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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. DEBE NEGARSE CONTRA LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA INHABILITACIÓN TEMPORAL PARA PARTICIPAR EN PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN O PARA CELEBRAR CONTRATOS PÚBLICOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 279/2010. · Registro digital (IUS): 22627
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, , Pág. 1403.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 279/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001 del Tribunal Pleno, en virtud de que el tema sobre el que versa dicha denuncia corresponde a la materia administrativa cuya especialidad es de esta Segunda Sala.

SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que la formularon los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que participaron en la solución de uno de los asuntos respecto de los que se hace dicha denuncia y, por ende, están facultados para hacerlo en términos de los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo.

TERCERO. Criterios contendientes. Para dilucidar si el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito es contradictorio con el sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado en la materia y circuito indicados, conviene realizar un extracto de los antecedentes y de las consideraciones fundamentales en que se apoyan los fallos en examen:

1. Al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, le tocó conocer de un recurso de queja (QA-XI-27/2005-164) y de un recurso de revisión incidental (RA-182/2010-2598), en los términos siguientes:

A) El expediente QA-XI-27/2005-164, se formó con motivo de que la parte quejosa promovió recurso de queja contra el auto dictado por el Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, mediante el cual negó la suspensión provisional solicitada en contra del acto reclamado de la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que se hizo consistir en la sentencia interlocutoria por medio de la cual, a su vez, se negó a la parte actora en el juicio de nulidad la suspensión definitiva del acto impugnado consistente en la suspensión para participar en procesos de licitaciones públicas por el plazo de tres años con nueve meses.

En el auto recurrido, se determinó negar la suspensión provisional solicitada, en virtud de que:

• La emisión de la resolución interlocutoria es un acto consumado.

• Se trata de un acto de carácter negativo, en contra del cual no procede conceder la suspensión provisional solicitada, pues implica el rechazo a una solicitud de suspensión en el juicio de nulidad pedida por la parte actora.

• Por lo que se refiere a la ejecución de la resolución impugnada dictada por la Comisión Federal de Competencia, al considerar que la quejosa es responsable de prácticas monopólicas, se determinó que no procedía conceder la suspensión provisional en contra de la sanción impuesta consistente en no participar en procedimientos de contratación con las entidades de la administración pública, ni con entidades federativas por un plazo de tres años, nueve meses, ya que dicha sanción es de orden público al derivar de un procedimiento de investigación con motivo de prácticas monopólicas.

El Tribunal Colegiado de Circuito indicado, al resolver el recurso de queja interpuesto contra el auto antes sintetizado, determinó lo siguiente:

• Declaró infundados los agravios planteados, pues como lo estableció el Juez de Distrito, la emisión de la interlocutoria que negó la suspensión solicitada en el juicio de nulidad, constituye un acto consumado en contra del cual no es posible otorgar una suspensión.

• En relación con los efectos y consecuencias de la ejecución de la resolución reclamada, se determinó que asistía la razón a la parte recurrente en el sentido de que, contrariamente a lo estimado por el Juez de Distrito, la sanción impuesta no derivó de una investigación por prácticas monopólicas realizada por la Comisión Federal de Competencia, sino que la estableció el titular de la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal de la Secretaría de la Función Pública por transgresión a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al haber actuado con dolo y mala fe en diversos procedimientos de licitaciones públicas.

• No obstante lo anterior, el Tribunal Colegiado determinó que los argumentos del recurrente eran insuficientes para otorgar la medida suspensional solicitada, en razón de no satisfacerse el requisito exigido en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, pues: "... de concederse la suspensión provisional, se causaría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público ...".

