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Modo: Corpus Pro

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LAS VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN O AUDITORÍA PUEDEN RECLAMARSE EN EL JUICIO DE NULIDAD CONTRA LA RESOLUCIÓN DISCIPLINARIA Y EL PLANTEAMIENTO RESPECTIVO DEBERÁ ESTUDIARSE POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 257/2007-SS. · Registro digital (IUS): 20828
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y OCTAVO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, , Pág. 597.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 257/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y OCTAVO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo; 21, fracción VIII y 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia administrativa, cuya especialidad corresponde a esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues fue realizada por la Magistrada presidenta del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de conformidad con el artículo 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo.

TERCERO. A fin de estar en posibilidad de resolver la denuncia de contradicción de tesis, es conveniente conocer las consideraciones sostenidas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias respectivas.

I. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en diferentes fechas, resolvió los DA. 283/2007, 285/2006, 42/2006, 268/2005, 293/2004, así como la revisión fiscal 172/2006.

En virtud de que en dichos asuntos el órgano colegiado se pronunció en términos semejantes, sólo se hará referencia al primero de ellos, en el que sostuvo lo siguiente:

"QUINTO. Aduce sustancialmente la parte quejosa en su primer concepto de violación, que es indebido el razonamiento que expresa la Sala responsable en su quinto considerando, en el sentido de que la orden de auditoría y los actos que con motivo de esta fueron desplegados por el personal auditor del órgano interno de control en la Secretaría de Turismo, no obedecen a un procedimiento laboral ni tiene tal naturaleza como infundadamente lo sostiene, sino se trata de actos puramente administrativos, los cuales son efectuados en ejercicio tras facultades del control de la autoridad, por lo que no se puede sostener que la naturaleza de la orden de auditoría sea laboral.

"Asimismo, la parte actora hoy quejosa señala en su concepto de agravio que la orden de auditoría y su informe de resultados, incumplen con las disposiciones establecidas en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y con ello están afectadas de ilegalidad la resolución del diecinueve de enero de dos mil cinco, dictada por el titular del área de responsabilidades del órgano interno de control en la Secretaría de la Función Pública, al devenir de un acto ilegal como es la auditoría revisión número 10/24.

"Continúa manifestando el hoy inconforme que la auditoría no es una función pública dejada al arbitrio de su ejecutante, sino que deberá seguirse a un proceso que regula y determine su validez; y en concreto, sujetarse a las normas, lineamientos, manuales, guías y procedimientos.

"Se estima fundado el concepto de violación antes sintetizado.

"Como se puede advertir de la síntesis antes señalada, de lo que se duele la parte quejosa es de los actos previos a la integración del procedimiento administrativo de responsabilidades de los servidores públicos, señalando que el acta de auditoría en la cual se basó la autoridad para imponer las sanciones que hoy se combaten, contiene vicios de ilegalidad.

"Ahora bien, en primer término cabe señalar que en el considerando quinto de la sentencia que nos ocupa, la Sala del conocimiento resolvió en relación al punto controvertido, lo siguiente (se transcribe).

"De la transcripción que antecede, se advierte claramente que la Sala del conocimiento señala que las diligencias previas a la situación con el objeto de realizar las investigaciones tendentes a demostrar o determinar el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación laboral existente entre la dependencia y el funcionario público, son actuaciones que no forman parte del procedimiento disciplinario, porque se llevaron a cabo antes de la situación que ordena el artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y además por tener éstas un contenido fundamentalmente laboral.

"Igualmente precisa la Sala que las actuaciones de investigación efectuadas con anterioridad a la citación, como son la orden de auditoría de fecha veintiocho de abril de dos mil cuatro que pretende controvertir la demandante, no forman parte del procedimiento administrativo de responsabilidades del cual emana la resolución impugnada y que, por tanto, no podía realizarse ningún análisis sobre la legalidad de la citada orden de auditoría.

"Es incorrecta la determinación antes citada, ya que las actuaciones previas al inicio del procedimiento disciplinario, como en el caso acontece con la auditoría número 10/24 y su informe mediante el oficio 21/02/267/2004, de fecha veintiocho de abril de dos mil cuatro, deben sujetarse a las garantías constitucionales de debida fundamentación y motivación previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, dado que tales actuaciones no escapan a los imperativos constitucionales que buscan salvaguardar las garantías individuales de los gobernados.

