CONCURSO MERCANTIL. MOMENTO EN EL QUE LOS ACREEDORES GENÉRICOS DEL CONCURSADO PUEDEN INTERVENIR EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO.
AMPARO EN REVISIÓN 403/2006. J. ALEJANDRO MONTERO ARREDONDO.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO. En este orden de ideas, por lo que hace a la infracción a la garantía de audiencia a que hace alusión el quejoso, en virtud de que no fue emplazado al concurso mercantil que nos ocupa y que, por tanto, es tercero extraño a juicio, este órgano judicial advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 4o., ambos de la Ley de Amparo y el 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los dos últimos interpretados a contrario sensu, toda vez que dicho acto no le irroga un perjuicio personal y directo al peticionario de garantías.
Al efecto, cabe hacer la cita de los preceptos legales antes mencionados.
"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley."
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada."
"Artículo 4o. El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente; y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor."
De la lectura que se realice a los preceptos legales antes transcritos, se aprecia que el juicio de amparo no será procedente cuando sea promovido por una persona distinta a la agraviada por el acto señalado como reclamado, cuestión esta última que se identifica como el principio de agravio personal y directo.
Ahora, para efecto del juicio de amparo, debe entenderse por agravio la lesión directa en los intereses jurídicos de una persona, o bien, la ofensa, daño o afectación indebida que, derivada de una ley o de un acto de autoridad, se hace a los derechos o intereses de un particular.
Es la lesión de un derecho cometida en una resolución judicial por haberse aplicado indebidamente la ley o por haberse dejado de aplicar la que rige al caso en concreto.
Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 55, Volumen 72, Séptima Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice:
"INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: ‘El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona’. Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, ‘No puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados’. (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial."
Refuerza lo anterior, en lo conducente, la tesis dictada por la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 219, Tomo II, Primera Parte (julio a diciembre de 1988), Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece:
"FIRMA, DEMANDA DE AMPARO SIN. DA LUGAR A SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO. Si la demanda no fue suscrita, ni se presentó prueba alguna por el representante de la quejosa que acreditara su personalidad para promover, no se cumple con lo dispuesto por la fracción I del artículo 116 de la Ley de Amparo; además, la fracción I del artículo 107 constitucional es terminante al disponer que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y, en relación con ella, el artículo 4 de la Ley de Amparo señala que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama; por lo que, cuando no se cumple con tales requisitos, procede sobreseer el juicio de garantías, con fundamento en los preceptos mencionados, y en las fracciones XVIII del artículo 73 y III del artículo 74 de la citada Ley de Amparo."
En este orden de ideas, el perjuicio tiene como base los siguientes supuestos:
1. La existencia de un derecho tutelado por la ley.
2. Que ese derecho se vea afectado por un acto de autoridad.
3. Que el titular afectado de conformidad con lo anterior acuda al juicio de amparo.
En la especie, el acto reclamado consiste en la violación a la garantía de audiencia por falta de emplazamiento al quejoso en relación con el concurso mercantil 24/04, promovido por Renato Sales Heredia, en su carácter de subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales y agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, contra PubliXIII, Moving Publicity, Sociedad Anónima de Capital Variable.
Al efecto, cabe hacer la cita de los artículos 1o., 2o., 3o., 4o., fracción II, 9o., primer párrafo, 15, 20, primer párrafo y 21, primer párrafo; de la Ley de Concursos Mercantiles y 3o. del Código de Comercio, que establecen:
"Artículo 1o. La presente ley es de interés público y tiene por objeto regular el concurso mercantil. Es de interés público conservar las empresas y evitar que el incumplimiento generalizado de las obligaciones de pago ponga en riesgo la viabilidad de las mismas y de las demás con las que mantenga una relación de negocios."
"Artículo 2o. El concurso mercantil consta de dos etapas sucesivas, denominadas conciliación y quiebra."
"Artículo 3o. La finalidad de la conciliación es lograr la conservación de la empresa del comerciante mediante el convenio que suscriba con sus acreedores reconocidos. La finalidad de la quiebra es la venta de la empresa del comerciante, de sus unidades productivas o de los bienes que la integran para el pago a los acreedores reconocidos."
