INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO. LO TIENEN LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL QUE HAYAN SIDO REMOVIDOS DE SUS CARGOS. MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. BASES A LAS QUE SE ENCUENTRA SUJETO EL PRINCIPIO DE SU RATIFICACIÓN. MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. IMPROCEDENCIA DE SU RATIFICACIÓN TÁCITA. MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. LA ESTABILIDAD EN EL EJERCICIO DEL CARGO LA OBTIENEN DESDE EL INICIO DE SU DESEMPEÑO Y NO HASTA QUE SE LOGRA LA INAMOVILIDAD JUDICIAL, AUNQUE CON LA CONDICIÓN DE QUE SE LLEGUEN A DISTINGUIR POR SU DILIGENCIA, EXCELENCIA PROFESIONAL Y HONESTIDAD. MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. NO PUEDEN SER REMOVIDOS DE SU CARGO POR LA SOLA CONCLUSIÓN DEL PERIODO POR EL QUE FUERON NOMBRADOS, SIN UN DICTAMEN VALORATIVO SOBRE SU DESEMPEÑO. MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. OPORTUNIDAD DE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DEL PROCEDIMIENTO PARA SU DESIGNACIÓN Y SUSTITUCIÓN.
AMPARO EN REVISIÓN 1188/2000. HORACIO CASTELLANOS COUTIÑO Y OTRO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver los presentes recursos de revisión y su adhesión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; cuarto transitorio del decreto de reformas a ésta, de diez de junio de mil novecientos noventa y nueve; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo 2/2001, dictado por el Pleno de esta Alto Tribunal el diecinueve de febrero de dos mil uno, en virtud de que se interpusieron en contra de una sentencia dictada en la audiencia constitucional de un juicio de garantías en el que se realizó la interpretación directa del artículo 116, fracción III, en relación con el 122, apartado C, base quinta, de la Constitución Federal, subsistiendo en esta instancia la cuestión de constitucionalidad, siendo el presente asunto anterior al año dos mil uno, con lo que se actualiza la hipótesis prevista en el punto primero del Acuerdo 2/2001 para su conocimiento por esta Segunda Sala.
SEGUNDO. Las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida son del tenor siguiente:
"PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo número 542/99, toda vez que los actos reclamados se atribuyen a diversas autoridades administrativas que residen dentro del ámbito territorial en el que ejerce jurisdicción, acorde con el contenido de los artículos 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. El autorizado de la parte quejosa en términos amplios de lo previsto por el artículo 27 de la Ley de Amparo, mediante escrito presentado en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito el diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, objetó la personalidad del diputado José Luis Benítez Gil, en su carácter de presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, como representante de los presidentes de las Comisiones de Gobierno y de Administración y Procuración de Justicia de la citada asamblea, en virtud de que las disposiciones jurídicas que señala en el respectivo informe justificado para acreditar la personalidad con la que se ostenta, no le otorgan esa facultad, folios 468 a 489 del presente expediente. Para un mejor estudio de la controversia planteada, es menester tomar en consideración la parte conducente del informe justificado rendido por el presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal '... diputado José Luis Benítez Gil, en mi carácter de presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, durante el mes de abril del segundo periodo de sesiones del segundo año de ejercicio de la I Legislatura, con las facultades que me otorga el artículo 37, fracción XV, de la Ley Orgánica de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal vigente, personalidad que acredito en términos del nombramiento otorgado por el Pleno del órgano de gobierno citado mediante copia certificada de la versión estenográfica de la sesión plenaria de fecha 31 de marzo de 1999, que se adjunta a este escrito, para representar a este órgano legislativo, así como a los presidentes de las Comisiones de Gobierno y de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que comparten la personalidad de la asamblea, al ser integrantes de la misma, en términos de lo establecido en los artículos 46, 47, 49, fracción I y 50 de la Ley Orgánica de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal ...', folio 205 del expediente en que se actúa. Los artículos que cita la responsable para acreditar que cuenta con facultades para rendir el respectivo informe justificado en ausencia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y de sus Comisiones de Gobierno y de Administración y Procuración de Justicia, dicen: Ley Orgánica de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. 'Artículo 37. Corresponde al presidente de la mesa directiva: ... XV. Representar a la asamblea ante toda clase de autoridades civiles y militares, ante el jefe del Distrito Federal, los partidos políticos registrados y las organizaciones vecinales del Distrito Federal.'. 'Artículo 46. La asamblea contará con el número y tipo de comisiones que requiera para el cumplimiento de sus atribuciones.'. 'Artículo 47. Los tipos de comisiones serán: I. Comisión de Gobierno; II. De Análisis y Dictamen Legislativo; III. De Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda; IV. De Investigación; V. Jurisdiccionales, y VI. Especiales.'. 