CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO 197 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE A LA LEY RELATIVA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 161/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO Y DÉCIMO QUINTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y puntos segundo y tercero del Acuerdo 1/1997, dictado por el Tribunal Pleno el veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete, en relación con los puntos segundo y tercero transitorios del diverso Acuerdo 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, dado que se trata de la denuncia de una posible contradicción de tesis en asuntos de tema administrativo, materia de la competencia de esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formularon los Magistrados integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que emitió una de las resoluciones que participan de la denuncia de posible contradicción de tesis.
TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, es preciso tener presentes las consideraciones sustentadas por los órganos colegiados contendientes en las respectivas ejecutorias.
El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo DA. 231/2006, promovido por AZ. Constructores, Sociedad Anónima de Capital Variable, en la parte medular, se apoyó en las siguientes consideraciones:
"SEXTO. ... Consideraciones que se estiman infundadas, pues tal como quedó demostrado con antelación, el principio de litis abierta se encuentra establecido en el artículo 197, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación y no así en la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, razones por las cuales la Sala administrativa responsable, no se encontraba obligada a atender a dicho principio. En efecto, si bien es cierto que el artículo 25 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, establece que a falta de disposición expresa en materia fiscal se estará a lo dispuesto al Código Financiero del Distrito Federal y, en su caso, al Código Fiscal de la Federación, también lo es que, en la especie, no se actualiza la supletoriedad, y al efecto se transcribe el mencionado precepto legal, que a la letra dice: ‘Artículo 25.’ (se transcribe). Al respecto, resulta oportuno tener presente que para la procedencia de la supletoriedad deben satisfacerse los siguientes requisitos: que el ordenamiento que se pretenda suplir lo admita expresamente y señale el estatuto supletorio; que la normatividad objeto de la supletoriedad prevenga la institución jurídica de que se trate; que previendo dicha institución, las normas existentes en la legislación sean insuficientes para su aplicación a la situación concreta presentada, por carencia total o parcial de la reglamentación necesaria; y, que las disposiciones o principios con los que se vaya a llenar la deficiencia no contraríen, de cualquier modo, las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución suplida. Así las cosas, la supletoriedad de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, tratándose de la institución de litis abierta no se actualiza, ya que si bien dicha normatividad admite la posibilidad de que a falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo prescrito en ese cuerpo legal, se aplique en materia fiscal como supletorio el Código Financiero del Distrito Federal y, en su caso, el Código Fiscal de la Federación, sin embargo, al no prever la figura jurídica relatada, su aplicación no se justifica. Por tanto, si la Ley del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal no contempla el principio de litis abierta, no le resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 197, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, pues de lo contrario, daría lugar a la creación de figuras procesales no establecidas en la legislación que se pretende suplir, con lo que se desvirtuaría la finalidad de la supletoriedad, que es la de complementar las deficiencias de las disposiciones que reglamenten la figura jurídica prevista en el ordenamiento legal respecto del cual se aplica. Cobra aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia I.6o.A. J/28, dictada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que este tribunal comparte, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 60 (sic), diciembre de 1992, Octava Época, visible en la página 45, cuyos rubro y texto, son los siguientes: ‘SUPLETORIEDAD DE LAS NORMAS. CUÁNDO OPERA.’ (se transcribe). Sin que obste a lo anterior el criterio que invoca la parte quejosa contenido en la tesis I.15o.A.38 A, emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el rubro: ‘JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL DISTRITO FEDERAL. OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE LITIS ABIERTA.’, toda vez que es un criterio aislado y este órgano colegiado no lo comparte, pues como quedó demostrado con anterioridad, al no preverse la figura jurídica de litis abierta en la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, no se justifica la aplicación supletoria del Código Fiscal de la Federación, que es el ordenamiento legal en donde se encuentra regulada, pues daría lugar a la creación de figuras procesales no establecidas en la legislación que se pretende suplir."
