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Modo: Corpus Pro

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA TRATÁNDOSE DE AUTOLIQUIDACIONES FISCALES EN MATERIA DEL IMPUESTO PREDIAL (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 250/2007-SS. · Registro digital (IUS): 20832
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y DÉCIMO QUINTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, , Pág. 660.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 250/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y DÉCIMO QUINTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo Plenario 5/2001, del veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que los criterios discrepantes provienen de asuntos resueltos en materia administrativa, cuya especialidad tiene atribuida esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo previsto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, porque la formuló el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que resolvió uno de los asuntos que participan en esta contradicción.

TERCERO. Con el propósito de analizar la posible existencia de la contradicción de tesis, cabe señalar que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver en sesión del veintiocho de septiembre de dos mil seis, el amparo en revisión 340/2006, en la parte que interesa, estableció:

"PRIMERO. Por escrito presentado el dieciséis de febrero de dos mil seis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Ely Cohen Stevan, en representación de Inmobiliaria Graciela, S.A. de C.V., demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se especifican: ‘III. Autoridades responsables: 1. Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 2. Jefe de gobierno del Distrito Federal. 3. Secretario de gobierno del Distrito Federal. 4. Director de la Gaceta del Gobierno del Distrito Federal. 5. Secretario de finanzas del Gobierno del Distrito Federal. 6. Administración Tributaria Mina. IV. La ley o acto que de cada autoridad se reclama: 1. De la H. Asamblea legislativa del Distrito Federal, la aprobación y expedición del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal, específicamente su artículo 151, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 30 de diciembre de 2005, que por su íntima relación con el artículo 149, fracción II, relativo al capítulo II «Del impuesto predial», permite la impugnación del segundo de los citados numerales. 2. Del C. Jefe de gobierno del Distrito Federal, se reclaman el código y el decreto, detallados en el punto 1 anterior. 3. Del C. Secretario de Gobierno del Distrito Federal, se reclaman el refrendo del código y decreto que se reclaman del jefe de gobierno del Distrito Federal, relacionados en el punto anterior. 4. Del C. Director de la Gaceta Oficial del Distrito Federal se reclama la publicación en esa Gaceta Oficial de los actos reclamados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 5. Del C. Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal; así como de todas las autoridades señaladas como responsables se reclama la aplicación y ejecución de los actos reclamados con este ocurso. La aplicación y ejecución en sus atribuciones como autoridad fiscal del decreto que con esta demanda se reclama.’ ... . TERCERO. Por acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil seis, la Juez Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, a quien por razón de turno le correspondió conocer del asunto, admitió la demanda de amparo, la que quedó registrada con el número 153/2006, y solicitó los informes justificados a las autoridades responsables. Tramitado el juicio en todas sus partes, la Juez del conocimiento dictó resolución, terminada de engrosar el trece de julio de dos mil seis, con los siguientes puntos resolutivos: ‘PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 153/2006, promovido por Inmobiliaria Graciela, Sociedad Anónima de Capital Variable, por los actos y autoridades precisados en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Con la salvedad antes precisada, en suplencia de la queja en términos del artículo 76 Bis, fracción I, de la Ley de Amparo, la Justicia de la Unión ampara y protege a Inmobiliaria Graciela, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra el acto de aplicación del artículo 149, fracción II, del Código Financiero del Distrito Federal en su texto en vigor en dos mil seis, de conformidad con los razonamientos y fundamentos expuestos en el considerando último de la presente resolución.’ ... . SÉPTIMO. Por no existir agravio al respecto, no es materia del recurso de revisión y, por tanto, debe quedar firme, el sobreseimiento que en el resolutivo único en relación con el considerando tercero del fallo recurrido, se decretó por los actos atribuidos a las autoridades administrador Tributario en Mina y secretario de Finanzas, ambos del Gobierno del Distrito Federal, consistentes en la aplicación y ejecución de las normas reclamadas. ... . DÉCIMO. Son esencialmente fundados los argumentos propuestos por las autoridades disconformes en el sentido de que la Juez no debió otorgar el amparo por lo que hace al recibo de pago y la declaración de valor catastral y pago del impuesto predial exhibidos por la quejosa, puesto que fue ésta quien se autoliquidó el tributo; que se concede el amparo por actos que no fueron señalados como reclamados ni son imputables a autoridad alguna. En efecto, según se advierte de la ejecutoria mediante la cual el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis 52/2004-PL, entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas de nuestro Máximo Tribunal, si bien se estableció que, aun cuando se sobresea respecto de la ley por no haberse reclamado con motivo del primer acto de aplicación en perjuicio del gobernado, debe suplirse la deficiencia de la queja por lo que hace al acto de aplicación, en la propia ejecutoria se hace la salvedad de que ello debe hacerse si los actos concretos de aplicación ‘... provienen de autoridades (en virtud de que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad).’. Cabe señalar que el juicio de amparo efectivamente procede sólo en contra de actos de autoridad, según se advierte del artículo 1o. de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: ‘Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales; II. Por leyes o actos de la autoridad federal, que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados; III. Por leyes o actos de las autoridades de éstos, que invadan la esfera de la autoridad federal.’. Además, como bien sostiene la autoridad, la quejosa ni siquiera reclamó como acto destacado la declaración de pago del impuesto, y aun cuando reclamó la aplicación y ejecución de las normas reclamadas, se sobreseyó en el juicio respecto a dichos actos, al considerar la propia Juez que los actos de ejecución reclamados consisten básicamente en el monto del impuesto predial que el propio impetrante de garantías enteró al fisco local, por lo que se trata de una autoaplicación del tributo reclamado, deviniendo inexistentes los actos de aplicación y ejecución atribuidos a las autoridades; asimismo, invocó la tesis de rubro: ‘AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UN TRIBUTO NO ES UN ACTO DE APLICACIÓN IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS.’. Por tanto, resulta incongruente que contra un acto respecto del cual se sobreseyó en el juicio, se otorgue el amparo, pues incluso los supuestos de suplencia de la queja están sujetos en primer lugar a que el juicio de amparo resulte procedente, y en el caso la Juez sobreseyó en el juicio por todos los actos reclamados. Cabe apuntar que si bien es cierto que el acto de aplicación de una norma, que permite acudir al juicio de amparo en contra de esta última, puede provenir no sólo de la autoridad, sino del propio quejoso, o de un tercero en auxilio de la autoridad, ello de ninguna manera implica que proceda el amparo en contra del acto de aplicación como acto reclamado destacado pues, se insiste, el juicio de garantías sólo procede en contra de actos de autoridad. Es precisamente por tal razón que cuando se está frente a aquella hipótesis, debe sobreseerse respecto del acto de aplicación, aun cuando no deba decidirse lo mismo invariablemente respecto de la ley. Aunque la devolución del pago del tributo sea una consecuencia del otorgamiento del amparo cuando éste se concede por la ley, ello no es en virtud de que se tenga como acto reclamado la autoliquidación ni mucho menos que se estime inconstitucional, sino porque lo que se consideró inconstitucional fue la norma, y se ordena la devolución del pago del impuesto para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, pero no como efecto de la inconstitucionalidad del pago en sí mismo. En esa medida, aun cuando la autoliquidación de un tributo permite reclamar la norma si constituye el primer acto de aplicación en perjuicio de un gobernado, cuando no es así por tratarse de ulteriores actos de aplicación que dan lugar al sobreseimiento por el precepto, no procede analizar la constitucionalidad de la autoliquidación ni mucho menos otorgar el amparo por ella. Sirve de apoyo, la tesis visible en la página ciento noventa y cinco, Tomo I, Primera Parte-1, enero a junio de mil novecientos ochenta y ocho, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: ‘LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA, POR ACTOS PROVENIENTES DE UN PARTICULAR QUE ACTÚA POR MANDATO EXPRESO DE LA LEY." (se transcribe). También sirve de apoyo la tesis 4a. XVI/92, visible en la página ciento dos, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y dos, Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: ‘LEYES, AMPARO CONTRA. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES ACTO DE APLICACIÓN IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS.’ (se transcribe). Asimismo, sirve de apoyo la tesis P. XXVI/99, visible en la página veintidós, Tomo IX, mayo de mil novecientos noventa y nueve, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: ‘LEYES AUTOAPLICATIVAS. SI SE CONTROVIERTEN CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, LA CIRCUNSTANCIA DE QUE ÉSTE NO SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO POR PROVENIR DEL PROPIO QUEJOSO O DE UN TERCERO QUE ACTÚA EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY, NO ACARREA EL CONSENTIMIENTO TÁCITO DE AQUÉLLAS.’ (se transcribe). Cabe señalar que en una de las jurisprudencias que surgieron de la contradicción de tesis antes referida, que estableció que procedía la suplencia de la queja deficiente sin importar que se trate del segundo o ulteriores actos de aplicación de la ley, se hace la especificación de que los actos deben provenir de una autoridad: La jurisprudencia referida, número P./J. 8/2006, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de dos mil seis, página 9, es del tenor siguiente: ‘SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA SIN QUE OBSTE QUE SE TRATE DEL SEGUNDO O ULTERIORES ACTOS DE APLICACIÓN DE LA LEY.’ (se transcribe). En las relatadas consideraciones, procede modificar el fallo recurrido en la materia de la revisión, sobreseyendo en el juicio de amparo."

Cabe puntualizar que en las restantes ejecutorias se hicieron las mismas consideraciones, de ahí que por economía de análisis, es innecesario transcribirlas.

Asimismo, es oportuno precisar que el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el seis de noviembre de dos mil siete, el amparo en revisión número 356/2007, en lo conducente, sostuvo:

"PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecisiete de mayo de dos mil siete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, María del Pilar Enrich Irastorza de Ostolaza, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que considera violan en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 1o., 5o.,14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que precisó de la forma siguiente: ‘III. Autoridades responsables y actos que se reclaman de cada una de ellas. Tiene el carácter de ordenadoras: 1. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de quien se reclama la aprobación y expedición del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal, que inició su vigencia el día 1 de enero del año 2002, únicamente por lo que se refiere al artículo 149, fracción II, del citado Código Financiero y, concretamente, por lo que hace a la inclusión del factor 10.0 y a la distinción que hace para el pago del impuesto predial respecto de quienes otorgan el uso o goce temporal de sus inmuebles, con respecto de los que son destinados a casa-habitación, tornándolo inequitativo y desproporcionado. 2. El C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal, de quien se reclama la aprobación y expedición del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal, que inició su vigencia el día 1o. de enero del año 2002, únicamente por lo que se refiere al artículo 149, fracción II, del citado Código Financiero y, concretamente, por lo que hace a la inclusión del factor 10.0 y a la distinción que hace para el pago del impuesto predial respecto de quienes otorgan el uso o goce temporal de sus inmuebles, con respecto de los que son destinados a casa-habitación, haciéndolo inequitativo y desproporcionado. 3. El C. Secretario de Gobierno del Distrito Federal, de quien se reclama el refrendo al decreto promulgatorio antes citado, a través del cual se ordena publicar el decreto aprobado y expedido a su vez por el C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal, del cual se ha hecho referencia. 4. Al C. Director de la Gaceta Oficial del Distrito Federal, por la publicación el 31 de diciembre de 2001, del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal, que inició su vigencia el día 1 de enero del año 2002. Tiene el carácter de ejecutora: 5. El titular de la Tesorería del Distrito Federal, de quien se reclama el cobro del impuesto predial con base en el procedimiento previsto en la fracción II del artículo 149 del Código Financiero del Distrito Federal.’ ... . CUARTO. Seguida la secuela procesal del juicio de garantías, el quince de agosto de dos mil siete se celebró la audiencia constitucional, en la que se dictó la sentencia respectiva, firmada el veinticuatro de septiembre del mismo año, al tenor del punto resolutivo que a continuación se transcribe: ‘ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías, promovido por María del Pilar Enrich Irastorza de Ostolaza, por las autoridades y los actos precisados en los considerandos tercero y cuarto de este fallo, por los motivos precisados en el propio considerando tercero y en el quinto de esta resolución.’ ... . QUINTO. Queda firme el sobreseimiento decretado por la Juez de Distrito en el único resolutivo, en términos de lo expuesto en el considerando tercero, ambos de la sentencia recurrida, por lo que concierne al acto atribuido en la demanda de garantías al Tesorero del Distrito Federal. La declaración de firmeza de ese sobreseimiento deriva de que la recurrente no endereza ningún agravio contra las consideraciones en que se sustenta, sino sólo contra la determinación de la Juez Federal de sobreseer en el juicio de amparo respecto de los actos cuya certeza se tuvo por acreditada en autos. ... . SEXTO. En el considerando quinto de la sentencia recurrida, la Juez de Distrito decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo promovido contra el artículo 149, fracción II, del Código Financiero del Distrito Federal vigente, sobre la base de considerar que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, toda vez que aquél precepto no fue reclamado con motivo de su primer acto de aplicación -que acaeció cuando la quejosa pagó el impuesto predial correspondiente al primer bimestre de dos mil dos, ni dentro del plazo legal correspondiente, sino en razón de un acto ulterior de aplicación consistente en el pago realizado por la peticionaria del amparo el veinticinco de abril de dos mil siete por concepto de impuesto predial. ... . Los argumentos enunciados en los incisos a), b) y d) precedentes, se analizan enseguida conjuntamente dada la íntima relación conceptual que guardan entre sí las cuestiones que comprenden. En esa tesitura, en principio es pertinente señalar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 52/2004-PL, entre las sustentadas por la Primera y Segunda de sus Salas, emitió las jurisprudencias que a continuación se precisan: ‘SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA, AUNQUE NO SE HAYA PLANTEADO EN LA DEMANDA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY.’ (se transcribe). ‘SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. SE SURTE AUN ANTE LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS.’ (se transcribe). ‘SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. ES APLICABLE EN AMPAROS DIRECTO E INDIRECTO, EN PRIMERA INSTANCIA O EN REVISIÓN.’ (se transcribe). ‘SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. NO IMPLICA SOSLAYAR CUESTIONES DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS.’ (se transcribe). ‘SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA SIN QUE OBSTE QUE SE TRATE DEL SEGUNDO O ULTERIORES ACTOS DE APLICACIÓN DE LA LEY.’ (se transcribe). Conforme al criterio que subyace en las jurisprudencias transcritas, en el caso de leyes declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el imperativo de suplir la queja deficiente, contenido en el artículo 76 Bis, fracción I, de la Ley de Amparo, es absoluto y obligatorio en el juicio de garantías, dado que se instituyó con el propósito de lograr un eficaz control de la constitucionalidad de las leyes a fin de hacer prevalecer la Constitución como Ley Suprema. Por consiguiente, de acuerdo con el Pleno mencionado, debe acatarse el referido principio de suplencia de la queja deficiente, prescindiendo de los factores y cuestiones técnicas o de índole procesal que sean incompatibles con ese propósito, y, además, al margen de las omisiones en que incurra el quejoso al enderezar su demanda contra actos fundados en una ley inconstitucional, así como con independencia de que se reclame el primero o ulteriores actos de aplicación de leyes declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; pero, desde luego, sin que tal actuación signifique dar efectos generales a la declaración de inconstitucionalidad de la ley, dado que sólo producirá su inaplicación a los casos concretos que se controviertan. En otras palabras, la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis, fracción I, de la Ley de Amparo, es aplicable en amparos directo e indirecto, en primera instancia o en revisión, y opera, aunque no se haya planteado en la demanda la inconstitucionalidad de la ley, además ante la ausencia de conceptos de violación o agravios, y sin que obste que se trate del segundo o ulteriores actos de aplicación. Empero, debe significarse que contrario a lo que la recurrente aduce a través de