'Artículo 49. Las comisiones ordinarias serán las siguientes: I. Abasto y Distribución de Alimentos; Administración Pública Local; Administración y Procuración de Justicia; Atención Especial a Grupos Vulnerables; De la Juventud; Ciencia, Tecnología e Informática; Deporte y Recreación; Derechos Humanos; De Equidad y Género; Por los Derechos e Integración de las Personas con Discapacidad; Desarrollo Metropolitano; Desarrollo Rural; Desarrollo Social; Desarrollo Urbano y Establecimiento de Reservas Territoriales; Educación; Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias; Fomento Cultural; Fomento Económico; Hacienda; Notariado; Participación Ciudadana; Población y Desarrollo; Preservación del Medio Ambiente y Protección Ecológica; Presupuesto y Cuenta Pública; Protección Civil; Protección al Empleo y Previsión Social; Salud y Asistencia Social; Seguridad Pública; Turismo; Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos; Vialidad y Tránsito Urbanos y Vivienda.'. Por otra parte, el numeral 37, fracción VI, de la Ley Orgánica de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, dice: 'Corresponde al presidente de la mesa directiva: ... VI. Dirigir y coordinar la acción de la mesa directiva y ostentar la representación oficial de la asamblea.'. De lo anterior, se desprende que resulta parcialmente fundado lo argumentado por los peticionarios del amparo, en el sentido de que los numerales 37, fracción XV, 46, 47, 49, fracción I y 50, todos de la Ley Orgánica de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, vigentes al momento de rendir el informe justificado el presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, no se desprende que exista una facultad expresa que la ley le otorgue a dicha responsable para rendir el informe en mención, en ausencia de la citada asamblea y de las Comisiones de Gobierno y de Administración y Procuración de Justicia; sin embargo, el numeral 37, fracción VI, de la referida ley, dispone que el multicitado presidente de la mesa directiva podrá ostentar la representación oficial de la asamblea, lo cual adminiculado con los artículos a que se ha hecho referencia, le otorgan facultades para rendirlo en ausencia de dichas autoridades; luego entonces, para los efectos del presente juicio de amparo, resulta que es correcto que el presidente de la mesa directiva de la multicitada asamblea rinda los respectivos informes justificados, en ausencia de las autoridades a las que refiere y sea el caso, de otorgarle valor a todas y cada una de las cuestiones que en él se plantean. TERCERO. No son ciertos los actos que se les reclaman a las autoridades responsables: Secretaría de Gobierno, en su denominación correcta; subsecretario de Gobierno; director general de Gobierno; y, consejero jurídico de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal, denominación correcta de la responsable señalada por los quejosos en su escrito inicial de demanda como subsecretario de Asuntos Jurídicos, todos del Gobierno del Distrito Federal, los que se hacen consistir en la ejecución material de los actos reclamados por los peticionarios del amparo, como lo son, la toma de posesión, entrega de cargo y separación de sus cargos como Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en lugar de los Magistrados designados por el jefe de Gobierno del Distrito Federal; toda vez que así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados, que obran agregados a folios 285 a 309, 310 a 311, 268 a 269 y 283 a 284, de los presentes autos. Tampoco son ciertos los actos que se atribuyen a las siguientes autoridades que fueron señaladas como responsables: Asamblea Legislativa del Distrito Federal I Legislatura; presidente de la Comisión de Gobierno y presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, las últimas dos autoridades dependientes a (sic) la citada asamblea, los cuales se hacen consistir en las consecuencias para desempeñar los peticionarios del amparo, los cargos de Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal; ya que así lo manifestó categóricamente el presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal I Legislatura, al rendir el respectivo informe justificado en ausencia de todas y cada una de las autoridades a que se ha hecho mención, folios 205 a 238. De igual manera, no son ciertos los actos atribuidos al jefe de Gobierno del Distrito Federal, consistentes en la presunción de afectación de los nombramientos de los Magistrados peticionarios del amparo; la separación de sus cargos, ya que así lo hizo del conocimiento de este Juzgado de Distrito, la secretaria de Gobierno en ausencia del mencionado jefe de Gobierno al rendir su informe con justificación, folios 285 a 309. Ahora bien, tomando en consideración que la parte quejosa no ofreció probanza alguna tendiente a desvirtuar la negativa expresa de las autoridades responsables respecto de los actos que se le atribuyen, que se han precisado en los párrafos que anteceden, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo previsto por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirven de apoyo a la anterior consideración las tesis mil ochenta y nueve, visible en la página setecientos cincuenta y cinco del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto dicen: 'ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo.'; así como, la tesis trescientos diez, consultable en la página doscientos nueve, del Apéndice en consulta, que dice: 'INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.'