"Artículo 4o. Para los efectos de esta ley, se entenderá por: ... II. Comerciante, a la persona física o moral que tenga ese carácter conforme al Código de Comercio. Este concepto comprende al patrimonio fideicomitido cuando se afecte a la realización de actividades empresariales. Igualmente, comprende a las sociedades mercantiles controladoras o controladas a que se refiere el artículo 15 de esta ley."
"Artículo 9o. Será declarado en concurso mercantil, el comerciante que incumpla generalizadamente en el pago de sus obligaciones."
"Artículo 15. No se acumularán los procedimientos de concurso mercantil de dos o más comerciantes, salvo lo previsto en el párrafo siguiente. Se acumularán, pero se llevarán por cuerda separada, los procedimientos de concurso mercantil de: I. Las sociedades controladoras y sus controladas, y II. Dos o más sociedades controladas por una misma controladora. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por sociedades mercantiles controladoras las que reúnan los siguientes requisitos: I. Que se trate de una sociedad residente en México; II. Que sean propietarias de más del cincuenta por ciento de las acciones con derecho a voto de otra u otras sociedades controladas, inclusive cuando dicha propiedad se tenga por conducto de otras sociedades que a su vez sean controladas por la misma controladora, y III. Que en ningún caso más de cincuenta por ciento de sus acciones con derecho a voto sean propiedad de otra u otras sociedades. Se considerarán acciones con derecho a voto, aquéllas que lo tengan limitado y las que en los términos de la legislación mercantil se denominen acciones de goce; tratándose de sociedades que no sean por acciones se considerará el valor de las partes sociales. Se considerarán sociedades controladas aquéllas en las cuales más del cincuenta por ciento de sus acciones con derecho a voto sean propiedad, ya sea en forma directa, indirecta o de ambas formas, de una sociedad controladora. Para ello la tenencia indirecta a que se refiere este párrafo será aquélla que tenga la controladora por conducto de otra u otras sociedades que a su vez sean controladas por la misma controladora."
"Artículo 20. El comerciante que considere que ha incurrido en el incumplimiento generalizado de sus obligaciones en términos de cualquiera de los dos supuestos establecidos en el artículo 10 de esta ley, podrá solicitar que se le declare en concurso mercantil."
"Artículo 21. Podrán demandar la declaración de concurso mercantil cualquier acreedor del comerciante o el Ministerio Público."
"Artículo 3o. Se reputan en derecho comerciantes: I. Las personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria; II. Las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles; III. Las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de éstas, que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio."
De lo antes transcrito se advierte que sólo pueden ser sujetos de un concurso mercantil:
1. Las personas físicas o morales que hagan del comercio su ocupación ordinaria.
2. Las sociedades mercantiles con arreglo a las leyes mexicanas.
3. Las sociedades extranjeras o agencias y sucursales de éstas, que ejerzan actos de comercio dentro del país.
4. Patrimonio fideicomitido cuando se afecte a la realización de actividades empresariales.
5. Sociedades mercantiles controladoras (residentes en México, propietarias de más del cincuenta por ciento de las acciones con derecho a voto de otra u otras sociedades que se denominan controladas y que menos del cincuenta por ciento de sus acciones sean propiedad de otra u otras sociedades).
6. Controladas (más del cincuenta por ciento de sus acciones con derecho a voto son propiedad de una sociedad controladora).
Asimismo, se aprecia que pueden pedir la declaración de concurso que nos ocupa:
1. El comerciante que considere que ha incurrido en el incumplimiento generalizado de sus obligaciones, en términos de la ley de la materia.
2. Cualquier acreedor del comerciante.
3. El Ministerio Público.
Lo que antecede encuentra justificación en la finalidad perseguida con la expedición de dicho ordenamiento legal por el Congreso de la Unión, junto con otras leyes de "garantía" y que es la de otorgar certidumbre jurídica a los acreedores en general a efecto de que se lograra una recuperación expedita de los créditos otorgados a los comerciantes que hubieran incumplido con sus obligaciones de manera generalizada, cuestión que constituye la materia del concurso mercantil y, con ello, fomentar y promover la reactivación económica del país, en lugar de la inseguridad jurídica que propiciaba el aplazamiento indefinido de la quiebra de un comerciante a través de otras figuras jurídicas, como la suspensión de pagos, que permitían a los empresarios continuar con el manejo de su compañía, con poder de negociación frente a sus acreedores.
