AGUAS NACIONALES. EL ACUERDO CONSISTENTE EN ENTREGAR AGUA POR PARTE DEL GOBIERNO MEXICANO AL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DE LAS PRESAS INTERNACIONALES "LA AMISTAD" Y "EL FALCÓN", ASÍ COMO DE LA NACIONAL "MARTE R. GÓMEZ", PARA CERRAR LOS CICLOS 25 Y 26 Y CUBRIR EL PORCENTAJE DE AGUA QUE LE CORRESPONDE EN LOS DOS PRIMEROS AÑOS DEL CICLO 27 CONFORME AL TRATADO SOBRE DISTRIBUCIÓN DE AGUAS INTERNACIONALES ENTRE AMBOS PAÍSES, Y ELIMINAR EL DÉFICIT EXISTENTE A ESA FECHA, NO AFECTA DE MANERA DIRECTA E INMEDIATA DERECHOS DERIVADOS DE CONCESIONES OTORGADAS PARA EXPLOTAR, APROVECHAR O USAR AGUAS NACIONALES. JUICIO DE GARANTÍAS. SU PROCEDENCIA ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL ACTO RECLAMADO AFECTE DE MANERA DIRECTA E INMEDIATA EL DERECHO SUBJETIVO DE QUE SE TRATA.
AMPARO EN REVISIÓN 1082/2007. ********** Y OTRAS.
MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
SECRETARIA: GEORGINA LASO DE LA VEGA ROMERO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, en ejercicio de su facultad de atracción, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso b), párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción III, de la Ley de Amparo y 10, fracción II, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Punto Tercero, fracción XI, del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno; en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia de amparo dictada en la audiencia constitucional de un juicio de garantías en el que se advierte que el tema central consiste en analizar el cumplimiento dado por parte de las responsables a un tratado internacional que regula la distribución de agua entre México y Estados Unidos de Norteamérica.
SEGUNDO. Caducidad de la instancia. Como cuestión previa, debe señalarse que en el caso no opera la caducidad de la instancia que prevé el artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que el presente asunto se listó para verse en la sesión de este Tribunal Pleno correspondiente al día cuatro de septiembre de dos mil siete, fecha en la que determinó procedente ejercer su facultad de atracción para conocer del recurso de revisión ********** del índice del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.
Sirve de apoyo a la consideración que antecede, la tesis P. CXXXI/96 de este Tribunal Pleno que es del tenor siguiente:(1)
"CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. NO OPERA, SI YA SE LISTÓ EL ASUNTO POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL, BIEN SEA PARA RESOLVER UNA CUESTIÓN COMPETENCIAL, UNA CONSULTA A TRÁMITE DEL RECURSO, O EL FONDO DEL MISMO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido en la tesis número VI/96, el criterio de que, una vez listado el asunto en Pleno, Sala o Tribunal Colegiado, no procederá la caducidad de la instancia, independientemente de que en el proyecto listado se hubiese examinado y resuelto sobre un aspecto de fondo, o bien, respecto de una cuestión competencial, ya que el artículo 74, fracción V, último párrafo, de la Ley de Amparo, dispone en forma categórica y sin distinción alguna, que listado el asunto para audiencia no procederá la caducidad de la instancia; criterio que debe hacerse extensivo a aquellos casos en que el asunto fue listado para examinar y resolver sobre el trámite que debía seguirse en los recursos de revisión interpuestos, toda vez que donde existe la misma razón debe aplicarse la misma disposición, es decir, si el precepto legal mencionado no hace distinción alguna al establecer que listado el asunto para audiencia no procede la caducidad, debe considerarse que tal disposición es independiente del motivo por el cual se listó el asunto, esto es, para resolver una cuestión competencial, una consulta a trámite del recurso, o bien el fondo del mismo."
TERCERO. Legitimación. El licenciado Juan Luis Rodríguez Salinas se encuentra legitimado para interponer el presente recurso, toda vez que por acuerdo de trece de abril de dos mil cinco, la Juez de Distrito le reconoció el carácter de autorizado de las asociaciones quejosas, en términos amplios del artículo 27 de la Ley de Amparo.
