RENTA. EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE PREVÉ LOS REQUISITOS PARA DEDUCIR LOS GASTOS EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS MARÍTIMOS, AÉREOS Y TERRESTRES, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.
AMPARO EN REVISIÓN 143/2007. MARÍA OFELIA RAMOS GONZÁLEZ.
MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.
SECRETARIO: ÓSCAR F. HERNÁNDEZ BAUTISTA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y conforme a lo previsto en el artículo 37 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y en los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado el veintinueve de junio de dos mil uno en el Diario Oficial de la Federación, en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada en la audiencia constitucional de un juicio de garantías, en el que se cuestionó la constitucionalidad del artículo 31, fracción III, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente para 2005, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
SEGUNDO. En los agravios hechos valer por la parte recurrente, en síntesis, se señala lo siguiente:
1. Argumenta que el Juez de Distrito realizó un análisis superficial respecto de la constitucionalidad de la norma reclamada y omitió el estudio de la verdadera litis planteada, en términos de lo expresado en los conceptos de violación.
Sobre el particular, apunta que en la demanda de amparo se planteó la inconstitucionalidad de la fracción III del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, bajo el argumento de que dicha norma establece una distinción legislativa que carece de sustento y, en consecuencia, transgrede el principio constitucional de igualdad -y, por ende, el de equidad tributaria-, así como su derecho fundamental de libertad genérica de acción.
En ese tenor, manifiesta que en los conceptos de violación adujo que al carecer de razones objetivas, se vulnera el principio de proporcionalidad en sentido lato, bajo el cual es ilícita la intervención legislativa a un derecho fundamental que no se compensa con un beneficio equivalente en el fin legislativo que la impulsa.
Al respecto, aclara que el principio de proporcionalidad a que alude no se identifica con la garantía de proporcionalidad tributaria, que equivocadamente analizó el juzgador de amparo, pues mientras este último es atinente a la capacidad contributiva, el primero de los nombrados se compone de diversos criterios o subprincipios (que el disconforme cita como idoneidad, necesidad y proporcionalidad), los cuales dan pautas metodológicas para calificar si el legislador perjudica el goce de un derecho fundamental en una medida indispensable para satisfacer un fin legítimo.
De esa forma, anota que el principio de proporcionalidad y las exigencias de sus subprincipios expresan un conjunto de condiciones de racionalidad que toda medida estatal debe cumplir y, por tanto, también tienen un nexo con el contenido de la deliberación política, convirtiéndose entonces en un límite constitucional a la actuación del legislador, el cual está obligado a respetar e impone la necesidad de realizar un examen sobre la relación entre un determinado interés público u otro principio -aun constitucional- que incidiría en un derecho fundamental y la efectividad de este último.
En ese orden de ideas, señala que no obstante que en su demanda desarrolló argumentos tendentes a evidenciar que la norma reclamada afecta en una proporción innecesaria sus derechos fundamentales, el Juez de Distrito indebidamente se limitó a analizar si el fin que persigue la norma es legítimo, sin adentrarse al estudio de la verdadera litis, a saber, si la afectación a los derechos fundamentales está justificada. En ese sentido, agrega que no se formula en la sentencia alguna consideración sobre los parámetros constitucionales de idoneidad, necesidad o ponderación de los actos reclamados y su relación en este caso con los derechos fundamentales de la quejosa.
Agrega que la norma reclamada viola los principios de igualdad y libertad genérica de acción, de modo excesivo y perjudicial a la máxima eficacia normativa de dichas garantías.
2. En un segundo agravio, señala la disconforme que es insuficiente que el legislador persiga un fin legítimo para que se considere lícita su intervención a los derechos fundamentales, pues sólo puede afectarlos en una medida estrictamente indispensable.
Agrega que la libertad de configuración legislativa no debe usarse caprichosamente, sino atendiendo a no intervenir un derecho fundamental más de lo indispensable para satisfacer un fin legítimo.
En esa medida, manifiesta que para considerar que la intervención a un derecho fundamental se considere lícita debe atender los criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. A propósito de lo anterior, precisa que el principio de proporcionalidad es la herramienta metodológica que permite establecer en qué medida es lícito afectar un derecho constitucional; y, agrega, los criterios tradicionales de interpretación constitucional son insuficientes para establecer si la intervención legislativa en un derecho fundamental es constitucionalmente lícita, pues cuando mucho operarán para establecer las conductas que imponen respectivamente las disposiciones fundamentales en juego, pero no para establecer en un caso concreto de acuerdo con las circunstancias que presente cuál de las normas jurídicas -ambas supremas- debe prevalecer y por qué motivo debe ser así.
