LEYES TRIBUTARIAS. LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS, DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS, COMO EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, NO COMPRENDE EL PAGO DE INTERESES INDEMNIZATORIOS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL ABROGADO).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 200/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO Y EL SEXTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que se refiere a la posible contradicción entre tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito al resolver asuntos en materia administrativa, que es una de las materias de especialización de esta Segunda Sala.
SEGUNDO. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver por mayoría de votos el recurso de queja 28/2010 en sesión de veintiocho de abril de dos mil diez, sostuvo:
"SEXTO. Previo al estudio de los agravios hechos valer por la recurrente, deben tenerse presentes los antecedentes más relevantes del caso: 1. Por escrito presentado el catorce de noviembre de dos mil siete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, **********, por conducto de su representante legal, promovió juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades y por los actos siguientes: (se transcriben). 2. De la citada demanda de amparo correspondió conocer, por razón de turno, al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, quien la registró con el número de expediente 1516/2007, el cual mediante proveído de quince de noviembre de dos mil siete, requirió al promovente para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación del citado proveído, aclarara su demanda, esto es, manifestara qué preceptos tildaba de inconstitucionales de los decretos señalados en el inciso a), puntos del uno al cinco del capítulo de actos reclamados de su demanda de amparo. Asimismo, para que manifestara a qué artículos se refería cuando señaló: ‘específicamente por lo que se refiere a la reforma de aquellos artículos que establecen el impuesto predial’ y que cita en los puntos del siete al diez del capítulo de actos reclamados; apercibido que de no cumplir con lo anterior, se tendría por no interpuesta la demanda de garantías (fojas noventa y cinco a noventa y seis del juicio de amparo). 3. Mediante escrito presentado en la oficialía de partes del juzgado del conocimiento, el veintiséis de noviembre de dos mil siete, la parte quejosa, atendiendo a los requerimientos antes precisados, señaló lo siguiente: (se transcribe). 4. A través del proveído de veintisiete de noviembre de dos mil siete, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, tuvo por desahogado el requerimiento formulado en autos y admitió a trámite la demanda de garantías, seguidos todos los trámites de ley, celebró la audiencia constitucional y dictó sentencia, misma que terminó de engrosar el treinta de junio del mismo año, en la que determinó conceder el amparo, al considerar que el factor 10.0 que se adicionó al artículo 149, fracción II, segundo párrafo, del Código Financiero del Distrito Federal vigente desde el treinta y uno de enero de dos mil uno, transgredía los principios tributarios consagrados en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de ahí que el amparo se hiciera extensivo a los actos concretos de aplicación de tal numeral, de manera que los efectos de la concesión se hicieron consistir en que se devolviera a la quejosa las cantidades que enteró con motivo de los pagos efectuados por el concepto que determina tal precepto. 5. Dada la no impugnación de la sentencia de mérito, el veintitrés de julio de dos mil ocho, la a quo declaró que ésta había causado ejecutoria (foja doscientos veintitrés siguientes del juicio de amparo), y, por tanto, inició el procedimiento para lograr su cumplimiento, en términos de los artículos 104 y 105 de la Ley de Amparo. 