CUARTO. Oportunidad. El recurso de revisión se interpuso dentro del plazo de diez días hábiles que para tal efecto prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, ya que la sentencia recurrida le fue notificada a la parte quejosa el veintitrés de agosto de dos mil seis, por lo que el aludido plazo transcurrió del veinticinco de agosto al siete de septiembre del año en cita, descontándose los días veintiséis y veintisiete de agosto así como dos y tres de septiembre de dos mil seis por haber sido inhábiles, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, si la parte quejosa interpuso su escrito de revisión el siete de septiembre de dos mil seis, es evidente que lo hizo oportunamente.
QUINTO. Sobreseimiento no impugnado. Debe quedar firme el sobreseimiento decretado en la sentencia recurrida por inexistencia de los actos atribuidos al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al secretario de Gobernación y al director general de la Comisión Nacional del Agua, al no haberse impugnado por la parte a la que pudo perjudicar.
SEXTO. Improcedencia del juicio de garantías. Los agravios esgrimidos por la parte quejosa son esencialmente fundados pero insuficientes para revocar la sentencia recurrida.
Es verdad como lo sostiene la parte quejosa, que su interés jurídico para acudir al amparo no se sustenta en la existencia de un derecho real sobre bienes nacionales, sino en el derecho subjetivo que tiene para aprovechar, explotar o usar determinado volumen de las aguas nacionales superficiales por virtud de la concesión que al efecto le otorgó el Estado, conforme a las reglas y condiciones previstas en la normativa aplicable.
Sin embargo, debe tenerse presente que atendiendo al principio de instancia de parte agraviada, que deriva de lo dispuesto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o. de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de garantías está condicionada a que el acto reclamado afecte de manera directa e inmediata el derecho subjetivo de que se trata, lo que en el presente caso no acontece, por las razones que a continuación se exponen:
Las asociaciones quejosas señalaron como actos reclamados, esencialmente, los siguientes:
• La propuesta de dieciséis de marzo de dos mil cinco, formulada por el gobierno mexicano para entregar a los Estados Unidos de América 510 mm3 de agua que llegue a la corriente del Río Bravo, así como de la almacenada en la presa internacional "**********", en exceso de la tercera parte que le corresponde conforme a lo previsto en el artículo 4o. del Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América.
• La entrega, asignación, contabilización o puesta a disposición de los Estados Unidos de América del agua que llegue al Río Bravo y/o de las almacenadas en las presas internacionales "**********" y "**********" o de las que unilateralmente determinen las responsables, provenientes tanto de afluentes aforados como de los no aforados en exceso del porcentaje que le corresponde conforme a lo dispuesto en el artículo 4o. del precitado Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales, con motivo de los acuerdos alcanzados por las autoridades responsables, sin aprobación del Senado.
• Cualquier otro acto jurídico derivado de los actos reclamados.
Como antecedentes del acto reclamado, la parte quejosa narró, esencialmente, los siguientes:
• En franca violación a lo dispuesto por el artículo 4o. del Tratado sobre Distribución de Aguas entre México y Estados Unidos "las autoridades responsables han venido realizando una serie de actos a través de los cuales han entregado y/o puesto a disposición y/o contabilizado agua del Río Bravo que corresponde a usuarios mexicanos, a los Estados Unidos de América, en detrimento de los usuarios mexicanos".
• Después de múltiples gestiones realizadas con motivo de la actitud omisiva de las responsables de dar publicidad oportuna a los actos de administración y manejo de las aguas del Río Bravo, el gobernador del Estado de Tamaulipas les entregó "copia del documento elaborado por la Comisión Nacional del Agua, fechado el día 16 de marzo del año en curso, denominado la Cuenca del Río Bravo, en el que se contiene una exposición de los antecedentes y los supuestos acuerdos alcanzados con el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de los cuales se pretende entregar a los Estados Unidos de América agua que se encuentra almacenada en las presas internacionales ********** y **********, presas que incluyen agua proveniente de escurrimientos de afluentes no aforados en exceso de las proporciones que a dicho país corresponden conforme al artículo 4o., inciso B, subincisos c) y d), del Tratado sobre Distribución de Aguas entre México y Estados Unidos, renunciando a los plazos que establece el Tratado sobre Distribución de Aguas a favor de nuestro país, lo que constituye un prepago que no genera beneficio alguno de los gobernados, pues se impide que durante el plazo con que se cuenta se obtengan mayores volúmenes de agua que cobran el agua a que tiene derecho el vecino país del norte".