• Lo anterior se determinó de esa forma, porque la sanción de no participar en licitaciones públicas se apoyó en lo dispuesto en el artículo 60, fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al haber actuado la quejosa con dolo en varios procedimientos de licitación pública, ley citada que, afirmó el Tribunal Colegiado, es: "... de orden público e interés social en tanto regula las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto y control de las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y la prestación de servicios de cualquier naturaleza que lleven a cabo la Federación o sus entidades federativas, por lo que las empresas o particulares que deseen participar en las licitaciones públicas que al efecto realice la Federación o sus entidades federativas deberán sujetarse a las reglas y conductas previstas por dicha ley. En consecuencia, si la autoridad de la Secretaría de la Función Pública determinó, en el caso, que la quejosa se ubicó en el supuesto del artículo 60, fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al haber actuado con dolo y mala fe respecto de los procedimientos de licitaciones públicas internacional ********** y nacional **********, es indudable que la concesión de la medida cautelar provisional solicitada contravendría disposiciones de orden público que tienen como fin regular y vigilar que las acciones relativas a las adquisiciones y arrendamientos de bienes inmuebles así como prestación de servicios de cualquier naturaleza llevados a cabo por la Federación o sus entidades federativas se encuentren conforme a las políticas, bases y lineamientos que refiere la citada ley, respecto de lo cual la sociedad está interesada se proteja, por ser de interés general.".

• El Tribunal Colegiado agregó: "... si bien la sanción impuesta puede ocasionar daños y perjuicios a la quejosa, también lo es que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado.".

• Consecuencia de lo anterior, se confirmó el auto recurrido: "... pero por las razones que en la presente ejecutoria se dan.".

B) El expediente RA-182/2010-2598, se formó con motivo de que la autoridad responsable director general de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública, por conducto de su delegado, interpuso recurso de revisión contra la resolución incidental dictada por la Juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, mediante la cual concedió a la parte quejosa la suspensión definitiva solicitada contra los efectos y consecuencias de la resolución dictada en el expediente administrativo ********** en la cual la autoridad impuso a la quejosa una multa y una sanción consistente en que no puede, por sí o por interpósita persona, presentar propuestas ni celebrar contrato alguno con las dependencias y entidades de la administración pública federal, ni con entidades federativas cuando utilicen recursos federales conforme a los convenios celebrados por el Ejecutivo Federal en la materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público por un plazo de seis meses.

La resolución recurrida, dictada por la Juez de Distrito, se apoyó en los criterios sostenidos por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito -que posteriormente se transcribirán- cuyos rubros son los siguientes:

Tesis: I.4o.A.556 A: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. AL CONCEDERLA RESPECTO DE LA INHABILITACIÓN TEMPORAL A UNA PERSONA PARA PARTICIPAR EN PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN Y CELEBRAR CONTRATOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NO DEBE CONFUNDIRSE NI EQUIPARARSE LA AFECTACIÓN AL ORDEN PÚBLICO Y AL INTERÉS SOCIAL CON LA RELATIVA AL INTERÉS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA."

Tesis: I.4o.A.554 A: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. NO TIENE EFECTOS RESTITUTORIOS LA QUE SE CONCEDE CONTRA LA INHABILITACIÓN TEMPORAL A UNA PERSONA PARA PARTICIPAR EN PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN Y CELEBRAR CONTRATOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PUES NO ES UN ACTO CONSUMADO MIENTRAS NO TRANSCURRA EL PLAZO EN QUE ESTÁ SURTIENDO EFECTOS."

Tesis: I.4o.A.555 A: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA RESPECTO DE LA INHABILITACIÓN TEMPORAL A UNA PERSONA PARA PARTICIPAR EN PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN Y CELEBRAR CONTRATOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, YA QUE AL DIFERIR SU EJECUCIÓN SE EVITAN LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN QUE PUDIERAN OCASIONARSE CON ELLA."

El Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver el recurso de revisión respectivo, estableció:

• Que en relación con la inhabilitación, contenida en el acto reclamado, por un plazo de seis meses para que la quejosa no participe en licitaciones ni presente propuestas, ni celebre contratos de obras públicas y servicios relacionados con las dependencias y entidades de la administración pública federal y las entidades federativas: "... no se satisfacen todos los requisitos legales exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo ...".

• Lo anterior, porque por lo que hace al primer requisito, consistente en solicitar la medida cautelar si bien está satisfecho, en cambio: "... el requisito exigido por la fracción II del artículo mencionado no se satisface, pues de concederse la suspensión definitiva en relación con la inhabilitación referida se causaría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público ...".

