CONCESIONARIOS DE REDES PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES. EL ÓRGANO JURISDICCIONAL NO PUEDE EXIGIRLES DIRECTAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO QUE AFECTEN LOS ACTOS QUE EMITAN, NI IMPONERLES SANCIONES EN CASO DE DESACATO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 264/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo Plenario 5/2001, del veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que los criterios discrepantes provienen de asuntos resueltos en materia administrativa, cuya especialidad tiene atribuida esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima en términos del artículo 197-A de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por la presidenta del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que fue el órgano que resolvió uno de los asuntos a que se refiere este expediente.
TERCERO. Con el propósito de determinar el sentido en que habrá de resolverse la denuncia de contradicción de tesis, conviene hacer una breve reseña de las ejecutorias que contienen los criterios denunciados como contradictorios.
Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito
Amparo en revisión 106/2010
Una empresa mexicana de telecomunicaciones impugnó ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa el acuerdo del Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación, que modificó las reglas del servicio de larga distancia nacional e internacional, cuyo destino son los usuarios del servicio local móvil, publicadas en ese medio de difusión oficial el veintiuno de junio del mismo año; asimismo, solicitó la suspensión de la ejecución de dicha resolución, para el efecto de que las cosas se conservaran en el estado en que se encontraban antes de su entrada en vigor.
La Sala Fiscal del conocimiento concedió las medidas cautelares solicitadas, para el efecto de que las empresas de telecomunicaciones, como concesionarias del servicio público, permitieran a la actora cursar y terminar en las redes de las empresas celulares las llamadas de larga distancia con la marcación 01, esto es, que no aplicaran la modalidad de marcación de larga distancia denominada "el que llama paga", y de este modo la actora pudiera cursar el tráfico de larga distancia de la misma forma en que se hacía antes de que entrara en vigor la resolución impugnada en el juicio contencioso administrativo.
Inconforme con dicha interlocutoria, la tercera interesada promovió juicio de amparo indirecto en su contra ante un Juez de Distrito, el que en su oportunidad dictó sentencia en la que concedió el amparo a la quejosa.
En contra de dicha sentencia, la parte tercero perjudicada interpuso recurso de revisión del que tocó conocer al indicado Tribunal Colegiado de Circuito, el que en su oportunidad pronunció ejecutoria que confirmó la sentencia recurrida que concedió el amparo, con base en las consideraciones que, en la parte que interesa, señalan:
"... Son infundados los argumentos propuestos por la recurrente, con base en las consideraciones que se expondrán a continuación:
"Los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establecen: (se transcriben).
"De acuerdo al contenido de los preceptos legales invocados, el sustanciamiento de las medidas cautelares en el juicio contencioso administrativo se deberá realizar de la siguiente manera:
"Una vez presentado el escrito de solicitud de medidas cautelares, cumpliendo con los requisitos de ley, el Magistrado instructor dictará el acuerdo de admisión respectivo.
"En el proveído que admite el incidente de petición de medidas cautelares, el Magistrado instructor decidirá sobre las providencias previas que se hubieren solicitado y ordenará traslado a quien se impute el acto.
"El traslado del acuerdo de admisión mencionado, obliga a quien se impute el acto administrativo o los hechos materia de la controversia, a rendir un informe, otorgándole para ello un plazo no mayor de tres días hábiles a partir del siguiente a aquel en que surta la notificación de dicho proveído.
"Si en el plazo de tres días hábiles no se rinde el informe o si no se refiere específicamente a los hechos imputados, éstos se tendrán por ciertos.
"Una vez transcurridos cinco días hábiles de que se haya rendido el informe, o de que hubiere vencido el término para su presentación, se emitirá resolución definitiva en la que se decreten o nieguen las medidas cautelares solicitadas, asimismo, en su caso, se decidirá sobre la admisión de la garantía ofrecida.
"Cuando proceda, aceptada la garantía, ésta deberá otorgarse dentro de un plazo de tres días hábiles, pues de lo contrario, dejará de surtir efectos la concesión de la medida cautelar.
"La Sala podrá modificar o revocar la resolución que haya decretado o negado las medidas cautelares, cuando ocurra un hecho superveniente que así lo justifique.
