ACTIVO. CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA POR CONCESIÓN DEL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO SÉPTIMO, FRACCIÓN I, DEL DECRETO DE REFORMAS FISCALES PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE DICIEMBRE DE 2006, EN CUANTO SE REFIERE A LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO (LEGISLACIÓN VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2007).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 252/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEXTO, DÉCIMO SEGUNDO Y DÉCIMO QUINTO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Jurisdicción y competencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerce jurisdicción, y esta Segunda Sala es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal, 197-A de la Ley de Amparo, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, aprobado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno.
Esto, ya que se trata de una denuncia de contradicción de criterios, en la que el tema a dilucidar está vinculado con la materia administrativa, cuyo conocimiento corresponde a esta Segunda Sala.
SEGUNDO. Procedencia. En el caso, debe estimarse que la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de la normatividad aplicable.
Sobre el particular, el artículo 197-A de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, establece que cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o sus Magistrados, o bien, las partes que intervinieron en los juicios en que se hayan sustentado tales tesis, podrán denunciar la contradicción atinente.
En el caso, la denuncia de contradicción fue formulada por los integrantes del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la resolución de veintiséis de mayo del año en curso, recaída al recurso de inconformidad número 3/2011, del índice de dicha instancia judicial, por lo que debe concluirse que proviene de parte legítima.
TERCERO. Existencia de la contradicción. A efecto de determinar si, en el caso, efectivamente se actualiza la contradicción de criterios denunciada, debe tenerse presente que, para su actualización, es necesario que, al resolver los asuntos materia de la denuncia:
1. Se hayan examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,
2. Se arribe a conclusiones encontradas respecto a la solución de la controversia planteada.
Así las cosas, existirá contradicción de tesis siempre que se satisfagan los supuestos enunciados, sin que sea obstáculo para su existencia que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que los rodean, esto es, que los criterios que sean materia de la denuncia no provengan del examen de los mismos elementos de hecho.
Esto último, en términos de lo sostenido por el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis de jurisprudencia P./J. 72/2010, con el rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(1)
Ahora bien, precisado lo anterior, a efecto de establecer si, en la especie, existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente enunciar, para su posterior análisis, las consideraciones esenciales en que se apoyaron las resoluciones correspondientes de los Tribunales Colegiados contendientes.
En estas condiciones, de las constancias que obran en autos es posible desprender lo siguiente:
I. Al resolver la inconformidad número 3/2011, en lo que al caso interesa, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito consideró lo siguiente:
- Que debían tenerse como infundados los agravios en los que el actor adujo, sustancialmente, que, a efecto de que le fueran debidamente retribuidas sus garantías tributarias violadas, en términos de lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, debían devolvérsele las cantidades que fueron indebidamente enteradas durante el ejercicio fiscal dos mil siete, con motivo de la aplicación del precepto que, con posterioridad, fue declarado inconstitucional;
- Ello, al considerar que dichos argumentos involucraban cuestiones que no podían considerarse parte de los lineamientos, o bien, de los alcances de la sentencia dictada en el juicio de garantías al que recayó el acuerdo que tuvo por cumplida la sentencia atinente, combatido en la inconformidad en comento;
- Por tanto, las cuestiones alegadas por el inconforme, consistentes en que debían devolverle el monto pagado con motivo del impuesto declarado inconstitucional, estaban desvinculadas del cumplimiento del fallo protector;
- Los efectos de la concesión del amparo, respecto de la inconstitucionalidad del artículo séptimo transitorio, fracción I, del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación; de las Leyes de los Impuestos sobre la Renta; al Activo y Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, y de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de diciembre de dos mil seis", consistieron en lo siguiente:
a) Desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa la obligación establecida en la disposición transitoria declarada inconstitucional, lo que no implicó que quedara liberada de pagar el impuesto al activo; y,
b) Permitir que determinara el monto del impuesto referido, para el ejercicio fiscal dos mil siete, dentro del régimen opcional, en los mismos términos y condiciones en que lo hacía hasta antes de que entrara en vigor la disposición declarada inconstitucional, con la finalidad de restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación advertida.