6. Por acuerdo de veintiséis de enero de dos mil nueve, el juzgado del conocimiento ordenó de oficio la apertura del incidente innominado; el cual, una vez sustanciado fue resuelto en interlocutoria de dieciocho de noviembre de dos mil nueve, terminada de engrosar el veintiséis de febrero de dos mil diez, misma que constituye la materia de controversia en el presente recurso. Conviene mencionar que en la resolución de mérito, luego de analizar y valorar el dictamen pericial en materia de contabilidad ofrecido en autos, el cual fue rendido por el perito oficial designado en auxilio de las labores del juzgado, la Juez de Distrito determinó que las diferencias a pagar a **********, por parte de la Administración Tributaria en San Antonio de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, ascendía a la cantidad de ********** **********, la cual incluía el monto del entero efectuado por la sociedad civil en términos de la disposición declarada inconstitucional, así como su actualización e intereses, calculados al quinto bimestre de dos mil siete. Pues bien, en contra de la interlocutoria recurrida, la Administradora Tributaria en San Antonio de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal aduce que la determinación a la que arribó la juzgadora es indebida, pues pretende condenar al pago de una cantidad sin fundamento, ordenando devolver a la quejosa la actualización y los intereses, los cuales no proceden en el presente asunto. Para demostrar lo anterior, la recurrente alega, en su primer agravio, que la devolución a que tiene derecho la quejosa no puede tener como base el impuesto y los recargos ... . Tales argumentos resultan infundados. Lo anterior es así, debido a que de la lectura que se realiza a la interlocutoria recurrida, se desprende que la Juez de Distrito no determinó que el monto a devolver a la quejosa incluyera recargos, ya que únicamente refirió, después de haber analizado y valorado el único dictamen rendido en el expediente, que la cantidad a la que asciende la devolución que le corresponde a la quejosa con motivo de la ejecutoria de amparo es de ********** **********, que corresponde al monto que pagó en exceso respecto de la porción normativa declarada inconstitucional, en el que se incluyó la actualización e intereses correspondientes, pero sin hacer mención alguna al concepto de recargos que refiere la recurrente, de ahí que el argumento analizado resulte infundado. ... . En otro orden de ideas, la recurrente, en el segundo agravio, aduce que la figura de la actualización estuvo contemplada en el Código Financiero del Distrito Federal, hasta el año de dos mil tres, el cual establecía en su artículo 50-B que tratándose de devoluciones sí procedía el pago de las actualizaciones; sin embargo, la legislación posterior, es decir, la vigente a partir de dos mil cuatro, incluso la vigente a partir del año dos mil diez, ya no hace referencia al concepto de actualización ... . Tal argumento es infundado, toda vez que la obligación de reintegrar al agraviado la actualización de las cantidades de dinero enteradas por concepto de los derechos y aprovechamientos contenidos en los artículos declarados inconstitucionales, deriva de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo ... . Por tanto, si los efectos restitutorios del fallo protector conllevan la obligación de devolver a la quejosa el monto de las cantidades enteradas con motivo del cumplimiento de los preceptos declarados inconstitucionales, resulta inconcuso que la cantidad de dinero que las autoridades responsables deberán entregar al contribuyente debe comprender su actualización, a fin de darle su valor real al momento en que la devolución efectivamente se realice, para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. El anterior criterio ha sido reconocido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 13/2008, bajo el rubro y texto: ‘LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL).’ (se transcribe) ... . En otro orden de ideas, en el segundo agravio, la autoridad recurrente señala que la devolución en conflicto no puede contener el concepto de intereses, pues de lo contrario se violaría lo dispuesto en el artículo 71 del Código Financiero del Distrito Federal y 49 del Código Fiscal del Distrito Federal, sin que sea óbice que el cumplimiento de una ejecutoria de amparo se debe dar en estricta observancia a lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo. Cita la tesis de rubro: ‘PAGO DE LO INDEBIDO. NO SE ACTUALIZA TRATÁNDOSE DE CONTRIBUCIONES PAGADAS CON BASE EN UNA LEY QUE CON POSTERIORIDAD FUE DECLARADA INCONSTITUCIONAL.’