"Si el obligado por las medidas cautelares no cumple con éstas o la autoridad no admite la garantía, la Sala declarará la nulidad de las actuaciones violatorias de dichas providencias precautorias e impondrá al servidor público renuente una multa equivalente de uno a tres salarios mínimos mensuales del Distrito Federal.
"En la multa que se dicte al servidor público, en las condiciones mencionadas en el punto que antecede, deberá tomarse en cuenta la gravedad del incumplimiento, el sueldo del servidor público de que se trate, su nivel jerárquico, así como las consecuencias que el no acatamiento de la suspensión hubiere ocasionado cuando el afectado lo señale.
"En los casos en que se imponga multa al servidor público por violación a las medidas cautelares, el solicitante de éstas tendrá derecho a una indemnización por concepto de daños y perjuicios que será pagada por la unidad administrativa donde preste sus servicios dicho funcionario.
"La Sala podrá decretar medidas positivas, entre otros casos, cuando, tratándose de situaciones jurídicas duraderas, se produzcan daños sustanciales al actor o una lesión importante del derecho que pretende, por el simple transcurso del tiempo.
"El Magistrado instructor podrá ordenar una medida cautelar, cuando considere que los daños que puedan causarse sean inminentes.
"Por otra parte, de la exposición de motivos relativa a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, publicada el uno de diciembre de dos mil cinco, se observa lo siguiente: (se transcribe la parte conducente).
"De lo transcrito con antelación se desprende que el legislador consideró que, a partir del dos mil uno el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa logró cumplir con plenitud su competencia, toda vez que conoce no sólo de las materias previstas en el artículo 11 de su ley orgánica, sino también de actos y resoluciones administrativas expedidas por la administración pública centralizada y descentralizada.
"El legislador señaló que los particulares pueden impugnar ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no sólo actos administrativos de carácter individual dentro del ámbito de su competencia, sino también las diversas resoluciones administrativas de carácter general que expidan las autoridades en ejercicio de sus facultades, cuando éstas sean contrarias a la ley de la materia.
"En cuanto a la suspensión del acto impugnado, el legislador consideró conveniente incorporar un marco jurídico apropiado para lograr la suspensión de cualquier acto administrativo y señaló que era necesario otorgar toda clase de suspensiones, tomando en cuenta el criterio de la apariencia del buen derecho sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que constituye uno de los avances más importantes en la materia de suspensión, como un mecanismo de medida cautelar, respecto de la ejecución de los actos reclamados.
"De lo anterior se puede inferir que la finalidad de incorporar a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo el capítulo respectivo de suspensión, consistió en otorgar al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa la facultad de decidir sobre esa medida cautelar respecto de la ejecución de los actos emitidos por las autoridades de la administración pública ante él impugnados.
"Para robustecer lo anterior, no debe perderse de vista que el artículo 25 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece que, en caso de que el obligado por las medidas cautelares otorgadas no cumpla con éstas o la autoridad no admita la garantía, la Sala declarará nulas las actuaciones violatorias de dichas providencias e impondrá al servidor público responsable la multa correspondiente; incluso, ante tal incumplimiento, el afectado tendrá derecho a una indemnización que deberá pagar la unidad administrativa donde preste sus servicios dicho funcionario.
"Por tanto, si el invocado artículo 25 prevé que en caso de incumplimiento de las medidas cautelares, se le impondrá al servidor público una multa y hasta una indemnización por parte de la unidad administrativa correspondiente, debe entenderse que los obligados a acatarlas y hacerlas acatar son las autoridades.
"En el caso, entre otras empresas, **********, ahora recurrente, impugnó ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa el acuerdo P/EXT/050406/25, mediante el cual el Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones modificó las reglas del servicio de larga distancia nacional e internacional, cuyo destino es un usuario del servicio local móvil, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de abril de dos mil seis y solicitó la suspensión de la ejecución de dicha resolución, para el efecto de que las cosas se conservaran en el estado en que se encontraban antes de su entrada en vigor.
"La Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa concedió las medidas cautelares solicitadas por **********, y determinó que las terceras interesadas en el juicio, ahora quejosas, estaban obligadas a cumplir con dichas providencias.