En relación con los criterios o subprincipios que invoca, señala lo siguiente:
a) Idoneidad: la medida legislativa debe conducir naturalmente a lograr el fin que se propone, aquélla debe estar con éste en una relación de causalidad; de lo contrario, la afectación al derecho fundamental carecerá de razón.
b) Necesidad: la medida legislativa debe ser indispensable para lograr el fin legislativo, ya sea porque no existe otra que sirva para obtenerlo o por ser la que produce menor afectación en los derechos fundamentales y en un nivel final de análisis.
c) Proporcionalidad en sentido estricto: las ventajas que deriven para el fin legislativo deben ser al menos equivalentes a los perjuicios que se producen en el derecho fundamental intervenido.
Sobre el mismo tema señala que el principio de proporcionalidad tiene fundamento en la Constitución General de la República en la garantía de motivación material establecida en el artículo 16, conforme al cual se debe determinar si existe alguna razón objetiva y material que justifique la intervención estatal. Así, una medida que intervenga en los derechos fundamentales carecerá de motivo si reprueba los criterios del principio de proporcionalidad y, por tanto, violará la garantía de motivación material establecida en el primer párrafo del artículo 16 constitucional, relacionada con el mandato de optimización previsto en el artículo 1o. de la misma Ley Fundamental.
3. Por otra parte, señala que el artículo reclamado es violatorio del principio constitucional de igualdad y de otros derechos fundamentales, a propósito de lo cual señala que el principio de proporcionalidad sirve para examinar la constitucionalidad de la intervención legislativa en cualquier derecho fundamental como la libertad de acción de la quejosa.
En otro aspecto, aduce que la libertad genérica de acción consiste en la posibilidad constitucional de cualquier persona a realizar algún acto, en tanto no esté prohibido por el derecho.
Este principio se basa en una interpretación teleológica de las disposiciones de la Ley Fundamental que pretende establecer un régimen liberal, en el cual la acción particular sólo pueda restringirse por el Estado racionalmente y sin arbitrariedad.
En el caso de la norma reclamada, apunta que al regular el procedimiento para la deducción del consumo de combustible se ha prohibido la de aquellos que no hubieren sido solventados por los medios autorizados; de modo que se ordena que dichos consumos se paguen a través de esos medios, lo cual considera afecta la libertad de la quejosa para elegir la forma a través de la cual pagará, al imponerle normativamente la necesidad de hacerlo a través de los medios autorizados, impidiéndole la posibilidad jurídica de que los deduzca en caso contrario.
4. Por otra parte, señala que en el juicio de amparo no se cuestionó la legitimidad de las contribuciones, su mera proporcionalidad tributaria o los fines supuestamente buscados por el precepto reclamado, aspectos que abordó el juzgador en el considerando quinto de la sentencia sujeta a revisión. Luego, estima que confundió el principio constitucional de proporcionalidad lato sensu, con la simple garantía de proporcionalidad tributaria; razón por la cual únicamente examinó si las finalidades perseguidas por el artículo que se combate son lícitas, sin adentrarse a calificar si también lo es la medida en que afecta los derechos fundamentales.
5. En similar sentido, señala que el precepto que se tilda de inconstitucional afecta los derechos fundamentales de la quejosa en una medida que no es idónea, necesaria o proporcionada para satisfacer los fines que persigue, a propósito de lo cual agrega que con independencia de tales fines, citados por el a quo en la sentencia materia de la revisión, la litis debe centrarse única y exclusivamente en la idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto de la norma reclamada.
Sobre el particular manifiesta que el precepto reclamado no establece una medida idónea para controlar que los contribuyentes deduzcan gastos no relacionados con sus actividades, pues aunque se trata de una finalidad legítima, la prohibición para deducir gastos de combustible no solventados a través de los medios autorizados, no evita la deducción de consumos de combustible que finalmente no son usados para la realización de las actividades económicas de los contribuyentes.
Tampoco constituye una medida idónea para agilizar las actividades de comprobación de las autoridades fiscales y simplificar la carga administrativa de los contribuyentes; por el contrario, estima que las entorpecen y dificultan.