En este orden de ideas, la parte quejosa para que pudiera acreditar que el acto reclamado sujeto a estudio le causaba un perjuicio personal y directo debió demostrar, de manera fehaciente, que cumplió con los requisitos legales a efecto de que se le llamara a la primera etapa del concurso mercantil que nos ocupa, esto es, que el concurso mercantil hubiera sido iniciado en su contra por el Ministerio Público o un acreedor suyo.
Ahora, cabe precisar que el quejoso hoy recurrente, en el procedimiento concursal que nos ocupa, es acreedor de PubliXIII, Moving Publicity, Sociedad Anónima de Capital Variable, circunstancia que se encuentra acreditada con el contrato de despliegue publicitario que obra en autos, el cual se suscribió por el publicista en cita y el propio peticionario de amparo, firmado el nueve de enero de dos mil tres.
Razón por la cual, al no tener la calidad de comerciante respecto del cual se promovió dicho concurso mercantil que, en el caso, lo es la empresa antes aludida, carecía de legitimación procesal a efecto de intervenir en la primera etapa de dicho procedimiento como lo pretende el peticionario de garantías, toda vez que, como ya se precisó, la esencia del concurso mercantil es el determinar si hubo o no incumplimiento general de las obligaciones a cargo de un comerciante y, de actualizarse dicho incumplimiento, se opte ya sea por una conciliación o quiebra, según sea la situación específica, esto es, una relación entre el comerciante sujeto a concurso y sus demandantes, mas no así las situaciones accesorias que pudieran derivarse del aludido procedimiento como lo es la recuperación de los créditos que en favor del concursado hubieran otorgado otros acreedores, así como la afectación a obligaciones contraídas con la empresa concursada, ya que esta relación sólo es posible determinarla una vez que la empresa en cuestión se ha declarado en concurso por sentencia definitiva y se inicie el procedimiento respectivo, en consecuencia es hasta ese momento en que se da la intervención que les corresponde a los acreedores "genéricos", dada la vinculación antes referida.
De lo anterior, al no causar perjuicio la falta de llamamiento al inicio del concurso mercantil de que se trata, toda vez que en dicha etapa procesal no se afecta algún derecho del cual la parte quejosa sea titular, lo que procede es que este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 74, fracción III, en relación con los diversos 73, fracción XVIII, y 4o., todos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos dos últimos interpretados a contrario sensu, sobresea en el juicio por lo que hace al acto reclamado sujeto a estudio en este apartado.
OCTAVO. En lo que respecta a los actos reclamados que se hacen consistir en la falta de notificación de las resoluciones dictadas en el concurso mercantil que nos ocupa, dicha situación es infundada.
En primer término, cabe precisar que, contrariamente a lo argumentado por el quejoso, no tiene el carácter de tercero extraño a juicio, sino que, en todo caso, tendría el carácter de tercero extraño por equiparación.
En efecto, el tercero extraño a juicio, tratándose del juicio de amparo, es aquella persona física o moral que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material y sin embargo resiente un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin que tenga la oportunidad de ser oído en su defensa o de interponer los medios de defensa ordinarios establecidos, toda vez que carece de legitimación procesal para así hacerlo.
En cambio, el tercero extraño por equiparación es aquella persona que acude en demanda de amparo por no haber sido emplazada al juicio o haber sido citada en forma distinta de la prevenida en la ley, lo que le ocasionó el desconocimiento total del juicio, siempre y cuando no haya tenido conocimiento de la infracción antes del dictado de la sentencia definitiva pues, de ser así, debe impugnar la violación indicada a través del incidente de nulidad respectivo o, en su defecto, alegarla mediante el recurso ordinario que se interponga contra el fallo definitivo, toda vez que tiene la legitimación procesal para hacerlo ya que tiene reconocido su carácter como parte en el juicio respectivo.
