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Modo: Corpus Pro

GARANTÍAS INDIVIDUALES. EL DESARROLLO DE SUS LÍMITES Y LA REGULACIÓN DE SUS POSIBLES CONFLICTOS POR PARTE DEL LEGISLADOR DEBE RESPETAR LOS PRINCIPIOS DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD JURÍDICA. SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS. EL ARTÍCULO 226, SEGUNDA CATEGORÍA, FRACCIÓN 45, DE LA LEY DEL INSTITUTO RELATIVO, QUE PREVÉ LA CAUSA LEGAL DE RETIRO POR INUTILIDAD BASADA EN LA SEROPOSITIVIDAD A LOS ANTICUERPOS CONTRA EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH), VIOLA EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 307/2007. · Registro digital (IUS): 20915
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 2008, , Pág. 805.

AMPARO EN REVISIÓN 307/2007.

MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.

SECRETARIO: MANUEL GONZÁLEZ DÍAZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; 10, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto tercero, fracción II, del Acuerdo General Plenario 5/2001, de fecha veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que se interpone contra una sentencia pronunciada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo, en el que se planteó la inconstitucionalidad de varios preceptos de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, vigente a partir de dos mil tres, y el problema de constitucionalidad subsiste en el recurso.

SEGUNDO. Resulta innecesario analizar la temporalidad del recurso de revisión materia del presente fallo, interpuesto por el quejoso, toda vez que el Tribunal Colegiado que conoció del recurso en primer término realizó el cómputo respectivo y estableció que se interpuso oportunamente; igual declaración realizó respecto del recurso de revisión adhesiva del director general de ingenieros de la Procuraduría General de Justicia Militar dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional.

TERCERO. De la revisión de la ejecutoria dictada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito se advierte que levantó el sobreseimiento decretado con respecto a los artículos 24, fracción IV y 226, segunda categoría, fracción 45, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día nueve de julio de dos mil tres.

Asimismo, se advierte que el Tribunal Colegiado dejó sin efecto el sobreseimiento en relación con el oficio SGB-II-29684 de veintisiete de agosto de dos mil cuatro, emitido por el director general de Justicia Militar, y el Acuerdo 104340, de veinte de diciembre de dos mil cuatro, mediante el cual el secretario de la Defensa Nacional determinó que el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro se colocaba al quejoso en situación de retiro.

CUARTO. Debido a que el Juez a quo dejó de analizar los conceptos de violación relativos al tema de inconstitucionalidad planteado por el quejoso, por haber sobreseído en el juicio, con fundamento en el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, este Tribunal Pleno procederá al estudio de las inconformidades omitidas por el juzgador, en lo relativo a los artículos 24, fracción IV y 226, segunda categoría, numeral 45, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de julio de dos mil tres.

En el primer concepto de violación, el quejoso aduce que dichos preceptos son violatorios de las garantías de igualdad, de no discriminación, de protección de la salud y de audiencia que tutelan los artículos 1o., párrafos primero y tercero; 4o., párrafo tercero; así como 14, párrafo segundo, constitucionales.

Tocante al artículo 24, fracción IV, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, señala que viola la garantía de audiencia por no especificar lo que significan las expresiones "inutilización" y "quedar inutilizado" que se emplean en dicho precepto, como supuesto de procedencia del retiro, y por no hacer referencia a un estado de salud cierto y determinado que pudiera impedir en cada caso concreto a los agentes militares prestar sus servicios en el Ejército, pues señala que únicamente remite a las tablas de enfermedades del artículo 226 de dicho ordenamiento legal.

Aduce que aquel numeral viola la garantía de audiencia, y que sería menester que la ley definiera expresamente en qué casos y bajo qué condiciones debe considerarse que un militar queda inutilizado para seguir prestando sus servicios a las Fuerzas Armadas.

Enfatiza que la inconstitucionalidad que plantea debe ser analizada conjuntamente con la del artículo 226, segunda categoría, fracción 45, el cual establece como causa de retiro de las Fuerzas Armadas Mexicanas, el que los militares posean seropositividad a los anticuerpos contra los virus de la inmunodeficiencia humana, que esté confirmada con pruebas suplementarias; señala también que en la disposición legal combatida no se hace referencia a un estado de salud cierto y determinado que realmente impida a los militares en cada caso concreto seguir prestando sus servicios en las Fuerzas Armadas, sino que conforme a dicho precepto, basta la sola seropositividad al VIH.