- De lo anterior, el órgano juzgador desprendió que, entre los efectos del fallo protector, no estaba comprendida, como consecuencia directa, la devolución de las cantidades pagadas por concepto del impuesto al activo;
- Por el contrario, sostuvo, únicamente se desincorporó de su esfera jurídica una obligación formal;
- Se dijo también que correspondía al entonces quejoso determinar el monto del impuesto referido a su cargo, de la misma manera en que lo hacía hasta antes de la entrada en vigor del precepto que se estimó violatorio de garantías;
- Por tanto, si la impetrante consideraba que contaba con un saldo a su favor, tenía expedito el derecho de solicitar su devolución, en términos de lo previsto en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación y, sobre el particular, correspondía decidir lo que en derecho procediera a la autoridad hacendaria;
- En relación con el tema en comento (si dentro de los efectos de la sentencia de amparo se encuentra el devolver o no el tributo pagado), debía tomarse en consideración, por analogía y, en lo aplicable, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 177/2006, con rubro: "PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO RESPECTO DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN XXV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.";
- El efecto de la protección pretendido por el entonces quejoso no podía ser materia de estudio en una inconformidad planteada contra el auto que tuvo por cumplido el fallo protector, pues el cumplimiento de una sentencia de amparo tiene que circunscribirse a los límites establecidos en ella; y,
- Lo contrario significaría introducir elementos no especificados en la resolución de mérito, lo que equivaldría a trastocarla, y a dilucidar cuestiones que no fueron analizadas en el fallo protector, tal como se desprende del contenido de la tesis de jurisprudencia 1a./J. 18/2002, con rubro: "INCONFORMIDAD. MATERIA Y LÍMITE DE ESTUDIO."
La copia certificada de la resolución sintetizada obra agregada en los autos del toca en que se actúa.
II. Por su parte, los argumentos medulares sostenidos en la resolución de la inconformidad 25/2010, dictada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, son del tenor siguiente:
- Para determinar si la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo era correcta o no, debían delimitarse los alcances de ésta;
- Al respecto, de conformidad con lo resuelto por el Tribunal Auxiliar del conocimiento, los efectos de la concesión del amparo respecto de la inconstitucionalidad del artículo séptimo transitorio, fracciones I y II, del decreto reclamado eran exclusivamente los siguientes:
- La desincorporación de la prohibición prevista en el artículo, de la esfera jurídica de las entonces quejosas; y,
- La autorización para que calcularan el impuesto al activo del ejercicio dos mil siete, dentro del régimen opcional, en los mismos términos y condiciones en que lo hacían hasta antes de que entrara en vigor la norma reclamada.(2)
- Por tanto, concluyó que si las responsables demostraron que emitieron los actos en los que expresamente se estableció que se desincorporaba el precepto reclamado de la esfera jurídica de las quejosas y que, en todo caso, podían calcular el impuesto al activo como lo hacían antes de la vigencia de la norma, fue correcta la decisión del Juez Federal de declarar cumplida la sentencia, al haberse acatado el núcleo esencial de la concesión del amparo;
- Aun cuando la quejosa manifestó que habían cantidades pendientes de devolución, no exhibió documento alguno para acreditar su afirmación, a pesar de las distintas prórrogas que se le concedieron al efecto;
- En caso de que se presentasen las condiciones que justificaran las devoluciones procedentes, podría realizar la solicitud respectiva pues, para determinar si se está en el caso de devolución de alguna cantidad, es necesario que la quejosa efectúe nuevamente el cálculo de la contribución de mérito y, eventualmente, solicite la devolución correspondiente ante la autoridad hacendaria; y,
- La devolución que solicita está supeditada a que se demuestre que se hizo la declaración sin la deducción y, además, que se efectuó declaración complementaria en la que nuevamente se calcule el impuesto al activo.
La resolución correspondiente obra agregada, en copia certificada, a fojas ciento treinta y nueve a ciento noventa y tres (frente y vuelta) de los autos en que se actúa.