"En efecto, contrario a lo sostenido por la Sala del conocimiento, no puede estimarse que las diligencias practicadas previamente al inicio del procedimiento disciplinario, no sean susceptibles de impugnarse y de estudiarse en el juicio contencioso administrativo, ya que tales actuaciones son el origen del procedimiento administrativo disciplinario; por tanto, son susceptibles de atacarse en el referido juicio; pues de lo contrario, quedaría abierta la posibilidad de reconocer la validez de actos de autoridad que no se encuentran realizados con apego a derecho y que den lugar a la instauración y confusión del procedimiento administrativo de responsabilidad, lo cual atentaría contra la seguridad jurídica de los gobernados.

"Sirve de apoyo a la anterior determinación la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a continuación se cita: (se transcribe).

"En el caso concreto, el impetrante de garantías se duele de que la orden de auditoría-revisión número 10/24, que se informa mediante el oficio 21/02/267/2004, de fecha veintiocho de abril del dos mil cuatro, carece de diversas ilegalidades, pues no cumple con los requisitos que establece el artículo 150, fracción I, inciso a), de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, pues no se señala el domicilio donde habrá de practicarse la diligencia; asimismo, también señala que la auditoría revisa ejercicio (sic) para los cuales no se encontraba autorizado, es decir, que la orden de auditoría va más allá de los ejercicios que se le autorizó a revisar, lo cual se podía corroborar con el oficio 21/SAE/E/031/2004, de fecha tres de septiembre de dos mil cuatro, suscrito por la C. Leticia Cortés Varillas que contiene el informe de auditoría y que en el capítulo de hechos, ésta manifiesta que existen tres observaciones derivadas de la revisión correspondiente y especifica los ejercicios fiscales que se revisaron.

"Al respecto conviene señalar que de las constancias de autos, obra agregada la resolución administrativa impugnada en el juicio de nulidad de fecha diecinueve de enero de dos mil cinco, en la cual se le impuso las sanciones que combate y en la foja treinta y seis, segundo considerando, fracción I, se asentó lo siguiente: (se transcribe).

"De la transcripción que antecede, se puede advertir que el acta de auditoría 10/2004, se registraron diversas irregularidades que sirvieron de fundamento a la autoridad administrativa para tramitar y emitir la resolución en materia de responsabilidades de los servidores públicos que se combatió en el juicio de nulidad, por lo tanto, es indudable que necesita ser analizado a la luz de las garantías de fundamentación y motivación, ya que al limitarse a analizar únicamente el procedimiento disciplinario podría suceder que se diera validez a una actuación derivada de un acto ilegal, lo cual dejaría en estado de indefensión al ahora quejoso.

"Así pues, contrario a lo sostenido por la Sala del conocimiento, las diligencias previas al procedimiento administrativo de responsabilidad, deben ser estudiadas en el juicio de nulidad ya que en base a dichas actuaciones se determinaron las irregularidades por las que se inició el procedimiento que dio origen a las sanciones que ahora afectan al peticionario de amparo.

"Similar criterio ha sostenido este órgano jurisdiccional, en los juicios de amparo directo de la ponencia de la Magistrada María Teresa García Robles: DA. 285/2006 resuelto en sesión de fecha veintiuno de septiembre de dos mil seis; de la ponencia del Magistrado Carlos Alfredo Soto Villaseñor: DA. 293/2004 resuelto en sesión de diecinueve de noviembre de dos mil cuatro, DA. 268/2005, resuelto en sesión de veinticinco de agosto de dos mil cinco y DA. 42/2006, resuelto en sesión de veinticuatro de febrero de dos mil seis; así como el RF. 172/2006 de la ponencia del Magistrado Pablo Domínguez Peregrina, resuelto en sesión de treinta de junio de dos mil seis.

"En las anotadas condiciones, al resultar fundado el agravio planteado por el impetrante de garantías, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la Sala del conocimiento atendiendo a los lineamientos de la presente ejecutoria deje insubsistente la resolución reclamada y emita otra conforme a derecho proceda ..."

II. El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el veintiséis de marzo de dos mil seis la revisión fiscal número 50/2003 sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

"QUINTO. En síntesis, la autoridad recurrente sostiene que la sentencia combatida infringe en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, en relación con el diverso 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en el juicio fiscal, por inobservancia de lo expuesto por esta autoridad al momento de dar contestación a la demanda.