De igual manera, considera que no se trata de una medida idónea para fortalecer los controles volumétricos de las gasolineras, pues si los expendedores de combustible ya cuentan con elementos de verificación que permiten comprobar si venden exactamente el mismo volumen de combustible que compran oficialmente a Petróleos Mexicanos, no puede verse en qué ayuda que los consumidores paguen su combustible con los medios autorizados.
Considera además que no es idónea ni necesaria la medida en análisis para actualizar las disposiciones fiscales a nuevos esquemas e instrumentos financieros, pues antes de la emisión del artículo cuya constitucionalidad se cuestiona, de ningún modo se perjudicaba la utilización de los medios autorizados.
Por otra parte, manifiesta que el precepto reclamado tampoco establece una medida idónea para dar seguridad jurídica a los contribuyentes, pues dicha disposición no cambia en nada la realidad de la seguridad jurídica. Agrega que si la intención fuera evitar la alteración de comprobantes fiscales, no se explica por qué la deducción prohibida sólo es aplicable al consumo de combustibles y no a otros gastos, cuando puede alterarse el comprobante fiscal de cualquier erogación.
Aduce que tampoco se trata de una opción idónea, por ser más seguro realizar el pago a través de los medios autorizados que realizar el pago en efectivo, pues ello es insuficiente para justificar que la deducción prohibida sea sólo aplicable a consumos de combustible, toda vez que los contribuyentes pagan con efectivo otros gastos, como papelería, viáticos, entre otros, de manera que existe el mismo riesgo de ser asaltado o perder el dinero.
Por otra parte, señala que la medida que establece la norma reclamada no es indispensable ni proporcionada para beneficiar la recaudación tributaria, por ser prescindible para ese fin y, por ende, reprueba el examen de proporcionalidad en sentido lato, ya que existe otra alternativa que reportaría al Estado mayores ingresos y no afectaría el principio constitucional de igualdad y la garantía de equidad tributaria, discriminando los consumos de combustible al dificultar su deducción, como podría ser aplicar la deducción prohibida a todas las erogaciones de los contribuyentes y no sólo a la adquisición de combustible.
6. En otro aspecto, señala el recurrente que el artículo reclamado es ilegítimo, dado que afecta de manera desproporcionada los derechos fundamentales, en la medida que la distinción legislativa respecto de los consumos de combustible no tiene bases objetivas.
Sobre este punto, señala que los contribuyentes pueden deducir cualquier gasto igual o menor a dos mil pesos, sin importar la forma en que lo solventen; empero, conforme a la norma reclamada, los consumos de combustible, a fin de que sean deducibles, deberán pagarse a través de los medios autorizados, sin que tal distinción tenga bases objetivas o se encuentre justificada, dado que no es idónea, necesaria y/o proporcionada para lograr los fines legislativos a cuya realización supuestamente tiende.
En otro orden de ideas, argumenta que el precepto cuya constitucionalidad se cuestiona impone una restricción desproporcionada y, por tanto, materialmente inmotivada, a la libertad de acción de la quejosa.
Al respecto, aduce que el indicado numeral prohíbe deducir y acreditar fiscalmente consumos de combustibles iguales o menores a dos mil pesos no pagados por los medios autorizados; y, consecuentemente, lo constriñe a pagar dichos consumos a través de los medios autorizados, so pena de que no serán deducibles.
7. Señala que la inconstitucionalidad de la norma reclamada no implica, como incorrectamente lo señaló el Juez de Distrito en la sentencia sujeta a revisión, eliminar los requisitos formales para la deducción legal de gastos de los contribuyentes, pues persiste la posibilidad real de fiscalizar la actividad de éstos, toda vez que se mantendrían los requisitos necesarios en los comprobantes fiscales para la deducción de las erogaciones autorizadas, aplicables a todo el universo de casos posibles de gastos -incluyendo los relativos a consumo de combustible-.
8. Por último, señala que el principio de proporcionalidad busca sujetar la actividad legislativa al estricto cumplimiento del orden constitucional.
TERCERO. Por razón de método, se ordenarán los argumentos expresados en los agravios hechos valer por el disconforme, con el propósito de fijar correctamente la materia del presente recurso de revisión.
En ese sentido, como se advierte de los agravios sintetizados en los apartados 1, 2, 4, 5, 6 y 8 del considerando que antecede, en esencia, aduce el recurrente que el Juez de Distrito en la sentencia que se revisa se apartó de la litis planteada.
