ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. AL DEJAR DE EXISTIR LA REBELDÍA QUE MOTIVÓ SU IMPOSICIÓN, AQUÉL QUEDA SIN MATERIA Y, POR ENDE, SU EJECUCIÓN NO DEBE PROSEGUIR.
AMPARO EN REVISIÓN 180/2006. DANIEL CASTELLANOS LEÓN Y OTROS.
CONSIDERANDO:
SEXTO.-Los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, los cuales, por razón de método, se analizarán en orden diverso del que fueron expuestos, con fundamento en el artículo 79 de la Ley de Amparo, unos son infundados, y otros fundados en la medida en que se suple la queja deficiente, en términos de la fracción VI del artículo 76 Bis de la citada ley, conforme a los razonamientos que enseguida se exponen.
En primer lugar, se estima necesario reiterar, para una mejor ilustración del asunto, que el acto reclamado en el juicio de garantías del que emanó el presente recurso de revisión lo constituye el proveído de fecha dieciocho de octubre de dos mil cinco, dictado por el Juez Quinto de lo Familiar con residencia en esta ciudad, en el juicio sucesorio intestamentario a bienes de Salvador Castellanos Gutiérrez, con número de expediente 1655/2003, mediante el cual el citado Juez negó la petición de los ahora recurrentes, de dejar sin efectos la orden de hacer efectiva la medida de apremio consistente en su arresto por treinta y seis horas, contenida en el diverso proveído de veintiuno de febrero de dos mil cinco.
Ahora bien, es infundado lo alegado por la parte quejosa en el sentido de que el auto materia del acto reclamado carece de fundamentación y motivación, en virtud de que el Juez responsable se encontraba obligado a señalar el precepto legal en que se mencione que no puede revocar sus propias determinaciones, así como aquel que contenga la prohibición de ejercer la facultad discrecional o arbitrio judicial para declarar insubsistente el arresto, además de las circunstancias, motivos, condiciones, actos y hechos que son propios de la motivación pues, por el contrario, dicha autoridad se limitó a señalar: "su petición resulta improcedente, artículo 67 y 423 del enjuiciamiento civil para el Estado de Jalisco."
Es así, porque de la lectura integral del acuerdo materia del acto reclamado, se desprende que contrario a lo afirmado por los disconformes, el Juez responsable no se limitó a señalar que la petición formulada por aquéllos era improcedente y a citar, dogmáticamente, los artículos 67 y 423 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, sino que expuso las razones y motivos particulares, así como los preceptos legales que, en su concepto, sostenían la negativa a la petición de los ahora impetrantes de garantías de dejar sin efectos la ejecución del arresto decretado en su contra y que, toralmente, consisten en lo siguiente:
• Que no ha lugar a proveer de conformidad a lo solicitado, porque si bien es cierto, en auto de fecha cinco de abril de dos mil cinco, se tuvo a Antonio, Ignacio, Daniel, Teresa, Salvador, Ana María, Carmen, Margarita, Jesús y Carlota Guadalupe, todos de apellidos Castellanos León, consignando la parte proporcional que recibieron de la cuenta de cheques número 36-84581456, relativa al contrato de inversión de mesa de dinero 4775678351 que tenía celebrado el autor de la sucesión con Banca Promex, S.A., también lo es que el auto dictado el veintiuno de febrero de dos mil cinco, mediante el que se ordenó hacer efectivo el apercibimiento a Antonio, Ignacio, Daniel, Teresa, Salvador, Ana María, Carmen, Margarita, Jesús y Carlota Guadalupe, todos de apellidos Castellanos León, consistente en el arresto por treinta y seis horas, se pronunció con motivo de que los referidos promoventes no dieron cumplimiento a tal consignación dentro del término de los diversos proveídos mediante los cuales fueron requeridos por las cantidades de dinero; resolución ésta que, además, quedó firme al haber sido materia del juicio de amparo 181/2005-IV del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco.