. Al efecto, destaca que el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa, en la resolución al incidente innominado dictado el dieciocho de junio de dos mil ocho, dentro del juicio de amparo 57/2004-V, así como el Juzgado Decimosegundo en la misma materia y residencia, en la resolución al incidente innominado de veintiuno de enero de dos mil ocho, dentro del juicio de amparo 518/2004, sostuvieron que resultaba improcedente el pago de intereses, a efecto de restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada. En ese contexto, esgrime que el pago de intereses en el presente asunto no es aplicable por lo que al momento de determinar las cantidades a devolver a la quejosa, dicho accesorio no debe ser contemplado. Asimismo, expone que la quejosa no puede adquirir derechos respecto de la sentencia de amparo, puesto que sólo tiene derecho a la restitución de sus garantías sin que ello implique obtener un lucro sobre la cantidad a devolver, ya que el pago de intereses es una cuestión ajena que no formó parte de la sentencia de garantías. Por ende, estima que si la a quo estableció que la sentencia que otorga la protección constitucional obliga a las autoridades responsables ejecutoras a devolver las cantidades enteradas como actos de aplicación de las mismas, la sentencia de amparo tendrá el efecto de restituir a la quejosa en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, por lo que las autoridades están obligadas a restituir las cantidades históricas que recaudaron con base en la norma que resultó inconstitucional. Además, señala que la procedencia del pago de intereses deriva de los artículos 71 del Código Financiero y 49 del Código Fiscal ambos del Distrito Federal, los cuales disponen que éstos deben cubrirse cuando el contribuyente interponga algún medio de defensa y éste resulte procedente, hipótesis que en el caso no se actualiza, ya que dicha disposición debe entenderse con relación a los medios ordinarios de defensa, como lo son los recursos administrativos o el juicio de nulidad, mas no respecto al amparo, toda vez que en éste se declara la inconstitucionalidad de algún precepto que prevé y regula una contribución. Lo anterior, no sólo porque el juicio de garantías constituye un medio extraordinario de defensa, cuya naturaleza es diversa a los recursos, ya que estos últimos, al resultar fundados, implican que la actuación de la autoridad fue ilegal al calcular y/o recaudar el tributo, lo que en el caso no acontece, toda vez que la devolución se origina por la declaración de inconstitucionalidad de una norma fiscal. Por tanto, no se configura un pago de lo indebido que genere la obligación de reparar el perjuicio ocasionado mediante el pago de intereses que establece el artículo 71 del Código Financiero del Distrito Federal, cuyo contenido se encuentra previsto en el artículo 49 del Código Fiscal de la misma entidad federativa, vigente para el año dos mil diez, ya que dicho pago sólo procede cuando tal perjuicio deriva del dolo o mala fe de la autoridad. Por último, señala que la a quo al dictar la resolución recurrida tomó en consideración el dictamen emitido por el perito oficial, pero sin considerar las manifestaciones vertidas con relación a que en el presente asunto no procedía el pago de los intereses, ya que a partir del mismo se determinó la cantidad a devolver, motivo por el cual resulta incongruente que la Juez Federal haya resuelto de manera contraria a dicho dictamen. Así las cosas, concluye que la cantidad a devolver a la parte quejosa no debe contener el cálculo de los intereses. Dichos argumentos se estiman infundados, porque lo concerniente al pago de intereses, tal obligación por parte de la autoridad fiscal deriva de la propia ley, y a efecto de corroborar tal aserto, resulta oportuno tener presente lo dispuesto en el artículo 71 del Código Financiero del Distrito Federal (que también fue considerado por la Juez Federal en la resolución que se recurre) el cual es del tenor siguiente: ‘Artículo 71.’ (se transcribe). De la lectura del precepto legal recién transcrito se desprende que, tal y como lo estimó la Juez Federal en la resolución que se recurre, el contribuyente que hubiere realizado el pago de una contribución (como en la especie fueron los derechos y aprovechamientos previstos en el Código Financiero del Distrito Federal) determinada por él o por la autoridad que interponga algún medio de defensa legal y que obtenga resolución firme que le favorezca total o parcialmente, tiene derecho a obtener por parte del Distrito Federal, el pago de intereses acorde a la tasa prevista para los recargos contenida en el artículo 64 del propio ordenamiento legal, sobre la cantidad que se pagó indebidamente y a partir de que se realizó ese pago. De lo anterior queda demostrado que, contrario a lo que aduce la autoridad recurrente, resulta apegada a derecho la determinación de la Juez Federal en el sentido de que con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, la autoridad fiscal está obligada a devolver el monto que se le enteró por parte del contribuyente, con su respectiva actualización y pago de intereses. Sin que sea óbice a lo hasta aquí alcanzado, el hecho de que en el artículo 63 del Código Financiero del Distrito Federal, vigente a partir de dos mil cuatro no haga pronunciamiento expreso: ‘de los montos de las devoluciones a cargo del Distrito Federal’ como lo preveía anteriormente el diverso numeral 50-B del mismo ordenamiento legal; sin embargo, ello no significa que no se prevé el pago de actualización y de intereses por parte del Gobierno del Distrito Federal, como inexactamente lo aduce la autoridad recurrente, en virtud de que tal obligación deriva de lo dispuesto en el artículo 71 del propio cuerpo de leyes. En ese contexto, importa destacar que el efecto de la sentencia concesoria del amparo promovido contra una ley fiscal es que no se vuelva a aplicar dicha disposición, esto es, a deslindar de la esfera jurídica del gobernado la norma jurídica que establece la obligación tributaria, entonces la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma trae consigo que el pago efectuado por la contribuyente en este caso, sea equiparable a un pago impuesto del que ha cesado, para el gobernado, la hipótesis legal que dio origen al hecho generador de la contribución, es decir, no existe más, en su ámbito de derechos y obligaciones, el deber legal que justifique haber realizado ese pago. Por tanto, si la declaración de inconstitucionalidad de los tributos reclamados actualiza la hipótesis prevista en el décimo primer párrafo del artículo 71 del Código Financiero del Distrito Federal, en relación con el pago de intereses a favor del contribuyente que obtuvo sentencia favorable respecto del pago de algún tributo, se concluye que el efecto del amparo incluye también el pago de intereses a que hace referencia el numeral en mención, puesto que su aplicación se encuentra estrechamente vinculada a la norma materia del juicio de garantías. En ese orden de ideas, es patente que la Juez debe contemplar en la cantidad que debe devolver a la parte quejosa, el cálculo de los intereses previstos en el artículo 71 del Código Financiero del Distrito Federal, en tanto que conforme al precepto citado, la peticionaria del amparo tiene derecho a obtener del Distrito Federal el pago de intereses sobre las cantidades que se hayan pagado indebidamente. En otra parte de sus agravios, la recurrente aduce que se pudiera considerar que la procedencia del pago de intereses deriva de que el propio artículo 71 del Código Financiero del Distrito Federal y del artículo 49 del Código Fiscal del Distrito Federal disponen expresamente que éstos deben cubrirse cuando el contribuyente interponga algún medio de defensa y éste resulte procedente; sin embargo, estima que tal disposición debe entenderse con relación a los medios ordinarios de defensa, como lo son los recursos administrativos o el juicio de nulidad, mas no respecto del amparo, especialmente cuando en éste se declara la inconstitucionalidad de los preceptos que prevén y regulan una contribución. Se estima infundado el citado argumento, debido a que con independencia de que el juicio de garantías sea considerado o no un medio extraordinario de defensa, lo cierto es que el código invocado no hace esa distinción, sino simplemente se refiere a medios de defensa que el citado código o demás leyes establezcan. De manera que si el juicio de amparo constituye un medio de defensa de los derechos fundamentales del gobernado, debe entenderse que el artículo en comento también se refiere a él, como un medio de defensa adecuado para que una vez que se obtenga una resolución favorable, proceda el pago de intereses. Finalmente, dice la recurrente que la Juez de Distrito tomó el dictamen emitido por el perito oficial por encontrarse realizado de manera imparcial y ajeno a toda pretensión de las partes, y si bien es cierto que la juzgadora lo