Resulta aplicable a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 40/2001, dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 81, Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:
"EMPLAZAMIENTO. LA FALTA O ILEGALIDAD DEL MISMO SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN, NO OBSTANTE QUE TENGA CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN DEFINITIVA DURANTE EL TRANSCURSO DEL TÉRMINO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 21 Y 22 DE LA LEY DE AMPARO. Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, lo que le ocasionó el desconocimiento total del juicio, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que el conocimiento del amparo en estos supuestos, compete a un Juez de Distrito y no a los Tribunales Colegiados de Circuito de conformidad con lo dispuesto por la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo; toda vez que el quejoso, por medio del amparo indirecto, tiene la posibilidad de aportar ante el Juez, en la audiencia constitucional, las pruebas necesarias para demostrar la falta de emplazamiento o que el llamamiento que se le hizo al juicio se realizó en forma distinta a la prevista en la ley, siempre y cuando el quejoso haya promovido la demanda de amparo dentro del término que señalan los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo, pues ello no hace que pierda su calidad de tercero extraño al juicio, pues la violación cometida en su contra, la constituye precisamente esa falta de citación que lo hace desconocedor y, por ende, extraño al juicio seguido en su contra. Sin que tampoco sea obstáculo el que los artículos 158 y 159, fracción I, de la Ley de Amparo, establezcan como violación reclamable en amparo directo esa falta o ilegalidad del emplazamiento, ya que no es posible aplicar esos dispositivos legales cuando el quejoso es persona extraña al juicio por equiparación y de hacerlo, se le dejaría en estado de indefensión, porque no se le daría oportunidad de acreditar la irregularidad del emplazamiento."
En el caso, debe entenderse que el hoy recurrente se ostenta como tercero extraño por equiparación en virtud de su carácter indisoluble como acreedor y depositario, como se advierte del contrato de despliegue publicitario que obra en autos, del cual se desprende así como lo manifestado por el hoy inconforme en el sentido de que fue emplazado al mismo de manera indebida.
Una vez precisado lo anterior, a efecto de que se pudiera conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión al hoy inconforme, por ser tercero extraño por equiparación, se debían reunir los siguientes requisitos:
1. Que fuera parte formal en el juicio natural.
2. Que no se le hubiera emplazado a dicho juicio o fue notificado en forma distinta de la prevenida en la ley, lo que provocó el desconocimiento total del mismo, situación esta última que requiere necesariamente que se expresen argumentos por los que se demuestre dicha ilegalidad.
El primer punto ya quedó acreditado en el presente asunto de conformidad con las consideraciones descritas en párrafos precedentes.
Por cuanto hace al segundo requisito, el mismo no se reúne por lo que a continuación se expone.
De las constancias de autos se advierte que las resoluciones principales que conformaron el concurso mercantil que nos ocupa son las siguientes:
1. Sentencia de veintiocho de junio de dos mil cuatro, en la que se determinó que la empresa tercera perjudicada se encontraba en concurso mercantil.
2. Auto de treinta de septiembre de dos mil cinco, en el se declaró válida la rescisión unilateral de los contratos de despliegue publicitario celebrados por la comerciante concursada.
3. Resolución de veintiocho de marzo de dos mil seis, en la que se aprobó el convenio propuesto por el conciliador designado en el concurso mercantil que nos ocupa.
En consecuencia, el presente estudio se realizará en razón de las resoluciones antes precisadas.
En lo que respecta a la sentencia de veintiocho de junio de dos mil cuatro, en la que se determinó que la empresa tercera perjudicada se encontraba en concurso mercantil, ésta se tuvo por efectuada el dieciséis de noviembre de dos mil cuatro, fecha en que se realizó la última publicación, de dos sucesivas, de un fragmento de dicha resolución en el Diario Oficial de la Federación y el periódico La Jornada por así haberse ordenado en el resolutivo décimo segundo de la misma, el cual a la letra dice:
"SÉPTIMO. Se hace del conocimiento de los acreedores residentes en la República mexicana que aquellos que así lo deseen, presenten al conciliador en el domicilio que éste señale para el cumplimiento de sus obligaciones, sus solicitudes de reconocimiento de crédito conforme a lo dispuesto por el artículo 125 de la Ley de Concursos Mercantiles, sin perjuicio de lo ordenado en el resolutivo que antecede. DÉCIMO SEGUNDO. Se ordena al conciliador que dentro de los cinco días siguientes a su designación tramite la publicación de un extracto de esta sentencia, por dos veces consecutivas, en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico ‘La Jornada’, para lo cual se ordena desde ahora elaborar los edictos conteniendo dicho extracto y los oficios correspondientes, y ponerlos a disposición del conciliador."
