RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. LA FACULTAD CONFERIDA AL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA DETERMINAR SU EXISTENCIA Y APLICAR SANCIONES, SÓLO PUEDE EJERCERSE POR SU PLENO O POR LA COMISIÓN QUE ÉSTE DETERMINE Y NO DELEGARSE A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES. SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. LA INFRACCIÓN A LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN SU ACTUACIÓN PUEDE DAR LUGAR A DISTINTOS TIPOS DE RESPONSABILIDAD DERIVADOS DEL TEXTO CONSTITUCIONAL.
AMPARO EN REVISIÓN 113/2007. LAURA MICHEL MIRANDA BACA.
MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.
SECRETARIO: ÓSCAR PALOMO CARRASCO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; 11, fracción V y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como de conformidad con lo previsto en el punto tercero, fracción II, en relación con el cuarto, del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado el veintinueve de junio de dos mil uno en el Diario Oficial de la Federación, en virtud de que sobre el tema consistente en la interpretación del artículo 97, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, existe precedente del Tribunal Pleno en el que fijó el criterio que debe seguirse, lo cual hace innecesaria su intervención en este asunto.
SEGUNDO. Es innecesario analizar la temporalidad del recurso de revisión, en atención a que el Tribunal Colegiado respectivo se ocupó de tal tema, resolviendo que se encuentra interpuesto en tiempo.
TERCERO. De igual forma, no se estima necesario transcribir los agravios formulados por la recurrente, toda vez que ya fueron estudiados y declarados fundados por el Tribunal Colegiado que conoció del asunto.
CUARTO. No es materia de la presente resolución la improcedencia del juicio de garantías decretada por el Tribunal Colegiado, en contra del acto reclamado a los actuarios adscritos al Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, consistente en la notificación de la resolución sancionadora de seis de octubre de dos mil cinco.
De igual forma, tomando en consideración que el Tribunal Colegiado que conoció del asunto dictó la resolución de doce de enero de dos mil siete, con apoyo en lo dispuesto por el Acuerdo General número 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, debe estimarse que las consideraciones ahí establecidas adquieren la característica de inatacables e inmutables, especialmente por cuanto que retomando lo que el Pleno de este Alto Tribunal resolvió en el amparo en revisión 991/2006, en sesión de diecinueve de octubre de dos mil seis, el referido tribunal estableció que: "De la ejecutoria antes transcrita ... se concluyó que no existía algún obstáculo que atendiendo al principio de definitividad, hiciera improcedente el amparo contra las resoluciones recaídas a los procedimientos de responsabilidad administrativa que emitieran los Jueces de Distrito o los Magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito, es decir, quedó determinado que ante la ausencia de medios de defensa para impugnar las resoluciones dictadas en los procedimientos de responsabilidad administrativa por Jueces de Distrito o Magistrados de Circuito, procede el juicio de amparo en la vía indirecta."
Al respecto, resulta aplicable la tesis P. XVII/2003, sostenida por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 18 del Tomo XVIII, correspondiente al mes de diciembre de dos mil tres, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor literal es:
"REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN LA SEGUNDA INSTANCIA, CONFORME AL ACUERDO PLENARIO 5/2001, CONSTITUYE UNA DECISIÓN INMUTABLE E INATACABLE. De conformidad con lo dispuesto en los puntos quinto, décimo, décimo primero y décimo segundo del Acuerdo General Plenario 5/2001, de 21 de junio de 2001, los recursos de revisión en amparo indirecto, competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, serán enviados por los Jueces de Distrito y, en su caso, por los Tribunales Unitarios de Circuito a los Tribunales Colegiados de Circuito para que verifiquen su procedencia y resuelvan, en su caso, sobre la caducidad, el desistimiento o la reposición del procedimiento, así como sobre la inconstitucionalidad de leyes locales o Federales respecto de las cuales exista jurisprudencia aplicable de este Alto Tribunal, y que de resultar procedente el juicio, cuando el asunto no quede comprendido en tales hipótesis, dejarán a salvo la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia y le remitirán los autos sin analizar los temas de su exclusiva competencia. En ese sentido, la resolución dictada en segunda instancia por el Tribunal Colegiado de Circuito constituye una decisión emitida por un tribunal terminal y, por tanto, adquiere características de inatacabilidad e inmutabilidad, de manera que ni siquiera el Máximo Tribunal de la República está jurídicamente facultado para modificarla."