El Décimo Quinto Tribunal Colegiado del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión contencioso administrativo 56/2005, promovido por el director general Jurídico y de Gobierno de la Delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal, se apoyó en las consideraciones siguientes:
"SEXTO. ... En tal sentido, se procede al estudio del agravio precisado con el número dos, en que la autoridad recurrente señala que no debió aplicarse el artículo 197 del Código Fiscal de la Federación. En principio, por regla general, la suplencia de un ordenamiento legal, en relación con otro, procede respecto de instituciones en aquél contempladas, pero que no se encuentren reglamentadas, o bien, se encuentren reguladas en forma insuficiente, y también en el caso de instituciones no establecidas en el primero, a condición de que, por una parte, sea indispensable para el juzgador acudir al segundo para solucionar el conflicto que se le plantee y, por la otra, de que la institución que aplique no esté en contradicción con el conjunto de normas cuyas lagunas debe llenar, sino que sea congruente con los principios del proceso establecidos en el primero. En tal sentido, es importante precisar que el artículo 25 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, es del tenor siguiente: ‘Artículo 25.’ (se transcribe). Como se advierte, el numeral transcrito establece una supletoriedad especial, pues deberá atenderse esencialmente al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, al Código Financiero de esta misma entidad, en materia fiscal local o, en su caso, al Código Fiscal de la Federación, que prevé en su título VI, el juicio contencioso administrativo; en consecuencia, aunque una institución no esté reglamentada en la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, sí puede ser invocada, con la única salvedad de que no se oponga a alguna disposición contenida en ese ordenamiento, según la interpretación literal del artículo de referencia. En ese sentido, importa señalar que el artículo 197 del Código Fiscal de la Federación, establece: (se transcribe). De la disposición anterior se advierte que el Código Fiscal de la Federación contempla que el juicio de nulidad no constituye una instancia, sino un juicio autónomo, de tal forma que al promoverse la demanda se inicia una nueva litis formada con la resolución impugnada, los argumentos dirigidos contra dicha resolución que constituyen la impugnación del actor, y que son el contenido de los conceptos de anulación, así como la contestación de la demanda y las pruebas de las partes. Asimismo, el artículo 197 del Código Fiscal de la Federación, contempla la litis abierta, la cual admite expresamente argumentos no planteados en el recurso administrativo, que constituyen propiamente los conceptos de anulación sobre la resolución impugnada que son materia del juicio fiscal y serán objeto de la sentencia que se pronuncie. Cabe destacar que en términos del último párrafo del citado artículo 197, cuando el recurrente acude al juicio de nulidad contra la resolución dictada en el recurso administrativo respectivo, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deberá considerar que también impugna la resolución recurrida en la parte que continúe afectándolo ‘aunque no lo exprese’, pues tal precepto establece esa presunción en beneficio del gobernado. Por consiguiente, se colige que la ‘litis abierta’ que establece el Código Fiscal de la Federación comprende: La resolución impugnada. La resolución recurrida. Los ‘nuevos argumentos’ que pueden incluir los razonamientos que se refieran a la resolución recurrida, así como los dirigidos a impugnar la nueva resolución. Aquellos argumentos que reproduzcan los agravios que se esgrimieron contra la resolución recurrida. En tal sentido, el principio de ‘litis abierta’, conlleva la simplificación de las formalidades del procedimiento contencioso administrativo, a fin de permitir a los contribuyentes que en el juicio de nulidad puedan hacer valer no únicamente conceptos de impugnación no planteados en el recurso, sino también argumentos ya esgrimidos ante los órganos de la administración pública (reiterativos). En efecto, la litis abierta en el juicio de nulidad permite al actor una extendida defensa en contra de la resolución impugnada, lo cual implica que puede hacer valer en sus conceptos de impugnación argumentos ya aducidos en el recurso administrativo, o bien, cuestiones novedosas no propuestas en esa instancia referidos a la resolución originaria. Además, debe destacarse que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa está obligado a estudiar los conceptos de impugnación que estén referidos a la resolución recurrida, considerando también que con ellos el actor está controvirtiendo la resolución impugnada, máxime si se tiene en cuenta que el juicio de nulidad es autónomo, de tal suerte que al promoverse la