los argumentos en estudio, del análisis integral de las referidas jurisprudencias, en las que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reiteró el criterio contenido en las tesis invocadas por la recurrente en el escrito de revisión, no se advierte que se hubiese considerado que aunque opere el consentimiento tácito de la ley por falta de impugnación del primer acto de aplicación, debe concederse el amparo respecto de la norma cuando sea cuestionada con motivo de ulteriores actos de aplicación, sino que, por lo contrario, se estimó que la suplencia de la queja deficiente no implica soslayar cuestiones de procedencia del juicio de garantías. En efecto, el Tribunal Pleno del Máximo Tribunal del país determinó que la causa de improcedencia del juicio de garantías por consentimiento de la ley cuando no se reclame con motivo de su primer acto de aplicación, como ocurrió en el caso, es aplicable solamente a la ley, no así a los actos de aplicación, es decir, si la demanda es extemporánea, lógico es que se actualice la causa de improcedencia de mérito, sin que en este caso pueda operar la referida suplencia de la queja deficiente, por no poderse abordar las cuestiones de fondo, respecto del reclamo de la ley -si lo hubiera- o sus actos de aplicación; y en cambio, si la causa de improcedencia se surte porque al reclamarse la ley, no se trata del primer acto concreto de aplicación, el sobreseimiento alcanzará únicamente a la norma reclamada, sin perjuicio de que pueda concederse la protección constitucional respecto del acto concreto de aplicación. En ese orden de ideas, es evidente que los motivos de inconformidad enunciados en los incisos a), b) y d) precedentes, resultan infundados. Por otra parte, los argumentos precisados en los incisos c) y e), suplidos en su deficiencia, son parcialmente fundados y suficientes para modificar la sentencia recurrida y conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal contra el pago del impuesto predial realizado por la quejosa el veinticinco de abril de dos mil siete. En efecto, si la quejosa consintió el artículo 149, fracción II, del Código Financiero del Distrito Federal vigente, por no haberlo reclamado oportunamente, con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio (aspecto que no es materia de controversia en esta instancia), es dable determinar que el hecho de que ese precepto legal haya sido declarado inconstitucional por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la jurisprudencia número 23/2004, por considerar que es violatorio de los principios de proporcionalidad y equidad tributarias tutelados en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, no significa que la Juez de Distrito se haya encontrado obligada a suplir la deficiencia de la queja y conceder el amparo respecto del precepto legal reclamado, pues como ya se precisó, la causa de improcedencia por consentimiento de la ley es plenamente aplicable a ésta y en ese supuesto no puede operar la referida suplencia de la queja, por no poder abordarse las cuestiones de fondo, respecto del reclamo de la ley. No obstante lo anterior, cabe señalar que la Juez de Distrito estuvo obligada a suplir la deficiencia de la demanda de la quejosa y conceder a ésta el amparo y la protección de la Justicia Federal en relación con el pago del impuesto predial realizado el veinticinco de abril de dos mil siete. Para avalar tal postura, es pertinente significar que el Tribunal Pleno de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 17/2003-PL, estableció, a través de la jurisprudencia número 23/2004, que el artículo 149, fracción II, párrafo segundo, del Código Financiero del Distrito Federal, al haber incluido a partir del primero de enero de dos mil dos el factor 10.0 (diez punto cero) para calcular la base gravable del impuesto predial respecto de inmuebles que se otorguen en arrendamiento, viola los principios de proporcionalidad y equidad tributarias previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal. Dicha jurisprudencia aparece publicada en la página ciento doce del Tomo XIX, abril de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la

