TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE PUEBLA. EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE REFORMÓ Y ADICIONÓ DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY RELATIVA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL 12 DE ENERO DE 2005, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL CITADO ÓRGANO DE DIFUSIÓN EL 30 DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD.
AMPARO EN REVISIÓN 200/2006. RAFAEL DUARTE HERRERA Y OTRO.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Los agravios que se formulan en la revisión principal deben desestimarse, por las razones que a continuación se exponen.
Contrario a lo que aduce el recurrente en el primer agravio, la negativa de los actos reclamados por los que la Juez de Distrito, en el considerando tercero de la sentencia recurrida (fojas 158 vuelta a 160 vuelta), decretó el sobreseimiento con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, no se desvirtúa con la prueba documental que adjuntó al escrito de interposición del recurso de revisión fechado el doce de mayo de dos mil seis (fojas 3 a 13), y que dice constituye una prueba superveniente, alegando que: "... pese a la negativa de tales actos en cuanto a la realización de prácticas monopólicas para la instalación de los gobernadores de velocidad en las agencias automotrices ordenadas por las responsables, pese a tal negativa el día de ayer, diecinueve de abril, se distribuyeron entre las diversas bases de las rutas que prestan el servicio de transporte un cartelón en el que se nos está comunicando los lugares y horarios para la instalación de los gobernadores, el cual ofrecemos como prueba superveniente en copia certificada en esta alzada a fin de que sea tomado en consideración al momento de resolver, pues no debe de pasar inadvertido que las ordenadoras rindieron falsos datos a una autoridad judicial al negar la existencia respecto de dicho acto de autoridad, sino que además sabedores de la resolución que hoy se combate procedieron a instalar el día de ayer diecinueve de abril, en las diversas rutas cartelones en los que se advierte las prácticas monopólicas que realizan" (foja 4).
Lo anterior se afirma, ya que la referida documental no puede ser considerada como una prueba superveniente para desvirtuar la negativa de las autoridades responsables de la existencia de los actos reclamados en cuestión, pues dicha existencia debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda. Así lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 10, publicada en la página 12, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, cuyo contenido es el siguiente:
"ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja."
En el caso, la demanda de amparo se presentó el primero de febrero de dos mil seis (foja 2), por lo que la existencia del acto que alega el inconforme consistente en la orden verbal o escrita para la instalación de los gobernadores de velocidad, y que, según aduce, constituye el acto de aplicación de los artículos 37 y tercero transitorio de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla, también reclamados, debe analizarse atendiendo a aquella fecha y no a la de actos llevados a cabo con posterioridad, como lo es el cartelón que admite el propio recurrente fue instalado "el día de ayer, diecinueve de abril"; de ahí que, el agravio que se examina deviene infundado.
El segundo agravio que se formula es inatendible, en virtud de que mediante los argumentos que en él se expresan, no se combate el razonamiento toral en que se apoyó la Juez de Distrito para estimar que, en el caso, respecto del artículo 85 bis de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo.
En efecto, en el considerando séptimo de la sentencia recurrida la Juez de Distrito esencialmente sostuvo que el citado artículo 85 bis es de naturaleza autoaplicativa, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en tal precepto "... para que el solicitante del amparo justifique que se encuentra sujeto a la norma que tilda de inconstitucional, y que le causa perjuicio para acreditar su interés jurídico, debe demostrar no sólo tener el carácter de concesionario o permisionario para explotar el servicio público de transporte o el servicio público mercantil; sino que explota tal servicio a través de terceras personas; es decir, que tiene conductores o choferes; o bien, ser conductor o chofer de los vehículos con los que se presta ese servicio, para ser sujeto de la obligación impuesta por el precepto reclamado. Ello, porque ya se dijo, que el imperativo contenido en el artículo 85 BIS de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla, por una parte si bien está dirigido a los concesionarios y permisionarios del transporte público de pasajeros o mercantil, esto es cuando se tiene alguna relación con conductores o choferes para la explotación del servicio, y por otra, a los conductores o choferes, quienes estarán impedidos para conducir los vehículos mientras el concesionario para el que trabajan no proporcione su nombre y datos personales, a las autoridades del transporte. En tal virtud, tratándose de las personas físicas o morales que cuentan con una concesión o autorización para prestar el servicio público de transporte y sus servicios auxiliares, o para prestar un servicio de transporte mercantil, o algún servicio auxiliar susceptible de permiso conforme a lo que marca la Ley del Transporte para el Estado de Puebla, y su reglamento, no se encuentran en la hipótesis normativa que prevé el artículo 85 BIS de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla, cuando no cuentan con conductores o choferes para explotar el servicio, y por ello, en este último supuesto, el precepto tildado de inconstitucional no los vincula" (fojas 182 frente y vuelta y 183 frente).