. Sin que sea obstáculo a la consideración que antecede, las documentales en copia certificada exhibidas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, folios 25 a 60, 62 a 65, 78 a 86, 88 a 101, 113, 119 a 135 y las presentadas el día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional, folios 498 a 1197; ya que de las mismas no se desvirtúa la negativa formulada por las responsables precisadas a lo largo de este considerando; y, por lo que hace a la nota periodística publicada el veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve, en el periódico La Jornada, folio 74 a 77, si bien ahí se acredita que se publicó una noticia en el sentido de que se aprobó a Carlos Franco y Gloria Baltierra, como miembros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en sustitución de Horacio Castellanos y Javier Araiza, quienes tramitaron un amparo; también lo es que de dicha documental no se constata que, en efecto, las autoridades a que se ha hecho mención en el presente considerando, hayan sido las encargadas de ejecutar los actos que se les atribuyen. Robustece a la anterior consideración, la tesis publicada en la página doscientos setenta y cuatro del Tomo VIII, diciembre de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, con el rubro: 'PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA. INFORMACIONES PERIODÍSTICAS, VALOR DE LAS.'. Asimismo, respecto de las copias certificadas exhibidas por el presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, folios 239 a 257 y 259 a 262, por el Magistrado César Castañeda Rivas, en su carácter de presidente provisional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, folios 322 a 326, 334 a 342 y el original del oficio de veintitrés de marzo del año próximo pasado, visible a fojas 317 de autos; tampoco se acredita la existencia de los actos reclamados que fueron negados por las autoridades en sus respectivos informes con justificación. CUARTO. Es cierto el acto reclamado que se atribuye al jefe de Gobierno del Distrito Federal, el que se hace consistir en los nombramientos realizados a favor de los terceros perjudicados Gloria Velia Baltierra Palencia y Carlos Franco Santibáñez, los que sometió a consideración de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal I Legislatura; ya que así lo reconoce de manera expresa al rendir su respectivo informe justificado la secretaria de Gobierno en ausencia de éste, folios 285 a 309. De igual manera, son ciertos los actos reclamados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal I Legislatura; presidente de la Comisión de Gobierno; presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia; y, presidente de la mesa directiva, las últimas tres autoridades dependientes de la citada asamblea; consistentes en la admisión, el comunicado de diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y ocho, convocatoria, aprobación de dictámenes, consentimiento de los nombramientos y la toma de protesta de los terceros perjudicados, Gloria Velia Baltierra Palencia y Carlos Franco Santibáñez, como Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal; ya que así lo manifiesta el presidente de la mesa directiva de la mencionada asamblea, en ausencia de todas y cada una de las autoridades responsables a que se ha hecho mención, al rendir el respectivo informe con justificación, folios 205 a 238; la certeza de dichos actos se robustece con las copias certificadas de las documentales que obran a fojas 239 a 257 del expediente en que se actúa, de las cuales, de conformidad con lo previsto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, esta juzgadora de amparo les otorga valor probatorio pleno y con ellas se advierte que, en efecto, dichas autoridades sí tuvieron participación en los actos que se les imputan. Asimismo, son ciertos los actos que se atribuyen al presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los que se hacen consistir en las consecuencias de los actos reclamados precisados en el párrafo que antecede, como lo son el privar del cargo de Magistrados a los quejosos, toda vez que si bien lo niega al rendir su respectivo informe justificado, folios 205 a 238, también lo es que de la documental que obra en original a folio 317 de autos, se constata que dicha responsable emitió un oficio sin número el veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y nueve, a través del cual informa al Magistrado César Castañeda Rivas, en su carácter de decano de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, que los ahora tercero perjudicados, Gloria Velia Baltierra Palencia y Carlos Franco Santibáñez, fueron ratificados como Magistrados de dicho tribunal, y de la que se desprende que a los quejosos ya no se les reconoce el carácter de Magistrados, ya que al pie de la referida documental, se ordena remitir copia a los Magistrados Victoria E. Carrillo Quiroz, Enrique Velasco Albín y a los licenciados Horacio Castellanos Coutiño y Jaime Araiza Velázquez. Sirve de apoyo a la consideración que antecede, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ocho de los precedentes que no han integrado jurisprudencia, mil novecientos sesenta y nueve-mil novecientos ochenta y cinco, que dice: 'ACTOS RECLAMADOS. DEBEN TENERSE POR CIERTOS AUN CUANDO LOS NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables nieguen el acto reclamado, si del propio informe surgen datos que contradigan lo anterior, no debe tenerse en cuenta la negativa y deben tenerse por ciertos los actos reclamados.'