• Que el Juez responsable no puede revocar, variar o modificar sus propias resoluciones, sino en los casos que la ley lo permita, mediante la interposición del recurso correspondiente en la forma y términos previstos en la misma.
• Que conforme a los anteriores razonamientos y lo dispuesto por los artículos 67 y 423 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, la petición de los promoventes (ahora quejosos) era improcedente.
De lo anterior, resulta inconcuso que el Juez responsable cumplió con la garantía establecida en el artículo 16 de la Constitución Federal, al fundar la determinación que constituye el acto reclamado en el juicio de garantías, pues señaló con precisión los preceptos legales que estimó aplicables al caso, a saber, los artículos 67 y 423 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, que disponen, respectivamente, que el Juez no puede dictar otros trámites que los que para cada caso determine dicho código; y que el juzgador no puede revocar, variar o modificar sus resoluciones, sino en los casos que dicho ordenamiento legal lo permita; además de motivarla, al exponer que no procedía la solicitud de los ahora impetrantes del amparo de dejar sin efectos el arresto decretado en su contra, en acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil cinco, no obstante que ya habían consignado las cantidades de dinero requeridas, porque dicha medida de apremio se decretó con motivo de que no lo hicieron dentro del término que se les fijó en los diversos requerimientos que se les formularon en el juicio de origen, a lo que añadió el Juez responsable, que dicha determinación (acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil cinco), había quedado firme al haber sido materia de un juicio de garantías y que, además, no podía variar sus propias determinaciones, salvo en los casos previstos por la ley, mediante la interposición del recurso correspondiente.
Por tanto, en el aspecto analizado (fundamentación y motivación), este Tribunal Colegiado considera que no existe violación de garantías alguna en perjuicio de los ahora inconformes.
Cabe agregar, que no asiste razón a los disconformes cuando aducen que el Juez responsable debió citar el precepto legal que contenga la prohibición de ejercer su facultad discrecional para declarar insubsistente el arresto materia del acto reclamado; ello, porque como se evidencia de lo hasta aquí expuesto, el Juez natural en ningún momento expuso, en el acuerdo materia del acto reclamado, que no procedía la petición de los ahora disconformes porque existiera la prohibición a que éstos hacen alusión, por lo que es obvio que el Juez responsable no tenía por qué citar el fundamento legal de un argumento que no formó parte de las consideraciones del acto reclamado.
En cambio, como se anticipó, este Tribunal Colegiado considera que el resto de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa son fundados y suficientes para concederle la protección constitucional solicitada, en la medida en que se suple su deficiencia, en términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, puesto que se advierte la actualización de una violación manifiesta a la ley, en perjuicio de los ahora inconformes; y acorde con el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 16/98, publicada en la página 34 del Tomo VII, febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente establece:
"ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE CUANDO SE RECLAMA EN AMPARO.-El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado diversos criterios procesales y sustantivos en torno a la imposición del arresto como medida de apremio, cuando se impugna en el juicio de garantías, bajo la consideración fundamental de que si bien dicho acto es de naturaleza formalmente civil, de conformidad con la autoridad jurisdiccional que lo ordena, también ha atendido, de manera preponderante, al estado de privación de la libertad personal del gobernado a que se expone con su ejecución, privación que se ha estimado como de protección superior, jurídica y axiológicamente. Por tanto, como la suplencia de la queja deficiente en materia penal, prevista en el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, opera aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios del quejoso, siendo su finalidad proteger la libertad personal y otorgar seguridad jurídica a los gobernados, a través del dictado de una resolución de amparo que examine, de manera completa y acuciosa, el acto mediante el cual se ha ordenado dicha privación de la libertad, debe concluirse que en los juicios de amparo en que aparezca como acto reclamado la imposición del referido arresto como medida de apremio, deberá suplirse la queja deficiente aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios del afectado, con fundamento en lo dispuesto en la fracción VI del invocado precepto legal, que resulta aplicable a los actos reclamados en materia civil."