De esos razonamientos, el quejoso aduce que debe concluirse que el artículo 226, segunda categoría, fracción 45, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, establece un trato diferenciado y carente de toda razonabilidad entre los militares seropositivos al VIH y los que no tienen tal condición de salud, ya que pasa por alto la evidencia empírica y científica que acredita que entre el momento en que se produce la infección por VIH y el momento en que se manifiesta sintomatología de SIDA puede transcurrir un gran número de años.

Concluye el quejoso que los preceptos legales impugnados en este primer concepto de violación son inconstitucionales, ya que vulneran lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 1o. de la Carta Magna, al tiempo que resultan violatorios del derecho a la protección de la salud, puesto que la seropositividad al virus de la inmunodeficiencia humana por sí misma no es una razón válida para distinguir entre los militares infectados y los que no lo están, sino que necesariamente tienen que tomarse en cuenta las condiciones de salud específicas y concretas en cada caso, y manifiesta que tal aspecto es ignorado por la legislación que se reclama como inconstitucional.

En el segundo de los conceptos de violación, el impetrante de garantías básicamente plantea que los artículos 24, fracción IV, y 226, segunda categoría, fracción 45, de la ley impugnada le fueron aplicados por primera ocasión en el oficio número SGB-II-29684, de veintisiete de agosto de dos mil cuatro, en el que se declaró la procedencia definitiva de retiro por inutilidad en actos fuera del servicio.

A ese respecto, sostiene que son violatorios de las garantías individuales de igualdad y no discriminación establecidas en el artículo 1o., párrafos primero y tercero; del derecho a la protección de la salud tutelado por el párrafo tercero del artículo 4o.; de la garantía de audiencia establecida en el párrafo segundo del artículo 14; de la garantía de legalidad establecida en el artículo 16, y del artículo 123, apartado B), fracción IX y 133; todos ellos de la Constitución Federal.

Señala que el hecho de que en el artículo 24, fracción IV, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas no se especifique de manera pormenorizada en qué consiste la "inutilización" como supuesto de procedencia del retiro, aunado a que no se hace referencia a un estado de salud cierto y determinado que impida en cada caso concreto a los militares seguir prestando sus servicios en el Ejército, lo cual al concatenarse con la inconstitucionalidad del diverso precepto 226, permite concluir que se vulnera el párrafo tercero del artículo 1o. constitucional, así como el derecho a la protección de la salud.

Reitera la postura relativa a que la seropositividad al virus de la inmunodeficiencia humana, por sí misma, no es una razón válida para distinguir entre los militares infectados y los que no lo están, pues a su juicio necesariamente tienen que tomarse en cuenta las condiciones de salud específicas y concretas de cada caso; y señala que esa posición del trato discriminatorio prohibido por la Carta Magna se corrobora con el contenido de diversos tratados internacionales.

En los restantes conceptos de violación, controvierte diversos oficios en los que se aplicaron las aludidas disposiciones legales, que estima violatorios de garantías, tanto por vicios propios como por ser producto de la aplicación de normas que considera inconstitucionales.

QUINTO. Son infundados en una parte y fundados en otra, los conceptos de violación propuestos por el quejoso, en atención a las siguientes consideraciones:

El primero de los preceptos en cuestión se refiere básicamente a la causa de retiro del servicio militar consistente en la inutilización por actos fuera de servicio, tal como se aprecia de la transcripción de su parte relativa:

"Artículo 24. Son causas de retiro:

"...

"IV. Quedar inutilizado en actos fuera del servicio."

Sobre ese numeral, el concepto de violación planteado por el quejoso es infundado, ya que únicamente establece de forma limitativa las causas de retiro con motivo de las cuales el Estado puede ejercer la facultad de ordenar la separación de los militares del servicio activo, sin prever el procedimiento administrativo a seguir para proceder a la separación; sin embargo, este precepto se debe interpretar de manera sistemática con el resto del sistema normativo del cual forma parte.

Con el propósito de realizar un análisis preciso de la cuestión debatida, debe tenerse presente que en la narración de hechos expuesta por el quejoso, expresa que por situarse en una de las causales de retiro previstas en el artículo que se analiza, se le siguió un procedimiento de retiro por causa forzosa, el cual se encuentra regulado en los artículos 186 al 188 y 193 de la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.