Por cuanto al principio de definitividad que debe respetar la quejosa para la procedencia de la acción de amparo, no pasa inadvertido para esta Segunda Sala que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el veintiocho de septiembre de dos mil seis, el Acuerdo General que Reglamenta los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa y el Seguimiento de la Situación Patrimonial, publicado el tres de octubre siguiente en el Diario Oficial de la Federación, así como que ese instrumento jurídico fue adicionado y reformado por el propio consejo el quince de noviembre de dos mil seis, mediante otro acuerdo general publicado el veinticuatro de noviembre del mismo año en tal órgano informativo, a fin de instituir el recurso de revocación administrativa regulado en los artículos 150-A a 150-F, en contra de las resoluciones emitidas por Magistrados de Circuito o Jueces de Distrito en los procedimientos de responsabilidad administrativa a que se refiere el capítulo III intitulado "Del procedimiento disciplinario instaurado en contra de servidores públicos adscritos a órganos jurisdiccionales".
Sin embargo, como el medio de defensa citado está al alcance de los interesados a partir del día siguiente en que entraron en vigor dichos preceptos legales, conforme se desprende del artículo primero de las disposiciones transitorias del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se adiciona y reforma el diverso acuerdo general que reglamenta los procedimientos de responsabilidad administrativa y el seguimiento de la situación patrimonial, esto es, desde el veinticinco de noviembre de dos mil seis, debe estimarse que en la especie no es posible sujetar a la quejosa al trámite y resolución del recurso de revocación administrativa, toda vez que la resolución que constituye el acto reclamado fue emitida desde el seis de octubre de dos mil cinco.
En los mismos términos se pronunció esta Segunda Sala al resolver en sesión de veinticuatro de enero de dos mil siete, el amparo en revisión 1867/2006, promovido por Sara Mercedes Neira González, bajo la ponencia del Ministro Genaro David Góngora Pimentel.
QUINTO. Con apoyo en lo previsto en la fracción I del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede pronunciarse sobre los conceptos de violación cuyo estudio omitió el juzgador.
La parte quejosa plantea en su demanda de amparo lo siguiente:
En el primer concepto de violación:
Que tanto el procedimiento administrativo como la resolución de seis de octubre de dos mil cinco son inconstitucionales por contravenir la garantía de igualdad prevista en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al subrogarse la competencia del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
Que el Juez Federal que la sancionó no es competente para resolver un procedimiento de responsabilidad administrativa, pese a la consulta que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Consejo de la Judicatura Federal, sobre el órgano competente para conocer de las sanciones y responsabilidades de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que en dicha consulta se indica que el titular correspondiente puede conocer, mas no resolver dichos procedimientos.
Que de los artículos 97, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 131, 132, 133, 134, 135 y 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en que el Juez se apoyó para resolver el procedimiento de responsabilidad en su contra, no le otorgan facultades para instrumentar los procedimientos administrativos.
Que el Juez responsable no está actuando en su calidad de patrón, sino que se trata de una sanción administrativa impuesta por el Estado por supuestas faltas de carácter estrictamente administrativo conforme a la Constitución Federal y a Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por lo que insiste en que el competente para sancionarla debió ser directamente el Consejo de la Judicatura Federal, pues los órganos jurisdiccionales no están jerárquicamente subordinados al mencionado consejo.
En el segundo concepto de violación:
Que se transgreden en su contra los artículos 13 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en atención a que la autoridad responsable fue Juez y parte y, además, se erigió en un tribunal ex profeso para sancionarla.
Que es inconstitucional el criterio sostenido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en la sesión ordinaria de treinta de octubre de dos mil, relativo a la "Consulta que formula sobre el órgano competente para conocer de la responsabilidad de secretarios, actuarios y demás personal adscrito a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito.", pues ningún precepto legal le otorga competencia al Juez de Distrito que la sancionó, para resolver un procedimiento de responsabilidad administrativa.