• En la consulta que se realizó a la página "web" de la Sección Americana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos, se advirtió que el diecinueve de marzo de dos mil seis, "a espaldas del Senado de la República" se entregaron y/o asignaron y/o contabilizaron a favor de los Estados Unidos de América aproximadamente 330 mm3 agua almacenada en la presa "**********" con lo que se estima que las responsables han ejecutado los acuerdos reclamados.
• La asignación y entrega a Estados Unidos de América de agua del Río Bravo proveniente de escurrimientos de afluentes no aforados, en exceso a la proporción que le corresponde "que de tracto sucesivo han venido realizando las responsables, ha provocado una carencia de agua para las quejosas y para los agricultores usuarios de agua asociadas en las mismas, quienes han tenido que modificar su planeación de cultivo para sembrar lo que con la poca agua que les es asignada pueden cosechar, impidiéndoles obtener la riqueza de la tierra que tendrían conforme a sus títulos de concesión, e igualmente han resentido también el detrimento del valor de sus propiedades agrícolas al no poder programar con la debida anticipación sus cultivos".
• Lo mismo acontecerá "con la entrega a los Estados Unidos de América de agua contenida en ‘las presas que México considere más convenientes’, misma que en lugar de entregarse en la cantidad de 510 mm3, como pretende la responsable, debe dársele el tratamiento que el artículo 4o. del Tratado sobre Distribución de Aguas entre México y Estados Unidos establece, esto es, entregando a los Estados Unidos de América sólo el volumen de agua que le corresponda como el tercio de los afluentes aforados, como ya se encuentra previamente contemplado por la propia Comisión Nacional del Agua y no adicionando los volúmenes de agua mediante los cuáles pretende pagarse ilegalmente una supuesta deuda de agua a los Estados Unidos de América, pues de la consulta a la información que publica en internet la CILA, sólo podría haberse entregado (sin utilizar el plazo legal para ello) a los Estados Unidos de América agua que corresponde a la proveniente de afluentes no aforados, la cual está excluida en el Tratado sobre Distribución de Aguas de manera expresa".
En sus conceptos de violación, las asociaciones quejosas aducen, esencialmente, que con la entrega o asignación de aguas mexicanas que se ha venido realizando y que se pretende seguir realizando a Estados Unidos de América para cubrir adeudos de ciclos anteriores, ha provocado una grave carencia del vital líquido, vulnerándose así su derecho a explotar, usar o aprovechar las aguas nacionales superficiales, al dotarles de una cantidad menor a la que tienen derecho en los términos de las concesiones respectivas, en franco perjuicio de los agricultores del Estado de Tamaulipas.
De los antecedentes narrados por las asociaciones quejosas en su demanda de garantías y de sus conceptos de violación, se advierte que la afectación a su esfera jurídica se hace consistir en que se les ha dotado de un volumen de agua considerablemente menor al que tienen derecho a explotar y aprovechar en perjuicio de los agricultores usuarios, lo que a su decir, se sustenta en dos actos fundamentales, a saber:
1. La asignación o entrega a Estados Unidos de América de agua del Río Bravo proveniente de afluentes no aforados que de tracto sucesivo han venido realizado las responsables para cubrir adeudos de agua de tributarios aforados generados en ciclos anteriores, no obstante que conforme al artículo 4o. del Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales entre México y Estados Unidos, dichos adeudos sólo se pueden cubrir con agua derivada de los propios afluentes aforados.
2. La inminente entrega o asignación a Estados Unidos de América de agua almacenada en las presas internacionales y en cualquier otra que México estime conveniente en términos de la propuesta reclamada.