III. Por otro lado, al resolver la inconformidad con número de expediente IA-22/2010-375, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito estableció, en esencia, lo siguiente:
- La inconformidad que se plantea contra la resolución que tiene por cumplida una ejecutoria se constriñe a resolver si la decisión del Juez de Distrito es correcta o no;
- Al efecto, resulta necesario delimitar los alcances de la ejecutoria de amparo, en términos de lo dispuesto en la tesis 2a./J. 47/98, con rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENE FACULTADES PARA PRECISAR SU ALCANCE, SEÑALAR LAS AUTORIDADES VINCULADAS A CUMPLIRLAS Y LA MEDIDA EN QUE CADA UNA DE ELLAS DEBE PARTICIPAR.";
- Así, tras reseñar las razones del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en el recurso de revisión mediante el cual concedió el amparo a las quejosas, estableció que los efectos de la concesión del amparo respecto de la inconstitucionalidad del artículo séptimo transitorio, fracciones I y II, del decreto reclamado, eran los siguientes:
a) La desincorporación de la prohibición prevista en el citado artículo, de la esfera jurídica de la quejosa; y,
b) La autorización para que calcularan el impuesto al activo del ejercicio fiscal de dos mil siete dentro del régimen opcional, en los mismos términos y condiciones en que lo hacían hasta antes de que entrara en vigor la norma reclamada.(3)
- Por tanto, como en la especie obra constancia de que las responsables demostraron que emitieron los actos en los que expresamente precisaron que se desincorporaba el precepto reclamado de la esfera jurídica de las quejosas y que, en todo caso, podrían calcular el impuesto al activo como lo hacían previo a la vigencia de esa norma, fue correcto lo decidido por el juzgador, al declarar que la sentencia se cumplió;
- En el caso, los efectos del amparo no comprenden la devolución de las cantidades correspondientes, máxime que ese hecho corresponderá decidirlo, en todo caso, a la autoridad;
- Esto último porque, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido criterios en el sentido de que, en tratándose de leyes fiscales que han sido declaradas inconstitucionales, el cumplimiento de las sentencias se da cuando son devueltas las cantidades que se pagaron indebidamente, también ha definido que en el caso de normas fiscales que prohíben efectuar deducciones en el cálculo del tributo, la consecuencia no es necesariamente la devolución;
- Lo anterior, según se dijo, corresponde decidirlo, en todo caso, a la autoridad fiscal;
- Por tanto, el contribuyente cuenta con la vía expedita para solicitar la devolución, en términos del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación;
- Ello, porque el efecto restitutorio es permitir a la quejosa determinar nuevamente el impuesto, y efectuar las deducciones que aplicaba antes de que tuviera efectos la redacción que se declaró inconstitucional, criterio que se desprende de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 177/2006, con el rubro: "PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO RESPECTO DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN XXV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.";
- Lo anterior se explica pues, derivado del amparo concedido, las quejosas deben calcular nuevamente el impuesto al activo, con base en las hipótesis de la norma antes de la redacción declarada inconstitucional, aspecto que presenta diversos escenarios que podrían, incluso, no reflejar saldo a favor de las contribuyentes;
- En caso contrario, la autoridad fiscal es la encargada de resolver si procede o no la devolución atinente, mediante el procedimiento correspondiente;
- Es decir, el efecto del amparo concedido implicó que las quejosas continuaran tributando en el régimen previsto en el artículo 5o. A de la Ley del Impuesto al Activo, en el que se consideraban las deudas contratadas, para disminuir el valor promedio de los activos, por lo que deberá calcularse nuevamente el impuesto, con dicha disminución y, en su caso, podrá solicitarse la devolución de las cantidades atinentes, cuando se compruebe que se pagó en exceso;
- Después de plantear diversas hipótesis que estimó podían presentarse en el caso, concluyó que la devolución de las cantidades derivadas del cálculo del impuesto al activo, y originadas por la protección constitucional, está condicionada a que: i) se calcule nuevamente el tributo, como se hacía antes de que entrara en vigor la norma que se declaró inconstitucional; ii) se presente la declaración complementaria; iii) resulte saldo a favor, o que se haya pagado en exceso y, en este caso, iv) a que se solicite la devolución, sobre la que decidirá la autoridad fiscal;
- Por tanto, afirmó, no había razón para incluir este aspecto en los efectos del amparo concedido;
- Agregó que, aun cuando en el caso la quejosa manifestó al juzgador que existían cantidades pendientes de devolverse, no exhibió documento alguno que acreditara dicho aspecto y, en todo caso, como indicó previamente, para solicitar la devolución correspondiente, debía acudir ante la autoridad fiscal; y,
- Finalmente, insistió en que el juzgador no estableció, ni siquiera tácitamente, que entre los efectos del fallo estaba el devolver a la quejosa alguna cantidad, máxime cuando esta situación estaba supeditada a que demostrara que hizo la declaración sin hacer la deducción, y que efectuó la declaración complementaria en la que calculó nuevamente el impuesto al activo.
La determinación de mérito se encuentra agregada en copia certificada, a fojas doscientos dieciséis a doscientos veintinueve (frente y vuelta).