Que el artículo 97, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no faculta a los Jueces para sancionar a los servidores públicos que desempeñan su labor en el órgano jurisdiccional bajo su encargo, pues si así fuera, se convertirían en tribunales especiales, además de que sus facultades jurisdiccionales se encuentran delimitadas en el Pacto Federal, por lo que en caso de que exista controversia respecto al alcance de dicho precepto, solicita se realice la interpretación correspondiente por parte de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En el tercer concepto de violación:
Que la notificación realizada por el actuario del órgano jurisdiccional responsable, adolece de las formalidades previstas en el artículo 228 del Acuerdo General 48/1998, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula su organización y funcionamiento.
Que el procedimiento administrativo está viciado de origen, porque debió seguirse conforme a las disposiciones adjetivas del Código Federal de Procedimientos Civiles, situación que no se observó, porque se instauró conforme a las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales.
En el cuarto concepto de violación:
Que la resolución sancionadora es ilegal, porque no se justipreciaron correctamente las pruebas ofrecidas, además de que contiene afirmaciones dogmáticas, como la consistente en que se le imputa ********** sin tomar en cuenta que si bien aceptó haber recibido dicha promoción, como fue constatado por la pericial en materia de grafoscopía y documentoscopía, no se valoró la afirmación del secretario encargado de la mesa de trámite correspondiente, consistente en que las promociones del expediente ********** entre las que se encontraban ********** estuvieron en la parte de arriba de su escritorio o en alguno de sus cajones durante algunos días y que él asumía toda la responsabilidad de esos hechos.
Que por cuanto a la imputación consistente en que ********** indica que es ilegal dicha afirmación, porque no se tomó en cuenta que en el dictamen pericial correspondiente se indicó que no podía establecerse fehacientemente **********.
Que por lo que se refiere a la imputación consistente en que elaboró en repetidas ocasiones un exhorto, dentro del proceso penal ********** señala que si bien existen errores en la elaboración del exhorto, éstos solamente son de índole gramatical, por lo que se magnifica la conducta que se le atribuye.
Por cuanto a la imputación consistente en que a pesar de las llamadas de atención que le fueron realizadas no se ha logrado que cumpla debidamente sus funciones, niega categóricamente tal situación, porque siempre ha cumplido cabalmente con sus obligaciones y, por su parte, el Juez de Distrito no refiere con precisión cuáles fueron las órdenes que supuestamente dejó de acatar.
Finalmente, indica que existe imprecisión en la resolución sancionadora, porque no se estableció con puntualidad cuáles fueron los expedientes que supuestamente ********** lo que denota exceso en la sanción que le fue aplicada.
SEXTO. Como lo señaló el tribunal del conocimiento, la quejosa propone en sus conceptos de violación primero y segundo la interpretación directa del artículo 97, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por cuanto estima que dicho numeral pese a que establece que: "... los Magistrados y Jueces nombrarán y removerán a los respectivos funcionarios y empleados de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito ...", tal situación no implica que los Jueces se encuentren facultados para sancionar a los servidores públicos que desempeñan su labor en el órgano jurisdiccional bajo su encargo, puesto que afirma que al atribuírsele faltas administrativas conforme a la Constitución Federal y a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, el competente para sancionarla debió ser el Consejo de la Judicatura Federal.
Para dar contestación a dicho concepto de violación, es ineludible realizar una interpretación acerca del alcance del artículo numeral 94, párrafo segundo, así como del diverso 97, párrafo cuarto, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que este último establece que: "La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes."
Sobre tales temas ya se ha pronunciado el Pleno de este Alto Tribunal, como se advertirá a lo largo de esta sentencia.
Por razón de método en la exposición y con el propósito de lograr una mejor comprensión del asunto en estudio, es conveniente determinar la naturaleza jurídica de la sanción impuesta a la parte quejosa, a fin de establecer si es de orden laboral o administrativo el procedimiento que le fue instaurado. Esta distinción es fundamental y de gran trascendencia, porque ambos procedimientos tienen diferentes causales de suspensión y de remoción, distintos procedimientos y diferentes defensas, por lo que no deben confundirse.
Para determinar lo anterior, se hará una breve reseña de los antecedentes del asunto:
1) Mediante acuerdo de doce de mayo de dos mil cinco (folio doscientos cuarenta y tres de los autos del juicio de amparo) el Juez Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, solicitó a la encargada de la Oficialía de Partes del mencionado juzgado, un informe sobre ********** que aparece en la promoción registrada con el número ********** dirigida a la causa penal ********** del índice del referido órgano jurisdiccional.