Por su parte, el auto de treinta de septiembre de dos mil cinco, en el que se declaró válida la rescisión unilateral de los contratos de despliegue publicitario celebrados por la comerciante concursada, fue notificado por lista a las partes el tres de octubre de dos mil cinco como se evidencia de la transcripción siguiente:
"Notifíquese por lista a las partes. En la Ciudad de México, Distrito Federal, a tres de octubre de dos mil cinco procedí a notificar la resolución que antecede a las partes por medio de lista que se fija en el juzgado ... Doy fe." (página 387 vuelta del expediente de amparo).
La resolución de veintiocho de marzo de dos mil seis, en la que se aprobó el convenio propuesto por el conciliador designado en el concurso mercantil que nos ocupa, se notificó por lista a los acreedores el veintinueve de marzo de dos mil seis, como se advierte de lo que a continuación se cita:
"Notifíquese por lista a las partes. En la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintinueve de marzo de dos mil seis procedí a notificar la resolución que antecede a las partes por medio de lista que se fija en el juzgado ... Doy fe." (página 503 vuelta del expediente de amparo).
De lo anterior, que se evidencie lo infundado de los argumentos sujetos a estudio en este apartado.
Sin que lo considerado con antelación constituya una afirmación respecto de la legalidad de los actos reclamados, toda vez que los argumentos del quejoso sólo se encuentran encaminados a establecer que dichas notificaciones no fueron realizadas, mas no así a controvertir la legalidad de las mismas.
En consecuencia, ante la ineficacia de dichos argumentos, lo que procede es que este Tribunal Colegiado niegue el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, por cuanto hace a los actos reclamados sujetos a estudio.
NOVENO. Son inoperantes los agravios hechos valer por el quejoso ahora recurrente en contra de la sentencia impugnada por virtud de la cual el Juez de Distrito determinó decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías que nos ocupa, al determinar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, toda vez que, contrariamente a lo sustentado por el quejoso, sí fue notificado de la sentencia por la que se declaró en concurso mercantil a la empresa tercera perjudicada, por edictos, de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley de Concursos Mercantiles, razón por la cual el quejoso no era tercero extraño a juicio y, por consiguiente, estaba obligado a observar el principio de definitividad previa la promoción de la acción de amparo contra el acuerdo de cuatro de julio de dos mil seis, por el que se le requirió la entrega de su vehículo; esto es, debió interponer contra dicho acto el recurso de revocación previsto en el artículo 268 de la Ley de Concursos Mercantiles.
En efecto, son inoperantes los agravios hechos valer por el quejoso ahora recurrente, por los que manifiesta que la sentencia recurrida viola en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que si bien es cierto que en ella el Juez de Distrito determinó que el peticionario de garantías no era tercero extraño al juicio natural, ya que había sido parte en el mismo y se le había notificado como tal, por tener el carácter de acreedor de la empresa concursada tercera perjudicada, también lo es que dicho juzgador reconoce que la notificación respectiva no se le hizo de manera personal, razón esta última que lo eximía de interponer medio ordinario de defensa alguno, ya que se acreditaba su carácter de tercero extraño en virtud de que nunca se hizo sabedor del proceso en cuestión, sino hasta que se le notificó que tenía que devolver el auto gestionado por la aludida empresa.
En primer término y en acatamiento a lo previsto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado procede a corregir la cita de los preceptos normativos a que hace alusión la parte quejosa, hoy inconforme, en la especie la violación por parte del Juez de Distrito a las garantías previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado en jurisprudencia que en el recurso de revisión no se pueden invocar violaciones a garantías individuales por parte de los Jueces de Distrito, sino sólo infracciones a los preceptos de la Ley de Amparo, toda vez que es con fundamento en estos últimos que dichos juzgadores emiten sus resoluciones; razones por las cuales los argumentos enderezados a sostener que la determinación recurrida en revisión es violatoria de preceptos fundamentales, debe declararse inoperante sólo en ese aspecto.
El anterior criterio se encuentra previsto en la jurisprudencia P./J. 2/97, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo V, enero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:
"AGRAVIOS INOPERANTES LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20007-f5bcd174/concurso-mercantil-momento-en-el-que-los-acreedores · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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