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Modo: Corpus Pro

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO 26 DE SU LEY ORGÁNICA, QUE PREVÉ EL LÍMITE DE EDAD PARA EL RETIRO DE JUECES Y MAGISTRADOS, NO ES DISCRIMINATORIO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 249/2011. · Registro digital (IUS): 23130
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER Y EL DÉCIMO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, , Pág. 1582.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 249/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER Y EL DÉCIMO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno; en virtud de que se trata de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo tema de fondo se relaciona con la materia administrativa y en esta última se encuentra especializada esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, quien fue parte en los juicios en que se sostuvieron los criterios entre los que se suscita la posible contradicción.

TERCERO. En relación con la resolución dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito el ********** de dos mil diez, en el amparo en revisión ********** promovido por ********** sostuvo, en la parte que interesa, lo que a continuación se transcribe:

"CUARTO. En el único concepto de violación se argumenta medularmente los siguientes razonamientos: Los artículos 26 y sexto transitorio de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día veintinueve de enero de mil novecientos noventa y seis, son inconstitucionales pues violan las garantías individuales consagradas en los artículos 1o., 14 y 16 de la Carta Magna. En particular el artículo 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal reclamado, dispone que el retiro de los Jueces se producirá, entre otras cosas, al cumplir setenta años de edad y el artículo sexto transitorio de dicha ley previene que ‘los Jueces que fueron nombrados con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto, al cumplir 70 años de edad o más podrán optar por el retiro, en caso contrario, lo harán al cumplir 75 años de edad o al sobrevenir alguna incapacidad física o mental’, al respecto, el quejoso argumenta que es evidente el contemplar una ley discriminatoria que viola directamente la garantía constitucional consagrada en el artículo 1o. de la Carta Magna que expresamente prohíbe toda discriminación motivada, entre otros aspectos, por la edad, asimismo, estima que atenta contra la dignidad humana al tener por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de la persona, por el solo hecho de disponer que una persona se debe separar de su trabajo al llegar a tal o cual edad; que de ninguna manera la edad puede tener el alcance de que se le separe de un cargo o se le cese en sus funciones a una persona, si no existe alguna incapacidad física o mental que impida el buen desempeño de sus funciones. Que diversas normas secundarias como el artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, establecen que las pruebas deben ser valoradas de acuerdo a las reglas de la lógica y la experiencia y, en este aspecto, es importante resaltar que la experiencia sólo la da el tiempo, de tal manera que a mayor tiempo, mayor experiencia, por lo que no existe ninguna base legal y jurídica para sostener que el retiro de los Jueces y Magistrados deba darse al cumplir 70 años, o como es el caso del quejoso a los 75 años de edad, porque esto pugna con los más elementales principios constitucionales. Tampoco puede sostenerse que los preceptos reclamados por tratarse de una cuestión meramente administrativa, sólo tengan lineamientos del programa de retiro, y que únicamente establezcan un beneficio administrativo para determinados servidores públicos, pues es evidente que en el caso estamos en presencia de normas dictadas arbitrariamente por el legislador que carecen de fundamentación y motivación, pues resulta que el legislador de manera arbitraria determina la edad de retiro, y pasa por alto que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene la tesis de rubro siguiente: ‘IGUALDAD. CASOS EN LOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE HACER UN ESCRUTINIO ESTRICTO DE LAS CLASIFICACIONES LEGISLATIVAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).’; con base en ese criterio la igualdad, es un principio y un derecho de carácter fundamentalmente adjetivo que se predica siempre de algo, y este referente es relevante al momento de realizar el control de constitucionalidad de las leyes, porque la Norma Fundamental permite que en algunos ámbitos el legislador tenga más amplitud para desarrollar su labor normativa, mientras que en otros el Juez debe ser más exigente a la hora de determinar si aquél ha respetado las exigencias del principio de igualdad. El artículo 1o. de la Constitución Federal en el párrafo tercero muestra la voluntad de extender la garantía de igualdad a ámbitos que trascienden el campo delimitado por el respeto a los derechos fundamentales explícitamente otorgados por la Constitución, al prohibir al legislador que en el desarrollo general de su labor incurra en discriminación por una serie de motivos -de origen étnico o nacional, género, edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil- o en cualquier otro que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. La intención constitucional es, por lo tanto, extender las garantías implícitas en el principio de igualdad al ámbito de las acciones legislativas que tienen un impacto significativo en la libertad y la dignidad de las personas, así como al de aquellas que se articulan en torno al uso de una serie de criterios clasificatorios mencionados en el referido tercer párrafo, sin que ello implique que al legislador le esté vedado absolutamente el uso de dichas categorías en el desarrollo de su labor normativa, sino que debe ser especialmente cuidadoso al hacerlo. En el caso, no existe ni fundamento ni motivación para que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal haya determinado arbitrariamente establecer en una ley secundaria las disposiciones que se contienen en los artículos reclamados. Para dar contestación a los argumentos planteados por el quejoso como concepto de violación, es menester primero atender al contenido de los artículos 26, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintinueve de enero de mil novecientos noventa y seis, y sexto transitorio del mismo ordenamiento publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veinticuatro de abril de dos mil tres, que a la letra establecen: ‘Artículo 26. El retiro de los Jueces y Magistrados se producirá al cumplir setenta y cinco años de edad, o por sobrevenir incapacidad física o mental que imposibilite el desempeño del cargo’. ‘Artículo sexto. Lo establecido en el último párrafo del artículo 26 entrará en vigor tres años después de haberse constituido el fondo, momento en el cual los Jueces realizarán las aportaciones a que el mismo se refiere. Los Jueces que fueron nombrados con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto, al cumplir 70 años de edad o más podrán optar por el retiro, en caso contrario lo harán al cumplir 75 años de edad o al sobrevenir alguna incapacidad física o mental.’