• A fin de corroborar la indicada afirmación, el Tribunal Colegiado señaló que advirtiendo los artículos 1o. y 60, fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: "... la ley en que se fundó el oficio reclamado es de orden público e interés social, pues reglamenta las bases y principios que prevé el artículo 134 de la Constitución, en tanto que regula las acciones relativas a la planeación, contratación, gasto y control de las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y la prestación de servicios de cualquier naturaleza que lleven a cabo la Federación o sus entidades federativas, por lo que las empresas o particulares que deseen participar en las licitaciones públicas que al efecto realice la Federación o sus entidades federativas deberán sujetarse a las reglas y conductas previstas por dicha ley. En consecuencia, si la autoridad de la Secretaría de la Función Pública determinó, en el caso, que la quejosa se ubicó en el supuesto del artículo 60, fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al haber proporcionado información falsa y actuando con dolo en el procedimiento de licitación pública nacional número **********, es indudable que la concesión de la medida cautelar provisional solicitada contravendría disposiciones de orden público que tienen como fin regular y vigilar que las acciones relativas a las adquisiciones y arrendamientos de bienes inmuebles, así como prestación de servicios de cualquier naturaleza llevados a cabo por la Federación o sus entidades federativas, se encuentren conforme a las políticas, bases y lineamientos que refiere la citada ley, respecto de lo cual la sociedad está interesada se proteja, por ser de interés general, máxime que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado."

• Aunado a lo anterior, se agregó que: "... el objeto mediato del contrato de obra pública y de servicios relacionados con el mismo es la adquisición o prestación del bien o servicio, o la realización de la obra pública, que inciden, con gran relevancia, en la finalidad que es justamente la satisfacción del interés público y el bienestar de la sociedad y, por consiguiente, el permitir la licitación y celebración de contratos públicos de personas que se han conducido con falsedad no es lo más conveniente tanto para el Estado como para la sociedad, lo que significa que conceder la suspensión para que participe en licitaciones públicas trae mayor afectación a la sociedad que a la quejosa. Por tanto, es fundado el agravio que nos ocupa únicamente en lo atinente a la inhabilitación, no en cuanto a la multa impuesta, respecto de la cual sí procede conceder la suspensión definitiva, por la sencilla razón de que, en este supuesto, sí se cumplen las exigencias del artículo 124 de la Ley de Amparo."

• Finalmente, se estableció: "... no es verdad que la inhabilitación de la empresa quejosa para participar en licitaciones públicas le vaya a ocasionar indefectiblemente un daño o perjuicio, ya que tal circunstancia sólo es potencial en virtud de que su participación únicamente le otorga en la licitación una expectativa de derecho respecto de la adjudicación de contratos de obra, bienes o servicios, y no un derecho de que los contratos relativos le sean adjudicados indefectiblemente, por lo que si en la resolución reclamada se determinó que la empresa incurrió en responsabilidad al haber aportado datos falsos, dado que la actuación de la autoridad se presume siempre de buena fe y no al contrario, pues es la propia ley la que le otorga la presunción de licitud del acto administrativo, por lo cual este tribunal no comparte los criterios del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que la Juez de Distrito invocó en la resolución recurrida, por lo que deberá hacerse la denuncia de la posible contradicción de tesis ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación."

2. Por su parte, al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito le tocó conocer de un recurso de revisión incidental, que lo registró bajo el número RA. 398/2006, formado con motivo de que la parte quejosa interpuso recurso de revisión contra la resolución incidental dictada por el Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, mediante la cual, por una parte, negó la suspensión solicitada por lo que se refiere a la emisión y consecuencias de la resolución dictada por el titular del área de responsabilidades del órgano interno de control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, por la cual se impuso una sanción consistente en no permitir a la quejosa participar en procedimientos de licitación durante tres meses, por tratarse de actos consumados y, por otra parte, se otorgó la medida cautelar a fin de que no se hiciera efectiva una multa pecuniaria impuesta en aquella resolución administrativa impugnada.