"Al respecto, sostiene lo siguiente:

"1. Que la Sala no apreció debidamente la litis en los términos que fue planteada puesto que al analizar el tercer concepto de anulación que formuló el enjuiciante en su escrito inicial de demanda llegó a una determinación equivocada, dado que no tomó en consideración que el argumento hecho valer por el entonces actor no se encontraba encaminado a desvirtuar la ilegalidad de la resolución de veintiséis de febrero de dos mil uno, emitida por el entonces contralor interno en el Servicio de Administración Tributaria, sino de controvertir la orden de auditoría de trece de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, por la que se comunicó el fin de los trabajos de revisión y, por ende, su resultado, razón suficiente para que la Sala del conocimiento no pudiera entrar al estudio del mismo, ya que no se trata de un acto definitivo;

"2. Que no debe pasarse por alto que las formalidades de la auditoría, las cuales debía cubrir ésta, no fueron materia de la litis planteada en el juicio de nulidad citado al rubro, pues no es el juicio de nulidad el adecuado para controvertir el acta final de auditoría, porque no se trata de un acto definitivo, de modo que si se impugna la práctica de la auditoría por vicios de forma propios de la práctica misma, la cuestión debe ser planteada directamente en amparo, por lo que es de concluirse que aquélla no era la vía procesal oportuna para impugnar el acta final de la auditoría de trece de diciembre de mil novecientos noventa y ocho;

"3. Que es aplicable el criterio jurisprudencial, que al rubro dice: ‘JUICIO DE NULIDAD NO ES PROCEDENTE PARA COMBATIR UNA AUDITORÍA O EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE LEVANTE CON TAL MOTIVO.’;

"4. Que la Sala Fiscal no tomó en cuenta que la conducta irregular cometida por Juan Manuel Rodríguez Cid, la cual se hizo consistir en que no rindió en tiempo el informe de los asuntos de su competencia y la entrega de los recursos financieros, humanos y materiales que le fueron asignados con motivo de su encargo a José Eduardo Calzada Rovirosa, quien fue su sucesor en el cargo que ocupaba, quedó debidamente acreditada durante la tramitación del procedimiento administrativo disciplinario número QD-078/2000, dejando a salvo las facultades de esta autoridad para subsanar tal circunstancia, sin tomar en consideración que el hecho de que unos u otros auditores hayan sólo realizado el informe final de auditoría, mas no que hayan intervenido durante la secuela de verificación que se efectuó a la aduana de Ciudad Juárez, en nada desvirtúa la responsabilidad que le fue atribuida al entonces presunto responsable, pues el resultado sería el mismo, simplemente cambiaría el nombre de los auditores que realizaron la misma, lo que traería como consecuencia un aletargamiento inútil del procedimiento;

"5. Que la irregularidad que le fue atribuida al servidor público en cuestión, quedó debidamente acreditada con, entre otros medios de prueba, los siguientes:

"a) Oficio 326-SAT-R2-A16-VII-020443 de diez de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, suscrito por José Eduardo Calzada Rovirosa, administrador de la Aduana de Ciudad Juárez, Chihuahua, dirigido a José Santiago Wilcox Peña, administrador regional de Aduanas Norte-Centro mediante el cual hace de su conocimiento la omisión del acta de recepción que debía hacer Juan Manuel Rodríguez Cid al separarse del cargo al servidor público entrante;

"b) Oficio 326-SAT-R2-A-16-VII-012749 de veintitrés de abril de mil novecientos noventa y nueve, suscrito por José Eduardo Calzada Rovirosa, administrador de la Aduana de Ciudad Juárez, Chihuahua, dirigido a este órgano interno de control, por el que se remite el acta circunstanciada de veintinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve, en la que se hace constar el resultado de la verificación del contenido del acta de entrega-recepción de Juan Manuel Rodríguez Cid al cargo de administrador de esa aduana; acta circunstanciada de veintinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve, suscrita por Juan Manuel Rodríguez Cid y Luis Jesús Rangel López, administrador y subadministrador local de Recursos adscritos a la Aduana de Ciudad Juárez, Chihuahua, en la que se hace constar que ese día José Eduardo Calzada Rovirosa recibió para su firma el acta de entrega-recepción firmada por Juan Manuel Rodríguez Cid y en la que se asentó la fecha primero de noviembre de mil novecientos noventa y ocho;

"c) Acta circunstanciada de dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, suscrita por José Eduardo Calzada Rovirosa y Manuel Mancilla Ramos, administrador y subadministrador de Control de Trámites y Asuntos Legales adscritos a la Aduana de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que se hace constar el resultado de la verificación del contenido del acta de entrega-recepción de Juan Manuel Rodríguez Cid; constancia de hechos de veintidós de octubre de mil novecientos noventa y nueve, en la que se hizo constar la declaración de Abel Alonso Bustillos y la constancia de nombramiento y/o asignación de remuneraciones de Juan Manuel Rodríguez Cid de tres de septiembre de mil novecientos noventa y siete, expedida a su favor.