. Los artículos reclamados han demostrado que han sido aplicados en perjuicio del quejoso a través del oficio **********, de fecha veinticuatro de junio de dos mil nueve, signado por el oficial mayor del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, quien a través de éste le comunicó el Acuerdo **********, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. Ahora bien, en ambos se advierte que precisamente se establece la edad de 75 años cumplidos para el retiro forzoso de los Jueces y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, cuestión que el quejoso señala como discriminación por edad en atención a que con ello no se demuestra una disminución en la capacidad física o mental que le imposibilite el desempeño del encargo, por lo tanto le priva de la libertad de seguir activo en su trabajo. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: ‘Artículo 1o.’ (se transcribe). La garantía de igualdad que protege nuestra Constitución que incluye tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, deriva en una protección más amplia cuando se incluye la protección contra la no discriminación, que tiene por objeto sostener que las diferencias no deben ser un obstáculo para la integración en sociedad de cualquier persona ya sea por motivos físicos o ideológicos, sea cual sea la especie. Ahora bien, para determinar si en el caso en análisis existe una violación a la garantía de no discriminación, resulta ilustrativo el criterio que sostiene nuestro Máximo Tribunal de la Federación, que a continuación se cita: ... Tesis: 1a./J. 37/2008 ... ‘IGUALDAD. CASOS EN LOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE HACER UN ESCRUTINIO ESTRICTO DE LAS CLASIFICACIONES LEGISLATIVAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).’ (se transcribe). De la lectura del criterio antes citado se advierte que efectivamente es obligación del juzgador hacer un escrutinio del acto reclamado, en este caso una norma general, para entender si objetivamente la norma violenta la garantía de no discriminación o existen bases objetivas para sostener el retiro forzoso al cumplir con 75 años de edad. Para determinar esa situación, este órgano colegiado estima necesario destacar que científicamente se ha contemplado que el ser humano posee una edad cronológica (aquella que contempla los días y años efectivamente vividos) y una edad biológica (aquella que contempla la salud que posee una persona según el estado de sus órganos); este último es el que nos interesa en el presente caso. La edad biológica nos presenta la situación de que existen personas que no obstante poseer una mayor edad cronológica, se encuentran más saludables que de alguna persona a quien le doblan la edad, así pues, el transcurso del tiempo no implica necesariamente un deterioro de las capacidades físicas o mentales de un sujeto. Ante esta situación nos encontramos a personas de 60 a más años de edad en mejores condiciones físicas que personas de 30, puesto que factores genéticos, hábitos y costumbres influyen en la salud de las personas. Así pues, la discriminación por edad es, en general, absolutamente arbitraria, tiene la misma protección legal y los mismos nefastos perjuicios para los interesados y para la sociedad que la discriminación por razón de raza, sexo, religión, entre otras. El requisito de edad como presupuesto ya sea excluyente para acceder a un puesto de trabajo o para un retiro forzoso, no es justificable razonablemente en este caso, máxime cuando en la labor jurisdiccional, cuenta mucho la experiencia adquirida en servicio de los justiciables. Por lo tanto, los artículos combatidos sí violentan el contenido del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que proclama la igualdad de todos los mexicanos y el derecho a la no discriminación. Si bien la jubilación es un derecho, el especificar una edad límite para el retiro forzoso atenta contra la libertad de las personas, para seguir ejerciendo su labor siempre y cuando estén en pleno goce de sus facultades físicas y mentales. Por lo que el elemento objetivo del artículo 26 y sexto transitorio reclamados de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, no es la edad de retiro forzoso, porción normativa que se considera inconstitucional, sino en el caso que sobrevenga incapacidad física o mental que lo imposibilite para el desempeño del cargo. En estos casos, en que se tratan derechos fundamentales, son enriquecedoras las posturas de algunos otros sistemas jurídicos, por ello se destaca que ********** catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Vigo, considera que la jubilación por edad no justificada en políticas de empleo en los términos de la normativa española y comunitaria puede constituir discriminación directa por razón de edad, sugiere que el leiv motiv del principio de igualdad de trato en la norma, tal y como está recogido en las normas constitucionales de España y de la Unión Europea, con sus reglas generales y su casuismo, fue tema central del análisis de las ponencias, para entender que el retiro forzoso por edad constituye un factor de discriminación por edad. Al respecto, cabe destacar que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sólo pueden dejar sus cargos por los siguientes motivos:(1) a) Conclusión del periodo. b) Renuncia, la cual es sólo procedente en causas graves que deberá calificar el presidente de la República y aprobar o negar el Senado. c) Jubilación voluntaria: Procede cuando el interesado solicite su retiro, siempre que reúna las condiciones de edad y antigüedad. d) Muerte. En efecto, ni en la Constitución, ni en las leyes existe una edad de retiro forzoso, lo que también resulta de interés para el tema que nos ocupa. Aunado a lo anterior, se trae a cuenta el ejemplo del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos de América **********, quien nació el ********** de abril de mil novecientos veinte y que a la edad de 89 años sigue ocupando su cargo. En este orden de ideas, este Tribunal Colegiado declara inconstitucional el 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintinueve de enero de mil novecientos noventa y seis y, sexto transitorio del mismo ordenamiento publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veinticuatro de abril de dos mil tres, sólo por lo que hace a la porción normativa que establece una edad forzosa de retiro; por lo que el efecto del amparo es para que no se aplique la parte considerada inconstitucional en su perjuicio."