Las consideraciones que sirvieron de sustento al citado órgano jurisdiccional, al resolver el recurso de revisión RA. 398/2006, en la parte que importa, son las siguientes:

• Consideró fundados los agravios planteados por la quejosa, en atención a que tomando en cuenta el día de publicación de la sanción impugnada, se colige que: "... los efectos y consecuencias de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la circular antes precisada, consistentes en la sanción de inhabilitación a la quejosa para que pudiera presentar propuestas o celebrar contratos con las entidades de la administración Pública Federal y las entidades federativas, no es un acto consumado, como indebidamente lo señaló el Juez a quo, toda vez que dicha sanción se encuentra vigente, surtiendo sus efectos hasta el treinta de noviembre del presente año, por lo que dichas consecuencias afectan a la quejosa y se extienden hacia el futuro."

• Como consecuencia de lo anterior, se determinó que la suspensión no tendría efectos restitutorios al no tratarse de actos consumados, sino que tendría efectos paralizadores o de interrupción transitoria y temporal, sin que pudiera impedirse que con la indicada suspensión las responsables hicieran efectiva la sanción respectiva, pues dichas cuestiones podrán hacerse con posterioridad, cuando culmine el juicio de amparo relativo y se resuelva el fondo de la controversia planteada, en caso de que resulte desfavorable para los intereses de la quejosa.

• Aunado a lo anterior, el Tribunal Colegiado del conocimiento resolvió que se cumplía el diverso requisito establecido en la fracción III del artículo 124 de la Ley de Amparo, porque: "... la ejecución de los actos reclamados causan daños y perjuicios de difícil reparación a la agraviada, toda vez que con la inhabilitación de las actividades de la empresa, entre tanto se resuelve el amparo en cuanto al fondo, se traduce en que durante ese lapso, deje de inscribir sus propuestas para las licitaciones que se lleven a cabo, o bien, que celebre algún contrato con las dependencias de la administración pública federal o con las entidades federativas, lo que implica que dejará de percibir ingresos que pudiera obtener de no haber sido sancionada, mismos que no podrían restituírsele si se le concediera el amparo y protección de la Justicia Federal en el juicio principal. Por otra parte, cabe señalar que si bien es cierto la participación de la quejosa en las licitaciones no implica que obtenga la adjudicación de los contratos, también lo es que la sanción de inhabilitación fue para el efecto de que la misma ni siquiera pudiera presentar dichas probanzas o inscribirse en las licitaciones, lo que por si mismo necesariamente le ocasiona daños y perjuicios que no pudieran ser restituidos en caso de que obtuviera un fallo favorable, pues de inicio se le estaría negando la posibilidad de conseguir las contrataciones al no dejarla concursar."

• Además de lo anterior, se indicó que debía tomarse en cuenta la precariedad de tres meses de la sanción, lo que implica que sería muy probable que la tramitación del juicio de amparo y sus recursos excedieran el tiempo de la inhabilitación decretada, lo que haría que se consumara irremediablemente la conducta de la autoridad sin la posibilidad de ser revisada.

• De igual forma, se indicó que se cumplían los requisitos de las fracciones I y II del artículo 124 de la Ley de Amparo porque la quejosa solicitó la suspensión y con su concesión no se causan perjuicios al orden público ni se afecta el interés social, dado que: "... no existe privación o daño a la colectividad, pues en el caso no se está desconociendo la sanción administrativa impuesta a la empresa quejosa, ya que la citada medida es temporal y en caso de resolverse el juicio de amparo de forma contraria a sus intereses, la autoridad responsable podría hacer efectiva dicha sanción. En efecto, el hecho de que se difiera la ejecución de la sanción no afecta a la colectividad de manera real y efectiva, dado que la medida cautelar únicamente paraliza o interrumpe temporalmente la ejecución del acto reclamado hasta que se culmine el juicio de amparo principal, motivo por el cual, la sociedad no resiente un daño ni deja de percibir un beneficio, pues simplemente se difiere en el tiempo la ejecución de la citada sanción."