consideró apto para emitir la resolución que por esta vía se recurre, lo es también, que en sus manifestaciones claramente el perito estableció que no proceden para el presente asunto el pago de intereses, por tanto, al emitir la resolución no se toman en cuenta las manifestaciones vertidas en el dictamen emitido por el especialista, siendo que a partir del mismo se determinó la cantidad a devolver, por lo que resulta ser incongruente que la a quo resuelva dictar su sentencia apoyándose en dicho dictamen si al final resuelve contrariamente al mismo. Tal argumento resulta infundado, ya que no es correcto que la resolución impugnada se haya sustentado, para determinar el pago de intereses, en el peritaje oficial relativo al incidente innominado de donde deriva la resolución reclamada, lo anterior es así, pues lo que la Juez consideró al momento de resolver lo relativo a los intereses, fue lo siguiente: * Que al dictamen pericial en materia de contabilidad rendido por la perito oficial, se le otorgaba pleno valor probatorio, al haberse emitido por una profesional en la materia contable en el que se desprende la metodología utilizada, además de que al ser nombrada en auxilio de ese órgano de control, resulta imparcial y ajeno a toda pretensión de las partes. * Que por lo anterior, la cantidad que en él se indica actualizada, a la fecha de pago, más intereses que se generen, es la que debe ser entregada a la parte quejosa. * Que el cálculo de intereses determinado sobre la base de la cantidad a devolver debidamente actualizada es procedente, ya que el monto que en su momento tuvo que erogar la contribuyente quejosa para cumplir con sus obligaciones fiscales, al momento de obtener una resolución favorable en amparo, se convierte en pago de lo indebido, de conformidad a lo previsto en el artículo 71 del Código Financiero del Distrito Federal. Como se ve la decisión de la Juez de Distrito con relación al pago de intereses, no se sustentó en el peritaje oficial, sino que la Juez analizó el caso en particular y consideró que con base en la naturaleza jurídica de éstos, era procedente, de conformidad a lo previsto en el artículo 71 del Código Financiero del Distrito Federal, en virtud del pago de lo indebido en que incurrió la contribuyente, al obtener una resolución favorable. De manera que aun cuando efectivamente el perito oficial, entre otras cosas, concluyó que no procedía el pago de intereses, es claro que la Juez de Distrito consideró aspectos distintos para resolver de la manera que lo hizo. Lo que se estima correcto, ya que atendiendo a la lógica de la prueba pericial y de las pruebas en general, es al juzgador a quien corresponde su justipreciación conforme al principio de valoración de las pruebas, por lo que éste debe analizar dicha probanza atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, exponiendo los fundamentos de su valoración y de su decisión, sin que tenga que atender estrictamente a lo manifestado por los peritos, quienes sólo son auxiliares de aquél. De manera que el resolutor puede válidamente apartarse de la opinión del experto, o tomar los aspectos que estima apegados a derecho y que fundamentan su decisión. Sirve de apoyo a lo anterior, por los razonamientos que expone, la tesis de jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son: ‘DICTÁMENES PERICIALES NO OBJETADOS. SU VALORACIÓN.’ (se transcribe). Por último, no pasa inadvertido la tesis que cita la recurrente de rubro: ‘PAGO DE LO INDEBIDO. NO SE ACTUALIZA TRATÁNDOSE DE CONTRIBUCIONES PAGADAS CON BASE EN UNA LEY QUE CON POSTERIORIDAD FUE DECLARADA INCONSTITUCIONAL.’, ya que no resulta obligatoria para este Tribunal Colegiado, en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley Amparo, además de que sus consideraciones no se comparten por los motivos antes expuestos. Además, respecto a las resoluciones que citó la autoridad recurrente en las que diversos Juzgados de Distrito se pronunciaron con relación a que no procede el pago de intereses, no existe dispositivo alguno en la ley de la materia, que vincule a este Tribunal Colegiado a acatarlas, de ahí que ningún beneficio le generan. En las relacionadas condiciones y ante lo ineficaz de los argumentos analizados procede declarar infundado el recurso de queja interpuesto y, por tanto, ajustada a derecho la resolución recurrida en la presente instancia."