Así lo considera pues, según manifiesta, el juzgador se limitó a examinar la constitucionalidad del artículo 31, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del primero de enero de dos mil cinco, a la luz del principio de proporcionalidad tributaria; así como a determinar si los fines perseguidos por el legislador a través de la medida implantada en la norma reclamada son legítimos.
En ese sentido, agrega que se confundió el principio de proporcionalidad tributaria -al cual, a decir del recurrente, se limitó el análisis en la sentencia de amparo- con el principio de proporcionalidad en sentido lato, cuando en realidad, conforme a lo externado en los conceptos de violación, la inconstitucionalidad de la norma se hizo depender de la afectación al último de los principios nombrados.
Así, señala que la violación al indicado principio de proporcionalidad se origina en virtud de que el precepto reclamado establece una distinción legislativa que carece de sustento y, en consecuencia, transgrede los principios de igualdad, equidad tributaria, así como el derecho fundamental de libertad genérica de acción.
Lo anterior lo estima así, pues la intervención legislativa a los derechos fundamentales en cita no satisface los criterios o subprincipios que, conforme al principio que enuncia, está obligado a observar el legislador, a saber: la idoneidad, necesidad y proporcionalidad, los cuales dan pautas metodológicas para calificar si el perjuicio a un derecho fundamental es una medida indispensable para satisfacer un fin legítimo.
Por tanto, concluye que la litis se debió centrar en el examen de la idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto de la norma reclamada, sin que el juzgador se haya ocupado de tal aspecto.
Sobre este mismo punto, en otra parte de sus argumentos, expresa las razones por las cuales considera que los fines perseguidos por el legislador a través del artículo 31, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no satisfacen el parámetro o subprincipio de idoneidad y, por ende, los diversos de necesidad y proporcionalidad, dado que no se sustentan en bases objetivas.
Los argumentos sintetizados en los párrafos que anteceden resultan infundados.
En primer término, resulta infundada la afirmación en el sentido de que el Juez de Distrito, al analizar la constitucionalidad del artículo 31, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta a la luz del principio de proporcionalidad tributaria, varió la litis planteada en el juicio de garantías.
Así se resuelve toda vez que, tal como se advierte del contenido del primer concepto de violación, concretamente lo señalado en la foja 34 del expediente de amparo, el solicitante de garantías adujo que los consumos de combustible inciden en la capacidad contributiva, razón por la cual cuestionó la limitación que la norma reclamada establece para que proceda su deducción.
Con base en el anterior argumento, es posible concluir que el Juez de Distrito sí estaba obligado a examinar si la medida que se reclama afecta la capacidad contributiva y, consecuentemente, el principio de proporcionalidad tributaria.
Luego, puede afirmarse que fue correcto el proceder del juzgador al señalar, en el considerando quinto de la sentencia sujeta a revisión, que el análisis de la constitucionalidad del artículo reclamado se abordaría, entre otros aspectos, a partir del principio de proporcionalidad tributaria.
Por tanto, se concluye que, en el aspecto en análisis, la sentencia combatida se ajustó al principio de congruencia externa que consagran los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77 de la Ley de Amparo, conforme al cual las sentencias de amparo deben dictarse en concordancia con lo planteado en la demanda de garantías.
En otro orden, de igual forma deviene infundado el argumento del disconforme, en el cual aduce que el Juez de Distrito debió examinar la constitucionalidad del artículo 31, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a partir de la violación al principio que el propio recurrente denomina de "proporcionalidad en sentido lato".
Al respecto, no se soslaya que, tal como lo aduce el recurrente, en los conceptos de violación identificados con los apartados I.B., I.C. y II.A. de la demanda de amparo, la parte quejosa efectivamente adujo la violación al principio en cita, básicamente bajo los argumentos que reitera, en parte, en los agravios externados en el presente recurso de revisión, sin que el Juez de Distrito haya formulado un pronunciamiento al respecto.
En las relatadas condiciones, se impone determinar, desde luego, si efectivamente el juzgador de amparo estaba obligado a emitir un pronunciamiento sobre el particular, para lo cual es menester precisar si en tales argumentos se adujo la violación a una garantía constitucional que debió ser abordada.