"6. Que de todo lo antes expuesto, se desprende la ilegal e indebida apreciación de las pruebas efectuadas por la Sala en el asunto en cuestión, ya que la irregularidad del entonces actor quedó debidamente acreditada con todos y cada uno de los medios probatorios citados, independientemente de las personas que hayan levantado el acta final de la auditoría que fue practicada a la Aduana de Ciudad Juárez, Chihuahua, por lo que resultaría ocioso que se tuviera que elaborar nuevamente el acta final de auditoría, ya que la responsabilidad que le fue imputada y por la cual se le sancionó dentro del procedimiento disciplinario instaurado en su contra no solamente quedó acreditada con ello, sino con diversas documentales que hacen prueba plena, situación que erróneamente apreció la Sala del conocimiento.

"Este tribunal estima que el agravio sintetizado resulta esencialmente fundado, por las razones que enseguida se detallan.

"En el tercer concepto de impugnación de la demanda de nulidad, se advierte que el actor manifestó: (se transcribe).

"Como se advierte del texto transcrito, el actor manifestó: (se transcribe).

"1) Que las pruebas citadas por la autoridad en ningún momento se le dieron a conocer;

"2) Que las pruebas aludidas por la autoridad resultaban totalmente ilegales, ya que el acta final de auditoría de trece de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, levantada por Raúl Karin de la Rosa Peláez, Ricardo S. Vega González, José Alcazar Nájera, José Antonio Contreras Gallardo y José Carlos Serrano, es nula de pleno derecho, porque:

"a) las personas actuaron sin orden de auditoría alguna, dado que no aparecen en la orden de auditoría número 328-SAT-19465 de fecha dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve; y,

"b) en la orden se autoriza a practicar la revisión por el periodo comprendido de enero de mil novecientos noventa y ocho a septiembre de mil novecientos noventa y nueve, y el acta se levantó hasta el trece de diciembre de mil novecientos noventa y nueve y no a septiembre de mil novecientos noventa y nueve.

"3) Que todos los auditores que participaron, actuaron sin estar debidamente facultados con la respectiva orden de auditoría y fuera del plazo, y por ello, no pueden servir de motivo o fundamento a la resolución que se combate, porque las supuestas irregularidades determinadas por el personal que levantó el acta final son improcedentes e infundados por no estar debidamente autorizados a practicar dicha revisión y menos aún para ampliar de motu proprio el periodo a revisar; y,

"4) Que se transgredieron las formalidades esenciales del procedimiento y no se reúnen ni satisfacen los requisitos de legalidad y seguridad jurídica consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales, por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 238, fracciones I, II, III y IV y 239 del Código Fiscal de la Federación, lo procedente era declarar la nulidad de la resolución impugnada.

"Al respecto, la autoridad demandada al formular su contestación, manifestó: (se transcribe).

"Como se observa, es cierto que la autoridad alegó que el tercer concepto de impugnación era inoperante para declarar la nulidad de la resolución combatida, en virtud de que el alegato aducido no estaba encaminado a controvertir la legalidad de la resolución de veintiséis de febrero de dos mil uno, emitida por el contralor interno en el Servicio de Administración Tributaria, sino que controvirtió la orden de auditoría de trece de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, por la que se comunica el fin de los trabajos de revisión y, por ende, su resultado.

"Al respecto, señaló:

"a) Que el motivo por el que fue sancionado Juan Manuel Rodríguez Cid, se hizo consistir en que durante el desempeño de su encargo como administrador de la Aduana de Ciudad Juárez, Chihuahua, no cumplió con la máxima diligencia, el servicio que le fue encomendado, toda vez que no rindió en tiempo el informe de los asuntos de su competencia y la entrega de los recursos financieros, humanos y materiales que le fueron asignados con motivo de su encargo a José Eduardo Calzada Rovirosa, quien fue su sucesor en el cargo que ocupaba;

"b) Que si el agravio estaba encaminado a desvirtuar el acta final de auditoría, es decir, las formalidades que debería de cubrir el mismo devenía inoperante, pues no es el juicio de nulidad el adecuado para controvertir el acta final de auditoría, porque no se trata de un acto definitivo;