Lo fundado de los conceptos de violación esgrimidos por los quejosos radica en que si éstos a la fecha han cumplido con el requerimiento del que derivó la medida de apremio decretada por el Juez responsable en el juicio de origen (arresto por treinta y seis horas), en contra de los ahora quejosos, es inconcuso que el objetivo de tal medida se ha agotado y, por tanto, que su ejecución material ha quedado sin materia, por lo que, contrario a lo considerado por el Juez responsable, es procedente la petición formulada por los disconformes en el juicio natural, en el sentido de que se deje sin efectos la orden de hacer efectivo el referido arresto en la persona de los ahora inconformes.
Es así, porque el artículo 74 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, textualmente establece:
"Artículo 74. Los Jueces, para hacer cumplir sus determinaciones, deberán emplear cualesquiera de los siguientes medios de apremio que juzguen eficaces:
"I. La multa por el importe de diez a ciento veinte días de salario mínimo; la cual podrá duplicarse en caso de reincidencia;
"II. El auxilio de la fuerza pública y el fracturar la (sic) cerraduras si fuere necesario;
"III. El cateo por orden escrita, fundado y motivado; y
"IV. La privación de la libertad hasta por treinta y seis horas.
"Si el caso exige mayor sanción, se dará parte a la autoridad competente."
(Lo que aparece con negritas y subrayado, fue resaltado así por este Tribunal Colegiado).
De la interpretación literal, sistemática y teleológica del precepto legal transcrito, se obtiene que los medios de apremio consisten en el conjunto de instrumentos jurídicos que el legislador ha previsto en la ley procesal civil para que el Juez o tribunal pueda hacer cumplir coactivamente sus resoluciones esto último, que como lo refiere el jurista José Becerra Bautista (El Proceso Civil en México, Editorial Porrúa, México 2003, página 71) constituye una de las diversas facultades inherentes a la función jurisdiccional que, además, encuentra fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 17 de la Constitución Federal que, textualmente, establece:
"Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones."
(Lo que aparece con negritas, fue resaltado así por este Tribunal Colegiado).
Así, es dable establecer que el objeto de los medios de apremio no es otro que el de compeler a las partes en un procedimiento judicial de carácter civil, a que acaten una decisión que ha tomado el juzgador dentro del mismo; de ahí que se considere que aquéllos no tienen un carácter punitivo o sancionador de la conducta asumida por las partes en el juicio, pues su fin primordial, es vencer los obstáculos que impidan el cumplimiento de una determinación judicial.
En ese sentido se pronuncia el tratadista Eduardo Pallares, al definir el término "apremio", al señalar:
"El apremio es el acto jurídico por medio del cual el Juez constriñe u obliga a alguna de las partes para que ejecute algo o se abstenga de hacerlo. Según Cervantes, la palabra apremio procede del verbo latino premer, oprimir, apretar, y significa tanto como compeler al litigante a practicar algún acto ..." (Diccionario de Derecho Procesal Civil, Editorial Porrúa, México 1997, página 101).
(Lo que aparece con negritas, fue resaltado así por este Tribunal Colegiado).
Igualmente, resulta aplicable, a fin de evidenciar el objeto de los medios de apremio, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 125, en la página 83 del Tomo IV del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que textualmente establece:
"ARRESTO. COMO MEDIDA DE APREMIO, NO TIENE CARÁCTER PENAL.-El arresto, como medida disciplinaria o de apremio, no constituye una pena, por lo que no se requiere el ejercicio de la acción penal para aplicarla. Las medidas de apremio son aquellas de las que puede disponer la autoridad para hacer cumplir sus resoluciones y su establecimiento se justifica por la necesidad que existe para que se cumplan aquéllas y en ejercicio del imperio de que está investida para hacer cumplir sus determinaciones judiciales. En consecuencia, cuando un Juez del orden civil, como medida de apremio, dicta el arresto de una persona, fundándose en el artículo 73, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, no viola el artículo 21 constitucional."