TERCERO. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar la queja QA. 2/2010 en sesión de veintiséis de febrero de dos mil diez, sostuvo:
"SEXTO. Previamente al análisis de los agravios formulados, se considera necesario relatar los antecedentes que se desprenden del juicio de amparo de origen, para mejor comprensión del asunto: 1. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, el veinte de febrero de dos mil cuatro, **********, por propio derecho, promovió amparo en contra de la discusión, aprobación y expedición del decreto legislativo del 26 de diciembre de 1994, que contiene el Código Financiero del Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 del mismo mes y año, en vigor a partir del 1o. de enero de 1995, en particular 156 y 158, que se refieren al impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. 2. El juicio fue radicado en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, bajo el número 1192/2003 y resuelto por el Juez Quinto de Distrito itinerante mediante sentencia que se terminó de engrosar el treinta y uno de octubre de dos mil tres, en la que resolvió: (se transcribe). 3. Inconforme con tal determinación, el secretario de Gobierno, en ausencia del jefe de Gobierno del Distrito Federal, interpuso recurso de revisión que fue radicado en este tribunal, bajo el número RA. 747/2003 y resuelto mediante ejecutoria de diez de marzo de dos mil cuatro, en el sentido de confirmar la sentencia recurrida, y conceder el amparo solicitado en contra de los artículos 156 y 158 del Código Financiero del Distrito Federal, vigente en el año dos mil tres (fojas 175-185). 4. En acatamiento a dicha ejecutoria, la Juez Federal realizó diversos requerimientos a las autoridades responsables para que acreditaran haber dado cumplimiento al fallo protector. 5. El trece de octubre de dos mil cuatro, la quejosa presentó un diverso escrito a través del cual exhibió el escrito presentado el día anterior en la Oficialía de Partes de la Administración Tributaria en Parque Lira, en el cual solicitó la devolución de los importes que indebidamente pagó a la Tesorería del Distrito Federal en cantidad histórica de **********, por concepto de impuesto de adquisición de inmuebles, debidamente actualizado y con los intereses correspondientes (fojas 256-263). 6. Toda vez que se requirió a las autoridades responsables, así como a sus superiores jerárquicos, sin que hubiesen informado acerca del cumplimiento de la ejecutoria de amparo ni efectuado acto alguno tendiente a ello, con fecha siete de marzo de dos mil seis, la Juez del conocimiento consideró hacer efectivo el apercibimiento respectivo, por lo que con fundamento en el Acuerdo General Número 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, remitió los autos a la superioridad, para los efectos de la fracción XVI del artículo 107 constitucional y segundo párrafo del artículo 105 de la Ley de Amparo (fojas 330-332). 7. Mediante acuerdo de fecha nueve de marzo de dos mil seis, la Magistrada presidenta de este tribunal ordenó formar, tramitar y registrar el incidente de inejecución de sentencia número Inejec. 12/2006, el cual se resolvió en sesión de fecha veintiséis de abril de dos mil seis, en el sentido de remitir los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (fojas 345-368). 8. Mediante resolución de fecha veinte de septiembre de dos mil seis, la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal determinó devolver los autos del juicio de amparo al Juzgado de Distrito de conocimiento, para el efecto de determinar si con los actos realizados por la autoridad responsable se había dado cumplimiento o no a la ejecutoria de amparo (fojas 440 a 450). 9. Posteriormente, de múltiples requerimientos a las autoridades sin que hubiesen dado cumplimiento a la ejecutoria, de oficio se ordenó tramitar el incidente innominado, a fin de determinar las cantidades a devolver a la quejosa por el pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles (fojas 656 de autos). 