"c) Que resulta aplicable al anterior razonamiento, el criterio jurisprudencial de rubro: ‘JUICIO DE NULIDAD NO ES PROCEDENTE PARA COMBATIR UNA AUDITORÍA O EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE LEVANTE CON TAL MOTIVO.’;

"d) Que la orden de practicar una revisión de auditoría no afecta los intereses jurídicos de los servidores públicos, ya que ello sólo sucederá si con motivo de los hechos encontrados en esa auditoría se derivan irregularidades y éstas motivan una resolución que imponga una sanción, en cuyo caso será esta determinación la que cause perjuicio legal y deberá ser combatida por los medios adecuados; y,

"e) Que si se impugna la práctica de la auditoría por vicios de inconstitucionalidad, propios de la práctica misma, la cuestión debe ser planteada directamente en amparo, por lo que es de concluirse que ésta no es la vía procesal oportuna para impugnar el acta final de la auditoría de trece de diciembre de mil novecientos noventa y ocho.

"Ahora bien, en la sentencia recurrida, ya transcrita en otro apartado de este fallo, la Sala Fiscal al resolver sobre la cuestión debatida, alcanzó las siguientes conclusiones:

"a) Que como lo establece la accionante, la autoridad para llegar a la determinación de su responsabilidad administrativa motivó su actuación en los hechos consignados en la auditoría 32/99, practicada a la Aduana de Ciudad Juárez, Chihuahua;

"b) Que, sin embargo, el procedimiento llevado a cabo en dicha auditoría no se llevó acorde a las disposiciones legales, violando con ello las garantías del accionante, consagradas en los artículos 14 y 16, constitucionales;

"c) Que la orden de auditoría número 328-SAT-19465, de fecha dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve, emitida por el contador público Fidel Pérez Herrera, contralor interno en el Servicio de Administración Tributaria, para llevar a cabo la revisión número 32/99, por el periodo de enero de mil novecientos noventa y ocho a septiembre de mil novecientos noventa y nueve, en la aduana de Ciudad Juárez, Chihuahua, se autorizó a los auditores internos Ceferino Juárez Ríos, José Luis Herrera Becerril, Juan Ferrusca Cortés y José Antonio Quevedo Carmona, para llevarla a cabo, sin embargo, el acta final de auditoría levantada a cabo (sic) el día trece de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, fue realizada por Raúl Karin de la Rosa Peláez, Ricardo S. Vega González, José Alcazar Nájera, José Antonio Contreras Gallardo y José Carlos Serrano, auditores que no fueron designados en la orden de auditoría;

"d) Que de manera que al haberse concluido la auditoría con otros auditores que no fueron consignados en la orden de revisión ni en algún otro oficio en que se les haya autorizado para que conjuntamente con Ceferino Juárez Ríos, José Luis Herrera Becerril, Juan Ferrusca Cortés y José Antonio Quevedo Carmona, resulta ilegal ese procedimiento, pues afectó las defensas del demandante, trascendiendo al resultado de la resolución impugnada en el presente juicio;

"e) Que, en consecuencia, lo procedente era declarar la nulidad de la resolución impugnada, al derivarse de un acto viciado de origen, como lo es el procedimiento de auditoría número 32/99, de fecha dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y ocho;

"f) Que lo anterior es así, toda vez que la auditoría 32/99 reviste una gran importancia al tratarse del inicio de un procedimiento, del cual la autoridad valoró y consignó elementos para determinar la responsabilidad administrativa del servidor público, respecto al debido apego a la normatividad y disposiciones legales;

"g) Que la auditoría debe cumplir con las formalidades del procedimiento, y si éste se tramita sin cumplirlas, es obvio que se encuentra viciado el acto que dio origen, toda vez que deriva de un procedimiento viciado de origen;

"h) Que a mayor abundamiento, le asiste la razón a la accionante, cuando manifiesta que el acta final de auditoría de trece de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, es nula en virtud de que fue levantada por Raúl Karin de la Rosa Peláez, Ricardo S. Vega González, José Alcazar Nájera, José Antonio Contreras Gallardo y José Carlos Serrano, personas que actuaron sin orden alguna, en razón de que no aparecen designados en la orden de auditoría contenida en el oficio 328-SAT-19465 de dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve, ni en algún otro oficio que la autoridad haya emitido y en los que los facultara para que en forma conjunta o separadamente, pudieran realizar o continuar con la orden de revisión a la Aduana de Ciudad Juárez, Chihuahua, por lo que al levantar el acta final de auditoría de fecha trece de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, otras personas que no estaban autorizadas para tal efecto, se concluye legalmente que la resolución impugnada es ilegal, al derivar de un procedimiento que se encuentra viciado de origen, como lo fue el procedimiento de revisión a la Aduana de Ciudad Juárez, Chihuahua, con motivo de la orden de auditoría número 32/99 de fecha dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve;