"Por tanto, si la Sala del conocimiento, al conceder las medidas cautelares solicitadas, estimó que las terceras perjudicadas eran las obligadas a cumplir con dichas providencias, es inconcuso que esa determinación no es correcta, toda vez que, como se mencionó en párrafos anteriores, la autoridad demandada es quien debe cumplir y, en su caso, hacer cumplir las medidas otorgadas, pues a ella se le imputó el acto impugnado en el juicio contencioso administrativo.
"Máxime que, si bien es cierto que todas las partes en el juicio están obligadas a acatar las determinaciones de la Sala, también lo es que el acto que realmente le afecta a la recurrente es la resolución que combate en el juicio contencioso administrativo y que, con motivo de su entrada en vigor, se permite a las terceras interesadas realizar diversos actos que aduce le causan perjuicio.
"Por tanto, como acertadamente lo resolvió el Juez de Distrito, el cumplimiento de las medidas cautelares debe hacerse por conducto de la autoridad que emitió el acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, aun cuando su acatamiento involucre actos que deban realizar los terceros interesados.
"Cabe mencionar que, si bien es cierto que el artículo 24 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dispone que podrán emitirse todas las medidas cautelares para mantener la situación de hecho existente, para impedir que el acto impugnado pueda dejar sin materia el litigio o cause daños y perjuicios al actor, también lo es que dichas providencias deben realizarse por la parte que tenga obligación de cumplirlas o, en su caso, hacerlas cumplir.
"Considerar lo contrario, se llegaría al extremo de ir en contra de la naturaleza propia del juicio contencioso administrativo, toda vez que se convertiría en una controversia entre particulares, cuando el acto impugnado en dicho juicio fue emitido por un órgano de la administración pública federal.
"No pasa inadvertido para este tribunal que la recurrente sostiene que el Juez de Distrito debió considerar que las terceras interesadas en el juicio contencioso administrativo no sólo son particulares, sino también concesionarias del servicio público de telecomunicaciones y que, además, son ellas las que deben realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento con las medidas cautelares otorgadas por la Sala.
"Sin embargo, debe mencionarse que la autoridad encargada de proteger, vigilar y regular el servicio público de que se trata es la Comisión Federal de Telecomunicaciones y no los concesionarios.
"Los artículos 1, 2 y 9-A de la Ley Federal de Telecomunicaciones establecen lo siguiente: (se transcriben)
"De una interpretación sistemática de los preceptos legales invocados se puede concluir que la Comisión Federal de Telecomunicaciones es el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con autonomía técnica, operativa, de gasto y de gestión, encargado de regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente y la cobertura social amplia de las telecomunicaciones y la radiodifusión en nuestro país.
"De las facultades que le confieren a dicha comisión destacan las de promover y vigilar la eficiente interconexión de los equipos y redes públicas de telecomunicaciones, incluyendo la que se realice con redes extranjeras, y determinar las condiciones que, en materia de interconexión, no hayan podido convenirse entre los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, así como la de vigilar la debida observancia a lo dispuesto en los títulos de concesión y permisos otorgados en la materia, y ejercer las facultades de supervisión y verificación, a fin de asegurar que la prestación de los servicios de telecomunicaciones se realice con apego a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.
"En ese sentido, la Comisión Federal de Telecomunicaciones es el órgano de la administración pública encargado de regular las concesiones en materia de telecomunicaciones y la radiodifusión en México.
"Por otra parte, debe mencionarse que la concesión administrativa es el acto mediante el cual la administración pública otorga a los particulares (concesionarios) el derecho de explotar un servicio público.
"El concesionario se subordina a las reglas de la ley que rige la concesión y se adapta a las condiciones que se fijan para y en el otorgamiento de la misma por la autoridad administrativa.
"En ese sentido, los concesionarios están subordinados a la Comisión Federal de Telecomunicaciones que es el órgano de la administración pública facultado para proteger, regular y vigilar el servicio de telecomunicaciones.
"Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 22/2009, derivada de la contradicción de tesis 205/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 411 del Tomo XXIX, marzo de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son los siguientes:
"‘COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. SU PRESIDENTE ESTÁ OBLIGADO A CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES.’ (se transcribe).