IV. Por último, en relación con la resolución dictada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, debe destacarse lo siguiente:
- Los motivos de inconformidad hechos valer por el quejoso resultaron eficaces para declarar fundada la inconformidad que se atendió, al estimar que la Juez del conocimiento declaró cumplido el fallo, pero pasó por alto que la responsable no sólo debió desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa la observancia de los preceptos declarados inconstitucionales, sino que, además, debió requerirla para que acreditara las cantidades que enteró con motivo del cumplimiento de las obligaciones tributarias que, a la postre, se declararon inconstitucionales;
- En la jurisprudencia 2a./J. 13/2008, con rubro: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL).", se estableció que el efecto del amparo cuando se declara la inconstitucionalidad de las normas en que se fundó el pago de una contribución, conlleva el derecho a la devolución de las cantidades atinentes;
- Además, señaló que la propia Corte se ha pronunciado en el sentido de que aun cuando la norma declarada inconstitucional no establezca la actualización del monto a devolver, para cumplir con lo previsto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, la autoridad fiscal queda obligada a devolver el monto debidamente actualizado;
- Sobre el particular, consideró igualmente aplicable la tesis 2a./J. 188/2004, con rubro: "AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS.";
- También consideró relevante lo dispuesto en la tesis P. LXXIX/2009,(4) de la que desprendió que la protección otorgada con motivo de la aplicación del artículo séptimo transitorio, fracción I, del decreto reclamado, tendría por objeto desincorporar de la esfera jurídica del quejoso la obligación de observar dicha disposición, pero que para restablecer las cosas al estado en que se encontraban, era necesario que determinara el impuesto al activo dentro del régimen opcional previsto antes de las reformas reclamadas;(5)
- Por tanto, concluyó que los efectos de la concesión del amparo contra una ley tributaria consistirían en desincorporar de la esfera jurídica de la contribuyente la obligación declarada inconstitucional y, de existir algún deber tributario qué cumplir en defecto, determinar si existía alguna diferencia que debiera devolverse como saldo a la quejosa;
- Sobre tales premisas, estimó que no era dable tener por cumplida la sentencia de amparo con la sola manifestación, por parte de la responsable, de que desincorporó de la esfera jurídica de la quejosa lo establecido en las fracciones I y II del artículo séptimo transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil seis, pues esto no implicaba que se le hubiera restituido en el pleno goce de la garantía violada;
- Ello porque, para tal efecto, sería necesario que le devolvieran las cantidades que, en su caso, resultaron a su favor, al dejar de aplicar el sistema declarado inconstitucional y observar las disposiciones relativas al régimen constitucional;
- Así, el oficio enviado en el caso por la responsable no es suficiente para restituir plenamente al quejoso en el goce de la garantía violada y, por ende, para tener por cumplida la sentencia de amparo pues, para ello, sería necesario que se le hubieran devuelto las cantidades que pudieran haber resultado a su favor con motivo de la inaplicación del sistema tributario declarado inconstitucional, y la observancia del régimen opcional;
- De las constancias de autos no se advierte que se haya determinado cantidad alguna a devolver a la quejosa, con motivo de la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos que reclamó;
- Ante la falta de precisión de la cantidad que debe devolverse a quien obtuvo la protección constitucional contra una ley tributaria que regula contribuciones que se rijan por el principio de autoliquidación, la cantidad a reintegrar debe determinarse en sede jurisdiccional, lo que se corrobora con la tesis de jurisprudencia P./J. 67/2010;(6)
- El criterio anterior pone de manifiesto que, en los casos en que se haya otorgado amparo contra una ley de carácter tributaria que regule contribuciones regidas por el principio de autoliquidación, y no se encuentre determinada la cantidad a devolver, debía seguirse el procedimiento aludido en el cuerpo de la resolución que se resume; y,
- Con base en las consideraciones anotadas, el Tribunal Colegiado de referencia concluyó que la sentencia de amparo no estaba cumplida y, en consecuencia, lo conducente era declarar fundada la inconformidad para el efecto de que, devueltas las constancias atinentes, se siguiera el procedimiento señalado en la parte final de la ejecutoria, y la Juez de Distrito precisara la cantidad que, en su caso, debía devolverse a la quejosa que obtuvo la protección constitucional contra el artículo séptimo transitorio, fracciones I y II, del decreto impugnado.
Ahora bien, atento a las anteriores consideraciones, es evidente que en las sentencias referidas existe contradicción respecto de cuándo, en inconformidad, debe tenerse por cumplida una sentencia en la que se declaró la inconstitucionalidad del artículo séptimo transitorio, fracciones I y II, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil seis, por el que se derogaron, reformaron y modificaron diversos preceptos de, entre otros ordenamientos, la Ley del Impuesto al Activo.