Establecido lo anterior, se estima conveniente precisar que del análisis de las constancias de autos se advierte que ni la parte quejosa ni las autoridades responsables exhibieron el documento oficial que contiene la propuesta de entrega de agua a los Estados Unidos de América que se impugna a través del presente juicio de amparo, ya que las quejosas únicamente exhibieron copia simple de dos documentos de trabajo elaborados, presumiblemente, por la Comisión Nacional del Agua para presentar ante el Senado de la República la situación que prevalece en la cuenca del Río Bravo y la propuesta para entregar a los Estados Unidos de América un volumen estimado de 510 mm3 de aguas mexicanas almacenadas en las presas internacionales.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que aun cuando al rendir su informe justificado todas las autoridades responsables negaron la existencia de los actos reclamados, lo cierto es que al pretender desvirtuar el único concepto de violación esgrimido por la quejosa, en términos coincidentes, señalaron que derivado de la reunión binacional que se llevó a cabo el dieciocho de febrero de dos mil cinco entre los Gobiernos de México y Estados Unidos de América "con el propósito de acordar un plan de entregas para la cobertura del déficit", el veinticinco de marzo de ese año, con fundamento en lo previsto en el numeral 2 del acta ********** de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre ambos países "se recomendó la entrega de agua a los Estados Unidos de América" para cerrar los ciclos 25 y 26 y eliminar el déficit existente a esa fecha, precisando que de acuerdo con lo dispuesto en la citada acta **********, el faltante de las aguas provenientes de los tributarios aforados que resulte en un determinado ciclo, se repondrá en el siguiente ciclo, conjuntamente "con cualquier volumen de agua que se necesite para evitar un faltante en mencionado ciclo siguiente".
Lo así manifestado por las autoridades responsables es coincidente con la información que se contiene en las documentales exhibidas por la parte quejosa, específicamente en el apartado denominado "Acuerdos Logrados entre México y E.U.A." en el que se precisa, esencialmente lo siguiente:
• En virtud de que al mes de octubre de dos mil cuatro, el volumen de las aguas mexicanas almacenadas en la presa "**********" era demasiado alto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8o. del Tratado para la Distribución de Aguas Nacionales, el gobierno mexicano gestionó la transferencia de 70 mm3 de agua a Estados Unidos de América; sin embargo, el gobierno de este país no aceptó dicho ofrecimiento.
• Posteriormente, en el mes de febrero de dos mil cinco, México ofreció un volumen adicional de 260 mm3 de aguas mexicanas almacenadas en la presa "**********", condicionando la transferencia a que los Estados Unidos reconocieran el cierre de los ciclos 25 y 26, lo cual no fue aceptado por este país.
• Como resultado de las negociaciones técnicas y diplomáticas llevadas a cabo entre ambos países, Estados Unidos de América aceptó modificar su postura si se cubría el déficit que se tenía al treinta de septiembre de dos mil cuatro que ascendía a 886 mm3, con lo que México quedaría "al corriente" al cerrarse definitivamente los ciclos 25 y 26 y cubrir el porcentaje de agua correspondiente a los dos primeros años del ciclo 27. Así, se acordó cubrir el volumen de 886 mm3 de agua, conforme a lo siguiente:
• 510 mm3 de las presas internacionales "**********" y "**********", de los cuales 330 mm3 ya se entregaron, por lo que, para completar el volumen acordado en el mes de septiembre se realizaría una transferencia adicional de 180 mm3 "de las presas que México considere más conveniente".
• 185 mm3 proveniente de los excedentes de la presa Marte R. Gómez.
• 191 mm3 relativo al volumen perdido por la conducción del agua a las presas internacionales, reconocido por los Estados Unidos de América.
De lo antes expuesto, es dable concluir que en el mes de marzo de dos mil cinco se acordó entregar -en el transcurso de ese año- a Estados Unidos de América un volumen de 886 mm3 de aguas mexicanas almacenadas en las presas internacionales y en la presa nacional ********** para "cerrar" los ciclos 25 y 26 y cubrir el porcentaje de agua que le corresponde en los dos primeros años del ciclo 27 conforme al Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales entre ambos países.
Sin embargo, el acuerdo antes referido no afecta de manera directa e inmediata el derecho de las quejosas que deriva de la concesión que les fue otorgada por el Estado para explotar, aprovechar o usar las aguas nacionales, ya que la entrega de aguas mexicanas a Estados Unidos de América conforme a lo acordado por ambos países no implica, necesariamente, que se dote a las quejosas de un volumen de agua considerablemente inferior al autorizado en sus respectivas concesiones, de modo tal que le sea imposible atender las necesidades de los agricultores usuarios.