"En la especie, las quejosas (terceras interesadas en el juicio contencioso administrativo) son particulares a quienes, mediante una concesión, se les otorgó el derecho de explotar el servicio público de telecomunicaciones, de modo que, al estar sus actos subordinados a la autoridad encargada de su vigilancia, no puede considerarse que tengan el carácter de autoridad, en virtud de que los concesionarios no cuentan con facultades para promover, regular o vigilar dicho servicio público.
"Ahora, si bien es cierto que las quejosas tienen que realizar diversos actos con la finalidad de dar cumplimiento a las medidas cautelares concedidas por la Sala, también lo es que dicho cumplimiento deberá hacerse por conducto de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, pues, por una parte, es la autoridad encargada de regular el servicio público de que se trata y, por otra, ella emitió el acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, con motivo del cual se solicitaron esas providencias."
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito
Amparo en revisión 26/2009
Una empresa mexicana de telecomunicaciones impugnó ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa el acuerdo del Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación, que modificó las reglas del servicio de larga distancia nacional e internacional, cuyo destino son los usuarios del servicio local móvil, publicadas en ese medio de difusión oficial el veintiuno de junio del mismo año; asimismo, solicitó la suspensión de la ejecución de dicha resolución, para el efecto de que las cosas se conservaran en el estado en que se encontraban antes de su entrada en vigor.
La Sala Fiscal del conocimiento concedió las medidas cautelares solicitadas para el efecto de mantener las cosas en el estado que se encontraban antes de la publicación de la resolución impugnada; suspender cualquier efecto y consecuencia que obligara a la actora a la modificación de su red a efecto de implementar la modalidad "el que llama paga"; permitir la interconexión y terminación de llamadas de larga distancia nacional e internacional, cuyo destino sean usuarios del servicio local móvil realizadas a través del código de larga distancia 01 y que no se sancionara, por parte de la autoridad demandada, por la falta de adecuaciones a la red de la actora ordenada por la resolución que se impugna.
Más adelante, en el mismo juicio fiscal, la Sala Regional emitió la interlocutoria recaída a la denuncia de violación de las medidas cautelares planteada por la actora, la cual se declaró procedente y fundada, y se determinó sancionar con multa a las empresas terceras interesadas y al titular de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
En contra de dicha sentencia, las terceras interesadas promovieron juicio de amparo ante un Juez de Distrito, el que en su oportunidad dictó sentencia que negó el amparo solicitado.
En contra de dicha sentencia, las aludidas quejosas interpusieron recurso de revisión, del que tocó conocer al indicado Tribunal Colegiado, el que en su oportunidad dictó ejecutoria que confirmó la sentencia recurrida que negó el amparo, con base en las consideraciones que, en la parte que interesa, dicen:
"... En otro aspecto, las disconformes aducen en diverso agravio que es ilegal el fallo que recurren, ya que, reiteran en esta instancia, la Sala responsable no tiene competencia para sancionar a los particulares, concesionarios o gobernados por el incumplimiento a las medidas cautelares en los juicios de nulidad, ya que en el artículo 25, último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no se prevén los elementos o lineamientos necesarios para tal efecto, pues éstos sólo se refieren a los servidores públicos.
"Que es inexacto que en el aludido precepto, el legislador hubiera previsto de manera expresa que los elementos de la sanción consistentes en ‘el sueldo y nivel jerárquico de los servidores públicos’, sólo resulten aplicables ‘en su caso’, como lo sostuvo la a quo en su sentencia, pues de dicho artículo, el cual debe ser interpretado de manera restrictiva por contener una sanción, no se advierte tal frase (en su caso), por lo tanto, insisten las quejosas, las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sólo están facultadas para sancionar a servidores públicos por violación a las medidas cautelares que dicten, mas no a particulares.
"Que además, contrariamente a lo resuelto por la Juez de Distrito, la Sala responsable sí aplicó la sanción prevista en el artículo en comento por analogía, ya que en el acto reclamado la Sala señaló que no obstante que los elementos para sancionar por el incumplimiento a las medidas cautelares establecidas en el aludido artículo, sólo se refieren a servidores públicos, aun así la Sala determinó sancionar a las quejosas, al considerar que las funciones que éstas prestan como concesionarias, son análogas a las que presta un servidor público, por lo tanto, está imponiendo una multa por analogía.