Y determinó dicha resolutora, que, en la especie, el quejoso con las pruebas que exhibió, consistentes en copias certificadas de un título y tarjetón de concesión y de una tarjeta de circulación vehicular, probó tener el carácter de concesionario para explotar el servicio público de transporte, pero no justificó que explota ese servicio a través de conductores o choferes, ni acreditó que él fuera conductor o chofer de algún vehículo destinado al servicio público de transporte o al servicio público mercantil, por lo que no demostró encontrarse en los supuestos establecidos en el multirreferido artículo 85 bis.
En el agravio que se examina el recurrente se concreta a aducir que con las pruebas documentales que ofreció, antes señaladas, acreditó su interés jurídico, al demostrar ser concesionario del servicio público del transporte; empero, como se ha visto, la Juez federal estimó que no basta que el quejoso haya acreditado ser concesionario, para considerar por ese solo hecho que se encuentra en el supuesto del artículo 85 bis que reclama por su sola entrada en vigor, sino que era menester que, además, justificara que explota el servicio público de transporte a través de terceras personas, es decir, que tiene conductores o choferes, o bien que es conductor o chofer de los vehículos con los que se presta ese servicio, para estar en posibilidad de estimar probada la afectación a su esfera jurídica, sin que en contra de este razonamiento específico el inconforme exprese argumento alguno, por lo que debe seguir rigiendo el sentido de la sentencia recurrida y, por ende, el agravio en análisis deviene inatendible, sin que se advierta queja deficiente que suplir en términos del artículo 76 bis de la Ley de Amparo.
Tiene aplicación al caso, por compartirse, la jurisprudencia 591 del entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 393, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, cuyo contenido es el siguiente: "AGRAVIOS INATENDIBLES. SON AQUELLOS QUE NO IMPUGNAN LAS CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL FALLO RECURRIDO. Cuando no estén dadas las condiciones que la ley establece para suplir la queja deficiente, deben desestimarse por inatendibles los agravios expresados en el recurso de revisión, si no contienen razonamiento jurídico alguno, tendiente a desvirtuar los fundamentos y consideraciones en que se sustenta el fallo recurrido."
De igual forma, el tercer agravio que se formula, por un lado es inatendible, pues en él se hace valer que, contrario a lo sostenido por la Juez de Distrito en el considerando octavo de la sentencia recurrida, los artículos 6, fracción IX, 10, fracción VI, y 92 bis, de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla, no son de naturaleza heteroaplicativa sino autoaplicativa, porque desde su entrada en vigor vinculan a los concesionarios al cumplimiento de obligaciones "como son las que obligan a los concesionarios a registrar los datos de los conductores con los que se encuentran relacionados laboralmente, autoriza a los supervisores de la Secretaría para la elaboración de boletas de infracción, se limita la actividad de comercio (prestación del servicio público de transporte) al restringir mediante la prohibición que de trasmitir la concesión de la que actualmente somos prestadores del servicio ya no podríamos adquirir nuevamente otra concesión lo que restringe nuestra libertad de comercio y una actividad lícita para obtener el sustento de nuestra familia, pues sin previa audiencia se nos priva del derecho de adquirir nuevas concesiones sin que exista de por medio una resolución administrativa por la cual se haya cancelado o revocado dicha concesión o se nos haya privado de dicho derecho" (foja 5); pero tales argumentos no combaten en forma directa las consideraciones en que se basó la Juez federal para atribuir a los referidos preceptos el carácter de heteroaplicativos.