CUARTO. El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el ********** de dos mil diez, el amparo en revisión ********** promovido por ********** sostuvo, en la parte que interesa, lo que a continuación se transcribe:

"NOVENO. ... a juicio de este Tribunal Colegiado el hecho de que el artículo 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal prevea que: ‘... el retiro de los Jueces y Magistrados se producirá, por sobrevenir incapacidad física o mental que imposibilite el adecuado desempeño del cargo, o al cumplir setenta años de edad ...’, no contraviene la garantía de igualdad y no discriminación prevista en el artículo 1o., tercer párrafo, constitucional, ya que por el contrario, tal medida se constituye como un beneficio a favor del funcionario que, habiendo alcanzado una edad considerable, tiene derecho a un descanso por los años que ha dedicado al servicio activo. Ello, en virtud de que las personas que llegan a los setenta años de edad se encuentran de manera objetiva en un punto en el que ha quedado demostrado su compromiso y entrega a la función judicial y, a partir de ese momento, puede señalarse justificadamente que la conclusión de su encargo no merma ni trunca su probada carrera judicial. Por el contrario, significa que el funcionario llevó a cabo su encomienda hasta un extremo exigible. En tales condiciones, al resultar inoperantes los conceptos de violación en estudio, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada por la quejosa, respecto de los actos reclamados de la Asamblea Legislativa, jefe de Gobierno y director de la Gaceta Oficial, todos del Distrito Federal, consistentes -en el ámbito de sus atribuciones- en la aprobación, expedición, promulgación, orden de publicación y publicación de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en especial su artículo 26. Décimo. En virtud de que la quejosa hizo valer argumentos en contra del acto concreto de aplicación, este Tribunal Colegiado procede a examinarlos. ..."