En ese sentido, es necesario establecer que la parte quejosa aduce la inconstitucionalidad de la norma reclamada en virtud de que, según argumenta, viola el principio que denomina de "proporcionalidad en sentido lato", en la medida que la afectación a sus garantías constitucionales no satisface los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
De esa manera se debe fijar, ante todo, si el principio que aduce violado el recurrente efectivamente se identifica con alguna de las garantías consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por ende, puede defenderse a través del juicio de amparo.
Al respecto debe apuntarse que, conforme a los argumentos planteados por el solicitante de garantías, tanto en los conceptos de violación como en los agravios hechos valer en el presente recurso de revisión, el principio que invoca se identifica con ciertos criterios metodológicos, aplicados principalmente por los tribunales constitucionales europeos, para resolver determinados asuntos que, en apariencia, involucran un conflicto entre dos intereses constitucionales, de manera que el fallo debe resolver cuál de dichos intereses debe primar sobre el otro.
De esa forma, al emitir una resolución aplicando el principio de proporcionalidad se tiende a formular un test de razonabilidad, con el propósito de determinar si una medida legal, que ocasiona afectación a un derecho fundamental, es proporcionada y se encuentra justificada.
Expresado en otros términos, a través del citado método de solución de aparentes conflictos de intereses constitucionales, se busca establecer si es válido que un principio constitucional deba ceder en función de otro interés de la misma naturaleza, con el cual aparentemente se encuentra en conflicto.
Al aplicar este método para la solución de controversias, tribunales constitucionales europeos como el español han sostenido que "... La solución al problema que plantea la colisión o encuentro entre derechos y libertades fundamentales consistirá en otorgar preferencia de su respeto a uno de ellos, justamente aquel que lo merezca ..." (sentencia 320/1994).
De lo hasta aquí expuesto es factible concluir que el principio que considera violado la solicitante del amparo no constituye propiamente una garantía o derecho fundamental que consagre la Norma Fundamental, sino más bien un método a través del cual puede resolverse la supuesta violación a un principio o derecho que sí está consagrado en la Constitución, cuando tal violación se origine en virtud de lo dispuesto en otra norma. Bajo esa óptica, en términos del indicado sistema metodológico puede resolverse un conflicto entre dos diversas normas constitucionales; al aplicar el indicado principio el órgano de control constitucional, bajo determinados parámetros de razonabilidad, debe determinar cuál de los principios constitucionales debe prevalecer, en otras palabras, si la restricción o afectación a una norma constitucional está justificada.
Recapitulando, el principio de proporcionalidad a que alude la disconforme no se identifica con las garantías consagradas en la Constitución General de la República; en efecto, únicamente constituye un método bajo el cual, si el órgano de control constitucional lo estima pertinente, puede emprender el análisis de un asunto sometido a su consideración.
Así, retomando el estudio del caso concreto, debe resolverse que los argumentos de la quejosa son ineficaces para revocar el fallo combatido, habida cuenta que, en realidad, en ellos no se plantea la transgresión a una norma constitucional que necesariamente debía examinar el Juez de Distrito.
En efecto, la pretensión real de la disconforme se traduce en obligar al juzgador de amparo a analizar la constitucionalidad del precepto reclamado aplicando las pautas metodológicas que el propio solicitante de garantías desea imponer, lo cual es jurídicamente inaceptable.
En relación con lo anterior, debe señalarse que la obligación a cargo del juzgador al dictar sentencia en los juicios de garantías sometidos a su consideración, en términos de lo previsto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se circunscribe a dictar fallos congruentes, tanto en relación con las consideraciones expresadas y los puntos resolutivos, como con la litis planteada, de tal suerte que para el caso en que sea procedente examinar la constitucionalidad de los actos reclamados, el imperativo legal en cita se cumple al verificar, al tenor de las garantías constitucionales que se estiman violadas, si aquéllos son contrarios a lo dispuesto en la Norma Fundamental.
En suma, en términos de lo establecido en el indicado precepto, los Jueces de amparo están obligados a dictar sentencias congruentes con la litis planteada; sin embargo, ello en forma alguna obliga al juzgador a resolver el problema de constitucionalidad planteado utilizando métodos o parámetros que fije el peticionario de garantías, pues en este aspecto el Juez goza de las más amplias atribuciones para analizar el problema jurídico sometido a su consideración conforme a las pautas que estime pertinentes, con base en las normas constitucionales y legales aplicables, la jurisprudencia, los principios generales de derecho, la doctrina e, incluso, aplicando herramientas que proporciona la lógica, o aquellas directrices de técnica jurídica derivadas de la experiencia de los tribunales.