Ello es así, en virtud de que en el considerando octavo de la sentencia que se recurre la Juez de Distrito sostuvo que los artículos 6, fracción IX, 10, fracción VI, y 92 bis de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla, son de naturaleza heteroaplicativa y precisó respecto de cada uno de los preceptos citados cuál es el acto necesario para que adquieran individualización, señalando lo siguiente: "Efectivamente, se arriba a la conclusión de que los artículos 6 fracción IX, 10 fracción VI, 73 BIS, 74 y 92 BIS de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla, son de índole heteroaplicativo, porque los supuestos previstos en las mismas, por su sola entrada en vigor no causan perjuicio alguno al impetrante de garantías. Para demostrar lo anterior, basta advertir que en lo concerniente al artículo 6 fracción IX de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla, es necesario que la autoridad competente en materia de transporte, emita algún acto en el que instrumente en beneficio de los usuarios la utilización de elementos aportados por la ciencia y tecnología, y que ello, tenga como fin la implementación de nuevos sistemas en el manejo operativo, incluso, tratándose del cobro en las diversas modalidades del transporte. En estos términos, la utilización de elementos aportados por la ciencia y tecnología, con el propósito de implementar sistemas en el manejo operativo, o en el cobro en las diversas modalidades del transporte, constituyen las condiciones necesarias para que el precepto en comento, adquiera individualización, actualizando en su caso, el perjuicio base del amparo, siendo hasta ese momento en que el quejoso podría encontrarse en el supuesto previsto por la fracción IX del artículo 6 de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla, lo que demuestra su carácter heteroaplicativo. En cuanto al artículo 10 fracción VI de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla, es necesario que algún supervisor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Puebla, elabore alguna boleta de infracción respecto del vehículo con el cual la inconforme presta el servicio público de transporte que tiene concesionado, con motivo de alguna infracción a la Ley del Transporte o su Reglamento. Ello, justifica el carácter de heteroaplicativo del artículo 10 fracción VI de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla, pues la condición necesaria para que el precepto en comento, adquiera individualización, actualizando en su caso, el perjuicio base del amparo, lo constituye la elaboración del alguna boleta de infracción por parte de los supervisores adscritos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Puebla, momento en que el quejoso podría encontrarse en el supuesto previsto por ese precepto. Lo mismo acontece con la hipótesis a que se refiere el artículo 73 BIS de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla, toda vez que resulta necesario, para que adquiera individualización, que el Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado de Puebla, previo acuerdo de procedencia, autorice la entrada de rutas existentes o de nueva creación, cuando los concesionarios de las establecidas no presten el servicio. En cuanto al artículo 74 de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla, es requisito indispensable que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Puebla, realice acciones tendientes a promover la creación de sociedades conforme a las leyes mexicanas, para que éstas participen en la prestación del servicio, cuando éste se cree, modifique, reasigne, reubique, fusione o incremente el servicio público de transporte, para garantizar un transporte moderno, eficaz, funcional y seguro. Por otra parte, es necesario para que el artículo 92 BIS de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla, adquiera individualización, que el impetrante del amparo tenga el carácter de concesionario, circunstancia que sí se encuentra acreditada; sin embargo, además se requiere que realice la enajenación por título gratuito u oneroso de los derechos y obligaciones derivados de la concesión que le fue otorgada para la prestación del servicio público de transporte, pues será hasta ese momento en que se otorgará o no autorización previa de la Secretaría; o en su caso, que no se le permita adquirir una nueva concesión con motivo de que cedió los derechos de la concesión con la que actualmente presta el citado servicio público" (fojas 188 vuelta a 190 frente).
Sin embargo, el recurrente nada dice en relación con los actos específicos que señala la Juez de Distrito se requieren para que se actualicen en perjuicio del quejoso las hipótesis normativas que prevén los artículos reclamados, a fin de desvirtuar las consideraciones de la Juez de Distrito para sostener que los artículos antes precisados son de naturaleza heteroaplicativa, por lo que éstas continúan rigiendo el sentido del fallo recurrido y, por tanto, en ese aspecto el agravio que se examina es inatendible.