demanda se inicia una nueva litis formada con los elementos antes precisados, lo que trae aparejado el estudio de dichos conceptos por la Sala Fiscal, sin que pueda desatenderse de su estudio calificándolos de ineficaces o inoperantes. Las anteriores consideraciones derivan de la jurisprudencia número 2a./J. 32/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 193 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, abril de 2003, Novena Época, que es del rubro y texto siguientes: ‘JUICIO DE NULIDAD. EL PRINCIPIO DE LITIS ABIERTA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 197, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE, PERMITE AL DEMANDANTE ESGRIMIR CONCEPTOS DE ANULACIÓN NOVEDOSOS O REITERATIVOS REFERIDOS A LA RESOLUCIÓN RECURRIDA, LOS CUALES DEBERÁN SER ESTUDIADOS POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.’ (se transcribe). En ese contexto, debe puntualizarse que este órgano jurisdiccional considera que el artículo 197 del Código Fiscal de la Federación puede aplicarse en forma supletoria en lo que no se oponga a las formalidades del procedimiento previstas en la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Lo anterior, considerando que el juicio contencioso administrativo que se tramita ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal goza de la misma naturaleza que el sustanciado ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues ambos tienen como objetivo determinar la validez o la nulidad de un acto administrativo que afecte de forma cierta y actual la esfera jurídica de una persona determinada, lo que se traduce en la búsqueda de la administración de una justicia pronta, completa e imparcial, por resolver una situación real y concreta, no futura y sólo probable, que puede encontrar solución cuando efectivamente trascienda a la esfera de derechos de un individuo. Ahora bien, la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal establece en los artículos del 25 al 32 las disposiciones generales que rigen para el juicio contencioso sustanciado ante ese tribunal, los que a continuación se transcriben: Título segundo. Del procedimiento. Capítulo I. Disposiciones generales. ‘Artículo 25.’ (se transcribe). ‘Artículo 26.’ (se transcribe). ‘Artículo 27.’ (se transcribe). ‘Artículo 28.’ (se transcribe). ‘Artículo 29.’ (se transcribe). ‘Artículo 30.’ (se transcribe). ‘Artículo 31.’ (se transcribe). ‘Artículo 32.’ (se transcribe). Del juicio contencioso administrativo. Capítulo I. Disposiciones generales. ‘Artículo 197.’ (se transcribe). ‘Artículo 198.’ (se transcribe). ‘Artículo 199.’ (se transcribe). ‘Artículo 200.’ (se transcribe). ‘Artículo 201.’ (se transcribe). Como se advierte, las disposiciones del Código Fiscal de la Federación no se contraponen con las previstas en la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, sino que se complementan y, en tal sentido, atento a lo que establece el artículo 25 de la ley en mención, es posible aplicar las disposiciones del Código Fiscal de la Federación en tanto no la contravengan. Entonces, si la facultad que se otorga al actor de impugnar tanto el fallo que resuelve un recurso administrativo como el acto originario, es posible aplicarlo supletoriamente, pues sobre este tópico la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal no contiene regulación. Por tanto, es factible la aplicación supletoria del artículo 197 del Código Fiscal de la Federación, pues de no estimarse así, se haría nugatoria la finalidad de simplificar las formalidades del procedimiento contencioso local, pues contienen aspectos afines, tales como la facultad de imprimir ciertos efectos a las declaratorias de nulidad, traducibles en el deber de la demandada de conducirse en la forma o términos señalados por el propio tribunal, así como la atribución para hacer cumplir sus determinaciones, es decir, se encuentran dotados de imperio para hacer respetar sus decisiones, por lo que ni el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal ni el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, son tribunales de mera anulación y, en esa virtud, dado que el juicio de nulidad contiene básicamente los mismos principios que el sustanciado ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al existir afinidad en ambos ordenamientos debe regir también la litis abierta. En este sentido, conviene destacar que el hecho de que se le otorgue a la parte actora la posibilidad de realizar argumentos que tiendan a controvertir tanto la resolución impugnada como el acto originario, tiene como finalidad primordial, garantizarle al gobernado una adecuada impartición de justicia. De ahí que por su trascendencia pueda considerarse que la litis abierta se actualiza en todo procedimiento contencioso administrativo, ya sea federal o local, pues las Salas respectivas deben pronunciarse sobre los argumentos que la conforman, es decir, sobre las