AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. ES IMPROCEDENTE OTORGAR, POR REGLA GENERAL, LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA LA ORDEN DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 210/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 5/2001, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que el tema sobre el que versa dicha denuncia corresponde a una de las materias en que se especializa esta Sala, a precisar, la administrativa.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.
En efecto, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integran, o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En el caso, la denuncia de contradicción de tesis fue realizada por el Magistrado Elías H. Banda Aguilar, en su carácter de Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, cuyo órgano jurisdiccional resolvió el recurso de queja 102/2006, promovido por Francisco Javier Ponce Barba, el ocho de noviembre de dos mil seis.
De ahí que si la denuncia fue hecha por uno de los Magistrados integrantes de los Tribunales Colegiados de Circuito que resolvieron los asuntos materia de la posible contradicción, es evidente que la misma proviene de parte legítima.
TERCERO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en el recurso de queja 102/2006, promovido por Francisco Javier Ponce Barba, el ocho de noviembre de dos mil seis, consideró, en lo que interesa, lo siguiente:
"CUARTO. Los agravios que anteceden son jurídicamente ineficaces. El Juez de Distrito negó la suspensión provisional de los actos reclamados, que se hicieron consistir en: a) la celebración de la segunda sesión extraordinaria del primero de agosto de dos mil seis; b) el contenido de las actas levantadas en la citada segunda sesión extraordinaria; c) la celebración de la octava sesión ordinaria del treinta y uno de agosto de dos mil seis; d) el contenido de las actas levantadas en dicha sesión; e) el Acuerdo CP/2E/02/06, por el que se establecen lineamientos para el cambio de adscripción y rotación de los miembros del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal; f) la emisión del oficio STCP/1946/06, que es citado como fundamento en el oficio 3818, que se le reclama al delegado de la Procuraduría General de la República en Jalisco; g) la emisión del oficio CGD 3532/2006, que es citado como fundamento en el oficio 3818; h) La emisión del oficio SCRPPNST/07364/2006, que es citado como fundamento en el diverso oficio 3818, que se reclama al delegado de la Procuraduría General de la República en Jalisco; i) La emisión del acuerdo A/215/06, citado como fundamento en el oficio 3818; j) el oficio 3818, de veintitrés de octubre del año dos mil seis; k) la notificación de cambio de adscripción a la delegación del Estado de Baja California de veintitrés de octubre del año dos mil seis; así como las propuestas, solicitudes y órdenes giradas por las autoridades responsables encaminadas al cambio de adscripción del quejoso. Lo anterior, en razón de que dichos actos tienen la característica de consumados, por agotarse al momento mismo de su emisión, esto es, son actuaciones llevadas a cabo, por lo que es improcedente la concesión de la medida cautelar solicitada, cuando la finalidad de la institución suspensional es paralizar la ejecución de los actos de autoridad, mas no darle efectos restitutorios a dicha medida. Argumentos que sostuvo en la tesis de jurisprudencia del título: ‘ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE.’. Además, el Juez de Distrito por lo que ve a la ejecución de los acuerdos y oficios citados anteriormente, negó la suspensión provisional, por no cumplir los requisitos establecidos por la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, en razón de: a) Que de concederse la medida cautelar solicitada, se contravendrían disposiciones de orden público, ya que se impediría a la Procuraduría General de la República ejercer la facultad que tiene para reubicar el personal de la institución a fin de proporcionar un mejor servicio, en perjuicio de la colectividad; que la sociedad está interesada en que se cumplan las funciones conforme a las normas previamente establecidas, pues del debido ejercicio de la función pública se deriva el bienestar y seguridad social; y que hay un interés general para la más eficaz realización de las atribuciones de la procuración de justicia y no se entorpezcan las medidas que se tomen al efecto. Argumentos que sostuvo en los criterios judiciales de los títulos: ‘SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA.’, ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE LOS, O TRASLADO. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE.’, ‘EMPLEADOS AL SERVICIO DEL ESTADO.’, ‘EMPLEADOS PÚBLICOS, MOVILIZACIÓN.’ y ‘TRABAJADORES DEL ESTADO, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE CONTRA EL CAMBIO DE LOS.’