2) En proveído de la misma fecha (folio doscientos cuarenta y nueve), el referido Juez tuvo por recibido el informe de la encargada de la Oficialía de Partes del Juzgado a su cargo y, a su vez, solicitó un informe a la hoy quejosa, en su carácter de ********** y a diversa persona en su calidad de ********** respecto de la irregularidad encontrada.
3) En esa misma fecha se agregaron certificaciones elaboradas por uno de los secretarios de juzgado, en las que se hizo constar que ********** (folios doscientos cincuenta y ocho y doscientos sesenta y dos).
4) En proveído de veintisiete de mayo de dos mil cinco, el Juez responsable solicitó al delegado estatal de la Procuraduría General de la República, a fin de que designara un perito para analizar las firmas que ostentan diversas promociones registradas con los números **********, ********** y ********** del libro de promociones del juzgado a su cargo.
5) Previo desahogo por parte de la quejosa del informe que le fue solicitado y presentación del dictamen en materia de grafoscopía y documentoscopía por parte del perito correspondiente, mediante proveído de dos de agosto de dos mil cinco (folio trescientos doce del juicio de amparo) el Juez responsable con fundamento en los artículos 97, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 132 y 134 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con apoyo en el criterio sustentado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión extraordinaria de treinta de octubre de dos mil, relativo a la consulta que formuló la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, sobre el órgano competente para conocer de la responsabilidad de los secretarios, actuarios y demás personas adscritas a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, formó cuaderno administrativo de responsabilidad en contra de la hoy quejosa, indicó las irregularidades que se le imputaban, con apoyo en el artículo 134, fracción I, de la citada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, le requirió su informe acerca de los hechos atribuidos y le indicó que tenía cinco días para ofrecer pruebas y, finalmente, con apoyo en los artículos 131, fracción III, 134 y 136 de la ley en comento, así como con fundamento en el artículo 228 del Acuerdo General 48/1998, que regula la Organización y Funcionamiento del Consejo de la Judicatura Federal, decretó la suspensión temporal de la quejosa en el ejercicio de sus funciones, así como de las percepciones que recibe por su trabajo.
6) En proveído de doce de agosto de dos mil cinco (folio trescientos treinta y siete) el Juez responsable tuvo por recibido el informe de la quejosa acerca de las imputaciones que se le realizaron y, toda vez que no ofreció pruebas de su parte, se le tuvo por precluido su derecho para hacerlo.
7) Finalmente, mediante resolución de seis de octubre de dos mil cinco, el Juez Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México dictó resolución en el procedimiento administrativo a que se refieren los artículos 131 a 140 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el sentido de sancionar a la quejosa con la destitución del puesto que venía desempeñando como ********** en virtud de haberse acreditado la causa de responsabilidad prevista en la fracción III del artículo 131 de la citada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 136, segundo párrafo, de la indicada ley.
Esta resolución es la que constituye el acto reclamado en el juicio que nos ocupa.
Como se observa, el procedimiento que le fue instaurado a la quejosa fue estrictamente administrativo.
Para considerar laboral el asunto, era menester que en el procedimiento de origen se hubieran aplicado normas laborales, situación que no sucedió, sino que tanto en el procedimiento como en la resolución con que culminó, se aplicaron ordenamientos que contemplan previsiones de carácter netamente administrativo.
Además, las imputaciones realizadas a la quejosa y por las cuales se le sancionó, son igualmente de carácter estrictamente administrativas.
Establecida la naturaleza jurídica del procedimiento y de la sanción que le fue aplicada a la quejosa, conviene ahora señalar que la conducta incorrecta de los servidores públicos de los Poderes de la Unión, entre ellos el Poder Judicial de la Federación, puede dar lugar a que se les sancione administrativamente, lo cual tiene su fundamento en el título cuarto de la Constitución Federal, cuyas disposiciones, en su parte conducente, señalan:
"Título cuarto
"De las responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado.
"Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados, y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores del Instituto Federal Electoral, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones."
"Artículo 109. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones:
"I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
"....
"II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal; y
"III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.
"Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.
"Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten sustancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan."
"Artículo 111. ...
"En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor público no se requerirá declaración de procedencia."
"Artículo 113. Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109, pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.
"La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes."