Por otro lado, el propio agravio en análisis deviene infundado, porque no asiste razón al recurrente cuando aduce que los artículos 6, fracción IX, 10, fracción VI, y 92 bis, de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla, "obligan a los concesionarios a registrar los datos de los conductores con los que se encuentran relacionados laboralmente" (foja 5), lo cual se advierte de la simple lectura de dichos preceptos que se transcriben a continuación:
"ARTÍCULO 6. El Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado, tendrá las siguientes atribuciones: ...
"IX. Instrumentar en beneficio de los usuarios la utilización de elementos aportados por la ciencia y tecnología, para la implementación de nuevos sistemas en el manejo operativo, incluyendo sistemas de cobro en las distintas modalidades del transporte".
"ARTÍCULO 10. Los Supervisores de la Secretaría tendrán las siguientes atribuciones: ...
"VI. Elaborar las boletas de infracciones a los conductores de los vehículos del servicio público de transporte y del servicio mercantil, cuando infrinjan la presente ley y sus reglamentos".
"ARTÍCULO 92 BIS. Los derechos y obligaciones derivados de una concesión para la prestación del servicio público de transporte o del servicio de transporte mercantil, no podrán enajenarse. Para cualquier tipo de transmisión a título gratuito u oneroso que se realice por acto entre vivos o por causa de muerte, se requerirá la autorización previa de la Secretaría; su incumplimiento originará la nulidad respectiva.
"La persona que haya cedido los derechos de la concesión de la cual fue titular, no podrá adquirir nuevas concesiones o permisos".
Además, cabe señalar que, como lo sostuvo la Juez de Distrito, los referidos numerales contienen disposiciones que por su sola entrada en vigor no vinculan a los gobernados a cumplir por sí o a través de un tercero, con una obligación de hacer o no hacer, sino que lo previsto en ellos únicamente puede actualizarse en perjuicio de aquéllos hasta el momento en que, respectivamente, el Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado instrumente la utilización de elementos aportados por la ciencia y tecnología, para implementar nuevos sistemas en el manejo operativo, incluso en el de cobro en las distintas modalidades del transporte; los Supervisores de la Secretaría elaboren las boletas de infracciones a los conductores de vehículos del servicio público de transporte, que cometan alguna infracción; y se realice la cesión de derechos de la concesión; por lo que, en este otro aspecto, el tercer agravio es infundado.
En el cuarto agravio aduce el recurrente que, contrario a lo sostenido por la Juez de Distrito, el artículo tercero transitorio reclamado transgrede en su perjuicio la garantía de irretroactividad prevista en el artículo 14 constitucional, porque de conformidad con el artículo tercero transitorio vigente con anterioridad al reclamado, adquirió el derecho de contar con el plazo de dos años para realizar las adecuaciones a que se refiere el artículo 37 de la Ley del Transporte.
De acuerdo con lo planteado por el recurrente, a continuación se procede a determinar si el artículo reclamado resulta o no violatorio de la garantía de irretroactividad que prevé el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El citado artículo 14 constitucional, en la parte que interesa, dispone:
"A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna".
Para determinar si el artículo reclamado viola la referida garantía de irretroactividad, debe examinarse si el quejoso cuenta, como según lo alega, con un derecho adquirido con anterioridad a la vigencia de ese artículo, conforme a la teoría de los derechos adquiridos y las expectativas de derecho que ha sido reconocida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a la que atendió la resolutora federal en la sentencia recurrida.
Sobre el tema el Máximo Tribunal del País ha sostenido que el derecho adquirido se puede definir como el acto realizado que introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, el cual no puede afectarse ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto ni por disposición legal en contrario, a diferencia de la expectativa de derecho que se traduce en una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta, conforme a la legislación vigente en un momento determinado. Este criterio se encuentra contenido en la tesis publicada en la página 53, Volúmenes 145-150, Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es el siguiente:
"DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS DE DERECHO, CONCEPTO DE LOS, EN MATERIA DE RETROACTIVIDAD DE LEYES. El derecho adquirido se puede definir como el acto realizado que introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, y ese hecho no puede afectarse, ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario; la expectativa del derecho es una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta, conforme a la legislación vigente en un momento determinado".