Luego entonces, debe concluirse que en el caso, el juzgador no estaba obligado a aplicar el método de solución propuesto por la parte quejosa pues, para emitir un fallo congruente, bastaba con que se ocupara del análisis de la violación de las garantías constitucionales que estimaron violadas, esto es, los principios de igualdad, equidad y el derecho fundamental de libertad de acción, aspectos que quedaron contestados en términos de lo expresado en el considerando quinto del fallo que se revisa.
A mayor abundamiento, debe señalarse que, en todo caso, la aplicación del citado principio debe realizarse a partir de que se ha identificado una limitación o afectación a una garantía constitucional.
En efecto, la aplicación del indicado método para la solución de conflictos constitucionales requiere que, previamente, se demuestre con toda nitidez que un principio constitucional afecta o restringe el desenvolvimiento de otro de la misma naturaleza.
Lo anterior se considera así, pues sólo en el caso en que esté demostrado que efectivamente un derecho fundamental es afectado, se torna necesario emprender un análisis que permita determinar si la medida de que se trate está justificada y, por ende, si cumple con los criterios de proporcionalidad y racionalidad a los que alude el recurrente.
Sostener lo contrario, esto es, estimar que el indicado principio se puede aplicar indiscriminadamente para la solución de conflictos, aun cuando no se haya identificado previamente un límite o restricción a lo consagrado en una norma constitucional, podría implicar un examen ocioso pues, al margen de lo que se decidiera en relación con la justificación de determinada medida, si no se demuestra que afecta un principio constitucional, ningún fin práctico tendría la determinación relativa a la proporcionalidad.
Bajo las anteriores premisas, se concluye que en el presente caso existe una razón adicional para concluir que no era aplicable el sistema metodológico que invoca el recurrente, habida cuenta que, en relación con los principios de equidad, igualdad y libertad de acción, el Juez de Distrito determinó que no resultan afectados en virtud de lo dispuesto por el artículo 31, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por lo cual era innecesario examinar si la norma es racional bajo los parámetros de proporcionalidad y los subprincipios que indica el recurrente.
Conforme a lo antes expuesto, debe concluirse que los argumentos en análisis, a través de los cuales el recurrente pretende imponer al tribunal de amparo que realice el examen de la constitucionalidad de la norma reclamada con base en la técnica que al efecto propone, resultan infundados para revocar el fallo que se combate.
CUARTO. En otro aspecto, en los agravios identificados en el considerando segundo de esta resolución con los numerales 1 (en la parte conducente), 3, 6 (en la parte conducente) y 7, la parte recurrente aduce que es incorrecta la conclusión a la que arribó el Juez de Distrito, en virtud de que, contrariamente a lo resuelto, las normas reclamadas sí son violatorias de los principios de igualdad, equidad y libertad genérica de acción.
Los indicados conceptos de violación resultan inoperantes, en una parte, e infundados, en otra.
En primer orden, se analizan los argumentos en los cuales el recurrente alega que el artículo 31, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta transgrede el principio de igualdad y, por ende, el de equidad tributaria, en la medida en que la distinción legislativa respecto de los consumos de combustible, para efectos de la deducción de los gastos que por tal concepto se realicen no tiene bases objetivas.
Sobre este punto se señala en el agravio que se analiza que los contribuyentes pueden deducir cualquier gasto igual o menor a dos mil pesos, sin importar la forma en que lo solventen; empero, conforme a la norma reclamada, los consumos de combustible, a fin de que sean deducibles, deberán pagarse a través de los medios autorizados, sin que tal distinción tenga bases objetivas o se encuentre justificada, dado que no es idónea, necesaria y/o proporcionada para lograr los fines legislativos a cuya realización supuestamente tiende.
Al respecto, debe señalarse que tales argumentos se limitan a reiterar lo señalado por la parte quejosa en el primero de los conceptos de violación que hizo valer en su demanda de garantías, particularmente en al apartado I.C.3 (fojas 33 a 36 del cuaderno de amparo), sin combatir las consideraciones en que se basó el juzgador para concluir que el trato diferenciado sí está justificado, motivo por el que se concluye que son inoperantes los argumentos en análisis. Apoya a la anterior conclusión la tesis 3a. III/91, d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21178-310ff5d2/renta-el-articulo-31-fraccion-iii-segundo-parrafo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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