QUINTO. Como cuestión previa, cabe determinar si la presente contradicción de tesis reúne o no los requisitos para su existencia.

A fin de establecer si en la especie se configura la denuncia de contradicción de tesis a que este expediente se refiere, debe tomarse en cuenta el criterio del Tribunal Pleno surgido por el sistema de reiteración, del que surgió la jurisprudencia cuyos rubro, texto y datos de identificación establece:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis {contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución".(2)

Del criterio anterior deriva que la Suprema Corte de Justicia de la Nación interrumpió la jurisprudencia que acotaba los elementos que debían tomarse en cuenta para la configuración de la contradicción de tesis, adoptando en la actualidad una postura más flexible en cuanto a la identidad de las cuestiones fácticas alrededor de las cuales se genere la oposición de criterios, otorgando mayor relevancia al punto o institución jurídica sobre la que se suscite la divergencia de criterios, lo anterior con el propósito de generar certeza jurídica sobre la interpretación de aquél, de modo que bajo esa óptica deberá realizarse el examen de este asunto.

En la especie, del examen de las consideraciones sustentadas por cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito se advierte que sí existe la contradicción de tesis denunciada.

En efecto, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el recurso de revisión **********, consideró que los artículos 26 y sexto transitorio de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, respectivamente, el veintinueve de enero de mil novecientos noventa y seis, y el veinticuatro de abril de dos mil tres, son contrarios a la garantía de igualdad establecida en el tercer párrafo del artículo 1o. constitucional, que prohíbe toda discriminación, por lo que se refiere al límite de edad de retiro forzoso de los Jueces del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal a los setenta y cinco años de edad, ya que científicamente se ha observado que el ser humano posee una edad cronológica (aquella que se refiere a los días y años efectivamente vividos) y una edad biológica (aquella que alude a la salud que posee una persona según el estado de sus órganos), siendo que esta última presenta la situación de que existen personas que no obstante poseer una mayor edad cronológica, se encuentran más saludables que alguna persona a quien le doblan la edad, de ahí que ante esta situación hay personas de sesenta o más años de edad en mejores condiciones físicas que personas de treinta, puesto que factores genéticos, hábitos y costumbres influyen en la salud de las personas, por lo que la discriminación por edad es absolutamente arbitraria, más aún que en la edad jurisdiccional cuenta mucho la experiencia adquirida en el servicio; por lo que los preceptos combatidos infringen el artículo 1o. constitucional.

Agrega el Tribunal Colegiado de Circuito que ni en la Constitución ni en las leyes, existe una edad de retiro forzoso por lo que se refiere a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunado a que existe un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América **********, quien nació el ********** de abril de mil novecientos veinte que cuenta con la edad de ochenta y nueve años y sigue ocupando su cargo.

Por su parte, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo en revisión ********** promovido por **********, esencialmente sostiene que el artículo 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal no contraviene la garantía de igualdad y no discriminación establecida en el artículo 1o. constitucional, tercer párrafo, ya que al establecer que el retiro de los Jueces y Magistrados se producirá por sobrevenir incapacidad física o mental que imposibilite el desempeño del cargo, o al cumplir setenta años de edad ... confiere un beneficio en favor del funcionario que habiendo alcanzado una edad considerable, tiene derecho a un descanso por los años que ha dedicado al servicio activo. Ello, en virtud de que las personas que llegan a los setenta años de edad se encuentran de manera objetiva en un punto en el que ha quedado demostrado su compromiso y entrega a la función judicial y, a partir de ese momento, puede señalarse justificadamente que la conclusión de su encargo no merma ni trunca su probada carrera judicial. Por el contrario, significa que el funcionario llevó a cabo su encomienda hasta un extremo exigible.