Como se ve, esta teoría que se apoya en la distinción fundamental entre derechos adquiridos y las meras expectativas de derecho, establece que no se pueden afectar o modificar derechos adquiridos durante la vigencia de una ley anterior, ya que aquéllos se regirán siempre por la ley a cuyo amparo nacieron y entraron a formar parte del patrimonio de las personas, aun cuando esa ley hubiera dejado de tener vigencia al haber sido sustituida por otra diferente; en cambio, una nueva ley podrá afectar simples expectativas o esperanzas de gozar de un derecho que aún no ha nacido en el momento en que entró en vigor, sin que se considere retroactiva en perjuicio del gobernado.
Tiene aplicación al caso la tesis LXXXVIII/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 306 y 307, Tomo XIII, Junio de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente:
"IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. NO SE VIOLA ESA GARANTÍA CONSTITUCIONAL CUANDO LAS LEYES O ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN SÓLO AFECTAN SIMPLES EXPECTATIVAS DE DERECHO, Y NO DERECHOS ADQUIRIDOS. Conforme a la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto al tema de la irretroactividad desfavorable que se prohíbe, se desprende que ésta se entiende referida tanto al legislador, por cuanto a la expedición de las leyes, como a la autoridad que las aplica a un caso determinado, ya que la primera puede imprimir retroactividad, al modificar o afectar derechos adquiridos con anterioridad y la segunda, al aplicarlo, produciéndose en ambos casos el efecto prohibido por el Constituyente. Ahora bien, el derecho adquirido es aquel que ha entrado al patrimonio del individuo, a su dominio o a su haber jurídico, o bien, es aquel que implica la introducción de un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona o haber jurídico; en cambio, la expectativa de derecho es una pretensión o esperanza de que se realice una situación determinada que va a generar con posterioridad un derecho; es decir, mientras que el derecho adquirido constituye una realidad, la expectativa de derecho corresponde al futuro. En estas condiciones, se concluye que si una ley o un acto concreto de aplicación no afectan derechos adquiridos sino simples expectativas de derecho no violan la garantía de irretroactividad de las leyes prevista en el precepto constitucional citado".
De lo anterior se concluye que una ley es retroactiva cuando trata de modificar o destruir en perjuicio de una persona los derechos que adquirió bajo la vigencia de una ley anterior, toda vez que éstos ya entraron en el patrimonio o en la esfera jurídica del gobernado y no cuando se aplica a meras expectativas de derecho.
Para determinar cuándo se está ante la presencia de un derecho adquirido, o bien frente a una simple expectativa de derecho, es necesario realizar un estudio de cada caso concreto, debiendo el juzgador examinar y aquilatar los motivos de utilidad social que contribuyen a la aplicación inmediata de la ley nueva, por una parte y, por otra, el valor de los intereses particulares que aspiran a protegerse en las normas de la antigua ley. Así lo ha sostenido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis publicada en la página 1741, Tomo CII, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor literal siguiente:
"DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS DE DERECHO. Se deben entender por derechos adquiridos, las ventajas o bienes jurídicos o materiales de que es poseedor un titular del derecho, y que figuran en su patrimonio, y que no pueden ser desconocidos por el causahabiente o por el hecho de un tercero o por la ley, debiéndose entender por esperanza o expectativa de adquirir un derecho, la posibilidad jurídica de obtener una ventaja o bien, que todavía no se realiza. La doctrina aclara estas nociones con el siguiente ejemplo: La pretensión que una persona puede tener sobre los bienes de otra persona que vive aún, en virtud de un legado que le ha designado ésta, constituye una simple expectativa o esperanza, cuyo beneficio puede ser desconocido, por el autor del legado o bien por una nueva ley; por el contrario, la muerte del testador transforma esta esperanza o expectativa en un derecho adquirido que no puede desconocer una nueva ley. Por lo anterior se ve con claridad que sobre esta cuestión no se puede dar fórmula matemática, pues en realidad se trata de un problema jurídico complejo, y que en cada caso particular, el juzgador debe examinar y aquilatar los motivos de utilidad social que contribuyen a la aplicación inmediata de la ley nueva, por una parte, y por la otra, el valor de los intereses particulares que aspiran a protegerse en las normas de la antigua ley".