Las indicadas disposiciones regulan cada una de las etapas procesales que deben seguirse en este tipo de procedimientos de retiro, así como las autoridades que están facultadas para intervenir en las mismas, como se aprecia de su lectura:

"Artículo 186. En los casos de retiro forzoso, las dependencias encargadas del manejo del personal militar en las Secretarías de la Defensa Nacional o de Marina, informarán a la que corresponda tramitar el retiro, los casos en que se estime comprobada una causa de retiro proporcionando la documentación comprobatoria. Cuando no se proceda de oficio, los interesados podrán solicitar su retiro en la forma antes establecida para el retiro voluntario.

"Los militares que se encuentren gozando de licencia ilimitada, formularán su pliego de solicitud de retiro ante la secretaría que corresponda y acompañarán la documentación comprobatoria de sus derechos."

"Artículo 187. Al recibirse las solicitudes o informes especificados en el artículo anterior, las secretarías respectivas ordenarán el cómputo de servicios del interesado, la obtención de las pruebas necesarias para acreditar las causas de retiro y la formulación del extracto de antecedentes."

"Artículo 188. Con apoyo en las pruebas reunidas, la secretaría de que se trate declarará la procedencia del retiro, por estimar comprobada la personalidad militar del interesado, encontrarse en el activo y estar demostrada una o varias causas de retiro. De lo contrario, declarará la improcedencia del retiro fundándola y motivándola debidamente.

"Estas declaraciones se notificarán al militar, dándosele a conocer, en su caso, el cómputo de sus servicios y el grado con el que serán retirados, para que dentro de un plazo de quince días hábiles manifiesten su conformidad o formulen su inconformidad expresando objeciones, las cuales sólo podrán referirse a la procedencia o improcedencia del retiro, a la jerarquía militar con que debe ser retirado el interesado y al cómputo de sus servicios.

"Si lo estimare pertinente, en el mismo escrito de inconformidad ofrecerá pruebas, las cuales se recibirán en un plazo de quince días siguientes a la terminación del plazo anterior."

"Artículo 193. En los casos en que los militares y los familiares de éstos hubieran formulado objeciones a las declaraciones pronunciadas por la secretaría que corresponda, o a los cómputos de servicios, dicha secretaría formulará dentro de los 45 días hábiles siguientes, su declaración definitiva en la cual resolverá las objeciones aceptándolas o rechazándolas, y haciendo pormenorizada valorización de las pruebas y cuestiones alegadas. También será notificada a los interesados esta declaración.

"Si los militares o los familiares manifestaron su conformidad a las declaraciones provisionales o dejaren transcurrir el primer plazo señalado en el artículo 188 de esta ley -lo que se considerará como una aceptación tácita-, se tendrá como definitiva dicha declaración."

De la lectura de los preceptos legales antes transcritos se advierte que la ley contempla un procedimiento administrativo para determinar si existe o no una causal de retiro de un militar, misma que, en principio, reviste el carácter de provisional y que puede ser impugnada por el militar afectado al manifestar su inconformidad, con el correlativo derecho de ofrecer pruebas.

En efecto, el artículo 188 antes mencionado establece que cuando la Secretaría de la Defensa Nacional o la de Marina, según se trate, declaren fundada y motivadamente la procedencia o la improcedencia del retiro, deberán notificar al militar, dándole a conocer, en su caso, el cómputo de sus servicios y el grado con el que será retirado, para que dentro del plazo de quince días manifieste su conformidad o formule su inconformidad, expresando objeciones.

Debe precisarse que ese precepto legal establece que es menester conceder al militar el derecho para que en el mismo escrito de inconformidad ofrezca pruebas, las cuales se recibirán en un plazo de quince días siguientes a la terminación del plazo anterior.

Ciertamente, la ley prevé que la secretaría correspondiente emitirá la declaración definitiva, en la cual tiene el deber de resolver las objeciones formuladas por el militar, aceptándolas o negándolas, y valorando las pruebas y cuestiones alegadas.

