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Modo: Corpus Pro

RECURSO DE REVISIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO SÓLO TIENE FACULTADES LEGALES PARA DESECHARLO POR ASPECTOS FORMALES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 249/2007-SS. · Registro digital (IUS): 20713
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO Y DÉCIMO TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, , Pág. 461.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 249/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO Y DÉCIMO TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que las ejecutorias de las cuales deriva la denuncia corresponden a la materia administrativa en cuyo conocimiento está especializada esta Sala.

En este sentido, con la finalidad de resolver un asunto cuya naturaleza no exige la intervención del Pleno, dado que no reviste un interés excepcional, se estima que su conocimiento corresponde a esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis debe estimarse que proviene de parte legítima.

En efecto, el artículo 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que corresponde conocer a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros asuntos:

"Artículo 21. ... VIII. De las denuncias de contradicción entre tesis que sustenten dos o más tribunales colegiados de circuito, para los efectos a que se refiere la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Por otra parte, el artículo 197-A de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales establece que podrán denunciar la contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito en juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o sus Magistrados, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas.

La denuncia de posible contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues la formularon los Magistrados del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por lo que cabe concluir que la denuncia proviene de parte legítima.

TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los antecedentes que derivan de los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron, así como las consideraciones que se expusieron para su emisión.

Para ello es necesario advertir, que la contradicción de tesis se presenta cuando los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los asuntos jurídicos que generan la denuncia, examinan cuestiones jurídicamente iguales, adoptando posiciones o criterios jurídicos discrepantes y que, además, la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; requiriéndose asimismo que los criterios provengan del examen de elementos esencialmente semejantes.

El Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de reclamación 11/2007-76, interpuesto por Rodolfo Alvarado Camacho, el dieciséis de octubre de dos mil siete, por unanimidad precisó lo siguiente:

"QUINTO. El recurrente argumenta que se violan en su perjuicio los artículos 90 de la Ley de Amparo vigente, 14, 16 y 104, fracción I-B, constitucional, 41 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación así como el artículo 88 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, porque se admite un recurso improcedente a trámite, sin que se funde ni motive la resolución que lo admite; que para no violentar las garantías de seguridad jurídica, legalidad y de debido proceso debe revocarse el auto recurrido y analizarse su procedencia. Que no se examinaron los planteamientos del ahora recurrente sobre la improcedencia del recurso ni se destruyeron sus argumentos al respecto, que se hizo caso omiso de éstos aun cuando están apoyados en la ley y en la jurisprudencia obligatoria para este tribunal. Que se aplican criterios de suplencia de (sic) queja a favor de la autoridad cuando es de explorado derecho que no pueden verificarse en tratándose de las autoridades ‘responsables.’. Que debió analizarse a fondo la procedencia del recurso y no sólo limitarse a verificar que se encontrara en tiempo, porque se vulnera el artículo 90 de la Ley de Amparo que ordena la ‘revisión de oficio de la procedencia completa’, no parcial o superficial. Que no se surten los supuestos de procedencia que invoca la autoridad en la revisión contenciosa administrativa. El argumento relativo a que el acuerdo recurrido viola los artículos 14 y 16 constitucionales, resulta inoperante en virtud de que el recurso de reclamación de que se trata únicamente tiene por objeto verificar la legalidad de los acuerdos de trámite dictados, como en el caso, por el presidente de este órgano colegiado, conforme al artículo 103 de la Ley de Amparo, pero no constituye un medio por el cual se pueda conseguir la restitución en el goce de dichas garantías. Sirve de apoyo, por identidad de razón, la tesis aislada 2a. XXX/2007, visible en la página 559, Tomo XXV, abril de 2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: ‘AGRAVIOS INOPERANTES EN LA RECLAMACIÓN. SON LOS PLANTEADOS EN CONTRA DEL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN POR VIOLAR GARANTÍAS INDIVIDUALES.’ (La transcribe). Por lo demás, el recurso de reclamación resulta infundado, conforme a las siguientes consideraciones: Ante todo debe señalarse que el artículo 104, fracción I-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que el recurso de revisión contencioso administrativo se sujetará a los trámites que la Ley de Amparo fije para la revisión en amparo indirecto. Por su parte, el artículo 90 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales establece que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, calificará la procedencia del citado recurso de revisión en amparo. Ahora bien, aun cuando el mencionado artículo 90 de la Ley de Amparo y el diverso 88 de la Ley del Tribunal Contencioso Administrativo prevean que será el Tribunal Colegiado el que calificará la procedencia del recurso de revisión, tal disposición no debe ser entendida en sentido estricto, es decir, que en todos los casos deba ser el Tribunal en Pleno quien se pronuncie sobre la procedencia de ese medio de impugnación, ya que, por otra parte, el artículo 41, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación contempla que es al presidente de ese órgano colegiado a quien corresponde dictar todos los acuerdos de trámite que procedan en los asuntos de su competencia, hasta ponerlos en estado de resolución; por ende, es inconcuso que todos los proveídos de trámite que no impliquen una cuestión trascendente o dudosa, así como aquellos que no deba calificar el Pleno, serán dictados por el presidente del Tribunal Colegiado. Empero, para dilucidar si un recurso de revisión contencioso administrativo cumple con las hipótesis de procedencia del artículo 88 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se hace indispensable valorar la naturaleza del asunto, las consecuencias jurídicas y de hecho que se verificarían derivadas de ese análisis, así como el alcance de la eventual resolución que llegara a emitirse al resolverlo, misma que solamente puede fijarse en función de la gravedad de las consecuencias de la decisión del asunto; aspectos todos ellos que en la mayoría de los casos, únicamente pueden ser analizados por el Pleno del Tribunal Colegiado, en tanto que a su presidente sólo corresponde examinar si estaban cubiertos los requisitos formales del escrito de interposición del recurso; la oportunidad del mismo, para luego, de ser el caso, poner el asunto en estado de resolución y, finalmente, ordenar su turno al Magistrado relator para que formule el proyecto respectivo. Lo anterior acontece aun cuando para el presidente del tribunal no fuere dudosa la procedencia del recurso, pues precisamente en aras de la seguridad jurídica que invoca el recurrente, resulta imperativo que asuntos en los que se haga necesario valorar diversas situaciones, entre otras, como las planteadas en el recurso de revisión (incisos b), c) y e) del artículo 88 antes invocado), sea el Pleno quien lo decida, pues la decisión así emitida será producto de una reflexión colegiada apta para formar un