pretensiones de la actora que se deduzcan en su escrito inicial de demanda o del de ampliación, así como respecto a las defensas que haga valer la demandada en su escrito de contestación a la demanda y en el de ampliación a su contestación, pues de lo contrario, se dejaría en estado de indefensión a las partes respecto de las argumentaciones y pruebas que fueran respectivamente expuestas y ofrecidas por su contraria. Bajo este orden de ideas, se pone de manifiesto que el derecho de formular los argumentos tanto contra la resolución impugnada como en relación con el acto que a través de ella se examinó, es lo que conforma la litis en cualquier procedimiento contencioso administrativo, dado que permite lograr una adecuada impartición de justicia; por ende, tal figura (litis abierta) resulta también aplicable al juicio de nulidad previsto en la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, pues en este ordenamiento no se encuentra plenamente regulada. Y debe imperar no sólo en el juicio contencioso administrativo federal, sino también en el local, aun en el supuesto de que no exista una norma expresa en ese sentido. En mérito de lo anterior, al resultar ineficaces los argumentos contenidos en los agravios formulados por la autoridad recurrente, lo conducente es confirmar la resolución recurrida."
CUARTO. Una vez elaboradas las anotaciones precedentes, es menester señalar que para determinar la existencia de criterios disímiles sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito y que tal circunstancia sea materia de estudio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el objeto de dilucidar el que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, se requiere de la concurrencia de los siguientes supuestos:
1. Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales;
2. Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,
3. Que los distintos criterios provengan del análisis de los mismos elementos.
Lo anterior deriva de la naturaleza y características propias de los conflictos de contradicción de tesis, así como de los criterios que a continuación se transcriben.
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos." (Jurisprudencia P./J. 26/2001, emitida en la Novena Época por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, visible a fojas 76 del Tomo XIII, abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta).
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos." (Jurisprudencia 4a./J. 22/92, emitida en la Octava Época por la Cuarta Sala de esta Suprema Corte de Justicia, visible a fojas 22 del tomo 58, octubre de 1992, del Semanario Judicial de la Federación).
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA. Es verdad que en el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución y dentro de la Ley de Amparo, no existe disposición que establezca como presupuesto de la procedencia de la denuncia de contradicción de tesis, la relativa a que ésta emane necesariamente de juicios de idéntica naturaleza; sin embargo, es la interpretación que tanto la doctrina como esta Suprema Corte han dado a las disposiciones que regulan dicha figura, las que sí han considerado que para que exista materia a dilucidar sobre cuál criterio debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, la oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión. Esto es, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las que constituyen precisamente las tesis que se sustentan por los órganos jurisdiccionales. No basta pues que existan ciertas o determinadas contradicciones si éstas sólo se dan en aspectos accidentales o meramente secundarios dentro de los fallos que originan la denuncia, sino que la oposición debe darse en la sustancia del problema jurídico debatido; por lo que será la naturaleza del problema, situación o negocio jurídico analizado, la que determine materialmente la contradicción de tesis que hace necesaria la decisión o pronunciamiento del órgano competente para establecer el criterio prevaleciente, con carácter de tesis de jurisprudencia." (Tesis aislada CLXXIV/89, de la extinta Tercera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 219 del Tomo IV, Primera Parte, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación).
En esta tesitura, en relación con los supuestos necesarios que se requieren para determinar la existencia de la contradicción de tesis sustentada por los Tribunales Colegiados en el presente asunto, se puede observar lo siguiente:
A) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales.
Este requisito sí se cumple, en virtud de que los Tribunales Colegiados de Circuito examinaron el punto concreto de derecho consistente en si la institución de la "litis abierta", prevista en el artículo 197 del Código Fiscal de la Federación es aplicable o no, de manera supletoria, en los juicios tramitados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.
B) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos e interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.
También este requisito se actualiza, en atención a que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 231/2006, sometido a su conocimiento, sostiene medularmente que si bien el artículo 25 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal establece que a falta de disposición expresa en materia fiscal, se estará a lo dispuesto en el Código Financiero del Distrito Federal y, en su caso, al Código Fiscal de la Federación; sin embargo, en el caso no se colman los requisitos para la procedencia de la supletoriedad, pues la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que se pretende suplir, no prevé la institución de la "litis abierta"; de donde se sigue que la falta de cumplimiento de este requisito obliga a estimar improcedente la supletoriedad pretendida, pues de lo contrario se daría lugar a la creación de figuras procesales no establecidas en la legislación que se pretende suplir.
Por su parte, el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión contencioso administrativo número 56/2005, adujo que, por regla general, la suplencia de un ordenamiento legal, en relación con otro, procede respecto de instituciones en aquél contempladas, pero que no se encuentren reglamentadas, o bien, se encuentren reguladas en forma insuficiente, pero también procede en el caso de instituciones no establecidas en el ordenamiento a suplir, a condición de que esa institución sea indispensable para que el Juez solucione el conflicto que se le plantea, y que, además, no se contravenga el conjunto de normas cuyas lagunas debe llenar; de aquí que como la "litis abierta" conlleva la simplificación de las formalidades del procedimiento contencioso administrativo, permitiendo a los contribuyentes que en el juicio de nulidad puedan hacer valer no sólo conceptos de impugnación no planteados en el recurso, sino también argumentos ya esgrimidos ante los órganos de la administración pública, por tanto, esta institución puede aplicarse en forma supletoria en el juicio contencioso administrativo, tramitado ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, porque no pugna con las formalidades del procedimiento previstas en la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.
C) Que los distintos criterios provengan del estudio de los mismos elementos.
En los asuntos que se encuentran involucrados en la presente contradicción de tesis se discutió la procedencia de la aplicación supletoria del Código Fiscal de la Federación, concretamente su artículo 197, que contempla la institución procesal de la "litis abierta", al juicio contencioso administrativo tramitado ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal
De esta manera, como los Tribunales Colegiados contendientes sustentaron criterios divergentes entre sí, pese a que analizaron los mismos elementos y el mismo problema jurídico; por tanto, es claro que también se cumple el requisito aquí comentado para la actualización de la contradicción de tesis.
En este tenor, al actualizarse los presupuestos que se han señalado con antelación, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que sí existe la contradicción de criterios que se denuncia, por lo que el punto de derecho a dilucidar consiste en determinar si procede o no la aplicación supletoria del artículo 197 del Código Fiscal de la Federación, que establece la institución de la "litis abierta", a la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.
Cabe aclarar que si bien de entre los criterios sustentados en las ejecutorias transcritas solamente el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito emitió la tesis número I.15o.A.38 A, de rubro: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL DISTRITO FEDERAL. OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE LITIS ABIERTA.", sin que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del mismo Circuito hubiera emitido algún criterio al respecto, por lo cual, no hubo publicación de éste, conforme a lo previsto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, también lo es que tal situación no constituye obstáculo alguno para estimar que en la especie exista la contradicción de tesis denunciada, en virtud de que para que dicho supuesto se actualice, basta simplemente que diversos Tribunales Colegiados adopten criterios divergentes al resolver sobre un mismo punto de derecho.
Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 94/2000, sustentada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 319, Tomo XII, correspondiente al mes de noviembre del año dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracción. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados."
QUINTO. Con base en lo expuesto, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer el criterio que con carácter de jurisprudencia aquí se define.
Como se precisó en el considerando anterior, la materia de la presente resolución de contradicción de tesis consiste en determinar si procede o no la aplicación supletoria del artículo 197 del Código Fiscal de la Federación, que establece la institución de la "litis abierta",
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19937-173abfc9/contencioso-administrativo-del-distrito-federal-el-articulo-197 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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