Por tanto, es dable establecer que el artículo 24, fracción IV, no viola la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Carta Magna, al ser claro que el mencionado derecho subjetivo público está contemplado en diversos artículos de la ley que se correlacionan con éste, al contemplar el derecho del militar a ser notificado del acto administrativo preliminar, así como la facultad de objetarlo y de ofrecer pruebas, y de que se resuelva en definitiva la cuestión planteada. Así, en términos de ley, el gobernado siempre estará en aptitud de demostrar diversos supuestos que modifiquen la resolución preliminar, como pueden ser, por ejemplo, que no está inutilizado, o bien, que su inutilización fue en actos de servicio y no en actos fuera de servicio, entre otros; respetándose con ello las formalidades esenciales del procedimiento para no dejar al gobernado en estado de indefensión.

Sirve de apoyo a lo aquí especificado la siguiente jurisprudencia de este Tribunal Pleno:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: II, diciembre de 1995

"Tesis: P./J. 47/95

"Página: 133

"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga ‘se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento’. Éstas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado."

Es importante mencionar que ha sido criterio reiterado de este Alto Tribunal que la autoridad legislativa está obligada a consignar en sus leyes los procedimientos necesarios para que se oiga a los interesados y se les dé oportunidad de defensa en aquellos casos en que resulten afectados sus derechos. Tal obligación constitucional se circunscribe a señalar el procedimiento aludido; pero no debe ampliarse el criterio hasta el extremo de que los órganos legislativos estén obligados a oír a los posibles afectados por una ley antes de que ésta se expida, ya que resulta imposible saber de antemano cuáles son todas aquellas personas que en concreto serán afectadas por la ley y, por otra parte, el proceso de formación de las leyes corresponde exclusivamente a órganos públicos.

El criterio anterior está reflejado en la siguiente jurisprudencia del Tribunal Pleno:

"Séptima Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Informes

"Informe 1982, Parte 1

"Tesis: 1

"Página: 333

"Genealogía: Apéndice 1917-1985, Primera Parte, Pleno, tesis 9, página 29.

"Apéndice 1917-1988, Primera Parte, Pleno, tesis 19, página 41.

"AUDIENCIA, GARANTÍA DE. OBLIGACIONES DEL PODER LEGISLATIVO FRENTE A LOS PARTICULARES. La Suprema Corte ha resuelto que la garantía de audiencia debe constituir un derecho de los particulares, no sólo frente a las autoridades administrativas y judiciales, sino también frente a la autoridad legislativa, que queda obligada a consignar en sus leyes los procedimientos necesarios para que se oiga a los interesados y se les dé oportunidad de defensa en aquellos casos en que resulten afectados sus derechos. Tal obligación constitucional se circunscribe a señalar el procedimiento aludido; pero no debe ampliarse el criterio hasta el extremo de que los órganos legislativos estén obligados a oír a los posibles afectados por una ley antes de que ésta se expida, ya que resulta imposible saber de antemano cuáles son todas aquellas personas que en concreto serán afectadas por la ley y, por otra parte, el proceso de formación de las leyes corresponde exclusivamente a órganos públicos."

En otro orden de ideas, en los conceptos de violación materia de examen, agrega el quejoso que el precepto en estudio no especifica de manera pormenorizada qué debe entenderse por quedar "inutilizado", que además no hace referencia a un estado de salud determinado que impida a los militares seguir prestando sus servicios en el Ejército, pues simplemente la ley remite a las tablas contenidas en la propia Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, que por sí mismas admiten un diverso grado de afectación a la salud, por lo que sería menester que la ley definiera expresamente en qué casos y bajo qué condiciones debe considerarse que un militar queda inutilizado para seguir prestando sus servicios en las Fuerzas Armadas.

Según se advierte, los argumentos del quejoso tienden a combatir el artículo en cita por considerar que se vulnera la garantía de legalidad y, por ende, el principio de seguridad jurídica, esto último al afirmar que no se especifica de manera pormenorizada qué debe entenderse por quedar "inutilizado".

Tales argumentos son infundados, por lo siguiente. El principio de seguridad jurídica está encaminado a que el ciudadano pueda predecir con cierto grado de certeza en qué consiste la consecuencia jurídica que le puede atribuir a una conducta o actividad determinada.

En este aspecto, el principio de seguridad jurídica previsto en el artículo 16 constitucional se refiere a la certeza que debe tener el gobernado de que su persona, papeles, familia y posesiones o derechos sean respetados por la autoridad y que si ésta debe afectarlos, deberá ajustarse a los procedimientos previamente establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes secundarias.

Así, la seguridad jurídica debe partir de un principio de certeza en cuanto a que las disposiciones constitucionales y legales definan la forma como deben actuar las autoridades del Estado y también en que la aplicación del orden jurídico de los gobernados sea eficaz.

La Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sostenido el criterio de que la garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no debe entenderse en el sentido de que la ley ha de señalar de manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, sino que debe contener los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades.

Ese criterio se comparte por este Tribunal Pleno y se encuentra plasmado en la tesis 2a. LXXV/2002, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, correspondiente al mes de julio de dos mil dos, página 449, que es del tenor siguiente:

"GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA, QUÉ SE ENTIENDE POR. La garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no debe entenderse en el sentido de que la ley ha de señalar de manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, sino que debe contener los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades, lo que fácilmente explica que existen trámites o relaciones que por su simplicidad, sencillez o irrelevancia, no requieren de que la ley pormenorice un procedimiento detallado para ejercitar el derecho correlativo. Lo anterior corrobora la ociosidad de que en todos los supuestos la ley deba detallar en extremo un procedimiento, cuando éste se encuentra definido de manera sencilla y suficiente para evidenciar la forma en que debe hacerse valer el derecho por el particular y las facultades y obligaciones que le corresponden a la autoridad."

Ahora bien, para determinar si el dispositivo impugnado cumple con el elemento de legalidad y seguridad jurídica, que consiste en que se señalen los factores o las características por las cuales debe considerarse que un militar ha quedado "inutilizado" para el servicio activo, es preciso formular las siguientes consideraciones:

Este Alto Tribunal ha determinado que si bien la claridad de las leyes constituye un imperativo para evitar su ambigüedad, confusión o contradicción, lo cierto es que ningún precepto de la Constitución exige que el legislador defina los vocablos o las locuciones que utilizan las leyes, por lo que la inconstitucionalidad de una norma de carácter general no puede derivar de la deficiencia en la definición o la irregularidad en su redacción.

Sirven de apoyo a esta consideración las tesis de jurisprudencia de las Salas que integran a este Alto Tribunal:

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXII, agosto de 2005

"Tesis: 2a./J. 92/2005

"Página: 310

"LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO DEPENDE DE LOS VICIOS EN LA REDACCIÓN E IMPRECISIÓN DE TÉRMINOS EN QUE EL LEGISLADOR ORDINARIO PUEDA INCURRIR. Si bien la claridad de las leyes constituye un imperativo para evitar su ambigüedad, confusión o contradicción, ningún artículo constitucional exige que el legislador defina los vocablos o locuciones utilizados en aquéllas, pues tal exigencia tornaría imposible su función, en vista de que implicaría una labor interminable y nada práctica, provocando que no se cumpliera oportunamente con la finalidad de regular y armonizar las relaciones humanas. Por tanto, es incorrecto pretender que una ley sea inconstitucional por no definir un vocablo o por irregularidad en su redacción, pues la contravención a la Carta Magna se basa en aspectos objetivos que generalmente son los principios consagrados en ella, ya sea prohibiendo una determinada acción de la autoridad en contra de los particulares gobernados u ordenando la forma en que deben conducirse en su función de gobierno. Además, de los artículos 14, 94, párrafo séptimo y 72, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte el reconocimiento, por parte de nuestro sistema jurídico, de la necesidad de que existan métodos de interpretación jurídica que, con motivo de las imprecisiones y oscuridades que puedan afectar a las disposiciones legales, establezcan su sentido y alcance, pero no condiciona su validez al hecho de que sean claras en su redacción y en los términos que emplean."

"Novena Época

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XX, octubre de 2004

"Tesis: 1a./J. 83/2004

"Página: 170

"LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO PUEDE DERIVAR EXCLUSIVAMENTE DE LA FALTA DE DEFINICIÓN DE LOS VOCABLOS O LOCUCIONES UTILIZADOS POR EL LEGISLADOR. Es cierto que la claridad de las leyes constituye uno de los imperativos apremiantes y necesarios para evitar o disminuir su vaguedad, ambigüedad, confusión y contradicción; sin embargo, de un análisis integral de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se llega a la conclusión de que ninguno de los artículos que la componen establece, como requisito para el legislador ordinario, el que en cada uno de los ordenamientos secundarios -considerando también a los de la materia penal- defina los vocablos o locuciones ahí utilizados. Lo anterior es así, porque las leyes no son diccionarios y la exigencia de un requisito así, tornaría imposible la función legislativa, pues la redacción de las leyes en general se traduciría en una labor interminable y nada práctica, teniendo como consecuencia que no se cumpliera, de manera oportuna, con la finalidad que se persigue con dicha función. De ahí, que resulte incorrecto y, por tanto, inoperante, el argumento que afirme que una norma se aparta del texto de la Ley Fundamental, porque no defina los vocablos o locuciones utilizados, pues la contravención a ésta se debe basar en aspectos objetivos que generalmente son los principios consagrados en ella, ya sea prohibiendo una determinada acción de la autoridad en contra de los particulares gobernados y ordenando la forma en que deben conducirse en su función de gobierno. Además, del análisis de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo séptimo y 72, inciso f), de la Carta Magna, se advierte el reconocimiento, por parte de nuestro sistema jurídico, de la necesidad de que existan métodos de interpretación jurídica que, con motivo de las imprecisiones y oscuridades que puedan afectar a las disposiciones legales, establezcan su sentido y alcance, pero no condiciona su validez al hecho de que sean claras en los términos que emplean."

Si bien es cierto que de la lectura aislada del precepto no se advierte definición alguna de lo que debe entenderse por "quedar inutilizado", es criterio jurisprudencial que la falta de definición de los vocablos o locuciones empleados en la ley, por sí misma, no genera la inconstitucionalidad de ésta. Además, este Alto Tribunal advierte que la palabra "inutilizado" no es ambigua, confusa o contradictoria, pues si se acude al diccionario, se advierte que la palabra "inútil" tiene un sentido castrense:

Inútil: (Del lat. Inutilis).

1. adj. No útil. Apl. a pers., u.t.c.s.

2. adj. Dicho de una persona: Que no puede trabajar o moverse por impedimento físico. U.t.c.s.

3. adj. Dicho de una persona: Que no es apta para el servicio militar. U.t.c.s.(1)

Por lo que el adjetivo "inútil" tiene un sentido específico en materia militar, que no genera inseguridad jurídica para los quejosos, a pesar de que la definición no está contenida en la propia ley.

Por otro lado, una interpretación sistemática de la norma impugnada permitirá determinar si existe algún o algunos otros artículos dentro de la misma ley que establezcan parámetros que diluciden la causa o condición por la cual debe considerarse que un militar ha quedado inhabilitado en términos del artículo 22.

Del análisis del texto íntegro de la ley controvertida se advierte que el artículo 226 establece en su primera parte lo siguiente:

"Artículo 226. Para la determinación de las categorías y grados de accidentes o enfermedades que den origen a retiro por inutilidad se aplicarán las siguientes tablas: ..."

El mencionado artículo contiene las tablas que establecen una serie de padecimientos que son divididos en tres categorías, además de una lista de padecimientos que sólo ameritan cambio de arma o servicio; por tanto, el artículo tildado de inconstitucional debe interpretarse en el sentido de que todo aquel militar que padezca alguna enfermedad de las que se listan en las tablas, deberá retirarse del servicio activo.

La categorización de los padecimientos sirve como parámetro para determinar, en ciertos casos, las prestaciones a las que tendrá derecho el militar que contraiga alguna de las enfermedades contempladas en las referidas tablas. Por ejemplo, el artículo 33, fracción III, de la ley, señala como uno de los supuestos para tener derecho al haber de retiro íntegro, el quedar inutilizado en actos de servicio o que sean consecuencia de éstos, pero con la condición de que tal inutilización se clasifique dentro de la "primera categoría", conforme a las tablas contenidas en la propia ley.

En el caso concreto, el quejoso sostiene que la ley no define expresamente cuáles son los diversos grados de afectación a la salud que permitan concluir en qué casos y bajo qué condiciones debe considerarse que un militar queda inutilizado para seguir prestando sus servicios a las Fuerzas Armadas; sin embargo, de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20915-668bc773/garantias-individuales-el-desarrollo-de-sus-limites-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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