"i) Que no es obstáculo a la conclusión alcanzada, lo aseverado por la autoridad en su contestación, toda vez que al haberse basado la enjuiciada para determinar la responsabilidad del servidor público en los hechos consignados durante el procedimiento de la auditoría número 32/99 de fecha dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve, y al ser éste un procedimiento ilegal, trasciende al sentido de la resolución impugnada, máxime que la autoridad no desvirtuó los hechos consignados, esto es, que los auditores que levantaron el acta final de revisión de fecha trece de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, hayan sido autorizados por la autoridad para tal efecto, por tanto, en términos de lo dispuesto por los artículos 212 y 213 del Código Fiscal de la Federación, los hechos que se le atribuyen y que no fueron desvirtuados, se tienen por ciertos; y,

"j) Que al resultar fundado el argumento analizado se abstiene de entrar al estudio de los restantes agravios hechos valer por el actor en su demanda, sin que por ello se viole lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, toda vez que la violación cometida durante el procedimiento de auditoría, afectó las defensas del demandante, trascendiendo al resultado de la resolución impugnada en el presente juicio, razón por la que procede declarar la nulidad de la resolución que en esta vía se combate, dejándose a salvo las facultades de la autoridad para que, si lo estima pertinente, subsane el vicio cometido, con fundamento en los artículos 234, 236, 237, 238, fracción III y 239, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, y en acatamiento a la ejecutoria pronunciada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el recurso de revisión número RF. 105/2002.

"Como se advierte, el problema a resolver se constriñe a determinar si los vicios del procedimiento seguido en el procedimiento de auditoría previo al procedimiento disciplinario, pueden determinar la nulidad de la resolución dictada en el último de los citados.

"Para tal efecto, conviene reproducir lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, vigente al dictarse la resolución impugnada en el juicio fiscal de origen, esto es, al veintiséis de febrero de dos mil uno, que es del tenor siguiente:

"‘Artículo 62. Si de las investigaciones y auditorías que realice la secretaría apareciera la responsabilidad de los servidores públicos, informará a la contraloría interna de la dependencia correspondiente o al coordinador sectorial de las entidades, para que proceda a la investigación y sanción disciplinaria por dicha responsabilidad, si fuera de su competencia. Si se trata de responsabilidad mayores (sic) cuyo conocimiento sólo compete a la secretaría, ésta se abocará directamente al asunto, informando de ello al titular de la dependencia y a la contraloría interna de la misma para que participe o coadyuve en el procedimiento de determinación de responsabilidades.’

"Del precepto transcrito se observa que si de las investigaciones y auditorías que realice la secretaría se desprende la existencia de una posible responsabilidad a cargo de los servidores públicos, deberá informar esa circunstancia a la contraloría interna de la dependencia correspondiente o al coordinador sectorial de las entidades, para que éste proceda a la investigación y sanción disciplinaria por dicha responsabilidad.

"Como se advierte, el procedimiento de auditoría puede ser una forma en que la autoridad encargada de verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de responsabilidad de los servidores públicos, tenga conocimiento de los hechos que pudieran constituir una infracción sancionable por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pero será esta autoridad y no la que practicó la auditoría quien instaure, tramite y resuelva sobre la responsabilidad del servidor público.

"En efecto, se trata de procedimientos diversos, por un lado el de auditoría y por otro, el disciplinario, pues este último está regido por las disposiciones previstas en los artículos 64 y 65 de la ley de la materia vigente al tiempo en que se emitió la resolución impugnada, que decían: (se transcribe).

"De las disposiciones reproducidas, se advierte que el procedimiento disciplinario consta de las siguientes etapas:

"1. Citación al presunto responsable a una audiencia, haciéndole saber:

"a) La responsabilidad o responsabilidades que se le imputen; y,

"b) El lugar, día y hora en que tendrá verificativo la audiencia y su derecho a ofrecer pruebas y alegar en la misma lo que a su derecho convenga, por sí o por medio de un defensor.

"2. Audiencia. Entre la fecha de la citación y la de la audiencia de pruebas y alegatos, deberá mediar un plazo no menor de cinco ni mayor de quince días h

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20828-c96c8bf7/responsabilidades-administrativas-de-los-servidores-publicos-las-violaciones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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