De los preceptos antes reproducidos, destaca que las conductas ilícitas cometidas por un servidor público pueden dar lugar a distintos tipos de responsabilidad, que propician la instauración de distintos procedimientos, que pueden ser:
a) Política;
b) Penal;
c) Administrativa; y,
d) Civil.
De tales responsabilidades la que interesa para la resolución de este asunto es la tercera de ellas, que acorde con el artículo 109, fracción III, surge cuando la conducta de los servidores públicos "... afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones."
En el caso, la resolución administrativa señalada como acto reclamado fue emitida por un Juez de Distrito, aduciendo que para ello tiene las facultades que el artículo 97, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le confiere para disciplinar al personal a su cargo, lo que implica que el Juez Federal no actuó como tribunal propiamente dicho, sino como autoridad administrativa.
Por su parte, la quejosa afirma que el numeral en comento no otorga competencia a los titulares de los Juzgados de Distrito para sancionar a los servidores públicos que prestan sus servicios en los órganos jurisdiccionales a su cargo, ya que tal facultad está reservada al Consejo de la Judicatura Federal.
La impetrante del amparo apoya sus afirmaciones en la tesis 2a. VII/2002, sostenida por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 69 del Tomo XV, correspondiente al mes de febrero de dos mil dos, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala:
"CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. NO ES UN ÓRGANO JERÁRQUICAMENTE SUPERIOR A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES QUE INTEGRAN EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. De la interpretación integral de lo dispuesto en los artículos 94 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 68 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se desprende que el consejo en cita es un órgano administrativo del Poder Judicial de la Federación, con funciones distintas a las de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a las del Tribunal Electoral, a las de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y a las de los Juzgados de Distrito, por lo que entre aquel órgano y éstos no existe un orden jerarquizado de naturaleza jurisdiccional, toda vez que sus atribuciones están plenamente delimitadas por la mencionada Constitución Federal, al encomendar a tal consejo una actividad meramente administrativa con singulares funciones de vigilancia y sanción. Lo anterior se confirma con el contenido de la exposición de motivos de seis de abril de mil novecientos noventa y nueve, así como del dictamen de veintisiete de abril siguiente elaborado en la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y de su discusión, respecto de la reforma al citado artículo 94 de la Constitución Federal, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de once de junio del mencionado año, en el sentido de que la modificación introducida en este precepto precisa el sentido de las reformas constitucionales de 1994, en tanto hace evidente que no existen jerarquías orgánicas al interior del Poder Judicial, sino fundamentalmente una distribución de funciones."
El concepto de violación antes precisado es sustancialmente fundado.
En principio, debe tenerse presente que en el Acuerdo DIS/003, de treinta de octubre de dos mil, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó que con base en lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el recurso de revisión 3263/97, la facultad para conocer de las faltas administrativas cometidas por los secretarios, actuarios y demás personal adscrito a los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, corresponde a los titulares de dichos órganos jurisdiccionales.
Sin embargo, al resolver la solicitud de ejercicio de la facultad prevista en la fracción IX del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 1/2003, en sesión celebrada el catorce de noviembre de dos mil cinco, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el órgano competente para conocer y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de los secretarios de los Tribunales Colegiados de Circuito, es el Consejo de la Judicatura Federal, a través de la Comisión de Disciplina.
Las consideraciones que sustentan la anterior determinación son, en esencia, las siguientes:
• En principio, se establece que no es óbice para resolver el referido asunto, lo determinado por el Tribunal Pleno al resolver el amparo en revisión 3263/97, toda vez que en éste se analizó la procedencia del juicio de amparo contra actos del Consejo de la Judicatura Federal, considerando para ello únicamente lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 97 de la Constitución General de la República, en tanto que en el asunto de que se trata, se planteaba un conflicto competencial entre el propio Consejo y un Tribunal Colegiado de Circuito, a la luz de lo previsto en el citado precepto constitucional y el segundo párrafo del artículo 94 de la Constitución Federal, habida cuenta que este numeral se reformó por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de mil novecientos noventa y nueve, "lo que da margen a nuevas disquisiciones al respecto".
• Posteriormente, previo análisis del marco constitucional y legal que regula el ámbito laboral y de responsabilidad administrativa de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se realiza la interpretación histórica de lo dispuesto en los a
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21177-e9a3e5ff/responsabilidad-administrativa-de-los-servidores-publicos-de-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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