. Finalmente, también resultan ser ciertos los actos que se atribuyen a la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, presidente provisional de dicho tribunal y presidente de dicha Sala, Magistrado César Castañeda Rivas, consistentes en la ejecución material de los actos reclamados y que son la privación del cargo a los quejosos como Magistrados y la entrega de los mismos a Gloria Velia Baltierra Palencia y Carlos Franco Santibáñez, en sustitución de los quejosos, por los Magistrados designados por el jefe de Gobierno del Distrito Federal; lo anterior es así, ya que si bien no precisa de manera expresa la certeza de los actos en mención, también lo es que, de la lectura integral del informe justificado se desprende la certeza de los actos que se le atribuyen, folios 157 a 180; circunstancia que queda plenamente acreditada con la documental que en copia certificada obra a fojas 259 a 262 del presente expediente. QUINTO. Previo al estudio del fondo del amparo, lo procedente es analizar las causales de improcedencia alegadas por las partes o que este juzgado advierta de conformidad con el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, atento al contenido de la tesis de jurisprudencia número ochocientos catorce, visible a fojas quinientos cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, de rubro: 'IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.'. A tal fin, los terceros perjudicados, Gloria Velia Baltierra Palencia y Carlos Franco Santibáñez; el Magistrado César Castañeda Rivas, en su carácter de presidente provisional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal; el presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal I Legislatura y la secretaria de Gobierno, en ausencia del jefe de Gobierno del Distrito Federal, aducen, mediante diversos escritos visibles a folios 274 a 282, 157 a 180, 205 a 238 y 285 a 309, que respecto de los actos reclamados por los quejosos, consistentes en los nombramientos de los Magistrados para integrar la Sala Superior del mencionado Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, a favor de los mencionados terceros perjudicados, a través del comunicado de diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y ocho y la admisión por parte de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de los nombramientos respectivos y su turno a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, para emitir la publicación de los mismos en dos diarios de circulación nacional para que los interesados en el término de cinco días aportaran los elementos para su ratificación; se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo y, por ello, se debe decretar el sobreseimiento en el juicio, en razón de que dichos actos ya fueron objeto en diverso juicio de garantías, el cual se radicó bajo el número de expediente 520/98, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, el cual se encuentra sub júdice, ya que en contra de la sentencia dictada en el mismo, se promovió recurso de revisión, el cual a la fecha es objeto de estudio ante un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Se actualiza la causa de improcedencia a que se ha hecho referencia en el párrafo que antecede, en atención a las consideraciones siguientes. En efecto, el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: 'El juicio de amparo es improcedente: ... III. Contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas.'. La causa de improcedencia antes transcrita por virtud de la claridad de la misma no requiere de mayor explicación, pues se trata del supuesto en el que un mismo quejoso promueve un segundo juicio de amparo contra el mismo acto y en contra de las mismas autoridades que en el primero, siendo requisito que este último se encuentre pendiente de resolución, sea en primera instancia o en revisión. Ahora bien, del legajo de pruebas que obra por separado del presente expediente, se advierte que los ahora quejosos, Jaime Araiza Velázquez y Horacio Castellanos Coutiño, promovieron diverso juicio de garantías, reclamando de las autoridades responsables, jefe de Gobierno del Distrito Federal, Asamblea Legislativa del Distrito Federal I Legislatura, presidente de la Comisión de Gobierno y presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, ambos de dicha asamblea, los actos que se hicieron consistir en los nombramientos de los Magistrados para integrar la Sala Superior del mencionado Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, a favor de los mencionados terceros perjudicados, a través del comunicado de diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y ocho y la admisión por parte de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de los nombramientos respectivos y su turno a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, para emitir la publicación de los mismos en dos diarios de circulación nacional para que los interesados, en el término de cinco días aportaran los elementos para su ratificación, folios 1 a 15; asimismo, de las constancias que integran el referido legajo, se advierte que mediante proveído de veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y ocho, se admitió a trámite la referida demanda de garantías, la cual quedó registrada bajo el número de expediente 520/98, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, folio 144; de igual manera, que el veintisiete de enero de mil novecientos noventa y nueve, se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional respectiva con la comparecencia de la delegada del jefe de Gobierno del Distrito Federal, en términos de lo previsto por el artículo 19 de la Ley de Amparo, folios 467 a 469; que el diez de marzo del año próximo pasado se emitió sentencia, la cual decretó el sobreseimiento en el