De ahí que se advierta que ambos Tribunales Colegiados de Circuito se pronunciaron sobre el mismo tema, esto es, el relativo a si el artículo 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal que establece un límite de setenta y cinco años para ejercer la función de Juez o Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal es o no contrario a la garantía de igualdad prevista en el párrafo tercero del artículo 1o. constitucional. Consecuentemente, debe estimarse que se examinaron cuestiones esencialmente iguales y se adoptaron criterios diferentes, ya que para uno de los Tribunales Colegiados de Circuito, el precepto reclamado sí es contrario a la citada garantía por cuanto a una discriminación por razones de la edad, mientras que el diverso estimó lo contrario.

Así, la materia de la contradicción de tesis consistirá en determinar si el límite de edad para ejercer la función de Juez del Distrito Federal, es violatorio de la garantía de igualdad por razones de discriminación a que se refiere el tercer párrafo del artículo 1o. constitucional, o si dicho límite constituye una norma de beneficio.

No es obstáculo a la conclusión anterior, que el artículo 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintinueve de enero de mil novecientos noventa y seis, se hubiere reformado el veinticuatro de abril de dos mil tres, ya que en esta última reforma subsiste el límite de edad que se requiere para el retiro de los Jueces y Magistrados, sólo que en el precepto reformado la edad se redujo a setenta años.

En efecto, el precepto en cita establece lo siguiente:

Ver precepto

De las transcripciones anteriores se advierte que el precepto reclamado aun cuando fue reformado, tal modificación no cambió su esencia, por lo que subsiste la divergencia de criterios que requiere ser superada a través del pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sirve de apoyo a esta consideración la tesis del Tribunal Pleno que enseguida se transcribe:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. NO DEBE DECLARARSE INEXISTENTE AUN CUANDO LA NORMA INTERPRETADA POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO HAYA SUFRIDO UNA REFORMA, SI ÉSTA NO MODIFICÓ SU ESENCIA. No es dable concluir que es inexistente una contradicción de tesis, cuando la norma legal que interpretaron los tribunales y que los llevó a conclusiones discrepantes, sufre una reforma que sólo modificó en parte la terminología empleada, pero no la esencia del precepto, en tanto que se entiende que si el contenido sustancial se mantiene, subsiste la divergencia de criterios que requiere ser superada a través del pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." (No. registro: 189999. Tesis aislada. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, tesis P. VIII/2001, página 322).

SEXTO. Ahora bien, cabe destacar que el artículo 1o. constitucional, tercer párrafo, establece:

"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.

"...

(Adicionado, D.O.F. 14 de agosto de 2001)

"Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas."

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la igualdad se configura en la Constitución Federal como uno de los principios estructurales del orden jurídico, lo cual implica que ha de servir como criterio básico para la producción normativa y su posterior interpretación y aplicación.

En consonancia con esta condición, la Constitución Federal establece diferentes facetas de la igualdad, y se refiere a ella a veces en un plano general y a veces en el contexto de un ámbito material específico. Así, por ejemplo, el primer párrafo del artículo 1o. de la Constitución contiene una afirmación general del principio de igualdad en el disfrute de las garantías individuales que la misma otorga; en el tercer párrafo de dicho artículo se establece la prohibición de discriminar por varios motivos expresamente enumerados, y de cualquier otro modo que implique un menoscabo para la dignidad humana o para los derechos y libertades de las personas; en el artículo 2o., apartado B, por su parte, se impone a los distintos niveles territoriales de poder, el deber de establecer las instituciones y políticas necesarias para garantizar los derechos y el desarrollo de los pueblos indígenas, con vistas a promover su igualdad de oportunidades y eliminar cualquier práctica discriminatoria; el artículo 4o. especifica que el varón y la mujer son iguales ante la ley; los artículos 13, 14 y 17 garantizan de varios modos la igualdad de las personas sujetas a un

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23130-96651540/tribunal-superior-de-justicia-del-distrito-federal-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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