"...
"Es infundado el agravio resumido, en atención a las siguientes consideraciones:
"En principio, a fin de determinar si la Sala del conocimiento tiene o no facultades para imponer sanciones a las quejosas por violación a las medidas cautelares que decretó en el juicio de nulidad que se trata, resulta conveniente conocer el contenido de los artículos 24 al 27 que integran el capítulo III denominado ‘De las medidas cautelares’ de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, los cuales establecen lo siguiente: (se transcriben).
"De la interpretación sistemática de los preceptos en comento, se obtiene lo siguiente:
"i) Que una vez iniciado el juicio contencioso administrativo, pueden decretarse todas las medidas cautelares necesarias para mantener la situación de hecho existente, que impidan que la resolución impugnada pueda dejar el litigio sin materia o causar un daño irreparable al actor, salvo en los casos en que se cause perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público.
"ii) Que el cumplimiento de medidas cautelares puede imputarse a cualquiera, esto es, cualquier persona (particular o autoridad) puede estar obligado a acatar las medidas cautelares decretadas en un juicio de nulidad, en tanto que en dichos preceptos no se advierte alguna limitación en ese sentido.
"iii) Que dichas medidas cautelares, pueden decretarse de oficio o a petición de parte.
"iv) Que en el auto que admita el incidente de petición de medidas cautelares, se deberá ordenar correr traslado a ‘quien se impute el acto administrativo o los hechos objeto de la controversia’, pidiéndole un informe que deberá rendir en un plazo de tres días y, además, en el propio acuerdo el Magistrado instructor deberá resolver sobre las medidas cautelares previas que se le hayan solicitado.
"v) Que dentro del plazo de cinco días contados a partir de que haya recibido el informe o de que haya vencido el término para presentarlo, la Sala dictará resolución definitiva en la que decrete o niegue las medidas cautelares solicitadas y, decida, en su caso, sobre la admisión de la garantía ofrecida.
"vi) Que mientras no se dicte sentencia definitiva, la Sala que hubiere conocido del incidente, podrá modificar o revocar la resolución que haya decretado o negado las medidas cautelares, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique.
"vii) Que si ‘el obligado por las medidas cautelares’ no da cumplimiento a éstas o la autoridad no admite la garantía, la Sala declarará, en su caso, la nulidad de las actuaciones realizadas con violación a dichas medidas e impondrá al ‘renuente’ una multa por el monto equivalente de uno a tres tantos del salario mínimo general del área geográfica correspondiente al Distrito Federal, elevado al mes, para lo cual deberá tomar en cuenta: a) la gravedad del incumplimiento; b) el sueldo del servidor público de que se trate; c) su nivel jerárquico y, d) las consecuencias que el no acatamiento de la suspensión hubiere ocasionado cuando el afectado lo señale, caso en el cual el solicitante tendrá derecho a una indemnización por daños y perjuicios, la que, ‘en su caso, correrá a cargo de la unidad administrativa en la que preste sus servicios al servidor público’.
"Ahora, la resolución reclamada de uno de septiembre de dos mil siete, en la parte conducente a la imposición de la sanción reclamada, es del siguiente tenor: (se precisa).
"Pues bien, las quejosas recurrentes aducen que la Sala no tiene competencia para imponerles la sanción establecida en el último párrafo del artículo 25 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, porque dicho precepto prevé que para imponer la multa ahí establecida, la Sala deberá tomar en cuenta, entre otros, los siguientes elementos: ‘el sueldo del servidor público de que se trate, su nivel jerárquico’.