• Finalmente, se anotó que: "... no debe confundirse ni equipararse la afectación del interés social con la afectación a los intereses de la Administración Pública que pudieren trascender o no en los de la sociedad. Si bien es cierto en la especie los intereses de la administración pública se afectan en el sentido de que no podrá ejecutar inmediatamente la sanción que se le impuso a la empresa quejosa para que no pueda presentar propuestas ni celebrar contrato alguno con las entidades de dicha administración ni con las entidades federativas, al haber encontrado irregularidades en los procesos de licitación en los que participó, dicha afectación no puede equipararse a la afectación del interés social ... Además, debe precisarse que es de interés social que el comportamiento de las autoridades se ajuste al orden jurídico, es decir, que se respete el principio de legalidad de los actos reclamados, por tanto, si con la suspensión lo que se pretende es evitar que se consumen actos aparentemente ilegítimos, es claro que a la sociedad le favorece la concesión de la medida cautelar, siempre que con ella no se le prive directa y efectivamente de un provecho concreto y real, ya que en el caso, opera como un medio de control de la actuación aparentemente arbitraria de la Administración, pues está en debate la presunción de legalidad de sus actos y a la sociedad interesa la vigencia del Estado de derecho y la legalidad de los actos gubernamentales como un bien que está por encima de los intereses de la Administración."

• En mérito de lo anterior, el Cuarto Tribunal Colegiado modificó la resolución recurrida y, en su lugar, concedió la suspensión definitiva solicitada. De la anterior resolución derivaron los siguientes criterios:

"SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. NO TIENE EFECTOS RESTITUTORIOS LA QUE SE CONCEDE CONTRA LA INHABILITACIÓN TEMPORAL A UNA PERSONA PARA PARTICIPAR EN PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN Y CELEBRAR CONTRATOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PUES NO ES UN ACTO CONSUMADO MIENTRAS NO TRANSCURRA EL PLAZO EN QUE ESTÁ SURTIENDO EFECTOS. La inhabilitación temporal -por tres meses- a una persona para participar en procedimientos de licitación y celebrar contratos con la administración pública derivada de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de una circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de aquélla y a las entidades federativas que deben abstenerse de recibir propuestas o celebrar contratos durante ese periodo con determinada persona física o moral a partir del día siguiente de la publicación, no es un acto consumado, en atención a que se encuentra surtiendo sus efectos hasta que transcurra ese plazo y, por tanto, la concesión de la suspensión en el amparo no tiene efectos restitutorios, ya que únicamente paraliza o interrumpe transitoria y temporalmente la ejecución del acto reclamado, sin que pueda presumirse que la medida cautelar impida a la responsable hacerlo efectivo, pues puede realizarlo con posterioridad, en caso de que el amparo no se conceda."(1)

"SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA RESPECTO DE LA INHABILITACIÓN TEMPORAL A UNA PERSONA PARA PARTICIPAR EN PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN Y CELEBRAR CONTRATOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, YA QUE AL DIFERIR SU EJECUCIÓN SE EVITAN LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN QUE PUDIERAN OCASIONARSE CON ELLA. El incidente de suspensión en el amparo es una medida cautelar de naturaleza provisional, tendente a hacer posible la tutela definitiva mediante la conservación de la materia del juicio y a evitar que se causen daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado con la ejecución del acto reclamado durante el proceso, a lo que la doctrina se refiere como periculum in mora. Por tanto, la concesión de la suspensión contra la sanción impuesta a una persona, consistente en su inhabilitación temporal -por el lapso de tres meses- para que pueda participar en procedimientos de licitación y celebrar contratos con la administración pública, satisface el requisito previsto en el artículo 124, fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud que, de ejecutarse dicho acto, se causarían daños y perjuicios de imposible reparación a la quejosa, en la medida que durante ese lapso no podría inscribir sus propuestas para las licitaciones que le interesaran o celebrar contratos con aquélla, lo que implicaría dejar de percibir ingresos que pudiese haber obtenido de no ser sancionada y que no podrían restituírsele para el caso de que se le concediera la protección de la Justicia Federal. A mayor abundamiento, debe considerarse la precariedad y temporalidad de la sanción en tanto es probable que los tres meses de su duración sean rebasados con la tramitación del juicio de amparo -incluyendo los recursos correspondientes- con la consecuente consumación de la conducta de la autoridad que pudiese ser ilegal, sin la posibilidad de ser revisada oportunamente, lo que atentaría contra los valores y principios esenciales tutelados en un Estado de derecho."(2)

"SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. AL CONCEDERLA RESPECTO DE LA INHABILITACIÓN TEMPORAL A UNA PERSONA PARA PARTICIPAR EN PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN Y CELEBRAR CONTRATOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NO DEBE CONFUNDIRSE NI EQUIPARARSE LA AFECTACIÓN AL ORDEN PÚBLICO Y AL INTERÉS SOCIAL CON LA RELATIVA AL INTERÉS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que se afecta el orden público y el interés social cuando de concederse la suspensión se prive a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiera un daño que de otra manera no resentiría. Por tanto, cuando se concede la suspensión contra el acto consistente en la inhabilitación temporal -tres meses- a una persona para participar en procedimientos de licitación y celebrar contratos con la administración pública, no debe confundirse ni equipararse la afectación del interés social con la relativa a los intereses de aquella que pudiesen trascender o no a los de la sociedad pues, aunque se afectan los intereses de ésta en la medida en que no podrá ejecutarse inmediatamente la sanción -inhabilitación temporal- no se afecta a la colectividad de manera real y efectiva dado que la medida cautelar únicamente paraliza o interrumpe temporalmente la ejecución del acto reclamado, es decir, ésta simplemente se difiere en el tiempo, por lo que la sociedad no resiente un daño ni deja de recibir un beneficio. Por el contrario, es de interés social que el comportamiento de las autoridades se ajuste al orden jurídico de forma tal que actúen con respeto al principio de legalidad y, por tanto, si la suspensión pretende evitar que se consumen actos irregulares, es claro que conviene a la sociedad en tanto opera como un medio de control de la actuación aparentemente arbitraria de la autoridad, pues está en debate la presunción de legalidad de sus actos y a la sociedad interesa la vigencia del Estado de derecho y la legalidad de tales actos como un bien que está por encima de los intereses de la administración."(3)

CUARTO. Existencia de la contradicción. El análisis de las ejecutorias transcritas pone de relieve la existencia de la contradicción de tesis denunciada, porque el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, determinó que no procede conceder la suspensión de los efectos y consecuencias de una sanción que inhabilita temporalmente a la parte quejosa para participar en licitaciones públicas y celebrar contratos que impliquen la utilización de recursos públicos, en razón de no colmarse los requisitos establecidos en las fracciones II y III del artículo 124 de la Ley de Amparo; mientras que, por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado en la materia y circuito indicados, consideró que en contra de tal acto, sí procede conceder la medida cautelar solicitada, al cumplirse con los requisitos que establece el numeral aludido de la Ley de Amparo.

Como se advierte, los tribunales contendientes adoptaron criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, que constituye la materia de la presente contradicción, consistente en determinar si procede o no otorgar la suspensión en el juicio de garantías contra los efectos y consecuencias de una resolución que sanciona a la quejosa con la inhabilitación temporal para participar en licitaciones públicas y celebrar contratos de igual índole.

No es obstáculo para continuar con el estudio de la presente denuncia, la circunstancia consistente en que los eventos fácticos de los asuntos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito no sean exactamente iguales, pues en lo relativo al expediente de queja QA-XI-27/2005-164 derivó de que el Juez de Distrito negó la suspensión provisional solicitada contra una resolución dictada por una Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que, a su vez, negó en el juicio de nulidad la suspensión pedida contra la resolución impugnada que decretó en contra del particular una suspensión para participar en procesos de licitaciones públicas por el plazo de tres años nueve meses; mientras que la revisión incidental RA. 182/2010-2598 se originó con motivo de que el Juez de amparo concedió la suspensión definitiva contra los efectos y consecuencias de la resolución dictada por el director general de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública, que sancionó a la parte quejosa por seis meses impidiéndole presentar propuestas y celebrar contratos con las dependencias y entidades de la administración pública federal, ni con entidades federativas cuando utilicen recursos federales conforme a los convenios celebrados por el Ejecutivo Federal en las materias de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, por transgresión a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y finalmente, por su parte, el recurso de revisión incidental RA. 398/2006 se originó con motivo de la interposición de dicho medio de defensa contra la negativa de otorgar la suspensión definitiva por parte del Juez de Distrito en relación con el acto reclamado consis

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22627-07c9b428/suspension-en-el-amparo-debe-negarse-contra-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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