criterio del tribunal en su conjunto. Cabe precisar que no es el caso de analizarla en este momento sino al fallarse el recurso de revisión contencioso administrativo. Sirve de apoyo, únicamente en lo relativo a que no es la reclamación el momento para pronunciarse sobre la procedencia del recurso, criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada, publicada en la página ciento ochenta y siete, Tercera Parte, Tomo CXXXV, de la Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, por existir la misma razón (admisión por el presidente de la Corte, o por el presidente del Tribunal Colegiado), cuyo contenido a la letra dice, lo siguiente: ‘REVISIÓN FISCAL, IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA DEL ASUNTO PARA LA ADMISIBILIDAD DE LA. CUÁL ES EL ÓRGANO COMPETENTE PARA DEFINIRLAS.’ (La transcribe). En congruencia con lo anterior, resulta acorde la determinación contenida en el acuerdo recurrido, en el sentido de que respecto a las manifestaciones de la parte actora, referidas sustancialmente a la procedencia del recurso, únicamente se tuvieran por hechas en vía de alegatos para los efectos legales a que hubiera lugar, con el señalamiento de que, en su caso, se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno. Cabe decir, que la admisión a trámite del recurso, en modo alguno implica suplencia de la deficiencia del recurso en cuanto a su procedencia, dado que conforme a lo expuesto en líneas anteriores, aún no existe pronunciamiento sobre la misma. En este contexto, son infundados los agravios que se analizan, en razón de que este órgano colegiado estima que la calificación del trámite del recurso de revisión contencioso administrativo se limita al estudio de los aspectos formales que trasciendan a ella, como es, entre otros, la falta de firma del escrito de expresión de agravios, pero no puede referirse al examen de las hipótesis de procedencia o de los agravios expuestos por la parte recurrente, pues ello constituye una cuestión de estudio del fondo del recurso. Asimismo, tomando en consideración que es criterio de este tribunal que la procedencia de este tipo de asuntos se analice al dictar resolución, por las razones expuestas en líneas precedentes, resultaba ocioso que previo a la admisión se diera cuenta al Pleno de este órgano colegiado, sobre la procedencia del recurso. Finalmente, por cuanto se refiere a la tesis de jurisprudencia que invoca el recurrente identificado con el número l.5o.A. J/4, del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 2473, Tomo XXII, diciembre de 2005 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: ‘REVISIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA. EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO TIENE FACULTADES PARA DECRETAR SU DESECHAMIENTO. El artículo 104, fracción I-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el recurso de revisión que se interponga contra las resoluciones definitivas de los tribunales de lo contencioso-administrativo, debe tramitarse conforme a las reglas de la Ley de Amparo relativas al recurso de revisión en amparo indirecto. Al respecto el diverso numeral 90, párrafo primero, de tal ley, dispone que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o el Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, calificarán la procedencia del recurso de revisión, admitiéndolo o desechándolo. A su vez, el artículo 41, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, prevé que el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, tiene atribuciones para dictar los trámites necesarios que procedan en los asuntos de la competencia del tribunal hasta ponerlos en estado de resolución y en caso de que estime dudoso o trascendente algún trámite, dispondrá que se dé cuenta al tribunal para que este último determine lo que deba corresponder. Consecuentemente, al tenor de las disposiciones invocadas, el presidente del Tribunal Colegiado tiene facultad para desechar el recurso de revisión contencioso administrativo, sin que de dichos preceptos se advierta que ésta está encaminada únicamente a aspectos tales como la competencia del tribunal, la legitimación de quien intenta el recurso o la oportunidad de su presentación, en atención a que en términos de la tesis 1a. XLVIII/98, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página trescientos cuarenta y uno del Tomo VIII de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: «INCONFORMIDAD, DESECHAMIENTO DEL RECURSO, COMPETENCIA DEL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA DECRETARLO.», la palabra «tramitar», debe entenderse como efectuar los trámites necesarios a fin de poner el asunto en estado de resolución y tomando en consideración que previamente a la resolución de un asunto, deben analizarse los requisitos de procedibilidad, el desechamiento que en su caso se determine, corresponde al propio trámite del asunto.’. La tesis transcrita no obliga a este órgano colegiado, debido a que goza de autonomía en relación con los demás Tribunales Colegiados. En tales condiciones, procede declarar infundado el recurso de reclamación interpuesto en contra del acuerdo de fecha diecinueve de septiembre de dos mil siete."