"No asiste la razón a las recurrentes, en la medida en que si bien es cierto que en dicho artículo, se señala que la Sala debe tomar en cuenta, entre otros elementos, ‘el sueldo del servidor público de que se trate, su nivel jerárquico’ para efectos de imponer la sanción por violación a las medidas cautelares, también lo es que los parámetros a considerar para imponer la multa de que se trata, no es lo que determina si la Sala tiene competencia para aplicar la sanción, en tanto que esa facultad (para imponer la sanción por incumplimiento a medidas cautelares decretadas) está contenida expresamente en dicho artículo al establecer que: ‘Si el obligado por las medidas cautelares no da cumplimiento a éstas o la autoridad no admite la garantía, la Sala declarará, en su caso, la nulidad de las actuaciones realizadas con violación a dichas medidas e impondrá al renuente una multa por el monto equivalente de uno a tres tantos del salario mínimo general del área geográfica correspondiente al Distrito Federal, elevado al mes, ...’, parte del precepto en el cual no se advierte que la imposición de la multa esté restringida sólo a autoridades, pues, como se ve, se refiere al ‘renuente’.
"En efecto, la Sala tiene competencia para imponer al ‘renuente’ la sanción establecida en el artículo 25 de la ley invocada, de ahí que el legislador no restringió la facultad sancionadora de la Sala únicamente a cuando el ‘renuente’ sea servidor público, pues, como se vio, de la interpretación que se hizo del capítulo relativo a las medidas cautelares, el ‘renuente’ puede ser cualquier persona que esté obligada al cumplimiento de las medidas cautelares, con independencia de los elementos que deba considerar la Sala al imponer la multa.
"Además, el argumento relativo a que la Sala aplicó por analogía la multa de que se trata a las quejosas, al haber manifestado en el acto reclamado, que las funciones que realizan las quejosas, como concesionarias de un bien de dominio público, son análogas a las que efectúa un servidor público, y que, por lo tanto, en términos del artículo 25, último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la multa prevista en dicho precepto les es aplicable; es ineficaz, ya que con independencia de que la Sala haya efectuado esa analogía respecto a las funciones que realizan las quejosas y los servidores públicos, lo cierto es que la multa impuesta a las promoventes no se aplicó por analogía, porque, como ya quedó establecido, el artículo 25, último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, faculta a la Sala para imponer la multa a cualquier persona que no acate la medida cautelar que haya decretado en el juicio de que se trate."
CUARTO. De la lectura de las ejecutorias reseñadas en lo conducente, se advierte que se plantean criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo problema o punto de derecho, único requisito que se debe tomar en cuenta para la procedencia de la contradicción de tesis, toda vez que lo que se busca es resolver el punto objeto de controversia y establecer un criterio jurídico; ilustra lo anterior la jurisprudencia 72/2010 del Pleno de este Alto Tribunal, cuyo rubro es:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(1)
Con base en lo expuesto, se arriba a la convicción de que existe contradicción de tesis entre los Tribunales Colegiados Quinto y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, toda vez que se pronunciaron sobre las facultades de la Sala Fiscal para exigir a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones el cumplimiento de las medidas cautelares y, en su caso, la imposición de sanciones por desacato a dichas medidas, a la luz de diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y adoptaron criterios diferentes, pues mientras el Tribunal Colegido primeramente señalado estimó que sólo puede hacerlo por conducto de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, el otro órgano estimó que la Sala Fiscal está facultada para imponer multa a cualquier persona que no acate la medida cautelar decretada en el juicio de que se trate.
De esa manera, la contradicción de tesis se centra en decidir si la Sala Fiscal está facultada para exigir a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones el cumplimiento de las medidas cautelares que decrete y, en su caso, para imponerles sanciones por desacato a dichas medidas.
QUINTO. Atento a lo anterior, debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia el criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tenor de las consideraciones siguientes:
Esta Segunda Sala, al resolver en sesión de veintiocho de abril de dos mil seis, por unanimidad de votos, la contradicción de tesis 53/2006-SS, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero del Décimo Quinto Circuito y Segundo del Décimo Primer Circuito, en relación con las medidas cautelares, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:
"... En principio debe destacarse que las medidas cautelares, conocidas también como providencias o medidas precautorias, son los instrumentos que el juzgador puede decretar, a solicitud de las partes o de oficio, para conservar la materia del litigio, así como para evitar un daño grave irreparable a las mismas partes o a la soc
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22569-c16636d8/concesionarios-de-redes-publicas-de-telecomunicaciones-el-organo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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