DEMANDA DE AMPARO. EL SEÑALAMIENTO DE UN NÚMERO CONSIDERABLE DE AUTORIDADES RESPONSABLES, A QUIENES SE LES IMPUTEN ACTOS FUTUROS CUYA INMINENCIA NO PUEDA SER EVIDENCIADA DESDE LA PRESENTACIÓN DE AQUÉLLA, NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 197/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, y el sentido de los Acuerdos Plenarios 4/2002 y 6/2003, pues si bien se trata de una contradicción de criterios en materia común entre Tribunales Colegiados de Circuito, no es necesaria la intervención del Tribunal Pleno, al no tratarse de un asunto que revista un interés excepcional, amén de que existen precedentes que orientan el sentido del fallo.
En efecto, los acuerdos mencionados, en la parte que interesa, disponen lo siguiente:
Acuerdo 4/2002
"SEGUNDO. Las contradicciones de tesis suscitadas entre los Tribunales Colegiados de Circuito que se encuentren en las ponencias y las que estén con proyecto en la Secretaría General de Acuerdos serán enviadas a las Salas de este Alto Tribunal, excepto las que determinen los señores Ministros integrantes del Comité de Listas ..."
Acuerdo 6/2003
"PRIMERO. El Pleno enviará a las Salas y, en su caso, éstas conservarán para su resolución, los asuntos anteriores al año dos mil tres, con excepción de los siguientes:
"...
"e) Contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados que se encuentren en la Secretaría General de Acuerdos con proyecto."
Ahora bien, atendiendo a las razones que dieron origen a esos acuerdos, debe decirse que subsiste la clara intención por parte del Pleno de agilizar la resolución de asuntos que se tramitan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para lo cual ha estimado necesario conservar únicamente los de mayor interés y relevancia para el ámbito jurídico nacional, correspondiendo a las Salas la resolución de los demás asuntos que no revistan estas características, según se desprende de la siguiente transcripción:
Acuerdo 4/2002
"SÉPTIMO. Que si bien la aplicación de los acuerdos citados en el considerando que antecede permitió al Pleno de la Suprema Corte de Justicia pronunciarse sobre asuntos de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional; sin embargo, a la fecha se encuentran pendientes de resolución en el propio Pleno más de cuarenta contradicciones de tesis suscitadas entre los Tribunales Colegiados de Circuito, así como más de cuarenta amparos en revisión programados en términos de lo ordenado en el punto segundo del Acuerdo General 2/2001, de diecinueve de febrero de dos mil uno;
"OCTAVO. Que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia debe pronunciarse sobre diversos asuntos que revisten un interés excepcional como son, entre otros, las controversias constitucionales relacionadas con el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, las reformas a la Constitución Política del Estado de Veracruz, la reforma constitucional en materia indígena y los conflictos de límites entre diversos Estados de la Unión; las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, los amparos en revisión relacionados con la constitucionalidad de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el artículo 224 del Código Penal Federal; las contradicciones entre tesis sustentadas por las Salas y por los Tribunales Colegiados cuando sean varias sobre el mismo tema y las suscitadas entre la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y este Pleno; lo que le impide resolver con la prontitud necesaria los asuntos referidos en la parte final del considerando que antecede;
"NOVENO. Que para agilizar la resolución de las contradicciones de tesis suscitadas entre los Tribunales Colegiados de Circuito resulta conveniente que las Salas de esta Suprema Corte de Justicia conozcan, incluso, de las que por razón de la materia no sean exclusivas de la competencia de alguna de ellas, pues aun cuando puedan surgir criterios disímiles al seno de este Alto Tribunal, los que deberán resolverse con la mayor prontitud, se establecerá el criterio jurisprudencial que genere certidumbre a los gobernados sobre los respectivos puntos de derecho y permitirá cumplir con la finalidad de esa institución; máxime que, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, tales criterios son obligatorios con independencia de la Sala que los haya emitido."
Acuerdo 6/2003
"SÉPTIMO. Que para avanzar en el cumplimiento de la garantía de una justicia pronta y completa establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es conveniente remitir a las Salas de la Suprema Corte de Justicia los asuntos anteriores al año dos mil tres de la competencia originaria de este Pleno."
En este sentido, con la finalidad de resolver un asunto cuya naturaleza no exige la intervención del Pleno, dado que no reviste un interés excepcional, se estima que su conocimiento corresponde a esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues fue formulada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que fue el que emitió uno de los criterios que participan en la presente contradicción, por lo que se actualiza el supuesto previsto en el párrafo primero del artículo 197-A de la Ley de Amparo, que expresamente dispone:
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que lo integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer."
TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver la queja 66/2005, sostuvo en la parte que interesa lo siguiente:
"CUARTO. Los agravios transcritos, resultan sustancialmente fundados.
"En efecto, de la demanda de garantías a que este toca se refiere, se desprende que el quejoso reclamó de las autoridades que señaló como responsables (en total 18), los actos que a continuación se transcriben: ‘Acto reclamado. De las autoridades señaladas como ordenadoras responsables reclamo la expedición de ilegales órdenes giradas para no dejarme transitar por el territorio nacional y para que me priven de la propiedad y posesión de mis bienes muebles así como el desconocimiento que hacen estas autoridades de los documentos oficiales que poseo del vehículo, así como la orden que se les da a las ahora autoridades para que procedan a realizar un operativo vehicular, respecto de todo vehículo, no habiendo en tal orden disposición que prevenga el otorgamiento de medios para que los afectados por el operativo, hagan valer sus derechos o las defensas, que a su interés convenga asumiendo esto el suscrito por el proceder de las autoridades ahora señaladas como responsables. La orden con la cual me detuvieron las autoridades que por cierto no me mostraron, sólo la mencionaron verbalmente, señalando que tales operativos se hacen llamar «dorado» los cuales también señalo como uno de los actos reclamados, respecto a lo que afecta los derechos posesorios y laborales del suscrito en la medida de que por virtud del mandamiento contenido en tal orden, se me detenga en tránsito, se me desposea mis vehículos, y por ello, se me impida prestar el servicio de autotransporte público de carga, así como los actos privativos de la posesión y del derecho de propiedad que tengo el suscrito sobre las unidades automotrices en cuestión, a través de la detención y desposeimiento de la misma, que en el caso concreto, tengo temores fundados de que se ejecuten en agravio del suscrito, respecto de los vehículos de mi propiedad, al mismo tiempo que constituyen mi medio de subsistencia. Las unidades automotrices a las que me he venido refiriendo, y sobre la cual pretenden ejecutar los actos de aplicación de la orden reclamada es a los vehículos antes mencionados debidamente autorizados para circular en caminos de jurisdicción federal. De las autoridades señaladas como ejecutoras reclamo todo acto de molestia, perturbación en la posesión material que detento respecto de las unidades automotrices descritas, así como el derecho de la propiedad que tengo sobre las mismas, y el entorpecimiento que se haga a mis labores de transporte público federal de carga las cuales se escudan en órdenes que tienen de sus superiores y en los operativos dorado.’; y en el capítulo de ‘Hechos, expuso: Es de resaltar que estos automotores transitan juntos por la inseguridad que existe en nuestras carreteras, es el caso que el día 28 de junio de 2005, llegando al Estado de Jalisco, en el Municipio de Guadalajara, detuvieron los vehículos en cuestión, al parecer un operativo denominado dorado comandado por el C. Administrador de la Aduana de Guadalajara, con sede en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, a juzgar por las leyendas de sus camionetas y uniformes le exigieron detener los automotores al chofer para después decirle que se iban a secuestrar estos automotores para revisar estos vehículos, sin mencionarle nada más al respecto, el caso es que tuvieron secuestradas dichas unidades 6 horas después de revisar los documentos y verificar su autenticidad los dejaron seguir transitando, ya que este acto es inconstitucional no sin antes anotar los datos de los vehículos porque lo iba a citar ante la oficina que dependían, tomando el domicilio del suscrito para llevarse consigo los vehículos y, en consecuencia, de este acto la mayor parte de la mercancía perecedera que llevaba este automotor quedó inservible. Es el caso que el día 12 de junio de 2005, circulaba por La Paz, Baja California Sur en el kilómetro 3 entrando a esta ciudad cuando detuvieron los vehículos en cuestión, al parecer un operativo denominado dorado comandado por el C. Administrador de la Aduana de la Paz, Baja California Sur a juzgar por las leyendas de sus camionetas y uniformes le exigieron detener los automotores a los choferes para después decirles que se iban a secuestrar estos automotores, ya que tenían órdenes para detener este vehículo la cual nunca le mostraron sólo lo mencionaron verbalmente, sin mencionarle nada más al respecto, el caso es que tuvieron secuestrada dichas unidades 4 horas, después de revisar los documentos y verificar su autenticidad los dejaron seguir transitar ya que este acto es inconstitucional no sin antes anotar los datos de los vehículos porque lo iba a citar ante la oficina que dependían, tomando el domicilio del suscrito para llevarse consigo los vehículos.’
"En similares términos expuso los hechos con respecto al resto de las autoridades señaladas como ejecutoras.
"Ahora bien, el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, mediante proveído de seis de julio de dos mil cinco -que es el aquí recurrido-, desechó parcialmente la demanda de garantías, por lo que respecta a catorce de las dieciocho autoridades señaladas como responsables, admitiéndola solamente en contra del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; administrador general de aduanas con sede en el Distrito Federal; administrador de la sección aduanera de importación y exportación de contenedores de Pantaco, en la Ciudad de México, Distrito Federal; y, administrador de la Aduana de Guadalajara, Jalisco, con sede en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, con fundamento en los artículos: 1o., fracción I, 114, 116, 147, 148, 149 y demás relativos de la Ley de Amparo.
"Las razones que tuvo en consideración el a quo para arribar a tal determinación, fueron las siguientes: (se transcribe).
"Ahora bien, son fundados sustancialmente los agravios del recurrente, en cuanto a que el Juez de Distrito desechó parcialmente la demanda de amparo, bajo el argumento de que las afirmaciones contenidas en la misma, no son claras ni tienen veracidad, fundando su resolución en sus creencias, supuestos y cuestionando el actuar de las responsables de no haberlo desposeído de sus automotores; además que aduce que son muchas autoridades y que eso afectaría de forma inminente e irreparable el funcionamiento de ese juzgado, lo cual no es un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda; que la suspensión se solicitó mediante manifestaciones bajo protesta de decir verdad que debe partir del supuesto de que los actos reclamados son ciertos.
"En efecto, se conviene con el inconforme en considerar que el desechamiento parcial de la demanda de garantías, sólo procede ante la actualización de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.
"En efecto, el artículo 145 de la Ley de Amparo, a la letra dice: (se transcribe).
"Como se ve, la norma transcrita prevé a cargo de los Jueces de Distrito, la obligación de analizar la procedencia de la demanda de garantías de que se trate, y como correlativa, también prevé la facultad de desecharla de plano, pero ello sólo en caso de encontrar un motivo ‘manifiesto’ e ‘indudable’ de improcedencia, lo que significa que si la improcedencia no es patente, clara y evidente, los Jueces de Distrito no deben rechazar la demanda de amparo.
"Por ende, para que legalmente pueda negarse la admisión de una demanda, aun en forma parcial, es menester que ésta se manifieste con tal notoriedad, que la haga aplicable sin ulterior comprobación de datos o elementos que la integran, porque éstos ya surjan a la vista desde luego, haciendo inejercitable la acción de amparo, y por otro lado, se requiere además la certeza absoluta de que no exista ni pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación, lo que no aconteció en el caso a estudio, en el que el propio quejoso en su demanda refirió, que los vehículos le fueron detenidos provisionalmente y luego los dejaron seguir circulando pero que lo iban a citar en la oficina de su dependencia, lo cual no puede considerarse que exista certeza absoluta de la improcedencia y que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar esa apreciación, pues faltaría la rendición de los informes justificados de las autoridades responsables y las pruebas que en su caso, pudiera aportar el inconforme a su conveniencia.
"Al respecto, se hace aplicación de la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo XVI, julio de 2002, página 448, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto es el siguiente:
"‘DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.’ (se transcribe).
"Igualmente, este Tribunal Colegiado comparte el criterio sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis consultable con la clave 1.6o.C.2 K, páginas 181 y 182 del Tomo VII, mayo de 1991, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice:
"‘DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN «MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA».’ (se transcribe).
"Sin embargo, las estimaciones en que se apoyó el juzgador para desechar parcialmente la demanda de garantías que aquí nos ocupa, en modo alguno constituyen motivos manifiestos e indudables de improcedencia, según se verá a continuación:
"Por lo que ve a la consideración del a quo, relativa a que la multicitada demanda de garantías se basa en hechos o situaciones inverosímiles, por lo que su admisión afectaría inminente e irreparablemente el funcionamiento del órgano jurisdiccional, y que precisamente ‘la exigencia de señalar bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado en la demanda de garantías, que el legislador impuso a los quejosos a través de la fracción IV del arábigo 116 de la Ley de Amparo fue evitar el goce ilícito de los beneficios cautelares o restitutorios que pueden obtenerse mediante la acción de amparo, a través de la narración de hechos falsos o apartados de la realidad, que incluso pueden producir consecuencias de índole penal’, resulta del todo incorrecta, pues tal consideración desborda lo prescrito en el referido artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, en tanto que el requisito formal que prevé dicho numeral, consiste únicamente en manifestar, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados, sin que tal requisito conlleve demostración de tales hechos como lo pretende el juzgador; en ese orden de ideas, para efecto de tramitar y dar entrada a la demanda de garantías por el resto de las autoridades señaladas como responsables, el Juez de Distrito debe atender y es suficiente como lo aduce el inconforme en sus agravios, la manifestación de los antecedentes del acto reclamado bajo protesta de decir verdad. De otra manera, se contraería el procedimiento de amparo a la demostración de hechos y actos reclamados desde la presentación de la demanda, lo cual no es dable legalmente, porque la ley que rige el juicio de garantías, prescribe un procedimiento en el que se otorga a las partes la oportunidad de probar sus afirmaciones en una audiencia (artículos 151 y 155 de la Ley de Amparo), en donde entre otras cuestiones, se reciben y desahogan los medios de convicción ofertados por dichas partes. De ahí que sea inadmisible que se sancione con tan graves consecuencias (desechar parcialmente la demanda de garantías en cuestión), ante la falta de demostración desde el planteamiento de la demanda, de los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, pues como ya se dijo, tal requisito no está contemplado en el multicitado artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo.
"Además, ninguna disposición de la citada Ley de Amparo, señala la posibilidad de que el Juez pueda seleccionar a las autoridades señaladas como responsables para admitir la demanda en su contra y desecharla por aquellas que no se encuentren ubicadas en la jurisdicción del funcionamiento del órgano jurisdiccional, o requerir elementos que hagan objetiva y verosímil la afectación de garantías individuales, pues ello repítase, atentaría contra el procedimiento jurisdiccional establecido para el amparo, en donde las partes tienen la oportunidad de probar sus afirmaciones en una audiencia. Por tanto, si el Juez estimaba insatisfecha la precisión en los antecedentes del acto reclamado, debió requerir al quejoso para que subsanara tal irregularidad, mas no exigirle la demostración de los elementos que hagan objetiva y verosímil la afectación de garantías, pues eso como ya quedó aclarado, debe sujetarse a los informes de las autoridades y a las pruebas que quiera y pueda ofertar el quejoso en la audiencia respectiva.
"Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 9/2002, de rubro:
"‘DEMANDA DE AMPARO. LA SOLA AMENAZA DE DESPOSEIMIENTO, SECUESTRO, DECOMISO O EMBARGO DE UN VEHÍCULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, NO ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA.’ (se transcribe).
"El criterio que antecede -contrario a lo determinado por el juzgador-, guarda identidad jurídica con el asunto que nos ocupa, amén de que el quejoso y aquí inconforme, según se desprende del texto global de su escrito de demanda, reclamó la amenaza de desposeimiento, detención o aseguramiento de unos vehículos que dijo son de su propiedad, lo que no es inverosímil, por lo que, en apego a aquellos planteamientos, deviene necesario que el a quo, para advertir la certeza o inminencia de tales sucesos, tenga a la vista las pruebas que consten en el juicio, ya que puede acontecer que las responsables durante su tramitación, ya hayan ordenado que se lleve a cabo el acto amenazante o estén a punto de hacerlo, o bien, que aunque éstas lo nieguen en sus informes justificados, el afectado pueda demostrar lo contrario; lo que evidentemente no se desprende de la sola lectura de la demanda de amparo indirecto, y si bien dicho acto sí podría generar un motivo de improcedencia del juicio de amparo indirecto, éste no es manifiesto ni indudable como para poder desechar la demanda desde el primer acuerdo que se dicta en esa instancia, tal como lo exige el artículo 145 de la Ley de Amparo.
"La citada jurisprudencia se localiza en la página 37, Tomo XV, febrero de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:
"‘DEMANDA DE AMPARO. LA SOLA AMENAZA DE DESPOSEIMIENTO, SECUESTRO, DECOMISO O EMBARGO DE UN VEHÍCULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, NO ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA.’ (se transcribe).
"Asimismo, resulta incorrecta la determinación del a quo, relativa a que la demanda de amparo del aquí inconforme, constituye un abuso en la promoción del juicio de garantías, porque la misma se promovió en contra de innumerables autoridades responsables, lo que a su entender es equiparable a la obtención de un ‘título de inmunidad’ o un ‘privilegio especial’ que lo exente de la sumisión al orden jurídico.
"Al respecto, es de mencionarse que no existe disposición alguna relativa al trámite del juicio biinstancial, que impida el señalamiento abundante de autoridades responsables por parte del quejoso, que no puede considerarse ‘un amplio sector de autoridades de diversas entidades federativas del país presumiéndose que no existe razón de orden lógico que permita señalar a tantas autoridades con el carácter de responsables’, de ahí que esa circunstancia no es suficiente para tener por actualizada una causa de improcedencia.
"A su vez, cabe decir que resultó inapropiada la estimación del a quo, con relación a que el quejoso y aquí inconforme pretende que se le otorgue una medida cautelar, pues el hecho de que en un momento dado se llegue a admitir su demanda, y se considere viable concederle la suspensión provisional de los actos reclamados, no impide en modo alguno, que las autoridades designadas como responsables estén en completa libertad de ejercer las funciones que les son propias, como la investigación de un delito, excepción hecha de la desposesión arbitraria del vehículo de aquél, lo que desde luego, no implica que al mismo se le permita sustraerse del marco constitucional y legal al cual debe sujetarse todo gobernado.
"Por último, le asiste la razón al inconforme cuando en sus agravios señala, que la consideración en que se apoyó el a quo para desechar parcialmente su demanda de garantías, relativa a que los actos de ejecución reclamados a las múltiples autoridades señaladas como responsables, no son claras ni tienen veracidad, resulta ser una apreciación fuera de todo contexto legal, que en modo alguno constituye una causal de improcedencia. En efecto, como ya se dijo en párrafos precedentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, el juzgador debe examinar el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano; sin embargo, tal potestad no es ilimitada, ni depende del criterio meramente subjetivo de aquél, sino que para ello debe analizar detenidamente si en el caso se surte alguna de las causas regladas en el precepto 73 de la citada Ley de Amparo u otra prevista en diverso precepto legal o jurisprudencia relacionados con la fracción XVIII de ese normativo; por tanto, si las destacadas consideraciones del juzgador, no se encuentran previstas en la Ley de Amparo, en diverso ordenamiento legal, ni en jurisprudencia alguna como una causa de improcedencia, tal argumento no puede servir de sustento para desechar parcialmente la demanda de garantías que aquí nos ocupa.
"Ahora bien, no pasa inadvertido para este tribunal, como se dijo en párrafos precedentes, que el a quo apoyó su determinación en los artículos: 1o., fracción I, 114, 116, 147, 148, 149 y demás relativos de la Ley de Amparo; sin embargo, en ninguno de los citados numerales, se contempla como causa de improcedencia la destacada consideración del Juez Federal.
"Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 57, Tomo I, mayo de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"‘DEMANDA DE AMPARO, SI SE RECLAMAN ACTOS EMANADOS DE DIVERSOS JUICIOS, NO DEBE DESECHARSE POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE.’ (se transcribe).
"De lo hasta aquí estudiado, lo procedente es declarar fundado el recurso de queja, supliendo en lo conducente la deficiencia de la queja, en los términos del artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, dada la indebida motivación en que incurrió el Juez de Distrito, que dejó sin defensa al recurrente, pues su proceder frente a la obligación que le impone el artículo 145 de la Ley de Amparo de examinar el escrito de demanda de amparo y sólo en el caso de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, lo que no aconteció en el caso, dado que si bien externó diversas causas, motivos o circunstancias que la llevaron a tomar la decisión de desechar la demanda por algunas autoridades, tales como que el quejoso pretendía abusar del amparo y que la demanda de garantías descansaba en hechos o situaciones inverosímiles que afectarían el funcionamiento del juzgado, sin motivar adecuadamente esas razones, de tal forma que pudieran considerarse como un motivo jurídico válido que justificara ese desechamiento, pues las apreciaciones subjetivas que al respecto invocó no son suficientes para ello e incluso invocó una tesis que en su concepto era aplicable, lo cual como ya se dijo anteriormente, este tribunal no lo comparte por las razones expuestas, lo que lleva a denunciar la contradicción de tesis respectiva como más adelante se expone, de ahí que fueron insuficientes esos motivos y causas para cumplir con la obligación que le impone el mencionado artículo 145 de la Ley de Amparo, lo que implica una violación manifiesta a la ley, que impidió al agraviado combatirlas adecuadamente.
"En cuanto a los precedentes que cita el Juez de Distrito en apoyo de su determinación, debe decirse que por lo que ve a la ejecutoria publicada en la página 1293, Tomo XVII, mayo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la queja 1/2002, que dio origen a la tesis bajo la voz de:
"‘DEMANDA DE AMPARO. CASO EN EL QUE DEBE DESECHARSE ANTE EL SEÑALAMIENTO DE UN CONSIDERABLE NÚMERO DE AUTORIDADES RESPONSABLES.’ (se transcribe).
"Como en el caso, este Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, facultado para resolver asuntos en materia administrativa, sustenta un criterio contrario al anterior, lo procedente es, con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, denunciar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la contradicción de tesis que se evidencia para que ese Alto Tribunal decida cuál criterio debe prevalecer.
"Resulta aplicable la tesis sustentada por el Pleno de ese Alto Tribunal, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, agosto 1995, página 69, que literalmente dice:
"‘CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS OPUESTOS.’ (se transcribe).
"Consecuentemente, lo que procede es revocar el auto recurrido, para el efecto de que el Juez de Distrito provea nuevamente acerca de la admisión o rechazo de la demanda de garantías que nos ocupa, pero prescindiendo de los argumentos que expuso que aquí se estimaron incorrectos. ..."
CUARTO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la queja 1/2002, se basó en las siguientes consideraciones:
"SEXTO. De la lectura integral de la demanda de amparo es posible desprender que la parte quejosa señaló como responsables a doscientas seis autoridades, entre las que se encuentran el presidente de la República, diversos secretarios de Estado, el procurador general de la República, el procurador fiscal de la Federación, el jefe de gobierno del Distrito Federal, el presidente del Servicio de Administración Tributaria, diferentes administraciones de dicho organismo desconcentrado, así como diecinueve unidades administrativas regionales. También señaló como autoridades responsables a cuarenta y siete administradores de aduanas de varias ciudades y entidades en la República y a treinta y nueve autoridades ejecutoras relacionadas con la Policía Federal Preventiva.
"La promovente atribuyó a dichas autoridades, en términos generales, la expedición de órdenes de verificación tendentes a imposibilitar o reprimir el uso, goce o disfrute de la propiedad y/o posesión de los vehículos propiedad del quejoso; las órdenes de verificación de vehículos de procedencia extranjera y las órdenes tendentes a restringir el libre tránsito por las carreteras y caminos de jurisdicción federal, así como las consecuencias que se derivaran de dichos actos, específicamente aquellos que afectaran la circulación del tractocamión Freightli
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19291-61fe4e52/demanda-de-amparo-el-senalamiento-de-un-numero · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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