Luego, si en la especie, como lo refiere el Juez responsable en el proveído materia del acto reclamado, por auto de fecha cinco de abril de dos mil cinco (folios 364 y 365 del tomo III del cuaderno de pruebas anexo al juicio de amparo), se tuvo a los ahora impetrantes de garantías (Antonio, Ignacio, Daniel, Teresa, Salvador, Ana María, Carmen, Margarita, Jesús y Carlota Guadalupe, todos de apellidos Castellanos León), consignando la parte proporcional que recibieron de la cuenta de cheques número 36-84581456, relativa al contrato de inversión de mesa de dinero 4775678351, que tenía celebrado Salvador Castellanos Gutiérrez (autor de la sucesión materia del juicio de origen), con Banca Promex, Sociedad Anónima; es inconcuso que ya no existe la contumacia de los ahora inconformes que motivó la imposición de la medida de apremio en cuestión (arresto) y, por tanto, que ha quedado sin materia la misma.
De ahí que, al no estimarse así en el juicio de origen, se actualizó en perjuicio de los ahora quejosos una violación manifiesta a la ley, que los dejó sin defensa dado que, conforme a lo dispuesto en el invocado artículo 74 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, no existe materia para que se ejecute el arresto decretado por el Juez responsable en la persona de los disconformes pues, se reitera, lo que se persigue con los medios de apremio es el cumplimiento de las determinaciones del juzgador, mas no sancionar el retardo en el cumplimiento de las mismas, como erróneamente lo consideró el Juez de origen.
No obsta para lo anterior la consideración de la autoridad responsable, en el sentido de que el proveído en que se determinó hacer efectivo el apercibimiento de arresto a los ahora quejosos, quedó firme porque, incluso, fue motivo de un juicio de garantías; ello, atento a que, conforme a las consideraciones expuestas en párrafos precedentes, en relación con la naturaleza de las medidas de apremio, es dable concluir que éstas carecen de la firmeza a que hace referencia el a quo, en virtud de que se encuentran supeditadas, de manera directa y necesaria, al acatamiento (de las partes en el procedimiento) de la determinación judicial que se pretende hacer cumplir, de manera que el medio de apremio que nos ocupa (arresto), subsistirá siempre y cuando no se haya vencido la contumacia de los ahora quejosos, lo que como se expuso, ya aconteció.
En tales condiciones, al haberse demostrado la inconstitucionalidad del proveído materia del acto reclamado, lo procedente es conceder a los quejosos la protección constitucional solicitada, para el efecto de que el Juez responsable lo deje insubsistente y, en su lugar, dicte otro en el que estime, conforme a las consideraciones vertidas en este fallo, que ha quedado sin materia el medio de apremio decretado en el juicio de origen, consistente en el arresto de los ahora disconformes.
La concesión del amparo comprende los actos de ejecución reclamados del secretario de Seguridad Pública, procurador general de Justicia, de la Policía Investigadora y de Seguridad Pública de Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque, todos del Estado de Jalisco, por no reclamarse por vicios propios, acorde con la jurisprudencia número 102, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 66 del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice:
"AUTORIDADES EJECUTORAS. ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS.-Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta."
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-Se revoca la sentencia recurrida.
SEGUNDO.-Para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta sentencia, la Justicia de la Unión ampara y protege a Daniel, Teresa, Antonio, Salvador, Ana María, Ignacio, Carmen, Margarita, Jesús y Carlota Guadalupe, todos de apellidos Castellanos León, contra las autoridades y por los actos precisados en el resultando primero de este fallo.
Notifíquese; háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno, con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese este expediente.
Así lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, por mayoría de votos de los Magistrados José Guadalupe Hernández Torres y Gerardo Domínguez con voto particular del Magistrado Rodolfo Moreno Ballinas.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20000-b7277bb4/arresto-como-medida-de-apremio-al-dejar-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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