. b) Que debe atenderse al interés general que prevalece sobre el interés particular del interesado, toda vez que la afectación del quejoso, proveniente de la orden de cambio de adscripción del Estado de Jalisco, es reparable, pues de llegarse a resolver el amparo a favor del quejoso, se restituirá en el goce de la garantía violada a través de la reinstalación en el lugar donde hasta la fecha se viene desempeñando, en cambio, de no acatarse esas disposiciones emitidas con el ánimo de una mejor procuración de justicia, la colectividad resentiría daño, pues tal funcionamiento y la organización respectiva no estaría apegada a los lineamientos establecidos en las leyes, para una mejor realización de la función pública que se materializa, en la especie, en el buen desarrollo de la persecución de los delitos en beneficio de la sociedad. Razonamiento que sostuvo en el criterio del título: ‘EMPLEADOS PÚBLICOS, SUSPENSIÓN CONTRA LAS DETERMINACIONES DE LOS TITULARES DE LAS OFICINAS EN QUE AQUÉLLOS PRESTAN SU SERVICIOS.’ y c) Que por lo que ve a las tesis de los rubros: ‘SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.’, ‘SUSPENSIÓN. PROCEDENCIA EN LOS CASOS DE CLAUSURA EJECUTADOS POR TIEMPO INDEFINIDO.’ y ‘SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS PROCEDE CONCEDERLA, SI EL JUZGADOR DE AMPARO SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, CONSIDERA QUE LOS ACTOS SON APARENTEMENTE INCONSTITUCIONALES.’, no son aplicables, ya que para que opere la apariencia del buen derecho, es indispensable que se reúnan los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Frente a lo anterior, el recurrente aduce: 1. Que el auto recurrido no estudió todos los actos reclamados, así como los conceptos de violación; que no se encuentra ajustado a las formalidades esenciales del procedimiento, en términos de lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución; y que es incongruente al considerar que los actos tienen el carácter de consumados. Razonamientos que sostuvo en los criterios judiciales de los títulos: ‘PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL.’, ‘ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.’ y ‘EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. SU INCORRECTA PRECISIÓN CONSTITUYE UNA INCONGRUENCIA QUE DEBE SER REPARADA POR EL TRIBUNAL REVISOR, AUNQUE SOBRE EL PARTICULAR NO SE HAYA EXPUESTO AGRAVIO ALGUNO.’. 2. Que las consideraciones del Juez de Distrito son contradictorias, ya que por un lado señala que los actos reclamados son consumados, por agotarse al momento mismo de su emisión, sin embargo, al haberse realizado los actos reclamados, sin mediar un procedimiento en el que se cumplan las formalidades del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, es inconcuso que esos actos reclamados son inconstitucionales en sí mismos; que la carga probatoria corresponde a las autoridades responsables, las que deberán probar que los lineamientos para el cambio de adscripción y rotación, se realizaron con la audiencia previa de los interesados; que los actos reclamados fueron emitidos por autoridades incompetentes; que estas últimas excedieron lo establecido en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y los reglamentos; y que, por tanto, resulta inaplicable el criterio judicial que cita el Juez Federal del título: ‘ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE.’, toda vez que se refiere a actos consumados, sin que en el caso se esté en tal supuesto, ya que a la fecha no se ha ejecutado el cambio de adscripción. 3. Que las consideraciones del Juez de Distrito para negar la suspensión provisional por lo que ve a la ejecución son subjetivas, en razón de que no se está cuestionando la facultad del procurador general de la República, para reubicar al personal con que cuenta la institución, sino el cambio de adscripción y rotación de agentes del Ministerio Público, en donde no se llevó a cabo un procedimiento en el que se respetara la garantía de audiencia previa; que los actos reclamados carecen de una debida fundamentación y motivación; que el consejo no tiene competencia para autorizar el cambio de adscripción; que el consejo de profesionalización, el secretario técnico y la coordinadora de delegaciones, dispusieron un cambio de adscripción sin observar lo dispuesto por el artículo 65 del Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal; que el procurador puede delegar la función de realizar cambios de adscripción en un servidor público, sin embargo, por disposición de la ley, esa delegación de funciones, sólo tendrá validez en tanto se publique en el Diario Oficial, lo que no ocurrió; que el cambio realizado por el servidor público deberá mencionar las necesidades del servicio, lo cual no se cumplió; que el funcionario delegado debió dar aviso al consejo de profesionalización, lo cual no se atendió; y que el consejo deberá someter a consideración de dicho cuerpo colegiado el cambio de adscripción, quien hará la propuesta, destacándose que deberá demostrarse las necesidades del servicio, lo que no aconteció. 4. Que el Juez de Distrito aplicó incorrectamente lo dispuesto por el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, porque no se causa ningún perjuicio a la sociedad ni al interés social con la concesión de la medida; que no ha sido objeto de alguna sanción administrativa y que su conducta ha sido acorde con los lineamientos institucionales; y que la Procuraduría General de la República no puede sufrir un perjuicio por el hecho de que el recurrente continúe laborando. 