tarjetas de circulación que se encuentren en este caso.
"‘Se instruye también a la Agencia para la Modernización y Racionalización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León para que de inmediato instale un módulo específico tendiente a explicar, informar y asesorar cualquier duda o cuestionamiento con motivo de la verificación practicada.
"‘Por lo antes expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el siguiente:
"‘Acuerdo
"‘Primero: Se instruye al C. Secretario de Finanzas y tesorero general del Estado para que conforme al procedimiento que determine esa dependencia proceda a tomar las medidas conducentes que eviten la vigencia de los juegos de placas y tarjetas de circulación que se hayan expedido para la prestación del servicio público de pasajeros en su modalidad de vehículos de alquiler en el periodo comprendido del 4 de octubre del 2003 a la fecha y únicamente en los casos en que se trate de una situación de alta de vehículo que forzosamente implique un nuevo título concesión expedido por la administración a mi cargo.
"‘Segundo: Se instruye al C. Director general de la Agencia para la Modernización y Racionalización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León a fin de que de manera inmediata y de conformidad con el marco legal aplicable proceda a informar a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado respecto de sus autorizaciones para la expedición de juegos de placas y tarjetas de circulación que requieren de nuevo título concesión a partir del 4 de octubre de 2003 y hasta la fecha.
"‘Tercero: Se instruye a la C. Contralora interna para que dentro del marco de sus atribuciones, continúe, agote e informe el resultado de la revisión practicada en la Agencia para la Modernización y Racionalización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León, respecto de los trámites efectuados en el periodo comprendido entre el 4 de octubre del año 2003 y la fecha de este acuerdo, en todo lo relacionado con las autorizaciones de juegos de placas y tarjetas de circulación solicitudes de altas y bajas de las mismas y en su caso lo referente a títulos concesión.
"‘Cuarto: Se instruye al C. Secretario de Finanzas y tesorero general del Estado para que en los términos del marco legal de la materia proceda al reembolso contra la entrega de los juegos de láminas y tarjetas de circulación respecto de los pagos ya efectuados y que no culminaron su trámite con la expedición del título concesión respectivo.
"‘Quinto: Se instruye al C. Director general de la Agencia para la Modernización y Racionalización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León para que de inmediato se instale un módulo de orientación, información y asesoría para la debida atención de las personas interesadas ...’
"Tal como se advierte de la transcripción del acto reclamado, el mismo se integra por un acuerdo del gobernador del Estado (en su calidad de superior jerárquico), dirigido a los titulares de ciertas dependencias que se encuentran subordinados a él, dentro de los que figura la titular de la contraloría interna, con el fin de coordinarlos para que se verifique la forma en que se otorgaron las placas y tarjetas de circulación por parte de la Agencia para la Modernización y Racionalización del Sistema de Transporte; se dejen sin efecto aquellas que hayan sido otorgadas entre el cuatro de octubre de dos mil tres y el seis de septiembre de dos mil cuatro, únicamente en los casos en que se trate de alta de vehículos que requieran necesariamente del otorgamiento de nueva concesión por parte del Ejecutivo Estatal; y para que se reembolsen los pagos por placas y tarjetas de circulación, cubiertos por aquellas personas que resulten afectadas con la medida.
"De ello se advierte que las instrucciones de coordinación entre dichas dependencias, no se limitan a recomendarles ciertos comportamientos a éstas, sino que al igual que la actitud que éstas deben adoptar para acatarlas, trascienden a la esfera jurídica de las personas que hayan obtenido placas y tarjetas de circulación dentro del periodo indicado, tratándose de trámites de alta de vehículos que requieran necesariamente de un nuevo título de concesión; esto es, tanto la norma como su cumplimiento por parte de las subordinadas, no sólo tiene eficacia en el ámbito interno de la administración, sino que trasciende a las prerrogativas de ciertos administrados que cuentan con placas y tarjetas de circulación y que, a raíz de ese acuerdo y de estimar la autoridad que se ubican en sus supuestos, tendrán que entregar las placas y tarjetas contra el reembolso del dinero que hayan cubierto para obtenerlas.
"De ello se deduce que, contrario a lo que argumenta la autoridad recurrente, a través de esa disposición (llámese acuerdo gubernamental), se crea una nueva norma general, imperativa y abstracta, que impone restricciones y deberes a los particulares que contempla dentro de sus supuestos, a la vez que les condiciona el ejercicio de sus derechos, mediante un acto concreto de aplicación que las autoridades tendrán que llevar a cabo.
"Luego, para advertir la verdadera naturaleza y alcances del acto reclamado, no debe atenderse exclusivamente a que en principio se trate de un acuerdo de coordinación, dirigido por un superior jerárquico a sus inferiores, sino al contenido y a la eficacia normativa, administrativa y jerárquica de cada una de las instrucciones que la integran, y que, como se ha señalado, tienden a dejar sin vigencia las placas y tarjetas de circulación otorgadas a ciertas personas, como la quejosa, dentro del periodo comprendido entre el cuatro de octubre de dos mil tres y el seis de septiembre de dos mil cuatro y que, para poder seguir prestando el servicio público de transporte, requieren de una nueva concesión.
"Por tanto, es desacertada la pretensión de la recurrente, en cuanto afirma que su actuación, derivada del acuerdo que se reclama, se limita a una relación de coordinación entre autoridades y que no trasciende a la esfera jurídica de la quejosa, pues como se ha visto, la instrucción que se le giró para proceder a verificar la regularidad en el otorgamiento de placas y tarjetas de circulación que, como las que posee la accionante de amparo, fueron expedidas en el periodo indicado, habrá de influir en los derechos de la demandante derivados de la posesión de tales documentos otorgados previamente por la autoridad.
"Así las cosas, es inexacto que en lo que corresponde a la autoridad recurrente debiera sobreseerse en el juicio por inexistencia del acto reclamado, o por falta de interés jurídico en la quejosa.
"Como corolario, al estimarse infundados los agravios de la autoridad recurrente, lo que procede es confirmar la sentencia impugnada.
"Sirve de apoyo en lo conducente, la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 79, Tomo I, mayo de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro y texto siguientes:
"‘AMPARO CONTRA LEYES. LAS CIRCULARES CONSTITUYEN ACTOS DE APLICACIÓN APTOS PARA PROMOVERLO, SI ÉSTAS NO SÓLO REÚNEN CARACTERÍSTICAS DE GENERALIDAD Y ABSTRACCIÓN, SINO ELEMENTOS QUE PERMITAN INDIVIDUALIZAR LA AFECTACIÓN DE LA DISPOSICIÓN LEGAL.’ (se transcribe)."
Asimismo, al resolver el amparo en revisión 106/2005, promovido por el Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, sostuvo:
"CUARTO. Resultan inoperantes en su totalidad los agravios que expresa la autoridad recurrente, y por lo tanto se debe confirmar la sentencia que se impugna, en atención a las consideraciones que enseguida se expresan.
"Previamente al estudio de los agravios que expone la impugnante, se estima necesario reseñar los antecedentes relevantes del caso, a efecto de resolver con claridad lo que corresponde.
"Por escrito presentado el tres de septiembre de dos mil cuatro, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito de la materia, que por razón de turno le correspondió al Juzgado Segundo en Materia Administrativa, la persona moral ‘Taxis Económicos de Monterrey, Sociedad Anónima de Capital Variable’, promovió juicio de garantías en contra del Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, y otras autoridades, de quienes reclamó: (se transcribe).
"En la misma demanda de amparo, y en relación con la demostración de su interés jurí
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19221-a9edbbf1/acuerdo-del-gobernador-del-estado-de-nuevo-leon · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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