asunto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, folios 470 a 486; y, finalmente, mediante proveído de veintitrés de marzo del año que antecede, se admitió a trámite el recurso de revisión respectivo, ordenándose la remisión de los autos del juicio de amparo en mención al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para su resolución, sin que a la fecha se demuestre que ya existe una resolución al respecto, folio 507. Asimismo, de la lectura integral de la demanda de amparo, objeto del presente juicio de garantías, se constata que los ahora quejosos, de igual manera, reclaman de las autoridades responsables jefe de Gobierno del Distrito Federal, Asamblea Legislativa del Distrito Federal I Legislatura, presidente de la Comisión de Gobierno y presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, ambos de dicha asamblea; como actos, los nombramientos de los Magistrados para integrar la Sala Superior del mencionado Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, a favor de los mencionados terceros perjudicados, a través del comunicado de diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y ocho y la admisión por parte de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de los nombramientos respectivos y su turno a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, para emitir la publicación de los mismos en dos diarios de circulación nacional, para que los interesados en el término de cinco días aportaran los elementos para su ratificación. Luego entonces, queda demostrado que, en el caso a estudio, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que se acreditó que se trata de los mismos quejosos quienes promueven diverso juicio de garantías en contra de las mismas autoridades y respecto de los mismos actos y que respecto del primer juicio de amparo, se encuentra pendiente de emitirse la resolución respectiva en el recurso de revisión formulado en contra de la sentencia ahí dictada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XIX.2o.12 K, consultable en la página trescientos doce del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, enero de 1996, cuyo rubro y texto dicen: 'LITISPENDENCIA EN MATERIA DE AMPARO. Por imperativo de la fracción III, del artículo 73, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe entenderse que la litispendencia en materia de amparo es formal y no material; de ahí, que resulta irrelevante el hecho de que en las demandas de amparo se pudieran haber planteado violaciones constitucionales diferentes, ya que ello no impide la configuración de la causal de improcedencia prevista en la fracción y precepto inicialmente citados, la cual sólo amerita la valoración de la identidad de los elementos formales: quejoso, acto reclamado y autoridad responsable.'. Así como la tesis VII.P.83 K, visible en la página doscientos sesenta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, enero de 1995, Octava Época, cuyo rubro y texto se lee: 'LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio.'. Por otra parte, aducen la secretaria de Gobierno, en ausencia del jefe de Gobierno del Distrito Federal; el presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y los terceros perjudicados, Gloria Velia Baltierra Palencia y Carlos Franco Santibáñez, en diversos escritos visibles a folios 285 a 309, 205 a 238, 274 a 282; que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados que se hacen consistir en la admisión del comunicado de diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y ocho; la convocatoria al Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para la discusión de los nombramientos otorgados por el jefe de Gobierno a los mencionados terceros perjudicados; la aprobación de los dictámenes; el consentimiento de los nombramientos hechos y la toma de protesta de los terceros perjudicados, como Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal; en razón a que los quejosos no acreditan que de los actos a que se ha hecho referencia exista una afectación a derechos subjetivos, concretos y constituidos antes de la emisión de los mismos; ya que tales actos no fueron con la finalidad de removerlos de sus puestos, de ahí de que carezcan de legitimación activa para promover el presente juicio de garantías. Es procedente la causa de improcedencia propuesta por las autoridades responsables a que se ha hecho referencia en el párrafo que antecede, atento a lo siguiente. El artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que es improcedente el juicio de garantías contra aquellos actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso. Ahora bien, de acuerdo con el sistema consagrado por la fracción I del artículo 107 constitucional y 73, fracción V, de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y es lo que configura el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. Caso distinto sucede con el interés simple, el cual no tiene ninguna protección jurídica directa y particular, puesto que emana de situaciones por las que los particulares reciben un beneficio del Estado, cuando éste, buscando satisfacer necesidades colectivas, adopta conductas que coinciden con esos intereses particulares y en cambio sufren perjuicio cuando esa conducta no se adecua a sus intereses, por lo que no puede crearse una defensa especial para aquellas situaciones en que se trate de intereses pa
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7370-da237383/interes-juridico-para-promover-el-juicio-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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