Del anterior criterio se sustentó esencialmente:

"La calificación del trámite del recurso de revisión contencioso administrativo únicamente se limitará al estudio de los aspectos formales que puedan trascender a ella, como por ejemplo la falta de firma del escrito de expresión de agravios, lo que no significa que se pueda realizar un examen de las hipótesis de procedencia expuestas por la recurrente, pues tal circunstancia se considera que deberá ser analizada al dictar la resolución correspondiente, en razón de que puede resultar ocioso que previo a la admisión se diera cuenta al Pleno del Tribunal Colegiado, sobre la procedencia del recurso."

Por otra parte el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los recursos de reclamación 53/2004, 63/2004, 65/2004, 5/2005 y 26/2005 en las sesiones de fechas veintiuno de octubre y nueve de diciembre de dos mil cuatro, siete de marzo y diecinueve de agosto de dos mil cinco, respectivamente, mantuvo esencialmente el mismo criterio, por lo que en obvio de repeticiones inútiles se procede a la transcripción de lo resuelto en el primero de los asuntos citados:

"Reclamación 53/2004

"Por unanimidad se resolvió en la sesión del día veintiuno de octubre de dos mil cuatro, en el siguiente sentido:

"CUARTO. Son ineficaces los agravios hechos valer por la autoridad recurrente. En efecto, es ineficaz el agravio en el que sostiene que el Magistrado presidente de este Tribunal Colegiado no se encontraba en aptitud de decidir la procedencia del recurso, en virtud de que ésta únicamente puede ser analizada por el cuerpo colegiado; en atención a las siguientes consideraciones: De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 104, fracción I-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el recurso de lo contencioso administrativo, debe tramitarse conforme a las reglas de la Ley de Amparo relativas al recurso de revisión de amparo indirecto. Al respecto, la Ley de Amparo en su artículo 90, párrafo primero, establece: ‘Artículo 90. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, calificará la procedencia del recurso de revisión, admitiéndolo o desechándolo. Admitida la revisión por el presidente de la Suprema Corte de Justicia o por los presidentes de las Salas de la misma, y hecha la notificación relativa al Ministerio Público, se observará lo dispuesto por los artículos 182, 183 y 185 a 191.’. Del precepto en cita, se desprende que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o el Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, calificará la procedencia del recurso de revisión, admitiéndolo o desechándolo, lo que hace patente las facultades del presidente de dichos órganos para desechar, en su caso, algún recurso, puesto que de dicho precepto no se advierte, como lo refiere la autoridad recurrente, que dicha facultad calificadora esté encaminada únicamente a aspectos tales como la competencia del tribunal, la legitimación de quien intenta el recurso o la oportunidad de su presentación, siendo que además, la recurrente, no especifica en qué precepto, norma u ordenamiento legal sustenta su afirmación, por lo que dicho argumento es dogmático ya que carece de sustento o fundamento legal alguno. Para mayor abundamiento, cabe precisar que en el artículo 41, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se preceptúa: ‘Artículo 41. Son atribuciones de los presidentes de los Tribunales Colegiados de Circuito: ... III. Dictar los trámites que procedan en los asuntos de la competencia del tribunal hasta ponerlos en estado de resolución. En caso de que estime dudoso o trascendente algún trámite, dispondrá que el secretario respectivo dé cuenta al tribunal para que éste decida lo que estime procedente.’. Del precepto transcrito, se advierte que el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, tiene atribuciones para dictar los trámites necesarios que procedan en los asuntos de la competencia del tribunal hasta ponerlos en estado de resolución y en caso de que estime dudoso o trascendente algún trámite, dispondrá que se dé cuenta al tribunal para que este último determine el trámite que deba corresponder. Por tal motivo, el presidente de este tribunal sí tiene facultades para desechar el recurso de revisión fiscal interpuesto por el hoy recurrente, ya que en las atribuciones previstas en la ley orgánica no lo restringe a ello, en atención a que la palabra ‘tramitar’ a que refiere el citado artículo 41, debe entenderse como efectuar los trámites necesarios a fin de poner el asunto en estado de resolución y tomando en consideración que previamente a la resolución de un asunto, deben analizarse los requisitos de procedibilidad, el desechamiento que en su caso se determine, corresponde al propio trámite del asunto. En ese tenor, en el presente asunto, la actuación del Magistrado presidente se encuentra ajustada a derecho, en atención a que en el trámite del recurso de revisión administrativo interpuesto por la recurrente, calificó que éste no reunía los requisitos de procedibilidad previstos en el artículo 88, incisos B), C) y E), de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, por lo que en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 90 de la Ley de Amparo y 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, determinó su desechamiento. Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que la rigen, la tesis de la Novena Época, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, diciembre de mil novecientos noventa y ocho, tesis 1a. XLVIII/98, página trescientos cuarenta y uno, aplicada por analogía que a la letra indica: ‘INCONFORMIDAD, DESECHAMIENTO DEL RECURSO, COMPETENCIA DEL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA DECRETARLO.’ (La transcribe). Por otra parte, en el agravio en el que refiere que el proveído recurrido carece de fundamentación y motivación ya que en él únicamente se menciona sustancialmente que es necesario entrar al estudio del asunto, lo cual no puede ser materia de este análisis previo, que únicamente se constriñe al examen de la procedencia del presente recurso, pero sin emitir razonamiento lógico-jurídico que soporte dicho acuerdo, ni se señala el precepto o preceptos legales que faculten al presidente de este Tribunal Colegiado para pronunciarse como lo hizo. Dicho argumento deviene en ineficaz, porque de la lectura que se realiza al auto impugnado, contrario a lo señalado por la recurrente, se advierte que sí se encuentra fundado y motivado, ya que para llegar a la determinación de declarar improcedente el recurso de revisión en cuestión, se estableció que no se actualizan las hipótesis de procedencia previstas en los inciso b), c) y e), del artículo 88 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, argumentando al respecto que por cuanto hace al primero de los incisos apuntados; que de la sentencia de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, no se desprendía que hubiera interpretado algún ordenamiento legal, pues sólo se observa la aplicación de los preceptos legales que invocó; y, respecto de los incisos c) y e) se adujo que para establecer si se cometieron o no violaciones a las formalidades esenciales del procedimiento, o violaciones procesales cometidas durante el juicio que hayan afectado las defensas de la autoridad recurrente y trascendieran al sentido del fallo, o por violaciones cometidas en las propias resoluciones o sentencias, es necesario entrar al estudio del fondo del asunto, lo cual no puede ser materia del análisis previo que se realiza para determinar la procedencia del recurso de revisión; razonamiento que constituye la motivación del proveído recurrido, y contra el cual la recurrente no formula argumentos lógico jurídicos encaminados a demostrar que es incorrecto. Es decir, la recurrente refiere que el auto recurrido carece de motivación, sin embargo, como ya se dijo, dicho auto sí está motivado, y en contra de dicha motivación no se formulan agravios para demostrar la ilegalidad de dicha motivación. En cuanto a la falta de fundamentación que alega la recurrente, cabe decir que no le asiste la razón, dado que el fundamento en el que se apoya el proveído impugnado, es el propio artículo 88 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, pues la determinación de desechar el recurso de revisión deriva del hecho de que no se actualizaron las hipótesis de procedencia establecidas en ese precepto. Finalmente, tampoco cobra aplicación la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que aparece bajo el rubro: ‘REVISIÓN FISCAL, CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO Y NO A SU PRESIDENTE DECIDIR SI DICHO RECURSO ES PROCEDENTE.’. Pues, de su contenido se advierte que la misma se encuentra referida, al medio de defensa, que se prevé en el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación; y en el caso, el recurso de reclamación que ahora nos ocupa, fue interpuesto en contra del desechamiento del recurso de revisión contencioso administrativo; y además, no hay que perder de vista que, corresponde al presidente de este órgano colegiado dictar la medidas que estime necesarias a efecto de proveer sobre la exacta aplicación del artículo 17 constitucional, entre los que obviamente, se encuentra la de desechar el medio de impugnación cuando no cumpla con los requisitos exigidos por la ley. Por otra parte, este Tribunal Colegiado, no comparte el criterio a que se refiere la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, que aparece bajo la voz: ‘IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO CARECE DE FACULTADES PARA INVOCARLAS AL DICTAR EL AUTO ADMISORIO DEL RECURSO DE REVISIÓN.’, en virtud de las razones expuestas en este considerando. Similar criterio fue sustentado por este Tribunal Colegiado al resolver el recurso de reclamación 45/2004, aprobado el diez de septiembre de dos mil cuatro. Además, en cuanto al argumento de la autoridad recurrente, en el sentido de que en el auto recurrido no fueron analizadas todas y cada una de las hipótesis establecidas en el citado artículo 88, el mismo deviene en ineficaz, pues aun analizadas las diversas hipótesis que señala el citado artículo 88 de la Ley del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal, no es procedente el recurso, como se verá a continuación. Al respecto, resulta pertinente transcribir, en lo conducente, dicho precepto, el cual establece: ‘Artículo 88. Contra las resoluciones de la Sala Superior a que se refiere el artículo anterior, las autoridades podrán interponer el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente por conducto de la Sala Superior, mediante escrito dirigido a dicho tribunal dentro del término de 10 días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación respectiva, independientemente del monto, en los casos siguientes: A) Cuando la resolución que se dicte afecte el interés fiscal o el patrimonio del Distrito Federal y sea de importancia a juicio de la autoridad fiscal; B) Cuando se trate de la interpretación de leyes o reglamentos; C) Cuando se trate de las formalidades esenciales del procedimiento; D) Cuando se fije el alcance de los elementos constitutivos de las contribuciones; y, E) Por violaciones procesales cometidas durante el juicio siempre que afecten las defensas del recurrente y trasciendan al sentido del fallo, o por violaciones cometidas en las propias resoluciones o sentencias. En los casos no previstos en las fracciones anteriores, las autoridades podrán promover el recurso de revisión, siempre que el negocio sea de importancia y trascendencia, debiendo el recurrente razonar esa circunstancia para efectos de la admisión del recurso y el valor del negocio exceda de 20 veces el salario mínimo general vigente elevado al año en el Distrito Federal, al momento de emitirse la resolución de que se trate.’. Ahora bien, en el presente asunto no se demuestra, que se actualice las hipótesis de procedencia previstas en los incisos C) y E) del artículo 88 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, pues como bien se señaló en el auto recurrido, no es dable analizar las hipótesis previstas, ya que para corroborar su procedencia se tendría que examinar la sentencia, lo que el Tribunal Colegiado no debe efectuar, porque se estaría entrando al análisis de fondo. De la misma manera, en términos del artículo antes transcrito, no se actualizan las hipótesis para la procedencia del recurso de revisión a que se refieren los incisos A) y D) de ese numeral, ya que el asunto no versa sobre interés fiscal ni patrimonio del Distrito Federal, ni tampoco se refiere a los alcances de los elementos constitutivos de las contribuciones. De igual forma, no se actualiza el supuesto de procedencia a que se refiere el inciso B), del numeral en cita, pues de la sentencia que se recurre, emitida por la Sala Superior de ese órgano jurisdiccional no se advierte que se haya establecido la interpretación de leyes o reglamentos, como bien se dijo en el auto que se revisa. Por último, como de la resolución impugnada en el juicio de nulidad, se advierte que el negocio carece de cuantía, resulta irrelevante determinar en el caso, si el asunto en sí mismo considerado, reviste las características de importancia y trascendencia, ya que para la procedencia del recurso, en términos de la última parte del artículo 88 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se requiere la actualización de ambas hipótesis, (cuantía e importancia y trascendencia) por lo que es innecesario atender a las razones que expone la autoridad recurrente para poner de manifiesto que el asunto reviste las mencionadas características. En las apuntadas condiciones, dada la ineficacia de los argumentos analizados, procede declarar infundado el presente recurso."

Los anteriores criterios sustentaron la siguiente tesis:

"No. Registro: 176,462

"Jurisprudencia

"Materia(s): Administrativa

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXII, diciembre de 2005

"Tesis: I.5o.A. J/4

"Página: 2473

"REVISIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA. EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO TIENE FACULTADES PARA DECRETAR SU DESECHAMIENTO. El artículo 104, fracción I-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el recurso de revisión que se interponga contra las resoluciones definitivas de los tribunales de lo contencioso-administrativo, debe tramitarse conforme a las reglas de la Ley de Amparo relativas al recurso de revisión en amparo indirecto. Al respecto el diverso numeral 90, párrafo primero, de tal ley, dispone que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o el Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, calificarán la procedencia del recurso de revisión, admitiéndolo o desechándolo. A su vez, el artículo 41, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, prevé que el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, tiene atribuciones para dictar los trámites necesarios que procedan en los asuntos de la competencia del tribunal hasta ponerlos en estado de resolución y en caso de que estime dudoso o trascendente algún trámite, dispondrá que se dé cuenta al tribunal

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20713-10011b59/recurso-de-revision-contencioso-administrativo-el-presidente-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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