Lo anterior se corrobora al tomar en cuenta que al rendir su informe justificado, el director general de la Comisión Nacional del Agua exhibió copia certificada del oficio BOO196 de dieciséis de marzo de dos mil cinco, en el que informa al Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas que por lo que se refiere al ciclo agrícola 2005-2006, se encuentra garantizado el abastecimiento de agua para las poblaciones de *Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, por lo que el volumen de agua concesionado a las Asociaciones del Distrito de Riego 025, Bajo Río Bravo y Unidades IV y V del Distrito de Riego 026, Bajo Río San Juan, se entregará conforme a los títulos concesión respectivos, precisando que en caso de ser necesario, el citado volumen "podrá completarse con volúmenes almacenados en las diferentes presas que forman parte de la cuenca del Río Bravo, conforme a lo acordado en esa fecha con los gobernadores de las entidades federativas de la citada cuenca".
No es óbice a la conclusión que antecede, lo manifestado por las quejosas en el sentido de que por virtud de las entregas de agua a Estados Unidos de América provenientes de afluentes no aforados que de tracto sucesivo México ha venido realizando para cubrir adeudos de ciclos anteriores, se les ha dotado de un volumen de agua considerablemente menor al que tienen autorizado en sus concesiones en perjuicio de los usuarios, toda vez que la entrega de agua a que aluden las quejosas, no encuentra sustento en el acuerdo reclamado sino, en todo caso, en las actas ********** y ********** emitidas por la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos, tal como lo sostuvo este Tribunal Pleno al resolver el recurso de revisión ********** derivado de diverso juicio de amparo promovido por las aquí quejosas en el que se analizó el mismo planteamiento, cuya ejecutoria se tiene a la vista y se invoca como hecho notorio conforme lo autoriza la jurisprudencia 2a./J. 103/2007 de la Segunda Sala, cuyo criterio comparte este Tribunal Pleno, que a la letra se lee:(2)
"HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.-Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista."
Aunado a lo anterior, debe tenerse presente que la parte quejosa no demostró que por virtud de la entrega de agua proveniente de afluentes no aforados que México ha venido realizando para cubrir a los Estados Unidos de América los adeudos generados en los ciclos anteriores (25 y 26) se haya propiciado una escasez de agua en la cuenca del Río Bravo y que por ese motivo se le haya dotado de un volumen de agua considerablemente menor al autorizado en sus concesiones en perjuicio de los agricultores usuarios.
En esa tesitura, es dable concluir que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo en relación con lo dispuesto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o. del citado ordenamiento legal, toda vez que el acuerdo adoptado por México y Estados Unidos de América en el mes de marzo de dos mil cinco, materia de impugnación en el presente juicio de garantías, no trasciende de manera directa e inmediata a la esfera jurídica de las asociaciones quejosas y, por ende, aunque por razones diversas a las expresadas por la Juez de Distrito lo procedente es, en la materia de la revisión, confirmar el sobreseimiento decretado en la sentencia recurrida.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma la sentencia sujeta a revisión.
SEGUNDO.-Se sobresee en el juicio de garantías a que este toca se refiere.
Notifíquese; con testimonio de la presente resolución devuélvanse los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de siete votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Luna Ramos con salvedades, Aguilar Morales con salvedades, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Ortiz Mayagoitia y presidente Silva Meza votaron a favor de dicha propuesta. Los señores Ministros Cossío Díaz, Franco González Salas y Zaldívar Lelo de Larrea votaron en contra.
Los señores Ministros Cossío Díaz y Zaldívar Lelo de Larrea reservaron su derecho a formular sendos votos particulares. El señor Ministro Franco González Salas manifestó sumarse al voto particular del señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea.
Los señores Ministros Aguirre Anguiano, Luna Ramos, Aguilar Morales, Valls Hernández y Sánchez Cordero de García Villegas reservaron el suyo para formular voto concurrente.
En términos de lo previsto en el artículo 13, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en ese supuesto normativo.
_______________
1. Consultable en la página 124 del Tomo IV, octubre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época.
2. Consultable en la página 285 del Tomo XXV, junio de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22786-567e0114/aguas-nacionales-el-acuerdo-consistente-en-entregar-agua · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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