Esto es así porque, en relación con este tema, los Tribunales Colegiados Primero, Sexto y Décimo Segundo sostuvieron, en concreto, que:
- Lo alegado por los quejosos en torno a que debían devolverles el monto pagado con motivo del impuesto declarado inconstitucional estaba desvinculado del cumplimiento del fallo protector;
- El cumplimiento de la sentencia de amparo debía circunscribirse a los límites establecidos en ella;
- La responsable demostró que se emitieron actos en los que expresamente se estableció la desincorporación del precepto declarado inconstitucional de la esfera jurídica de los quejosos y que, en todo caso, podían calcular el impuesto al activo como lo hacían antes de la vigencia de la norma y, por tanto, fue correcto lo acordado por los juzgadores correspondientes, en el sentido de tener por cumplida la sentencia; y,
- Se acató el núcleo esencial de la concesión del amparo.
Por su parte, sobre el particular, el Décimo Quinto Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa en el Distrito Federal determinó que:
- Para tener por cumplida la sentencia, la responsable debió haber requerido a las quejosas para que acreditaran las cantidades que enteraron con motivo del pago de las obligaciones tributarias que, a la postre, se declararon inconstitucionales; y,
- Para cumplir con lo previsto en el artículo 80 de la Ley de Amparo y, en consecuencia, poder tener por cumplida la sentencia atinente, la autoridad debía devolver, debidamente actualizado, el monto de las aportaciones realizadas con base en la norma declarada inconstitucional.
En este escenario, resulta claro que, como se adelantó, en la especie existe contradicción en relación con el tema precisado, pues de las constancias de autos es dable desprender que los Tribunales Colegiados referidos analizaron una hipótesis jurídica idéntica (si, dentro de la inconformidad que estudiaron, debía tenerse por cumplida la sentencia de amparo previamente dictada) y, a pesar de ello, arribaron a conclusiones diferentes, en términos de lo que ha sido establecido con anterioridad.
Cabe significar que la circunstancia de que los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito implicados no hayan integrado jurisprudencia, ni expuesto formalmente como tesis y, por ende, no existan las publicaciones respectivas en términos de lo previsto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, no es obstáculo para que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ocupe de la denuncia de la posible contradicción de tesis de que se trata pues, a fin de que se determine su existencia, basta que se adopten criterios disímbolos al resolver un punto de derecho.
Son aplicables a lo anterior, las jurisprudencias P./J. 27/2001 del Tribunal Pleno y 2a./J. 94/2000 de la Segunda Sala, de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se identifican y transcriben:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, e la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."(7)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYA REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracción. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados."(8)
Precisado lo anterior, debe mencionarse que, en oposición a lo concluido con anterioridad, se estima que no existe contradicción en relación con los demás argumentos hechos valer en las ejecutorias referidas y que, en esencia, están vinculados con lo siguiente:
a) La posibilidad de que los actores requieran a la autoridad fiscal la devolución de las cantidades que, en su caso, hayan sido pagadas indebidamente, como consecuencia de la aplicación de la norma declara inconstitucional;
b) Los distintos escenarios que podrían presentarse para los quejosos, como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad del precepto combatido;
c) Las condiciones a las que podría quedar sujeta la devolución del monto correspondiente, en caso de existir; y,
d) Si la responsable tenía que determinar la cantidad a devolver a los quejosos, con base en el procedimiento aludido.
Esto porque, en relación con los planteamientos expresados, del análisis detallado de las resoluciones que se reseñaron en párrafos anteriores, es dable desprender que, en estos supuestos, no hubo un pronunciamiento encontrado o distinto por parte de los Tribunales Colegiados a los que se ha hecho alusión previamente y, por tanto, es claro que no se cumplen los elementos necesarios para que se acredite la contradicción de criterios.
Así las cosas, la materia de análisis en la presente contradicción se constreñirá a determinar cuándo deben tenerse por cumplidas las sentencias de amparo en las que se haya declarado inconstitucional el artículo séptimo transitorio, fracciones I y II, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil seis, en los términos y para los efectos precisados con anterioridad.
CUARTO. Estudio de fondo. Establecido lo anterior, esta Segunda Sala estima que, para dirimir la presente contradicción, es conveniente tener presente el contenido de la tesis aislada P. LXXIX/2009,(9) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente:
"ACTIVO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO SÉPTIMO, FRACCIÓN I, DEL DECRETO DE REFORMAS FISCALES PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23063-20f1b6e8/activo-cumplimiento-de-la-sentencia-por-concesion-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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