10. El ocho de diciembre de dos mil nueve, la Juez del conocimiento dictó resolución del incidente innominado considerando que las autoridades responsables se encuentran obligadas a devolver a la parte quejosa, la cantidad que resulte de calcular intereses y actualizaciones, que resulten de la cantidad pendiente de cubrirse, desde la fecha en que se efectuó el pago del impuesto declarado inconstitucional, hasta que se ponga a disposición de la quejosa la devolución correspondiente. En contra de dicha resolución, la autoridad responsable interpuso recurso de queja, materia de esta resolución. Sostiene la recurrente que el juzgado del conocimiento pretende condenar al pago de una cantidad sin fundamento, toda vez que intenta que le sea devuelta al quejoso con actualización e intereses, los cuales para el caso en concreto no proceden. Que el efecto de la concesión del amparo contra leyes, conforme lo dispone el artículo 80 de la Ley de Amparo, se colma con la devolución de la cantidad pagada por concepto del precepto declarado inconstitucional, ya que el efecto de la sentencia es restablecer las cosas al estado que estaban, por lo cual para cuantificar el importe a devolver a la quejosa no debe contemplarse el concepto de actualización, pues, de lo contrario, se ocasionaría un exceso en el cumplimiento de la ejecutoria y una flagrante violación a lo dispuesto en el artículo en comento. Que la actualización en cuanto a devoluciones sólo estuvo vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil tres, ello debido a que el veintiséis de diciembre de ese año se derogó el artículo 50-B del Código Financiero del Distrito Federal, y con posterioridad no se contempló dicha actualización, máxime que el artículo 71 del Código Financiero del Distrito Federal regula de forma precisa cuándo una autoridad está obligada a las devoluciones y cómo proceden. Que el cálculo de la devolución no puede contener el concepto de intereses pues, de lo contrario, se estaría violando lo dispuesto en los artículos 63 y 71 del Código Financiero del Distrito Federal. Que los intereses participan de una naturaleza diversa, cuya reparación económica no constituye, de forma alguna, los efectos del fallo protector. Que no es procedente el pago de intereses calculados por el perito tercero en discordia, ya que para acreditar el derecho a su pago, debe determinarse y proceder a la devolución de las cantidades pagadas por la quejosa por concepto del artículo declarado inconstitucional, posteriormente, debe acontecer que el pago no se efectúe dentro del plazo legal siguiente al que se le ha solicitado a la autoridad, supuesto en el que las autoridades fiscales deberán pagar dichos intereses sobre las cantidades actualizadas, calculados a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo por la omisión en que incurrieron, o cuando existe negativa a devolver las cantidades que legalmente procede. Agrega, que no deben pagarse intereses, ya que no se trata de un pago de lo indebido, puesto que fue realizado de manera voluntaria y
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22529-286ba8c3/leyes-tributarias-la-devolucion-de-las-cantidades-enteradas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- CONCESIONARIOS DE REDES PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES. EL ÓRGANO JURISDICCIONAL NO PUEDE EXIGIRLES DIRECTAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS EN EL JUICIO C (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- PENSIONES Y JUBILACIONES DEL ISSSTE. EL DERECHO PARA RECLAMAR SUS INCREMENTOS Y LAS DIFERENCIAS QUE DE ELLOS RESULTEN, ES IMPRESCRIPTIBLE. (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. RESPECTO DE LAS DEMANDAS PRESENTADAS ANTES DEL 1o. DE ENERO DE 2006, EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA RELATIVA DEBE TRAMITARSE CON APOYO EN EL CÓD (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- APARIENCIA DEL BUEN DERECHO. ESE PRINCIPIO NO ES FUNDAMENTO PARA QUE DEJE DE GARANTIZARSE EL INTERÉS FISCAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO PARA QUE LA SUSPENSIÓN P (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- TESIS DE JURISPRUDENCIA Y PRECEDENTES, SU CITA. NO CAUSA AGRAVIO EL QUE NO SE TRANSCRIBAN INTEGRAMENTE, SI SE PROPORCIONAN DATOS QUE INDUDABLEMENTE LA IDENTIFICAN. (s/clave)
- ACTOS NEGATIVOS. (VI.1o.235 K)
- SENTENCIAS CIVILES. (XXI.65 K)
- RESOLUCIONES QUE NO CAUSAN ESTADO. (XX.71 K)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis