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Modo: Corpus Pro

DESPENSAS EN EFECTIVO. NO CONSTITUYEN GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL PARA EFECTOS DE SU DEDUCCIÓN EN LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 213/2006-SS. · Registro digital (IUS): 20172
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO, DÉCIMO CUARTO Y DÉCIMO QUINTO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, , Pág. 853.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 213/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO, DÉCIMO CUARTO Y DÉCIMO QUINTO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de la denuncia de la posible contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito en asuntos en materia administrativa, que corresponde a la especialidad de este órgano colegiado.

SEGUNDO. En principio, esta Segunda Sala estima pertinente destacar que en el escrito presentado el dieciséis de noviembre de dos mil seis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, por el que se denunció la contradicción de criterios a que se refiere el presente asunto, también se hizo valer recurso de reclamación en contra del acuerdo dictado el diez de noviembre de dos mil seis por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que desechó el recurso de revisión hecho valer en contra de la resolución pronunciada el cuatro de octubre del año citado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el amparo directo 304/2006, en la que se contiene el criterio que se denuncia como contradictorio con el establecido por los Tribunales Colegiados Quinto y Décimo Cuarto en la misma materia y circuito.

Se sigue de lo anterior, que cuando se hizo la denuncia de contradicción de tesis, la resolución del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que contiene el criterio que se estima contradictorio respecto del establecido por los Tribunales Colegiados Quinto y Décimo Cuarto en la misma materia y circuito, aún no había causado ejecutoria.

Al respecto, debe precisarse que esta Segunda Sala tiene establecido el criterio consistente en que es improcedente la denuncia de contradicción de tesis cuando alguna de las sentencias relativas no ha causado ejecutoria, como se advierte de la tesis 2a. XCVIII/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 226, que establece:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. ES IMPROCEDENTE LA DENUNCIA CUANDO UNA DE LAS SENTENCIAS RELATIVAS NO HA CAUSADO EJECUTORIA. De lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República y 197-A de la Ley de Amparo, se infiere que la procedencia de una denuncia de contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito, requiere como un presupuesto básico, que las sentencias en que los criterios discrepantes fueron emitidos tengan la naturaleza de ejecutorias, pues de no ser así, por encontrarse en trámite el recurso de revisión interpuesto en contra de una de esas sentencias, el criterio emitido por el respectivo Tribunal Colegiado está sujeto a la determinación que sobre el particular adopte la Suprema Corte de Justicia, pudiendo no subsistir y entonces no existiría la contradicción de tesis. Consecuentemente, en esta hipótesis la denuncia respectiva debe declararse improcedente."

Como puede advertirse, la razón por la que resulta improcedente la denuncia de contradicción de tesis cuando una de las resoluciones relativas no ha causado estado, la constituye el hecho de que el criterio contenido en esa resolución está sujeto a revisión por parte de este Alto Tribunal, pudiendo no subsistir, supuesto en el cual no existiría la contradicción de criterios.

En relación a lo anterior, debe precisarse que si durante la tramitación de la denuncia de contradicción de tesis, adquiere firmeza la resolución del Tribunal Colegiado que carecía de esa característica cuando se hizo la denuncia respectiva, como consecuencia de que este Alto Tribunal haya desechado el recurso de revisión hecho valer en su contra, o bien, porque haya confirmado el auto de presidencia que lo desechó o éste no se haya recurrido, la denuncia de contradicción de tesis no debe declararse improcedente, en virtud de que ya no subsiste la razón para sustentar su improcedencia pues al haber causado ejecutoria la resolución del Tribunal Colegiado, no hay posibilidad de que su criterio quede insubsistente y, por tanto, de no resolverse la contradicción de criterios no se cumpliría con el objetivo que inspiró tanto al Constituyente como al legislador ordinario al establecer el sistema de contradicción de tesis, a saber, que este Alto Tribunal establezca criterio jurisprudencial para superar la inseguridad jurídica derivada de la aplicación de posturas divergentes sobre un mismo problema o punto de derecho.

En el caso, la resolución pronunciada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al fallar el amparo directo 304/2006, que se denuncia como contradictoria del criterio sostenido por los Tribunales Colegiados Quinto y Décimo Cuarto en la misma materia y circuito, ya ha adquirido firmeza pues esta Segunda Sala, al resolver el recurso de reclamación 337/2006-PL, en sesión de veintinueve de noviembre de dos mil seis, lo declaró infundado y confirmó el auto dictado por el presidente de esta Suprema Corte el día diez del mismo mes y año, que desechó el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en el mencionado amparo directo, porque en la demanda de amparo no se planteó concepto de violación alguno sobre la inconstitucionalidad de una norma de carácter general, y en consecuencia, en el fallo impugnado no se decidió u omitió decidir sobre esa cuestión, ni se estableció la interpretación directa de un precepto constitucional.

En consecuencia, no procede declarar improcedente la presente denuncia de contradicción de tesis, ya que si bien cuando se hizo no tenía firmeza la resolución del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, ya tiene la calidad de ejecutoria en virtud de haberse confirmado el auto presidencial que desechó el recurso de revisión que se hizo valer en su contra.

Por otro lado, también debe precisarse que no es obstáculo para la procedencia de la presente denuncia de contradicción de tesis, el que el criterio de los Tribunales Colegiados Quinto y Décimo Cuarto en Materia Administrativa del Primer Circuito se hubiera sustentado al resolver recursos de revisión fiscal, mientras que el criterio del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en la misma materia y circuito se contenga en una resolución pronunciada al resolver un amparo directo, tal como se establece en la jurisprudencia 2a./J. 12/93 de la anterior Segunda Sala, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 75, marzo de 1994, página 17, que establece:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS, EL PROCEDIMIENTO PARA DIRIMIRLA ES APLICABLE CUANDO UNA DE ELLAS SE HA SUSTENTADO EN AMPARO Y LA OTRA EN REVISIÓN FISCAL. El régimen que establecen los artículos 197 y 197 A de la Ley de Amparo, para decidir cuál es el criterio que en lo futuro ha de prevalecer, no sólo debe aplicarse al caso de contradicción entre dos tesis sustentadas en juicios constitucionales, sino también cuando una de las tesis se ha emitido al resolver uno de amparo, y la otra, al fallar un recurso de revisión fiscal. En efecto, debe tomarse en cuenta la íntima conexión que en ciertas hipótesis puede presentarse entre los temas que propone el recurso de revisión fiscal y los problemas planteados en el juicio de garantías."

TERCERO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, ya que la formula César Granados Martínez, en su carácter de apoderado general de Telecomunicaciones de México, que fue parte en los asuntos en que se dictaron las resoluciones que se denuncian como contradictorias.

CUARTO. Las consideraciones que sustentan la resolución pronunciada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar el recurso de revisión fiscal 245/2003, el trece de noviembre de dos mil tres, en lo que interesa al presente asunto, son las siguientes:

"Se dice que son infundados los argumentos reseñados, porque contrario a lo que en los mismos se señala, la Sala Regional obró apegada a derecho al resolver como lo hizo, cuenta habida de que efectivamente, en el artículo 77, fracción VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es uno de los preceptos legales en que se fundó la sentencia recurrida, no se señala que los ingresos deducibles tengan que ser cubiertos forzosamente en vales de despensa. El artículo 77, fracción VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente para el ejercicio fiscal de 1994, es del tenor literal siguiente: (se transcribe). De conformidad con lo dispuesto en el precepto legal transcrito, están exentos del pago del impuesto sobre la renta, entre otros, los ingresos percibidos con motivo de subsidio por incapacidad, becas educacionales para los trabajadores o sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas, y otras prestaciones de previsión social de naturaleza análoga que se concedan de manera general. Como puede advertirse del texto del artículo 77, fracción VI, que se invoca, en el mismo no se dispone que tratándose de las prestaciones de previsión social de naturaleza análoga que se conceden de manera general, los ingresos deducibles tengan que ser en vales de despensa. Luego, donde el legislador no distingue al juzgador no le es dable hacerlo; amén de que debe tenerse en cuenta, como correctamente lo señaló la Sala Regional, que las disposiciones fiscales son de aplicación estricta, en términos de lo dispuesto en el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación. El criterio externado por la Sala Regional en la sentencia recurrida se corrobora además con el contenido de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 39/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que aparece publicada en la página 371, Tomo VI, septiembre de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘VALES DE DESPENSA. DEBEN CONSIDERARSE COMO GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL PARA EFECTOS DE SU DEDUCCIÓN, CONFORME AL ARTÍCULO 24, FRACCIÓN XII, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA,’ (se transcribe). En la jurisprudencia citada se establece que los vales de despensa tienen una naturaleza análoga a las prestaciones expresamente previstas en la ley como gastos de previsión social, y que por ello, son igualmente deducibles para efectos del impuesto sobre la renta. Si bien, en el criterio jurisprudencial de referencia se establece que son los vales de despensa los análogos a las prestaciones previstas en la ley como gastos de previsión social, mas no en efectivo, ello de manera alguna significa, como incorrectamente lo sostiene la autoridad recurrente, que sólo cuando se expide a través de vales la prestación consistente en la despensa, puede ser considerada con ese carácter, o sea, como gasto de previsión social. Por el contrario, nada de lo que se establece en la jurisprudencia 2a./J. 39/97 indica que pudieran ser correctas las aseveraciones de la recurrente. Así las cosas, es claro que dicha jurisprudencia no tiene los alcances que ésta le atribuye. En consecuencia, la prestación consistente en la despensa, aun otorgada en efectivo es deducible para efectos del impuesto sobre la renta, ya que además de que en la ley no se establece ninguna distinción que pudiera lleva a una conclusión diferente, se advierte que esa prestación tiene las mismas características que la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal atribuyó a los vales de despensa, pues aun otorgada en efectivo, cumple el mismo objetivo económico alcanzado con las prestaciones expresamente previstas en la ley como gastos de previsión social, precisamente por las propias razones externadas por el Alto Tribunal."

QUINTO. El Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal 186/2003, el nueve de marzo de dos mil cuatro, en lo que interesa a la presente contradicción de tesis, sostuvo lo siguiente:

"De igual forma, resultan infundados los argumentos reseñados, porque tal como lo estimó la Sala Superior, en el artículo 77, fracción VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es uno de los preceptos legales en que fundó su sentencia, no se señala que los ingresos deducibles tengan que ser cubiertos forzosamente en vales de despensa; dicho numeral, vigente para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y cinco, era del texto siguiente: (se transcribe). De la transcripción precedente, se puede establecer que, están exentos del pago del impuesto sobre la renta, entre otros, los ingresos percibidos con motivo de subsidio por incapacidad, becas educacionales para los trabajadores o sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas, y otras prestaciones de previsión social de naturaleza análoga que se concedan de manera general. Asimismo, es prudente enfatizar que, el precepto legal en cita, no dispone que para que los ingresos sean deducibles, tratándose de las prestaciones de previsión social de naturaleza análoga que se conceden de manera general, tengan que ser entregadas en vales de despensa. Luego, donde el legislador no distingue al juzgador no le es dable hacerlo; amén de que debe tenerse en cuenta, como correctamente lo señaló la Sala Superior, que las disposiciones fiscales son de aplicación estricta, en términos de lo dispuesto por el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación. El criterio externado por la Sala Superior en la sentencia recurrida se corrobora además, con el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 39/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que aparece publicada en la página 371, Tomo VI, septiembre de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘VALES DE DESPENSA. DEBEN CONSIDERARSE COMO GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL PARA EFECTOS DE SU DEDUCCIÓN, CONFORME AL ARTÍCULO 24, FRACCIÓN XII, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.’ (se transcribe). En la jurisprudencia citada se establece que los vales de despensa tienen una naturaleza análoga a las prestaciones expresamente previstas en la ley como gastos de previsión social, y que por ello, son igualmente deducibles para efectos del impuesto sobre la renta. Si bien, en el criterio jurisprudencial de referencia se establece que son los vales de despensa los análogos a las prestaciones previstas en la ley como gastos de previsión social, mas no en efectivo, ello de manera alguna significa, como incorrectamente lo sostiene la autoridad recurrente, que sólo cuando se expide a través de vales, la prestación consistente en la despensa, puede ser considerada con ese carácter, o sea, como gasto de previsión social. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen al criterio jurisprudencial en comento, antes de analizar si los vales de despensa como tales, podían considerarse como gastos de previsión social para efectos de su deducción del impuesto sobre la renta, primeramente se avocó al texto de los artículos 24, fracción XII y 77, fracción VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para después citar el concepto jurídico de previsión social, el cual estimó se integra por lo que a continuación se transcribe: (se transcribe). Así las cosas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyó que: (se transcribe). De lo expuesto puede apreciarse, que la superioridad, no sólo se avocó a determinar si los vales de despensa debían ser considerados como gastos de previsión social, sino que, para abordar este tema, primeramente determinó que, la despensa, no solamente tenía como finalidad, la satisfacción de contingencias y necesidades futuras de los trabajadores, sino también lograr el bienestar integral del trabajador a través del mejoramiento de su calidad de vida y la de su familia, cumpliendo así el mismo objetivo económico que con las prestaciones expresamente previstas en la ley como gastos de previsión social se persigue; procediendo a reconocer la analogía de los vales de despensa en concreto, con los gastos de previsión social, para efectos de su deducción del impuesto sobre la renta. Lo que permite afirmar que, nada de lo que se establece en la jurisprudencia 2a./J. 39/97 y la ejecutoria que le dio origen, indican que pudieran ser correctas las aseveraciones de la recurrente, en el sentido de atender a la forma en que se otorgan los gastos de previsión social, sino únicamente a la similitud de la finalidad del concepto de despensa con las prestaciones de previsión social. Así las cosas, es claro que dicha jurisprudencia no tiene los alcances que la agraviada le atribuye. En consecuencia, la prestación consistente en la despensa, aun otorgada en efectivo es deducible para efectos del impuesto sobre la renta, ya que además de que en la ley no se establece ninguna distinción que pudiera llevar a una conclusión diferente, se advierte que esa prestación tiene las mismas características que la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal atribuyó a los vales de despensa; pues aun otorgada en efectivo, cumple el mismo objetivo económico alcanzado con las prestaciones expresamente previstas en la ley como gastos de previsión social, precisamente por las propias razones externadas por el Alto Tribunal."

SEXTO. Por su parte, el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar el amparo directo 304/2006, el cuatro de octubre de dos mil seis, en lo que interesa al presente asunto, sostuvo lo siguiente:

"Ahora bien, una vez sentando lo anterior, se procede a examinar los conceptos de violación, los cuales se analizarán en forma conjunta dada la estrecha vinculación que tienen entre ellos, y con fundamento en lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Amparo. En principio es necesario destacar que contrariamente a lo sostenido por la quejosa, la Sala Fiscal responsable al emitir la sentencia que constituye el acto reclamado, cumplió con los requisitos de fundamentación y motivación que deben observar los actos de autoridad, pues su determinación está ajustada a derecho amén de que expone los motivos por los cuales consideró que las partidas que la empresa ahora quejosa pagó en efectivo a sus trabajadores, por conceptos tales como despensa, previsión social múltiple y giro-vales, no pueden ser considerados como ‘prestación de naturaleza análoga a las de previsión social’ puesto que al ser pagadas en efectivo, pasaban a formar parte del salario, por lo que no es factible demostrar que dichas cantidades sean destinadas a gastos de previsión social, de ahí que no puedan ser consideradas deducibles para efectos del impuesto sobre la renta. Ahora bien, la circunstancia de que en el caso la empresa Telecomunicaciones de México haya pagado en efectivo cantidades que aparentemente correspondían a gastos de previsión social, desnaturaliza la finalidad de tales aportaciones, pues el concepto de ‘previsión social’ se refiere, en un primer aspecto, a la atención de futuras contingencias que permitan la satisfacción de necesidades del orden económico del trabajador y su familia, ante la eventual imposibilidad material del obrero para hacerles frente, con motivo de la actualización de accidentes de trabajo e incapacidades para realizarlo. En ese contexto resulta importante citar los razonamientos que sirvieron de sustento a la jurisprudencia 39/97 (sic) únicamente en cuanto a la definición que hace de ‘previsión social’, ya que señala: (se transcribe). En esa línea de argumentación, es correcta la conclusión alcanzada por la Sala responsable en el sentido de que los pagos en efectivo que la empresa hizo a sus trabajadores, no pueden ser considerados como aportaciones de naturaleza análoga a las prestaciones de previsión social, pues no cumplen el mismo objetivo, dado que aunque los pagos en efectivo pudieran tener como consecuencia elevar el nivel de vida del trabajador, lo cierto es que no son propiamente un ahorro para satisfacer eventuales necesidades futuras o incluso presentes, como lo son las aportaciones a la seguridad social. De modo que el hecho de que los pagos en efectivo no cumplan con la misma finalidad que las aportaciones a la seguridad social pagadas en especie, es claro que no pueden tener el mismo tratamiento fiscal. El impuesto sobre la renta y en relación con las obligaciones fiscales de los trabajadores, las cuales están a cargo de los empresarios, es claro que la ley establece diversas deducciones al pago, entre las que se incluyen ciertas prestaciones que incluso no pueden tipificarse porque son tan variables como la circunstancia que tiene la relación de trabajo con los distintos giros y sectores de la economía, que no necesariamente están valuadas en dinero, pero que son útiles para la seguridad, para el estímulo en el trabajo, así como para aumentar la productividad del trabajador y para acercarlo en su relación con las actividades de la empresa. Circunstancias que deben ser entendidas en la acepción de prestaciones de naturaleza análoga a las expresamente previstas, sin embargo, dentro de este espectro no es factible considerar el pago en efectivo, como lo aduce la quejosa, no obstante que la ley expresamente no lo refiere así, dado que se debe considerar que el legislador tomó en cuenta los estímulos consagrados en favor de los trabajadores en los contratos colectivos de trabajo, consistentes en prestaciones en especie, mismas que no podrían ser nominadas en lo particular, pero que su ámbito de aplicación no podría desnaturalizar el efecto de la deducción, si no se cumplen con los objetivos. Del examen de la naturaleza de las prestaciones que la ley reconoce como susceptibles de ser deducidas del impuesto sobre la renta, como gastos de previsión social, resulta evidente que la perspectiva del legislador, al establecer la enumeración correspondiente, no quedó limitada a la satisfacción de necesidades futuras y contingentes, sino que se ubicó en la concepción de que la previsión social tiende a garantizar el bienestar presente y futuro del trabajador, con objeto de elevar, de modo integral, su calidad de vida y la de su familia. De lo que se colige, como lo consideró la Sala responsable que los pagos en efectivo no pueden considerarse como una prestación análoga a las enunciadas en el artículo 24, fracción XII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para lo cual se tiene presente que la analogía consiste en un método de interpretación jurídica en el cual se obtiene, de un caso previsto en la norma, otro que, siendo semejante, se ha omitido considerar de manera expresa, pero que en el caso ello no se actualiza, en virtud de que los pagos en efectivo no gozan de la misma naturaleza de las aportaciones a la seguridad social, dado que en el evento de que tuviera que hacer uso de alguno de los servicios catalogados como de aportaciones a la seguridad social, tendría que utilizar parte de su salario para adquirir tales bienes de consumo, lo que evidencia que no cumplen con la misma finalidad de ahorro económico que caracteriza a dichas aportaciones, tales como becas educacionales, servicios médicos y hospitalarios, fondos de ahorro, guarderías infantiles y actividades culturales y deportivas. En este orden de ideas, ante lo ineficaz de los conceptos de violación lo procedente es negar el amparo solicitado."