En el caso, el artículo tercero transitorio del Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha doce de enero de dos mil cinco, disponía:
"ARTÍCULO TERCERO. Los concesionarios que actualmente presten el servicio público de transporte urbano tendrán plazo de dos años, a partir de la entrada en vigor de este Decreto, para realizar las adecuaciones a que se refiere el artículo 37".
Por su parte, el artículo tercero transitorio que se tilda de inconstitucional, del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla; asimismo reforma el artículo tercero transitorio del Decreto por el que reforma y adiciona diversas disposiciones de la citada Ley del Transporte, publicada en el Periódico Oficial del Estado, con fecha doce de enero de dos mil cinco, el cual se encuentra publicado en ese mismo medio de difusión oficial de treinta de diciembre de dos mil cinco, establece:
"ARTÍCULO TERCERO. Los concesionarios que actualmente presten el servicio público de transporte urbano, tendrán un plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para realizar las adecuaciones a que se refiere el artículo 37".
Al respecto lo que esencialmente hace valer el recurrente, en la primera parte del agravio que se examina, es que el artículo reclamado viola la garantía de irretroactividad, porque prevé un plazo de tres meses para cumplir con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley del Transporte, cuando el artículo vigente con anterioridad establecía un plazo de dos años, los cuales, según alega, contrario a lo que sostuvo la Juez federal, constituyen en su favor un derecho adquirido.
En tales consideraciones, a continuación se procede a determinar si efectivamente, como lo argumenta el recurrente, esos dos años constituyen un derecho adquirido, o se trata de una simple expectativa de derecho, como lo sostuvo la Juez de Distrito.
En autos del juicio de amparo obra copia certificada del título de concesión expedido en favor del quejoso, ahora recurrente, el diez de octubre de dos mil dos, por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla, con una vigencia indefinida (foja 16), del cual se desprende que con anterioridad a la entrada en vigor del artículo tercero transitorio reclamado, el peticionario de garantías fue autorizado para prestar el servicio público de transporte con el vehículo y en la ruta que en él se especifican, y en el que se precisó: "... debiendo su titular sujetarse estrictamente al cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales vigentes en la materia".
Sobre la figura de la concesión administrativa, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que constituye un acto jurídico mixto por contener cláusulas o condiciones de orden contractual y otras de naturaleza regulatoria, en las primeras se materializan las ventajas económicas en favor del concesionario, que el Estado no puede variar sin concurrir la voluntad de aquél, pues de lo contrario podría afectar derechos adquiridos del concesionario; en cambio, las últimas determinan las condiciones de la concesión, y se encuentran vinculadas al marco legal que regula los términos generales de las concesiones, a los que deberán sujetarse los concesionarios y los cuales cuando se reforma la legislación relativa, se modifican igualmente los términos de las condiciones reglamentarias del título de concesión, sin que para ello sea necesario el consentimiento del gobernado, porque las condiciones regulatorias no pueden crear derechos adquiridos, por tres razones fundamentales:
La primera porque éstas se encuentran vinculadas a la legislación relativa, que simplemente codifica los términos generales de las concesiones; la segunda, porque dicha normatividad se encuentra sujeta a reformas y modificaciones, según lo exija el interés público; y la tercera porque precisamente por esa dinámica legislativa y administrativa, esos derechos no pueden ni deben entrar o conformar el patrimonio del concesionario.
Las anteriores consideraciones se contienen en la ejecutoria dictada el once de mayo de dos mil cinco, por la citada Primera Sala del Máximo Tribunal del País, al resolver el amparo en revisión número 421/2005, que en lo conducente, a continuación se transcribe:
"... la concesión, como acto jurídico administrativo mixto, contiene cláusulas de orden regulatorio y otras de naturaleza contractual. Las primeras se encuentran sujetas a las modificaciones del orden jurídico que regulan el otorgamiento de la concesión y las segundas garantizan los intereses legítimos del concesionario, por lo que las modificaciones legales no podrán establecer cargas que afecten desproporcionada o injustificadamente su esfera jurídica y patrimonio. Resulta ilustrativa la tesis aislada del Pleno de este Alto Tribunal del siguiente tenor: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XX, Agosto de 2004. Tesis: P. XXXV/2004. Página: 9. ‘CONCESIÓN DE SE
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19705-f555c3fa/transporte-para-el-estado-de-puebla-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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