5. Que el a quo prejuzga sobre la materia del juicio de garantías, al señalar que la responsable ordenadora sí tiene facultades para la readscripción de su personal, sin embargo, no se cuestiona la facultad de realizar tales movimientos, sino la falta de fundamentación y motivación de las autoridades responsables, lo cual sí ocasiona daños y perjuicios, que de ninguna forma serían reparables en caso de que se me concediera el amparo, ya que el acto reclamado implica cambiar de lugar de residencia, así como tiempo, el cual no sería restituido en caso de que se llegaran a consumar los actos reclamados por el suscrito; que el Juez Federal se apoya en una premisa falsa, ya que señala que el cambio de adscripción del suscrito al Estado de Baja California, obedece en un beneficio a la colectividad, no obstante que en autos ni siquiera se ha demostrado cuáles fueron los motivos del cambio de adscripción; que se reúnen los requisitos del artículo 124 de la Ley de Amparo, para la procedencia de la medida suspensional, ya que se acreditó el interés que con su otorgamiento no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que en caso de ejecutarse los actos serían de difícil reparación y se pondría en riesgo la materia del amparo; que las autoridades responsables desatienden la ley y los reglamentos, por lo que vulneran el interés de la sociedad en que se cumplan los ordenamientos legales; que esta última no tiene interés en que los actos ilegales de las autoridades prevalezcan; y que la tesis del título: ‘EMPLEADOS PÚBLICOS, SUSPENSIÓN CONTRA LAS DETERMINACIONES DE LOS TITULARES DE LAS OFICINAS EN QUE AQUÉLLOS PRESTAN SU SERVICIOS.’, es un criterio de la Quinta Época, que no tiene aplicación, toda vez que el reglamento de donde emana el acto reclamado es de veintiséis de enero del año dos mil cinco y el acuerdo de donde derivan los lineamientos que se impugnan se publicaron el dieciséis de agosto del año dos mil seis. 6. Que sí puede advertirse el buen derecho, toda vez que el acto reclamado fue emitido por una autoridad incompetente, ignorando los procedimientos legales que rigen el cambio de adscripción. Argumento que sostuvo en la tesis de jurisprudencia del título: ‘SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.’; que los daños y perjuicios que se causarían al quejoso con la ejecución del acto reclamado son de difícil reparación, como lo son, el cambio de adscripción a otra entidad federativa, el gasto económico que ello ocasiona, la falta de viáticos correspondientes, el cambio de plaza de pago, el cambio de la clave presupuestal, la demora o retención del pago; que no se atiende a las circunstancias personales del quejoso, ya que en el cambio familiar se desestabiliza el entorno económico y la seguridad de los dependientes económicos; que implica la desintegración familiar, en contravención a lo dispuesto por el artículo 4o. constitucional. Tales agravios son ineficaces. En principio, cabe precisar que el recurrente en el primer agravio realiza afirmaciones genéricas, pues aduce que en el auto recurrido, el Juez de Distrito no estudió los actos reclamados y que la resolución es incongruente, al considerar que los actos tienen el carácter de consumados. Lo anterior es así, en razón de que no explica cuáles actos no atendió el a quo y el motivo por el que considera que la resolución es incongruente, además, tampoco precisa por qué son aplicables, los criterios judiciales de los títulos: ‘PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL.’, ‘ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.’ y ‘EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. SU INCORRECTA PRECISIÓN CONSTITUYE UNA INCONGRUENCIA QUE DEBE SER REPARADA POR EL TRIBUNAL REVISOR, AUNQUE SOBRE EL PARTICULAR NO SE HAYA EXPUESTO AGRAVIO ALGUNO.’; a fin de que este tribunal determine que expuso la causa de pedir, en términos de la jurisprudencia número 1a./J. 81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 61, del Tomo XVI, diciembre de 2002 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO.’ (se transcribe). Por otra parte, es importante destacar que el Juez de Distrito negó la suspensión provisional de los actos reclamados, que se hicieron consistir en: a) la celebración de la segunda sesión extraordinaria del primero de agosto de dos mil seis; b) el contenido de las actas levantadas en la citada segunda sesión extraordinaria; c) la celebración de la octava sesión ordinaria del treinta y uno de agosto de dos mil seis; d) el contenido de las actas levantadas en dicha sesión; e) el Acuerdo CP/2E/02/06, por el que se establecen lineamientos para el cambio de adscripción y rotación de los miembros del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal; f) la emisión del oficio STCP/1946/06, que es citado como fundamento en el oficio 3818, que se le reclama al delegado de la Procuraduría General de la República en Jalisco; g) la emisión del oficio CGD 3532/2006, que es citado como fundamento en el oficio 3818; h) la emisión del oficio SCRPPNST/07364/2006, que es citado como fundamento en el diverso oficio 3818, que se reclama al delegado de la Procuraduría General de la República en Jalisco; i) la emisión del Acuerdo A/215/06, citado como fundamento en el oficio 3818; j) el oficio 3818, de veintitrés de octubre del año dos mil seis; k) la notificación de cambio de adscripción a la delegación del Estado de Baja California, de veintitrés de octubre del año dos mil seis; así como las propuestas, solicitudes y órdenes giradas por las autoridades responsables encaminadas al cambio