Novena Época, con el rubro y texto siguientes: ‘PREDIAL. EL ARTÍCULO 149, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, EN VIGOR A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2002, AL INCLUIR EL FACTOR 10.00 EN EL CÁLCULO DE LA BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO RELATIVO, RESPECTO DE INMUEBLES QUE SE OTORGAN EN USO O GOCE TEMPORAL, INCLUSIVE PARA LA INSTALACIÓN O FIJACIÓN DE ANUNCIOS O CUALQUIER OTRO TIPO DE PUBLICIDAD, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS.’ (se transcribe). Sobre tales bases, si la quejosa reclamó el artículo 149, fracción II, del Código Financiero del Distrito Federal, con motivo del pago por la cantidad de $9,863.00 (nueve mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 moneda nacional), efectuado el veinticinco de abril de dos mil siete en la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal, correspondiente al segundo bimestre del impuesto predial del ejercicio de ese año, y ese precepto legal fue declarado inconstitucional por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la citada jurisprudencia número 23/2004, por considerar que es violatorio de los principios de proporcionalidad y equidad tributarias tutelados en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna; la Juez de Distrito debió suplir la deficiencia de su demanda, en términos de lo dispuesto en el artículo 76 Bis, fracción I, de la Ley de Amparo, y, con independencia de que haya decretado el sobreseimiento en el juicio de garantías respecto del citado artículo 149, fracción II, declarar inconstitucional el citado pago, el cual lleva implícita la aplicación del primero de ellos, que, se reitera, fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No es obstáculo para arribar a esta conclusión que se haya decretado el sobreseimiento en el juicio respecto del acto atribuido al tesorero del Distrito Federal consistente en el cobro del impuesto relativo, puesto que conforme a lo expuesto más atrás, la suplencia de la queja en términos de lo dispuesto en el artículo 76 Bis, fracción I, de la Ley de Amparo, opera respecto de actos que se apoyen o sustenten en una norma declarada inconstitucional a pesar de que el acto relativo no sea el primero, ni técnicamente sea atribuible a determinada autoridad. Al respecto, debe ponderarse como punto de partida para explicar lo anterior, el criterio contenido en la jurisprudencia 153/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis 91/2007-SS, que a continuación se identifica: ‘AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO.’ (se transcribe). En esa jurisprudencia y en la ejecutoria de la cual deriva, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó lo siguiente: 1. El sistema fiscal mexicano es declarativo, lo que significa que corresponde a los propios contribuyentes determinar y liquidar el crédito fiscal que, en su caso, resulte a su cargo. 2. La autoliquidación o autodeterminación de los tributos realizada por los contribuyentes implica determinar motu proprio, en cantidad líquida, las contribuciones a su cargo, mediante la realización de las operaciones matemáticas encaminadas a fijar su importe exacto a través de la aplicación de las fórmulas tributarias establecidas en la ley hacendaria, con el correspondiente deber de enterar al fisco las cantidades que resulten. 3. La autoliquidación constituye el producto de la voluntad del gobernado, mediante el cumplimiento espontáneo y en tiempo de sus obligaciones formales y sustantivas en materia fiscal. 4. La autoliquidación o autodeterminación es una forma de colaboración con la administración tributaria que no supone un acto de autoridad de por medio, porque esta modalidad respecto al cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo del contribuyente, está sujeta a ser supervisada por la autoridad fiscal mediante el ejercicio de sus facultades de revisión y comprobación en materia tributaria, de manera que, en el momento de la autoliquidación, la autoridad no externa su voluntad ante el actuar del particular, pues su actuación, en su caso, será posterior. 5. La autoliquidación no obedece a una orden o requerimiento expreso de la autoridad encargada de recaudar los tributos, sino más bien, atiende al cumplimiento de una obligación establecida en la ley, a la cual el contribuyente sujetará al orden constitucional cuando la impugne con motivo del acto de aplicación, consistente en la realización del pago respectivo. 6. La circunstancia consistente en que la autoridad exactora reciba el importe autoliquidado por el contribuyente, no envuelve un actuar positivo de aquélla, pues no constituye una conducta tendiente a querer que se realice el acto en sí, o que desee que se manifiesten sus efectos, pues poco le importa a la unidad receptora del pago si el contribuyente lo realiza o no, pues en tal caso, posteriormente, sólo el contribuyente deberá soportar las consecuencias de su omisión. 7. La autoliquidación de una contribución no es un acto imputable a las autoridades ejecutoras, es decir, a las encargadas de recaudar los tributos, toda vez que la existencia del acto relativo no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20832-10a0d41a/suplencia-de-la-queja-deficiente-prevista-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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