SÉPTIMO. Este órgano colegiado estima que sí existe la contradicción de tesis denunciada entre la sustentada por los Tribunales Colegiados Quinto y Décimo Cuarto en Materia Administrativa del Primer Circuito y la establecida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en la misma materia y circuito.

Efectivamente, para que se genere una contradicción de tesis se requiere: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Lo anterior deriva del criterio contenido en la jurisprudencia P./J. 26/2001 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 76, que establece:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

Ahora bien, los Tribunales Colegiados Quinto y Décimo Cuarto en Materia Administrativa del Primer Circuito sostuvieron en las consideraciones de las ejecutorias que pronunciaron en los recursos de revisión fiscal 245/2003 y 186/2003, respectivamente, que el artículo 77, fracción VI, de la derogada Ley del Impuesto sobre la Renta no exige que las prestaciones de previsión social que se conceden de manera general a los trabajadores, análogas a las enumeradas en esa disposición legal, tengan que otorgarse en especie, por lo que la cantidad en efectivo que se entrega por concepto de despensa se ubica en los supuestos de la norma legal, ya que las disposiciones fiscales son de aplicación estricta conforme a lo dispuesto en el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, lo que se corrobora con el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 39/97 de esta Segunda Sala, que establece que los vales de despensa tienen una naturaleza análoga a las prestaciones expresamente previstas en la ley como gastos de previsión social y que son deducibles para efectos del impuesto sobre la renta, lo que ocurre también tratándose de la despensa otorgada en efectivo pues cumple el mismo objetivo económico alcanzado con las referidas prestaciones.

Por su parte, el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en las consideraciones de la ejecutoria que pronunció en el amparo directo 304/2006, sostuvo que las cantidades que la empresa entrega en efectivo a sus trabajadores por concepto de despensa, previsión social y giro-vales, no pueden considerarse como aportaciones de naturaleza análoga a las prestaciones de previsión social, ya que se desnaturalizaría la finalidad de éstas pues si se atiende a la definición que se hace en la jurisprudencia 2a./J. 39/97 de esta Segunda Sala respecto de los gastos de previsión social, se advierte que los pagos en efectivo no tienen el mismo objetivo que las aportaciones en especie por dicho concepto pues aun cuando pudieran tener como consecuencia elevar el nivel de vida del trabajador, no constituyen propiamente un ahorro para satisfacer eventuales necesidades futuras o, incluso, presentes, por lo que no pueden considerarse como una prestación análoga a las enunciadas en el artículo 24, fracción XII, de la derogada Ley del Impuesto sobre la Renta.

Así, existe la contradicción de criterios denunciada, en virtud de que los Tribunales Colegiados contendientes examinaron un mismo problema jurídico y a la luz de los mismos elementos y normas legales, ya que ambos se pronunciaron en relación a si la despensa entregada en efectivo a los trabajadores constituye o no un gasto análogo a las prestaciones de previsión social enumeradas en los artículos 24, fracción XII y 77, fracción VI, de la derogada Ley del Impuesto sobre la Renta y, por tanto, si es o no deducible, considerando para ello al concepto de gastos de previsión social para efectos de su deducibilidad en el impuesto sobre la renta establecido por esta Segunda Sala en su jurisprudencia 2a./J. 39/97. No obstante lo anterior, los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron posturas contrarias, ya que el Quinto y el Décimo Cuarto en Materia Administrativa del Primer Circuito consideraron que la despensa entregada en efectivo es un gasto análogo a las prestaciones de previsión social enumeradas en la ley y, por tanto, deducible para efectos del impuesto sobre la renta, mientras que el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en la misma materia y circuito estimó que dicho gasto no es análogo a las referidas prestaciones, por lo que no es deducible.

No es obstáculo para estimar que se produce la contradicción de criterios el hecho de que los Tribunales Colegiados Quinto y Décimo Cuarto en Materia Administrativa del Primer Circuito se refieran al artículo 77, fracción VI, de la derogada Ley del Impuesto sobre la Renta, mientras que el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en la misma materia y circuito interprete el

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20172-404c65e7/despensas-en-efectivo-no-constituyen-gastos-de-prevision · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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