de adscripción del quejoso, por considerar que constituyen actos consumados. Sin embargo, posteriormente el a quo refirió a la ejecución de los acuerdos y oficios citados anteriormente, por la que también negó la suspensión provisional, por no cumplir los requisitos establecidos por la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo. Por tanto, debido a la distinción detallada, se estima que, contrario a lo aducido por el recurrente, no resulta jurídicamente incorrecta la decisión asumida por el a quo, toda vez que aquellos actos por su propia naturaleza se consumieron con su sola emisión o dictado al realizarse total e íntegramente ello, desde luego, sin perjuicio de los efectos o consecuencias que produce, pues tal como lo hizo el Juez Federal, ameritan pronunciamiento diverso, de ahí la ineficacia del agravio. Al respecto, se comparte, por analogía, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis número I.3o.C.35 K, consultable en la página número 1413 del Tomo XVI, julio de 2002 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ‘SUSPENSIÓN. NO PROCEDE OTORGARLA RESPECTO DE UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL YA DICTADA, PORQUE SE TRATA DE UN ACTO CONSUMADO, SIN PERJUICIO DE QUE LO CONCERNIENTE A LA EJECUCIÓN DE SUS EFECTOS SEA MATERIA DE DIVERSO PRONUNCIAMIENTO.’ (se transcribe). Por otra parte, también resultan ineficaces los agravios, porque se estima que el Juez de Distrito estuvo en lo correcto al negar la medida cautelar, porque de concederse en los términos y para los efectos solicitados por el agraviado, se vulneraría el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, por la afectación al interés social y la contravención a disposiciones de orden público, en la medida en que la sociedad en general, está interesada en que las disposiciones legales que regulan el eficaz funcionamiento de la institución del Ministerio Público de la Federación, como ente encargado de la procuración de la justicia federal, se cumplan, porque el correcto y debido funcionamiento de esa institución salvaguarda el interés de la colectividad. En otro aspecto, las manifestaciones del recurrente en el sentido de que el a quo no estudió los conceptos de violación, es ineficaz, porque ve al fondo del amparo, de manera que no pueden ser considerados ni analizados en la suspensión, ni aun bajo el argumento de que las autoridades responsables están vinculadas a respetar y hacer prevalecer el orden público, ya que esas disposiciones de orden público, que define el recurrente como aquéllas contenidas en las garantías de autoridad competente y legalidad que establecen los artículos 14 y 16 constitucionales, y que dice son violadas por las responsables, constituye un aspecto de fondo de la controversia, es decir, que ve al análisis de si los actos reclamados respetan o no el orden constitucional que tutela, entre otras, la garantía de legalidad a que refiere el recurrente, a favor de los gobernados, en tanto que la contravención a disposiciones de orden público y la afectación al interés social a que refiere el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, que corresponde analizar en el incidente de suspensión, son nociones íntimamente vinculadas, la primera tendente al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que la segunda se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno, en mayor medida que la que pudiera evitarse el particular. El artículo 124 de la Ley de Amparo establece: ‘Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el agraviado. II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Se considerará, entre otros casos, que sí se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando, de concederse la suspensión: a) Se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes; b) Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; c) Se permita el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; d) Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenen al individuo o degeneren la raza; e) Se permita el incumplimiento de las órdenes militares; f) Se produzca daño al medio ambiente, el equilibrio ecológico o que por ese motivo afecte la salud de las personas, y g) Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de la ley o bien se encuentre en algunos de los supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta ley; se incumplan con las normas oficiales mexicanas; se afecte la producción nacional. III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. El Juez de Distrito, al conceder la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio.’. Como se ve, el objeto de la suspensión, como regla general, es paralizar o mantener las cosas en el estado que guardan para evitar que el acto reclamado, su ejecución o consecuencias, se consumen, destruyendo la materia del juicio de amparo, o bien, produzcan daños y perjuicios de difícil reparación al quejoso, y que ésta procederá siempre que se reúnan los requisitos señalados en el artículo 124 antes transcrito, a saber, que la solicite el agraviado, que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que puedan ocasionarse al agraviado, debiendo el Juez de Distrito dictar las providencias necesarias para que no se defrauden derechos de terceros y para evitar perjuicios a los interesados. Es decir, la suspensión del acto reclamado tiene por objeto mantener las cosas en el estado en que se encuentran al momento de presentar la demanda de garantías, a fin de preservar la materia del juicio de amparo hasta que se dicte la sentencia. El ejercicio de la facultad que la Ley de Amparo otorga al juzgador para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión, implica el examen cuidadoso y detallado de las circunstancias específicas del caso concreto y su confrontación con los objetivos que a través de los requisitos legales exigidos para su otorgamiento se pretenda lograr, cumpliendo con el artículo 124 de la Ley de Amparo. El segundo párrafo de la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, señala de manera ejemplificativa, no limitativa, los casos en los cuales se entiende que se causa perjuicio al interés social y se contravienen normas de orden público, este señalamiento no es limitativo sino enunciativo, y en relación con lo cual es pertinente mencionar que el orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas, en tanto el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Así, por disposiciones de orden público, deben entenderse aquellas contenidas en los ordenamientos legales cuyo fin inmediato y directo, sea el de tutelar los derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja, o bien, para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. En vinculación con estos razonamientos, se considera que el ‘orden público’ y el ‘interés social’, se afectan cuando con el otorgamiento de la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Al respecto, resulta de exacta aplicación la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 58, Tomo 47, Tercera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘INTERÉS SOCIAL Y DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. SU APRECIACIÓN.’ (se transcribe). Precisado lo anterior, se coincide con el Juez de Distrito en que, de concederse la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que las autoridades responsables se abstengan de cambiar al quejoso de adscripción de la delegación estatal Jalisco a la similar en el Estado de Baja California, se contravienen disposiciones de orden público y se afecta el interés social, porque la colectividad está interesada en el cumplimiento de los actos de tal naturaleza, tendentes de manera directa o indirecta al debido desempeño de la función pública, ya que la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en su artículo 30 establece: ‘Artículo 30. El servicio de carrera de procuración de justicia federal comprende lo relativo a agente del Ministerio Público de la Federación, agente de la Policía Federal Investigadora y perito profesional y técnico, y se sujetará a las bases siguientes: I. Se compondrá de las etapas de ingreso, desarrollo y terminación del servicio: a) El ingreso comprenderá los requisitos y procedimientos de selección, formación, capacitación y adscripción inicial; b) El desarrollo comprenderá los requisitos y procedimientos de actualización, especialización, estímulos y reconocimientos, cambios de adscripción, desarrollo humano, evaluaciones de control de confianza y del desempeño, ascensos y sanciones, y c) La terminación comprenderá las causas y procedimientos de separación del servicio, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y en las disposiciones reglamentarias de Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal. ... V. Contará con un sistema de rotación de agentes del Ministerio Público de la Federación, de la Policía Federal Investigadora y de peritos profesionales y técnicos, dentro de la institución ...’. A su vez, el Reglamento del Servicio de Carrera Judicial de Procuración de Justicia Federal, en el capítulo cuarto, denominado ‘De la rotación, cambios de adscripción y permutas’, específicamente en los artículos 61 a 67, señalan: ‘Artículo 61. Todo miembro del servicio de carrera estará adscrito a una unidad administrativa u órgano desconcentrado de la procuraduría. La adscripción es la asignación de los miembros del servicio de carrera a una unidad administrativa u órgano de la procuraduría, y podrá variar por disposición del procurador o de quien se encuentre facultado para ello. Los miembros del servicio de carrera estarán adscritos a las unidades administrativas u órganos desconcentrados que determine el procurador o el servidor público en quien delegue esta facultad.’. ‘Artículo 62. Los miembros del servicio de carrera están sujetos a la rotación prevista en el artículo 30, fracción V, de la ley orgánica, la cual responderá a las necesidades de la procuraduría y se aplicará conforme a lo dispuesto por este reglamento y demás disposiciones aplicables.’. ‘Artículo 63. La rotación es el cambio en la asignación de los miembros del servicio de carrera a los lugares en que deban desempeñar sus funciones, sin que ello implique cambio de adscripción. El consejo emitirá lineamientos generales para la rotación.’. ‘Artículo 64. La dirección general propondrá al consejo, en coordinación con los titulares de las áreas involucradas, los lineamientos generales pa
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19997-79497767/agente-del-ministerio-publico-de-la-federacion-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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