REVOCACIÓN. EL ARTÍCULO 127 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL ESTABLECER QUE DICHO RECURSO PODRÁ HACERSE VALER HASTA EL MOMENTO DE LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE REMATE EN LOS TÉRMINOS Y CON LAS EXCEPCIONES AHÍ PREVISTAS, NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE AUDIENCIA, SEGURIDAD JURÍDICA Y DE ACCESO A LA JUSTICIA.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1784/2009. **********.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.
SECRETARIA: SILVIA ELIZABETH MORALES QUEZADA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del recurso de revisión, conforme a los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83, fracción V y 84, fracción II, de la Ley de Amparo; 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación a los puntos primero, fracción I, inciso a), segundo, fracciones I y II y primero transitorio del Acuerdo 5/1999; así como con los puntos tercero, fracción II, a contrario sensu y cuarto del Acuerdo 5/2001, pues si bien se impugna la sentencia dictada por un Tribunal Colegiado en un juicio de amparo directo que analizó la constitucionalidad del artículo 127 del Código Fiscal de la Federación, es innecesaria la intervención del Pleno, al existir precedentes que orientan el sentido del asunto.
SEGUNDO. El fallo recurrido se notificó a la quejosa por lista del martes uno de septiembre de dos mil nueve, surtió sus efectos el día siguiente, por tanto, el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso transcurrió del jueves tres al lunes veintiuno del mismo mes y año, sin contar los días inhábiles.(1) Luego, el recurso es oportuno, pues se presentó el veintiuno del citado mes y año, día del vencimiento del plazo.
El tercero perjudicado, secretario de Hacienda y Crédito Público manifiesta que la admisión de la revisión principal se le notificó el lunes cinco de octubre de dos mil nueve (sin que se haya recibido en este Alto Tribunal constancia de ello). Por tanto, el cómputo del plazo de cinco días para interponer el recurso de revisión adhesiva, previsto en el artículo 83, fracción V, último párrafo, de la Ley de Amparo, inició el miércoles siete y feneció el miércoles catorce de ese mes y año, sin contar el sábado diez, el domingo once y el lunes doce (inhábiles); en consecuencia, si el recurso se presentó el martes trece de octubre de dos mil nueve, es inconcuso que fue en tiempo.
TERCERO. Los promoventes tienen legitimación para interponer el recurso, por habérselas reconocido el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito en el juicio de amparo directo DF. 248/2009, de su índice.
CUARTO. Se analiza si el presente asunto reúne los requisitos de importancia y trascendencia previstos en el artículo 107, fracción IX, de la Constitución Federal,(2) a fin de verificar la procedencia del recurso de revisión. Así, la exposición de motivos de la reforma constitucional a esta norma, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de mil novecientos noventa y nueve, permite ver que se otorgaron facultades discrecionales a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver sobre su competencia o la procedencia de las instancias que le planteen en el juicio de amparo, entre ellas, sobre el recurso de revisión interpuesto contra sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados; a fin de que este Alto Tribunal deje de conocer de asuntos en los que no deba entrar al fondo para fijar un criterio de importancia y trascendencia.
Por lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el Acuerdo General 5/1999, cuyo punto primero establece que para que se surta la procedencia del recurso de revisión en amparo directo se requiere necesariamente que se cumplan los siguientes supuestos:
1) Que la sentencia recurrida contenga un pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de una ley, tratado internacional o se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional, o que, habiéndose planteado alguna de esas cuestiones en la demanda de amparo, se omitió su estudio.
2) Que a juicio de la Sala respectiva, el tema de constitucionalidad entrañe la fijación de un criterio jurídico que sea de importancia y trascendencia; lo cual no se surte en los siguientes casos:
a) Cuando exista jurisprudencia sobre el problema de constitucionalidad hecho valer en la demanda de garantías;
b) Ante la falta de expresión de agravios;
c) Si los agravios son ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes y no procede suplir la deficiencia de la queja; y
d) En casos análogos.
Corroboran lo anterior las jurisprudencias de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 64/2001 y 2a./J. 149/2007, cuyos epígrafes respectivamente, son: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA."(3) y "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA."(4)
En virtud de lo anterior, se colige que el presente recurso sí cumple con los requisitos exigidos por el artículo 107, fracción IX, de la Constitución Federal, toda vez que:
1) En la demanda de amparo, la quejosa hizo valer conceptos de violación en los que combatió la constitucionalidad del artículo 127 del Código Fiscal de la Federación.
2) El Tribunal Colegiado se pronunció sobre tales planteamientos.
3) El recurso de revisión principal se interpuso oportunamente y por parte legitimada para ello.
4) La quejosa recurrente hace valer agravios en contra del fallo dictado por el a quo; sin que exista jurisprudencia sobre el tema, por lo que su resolución se estima importante y trascendente, siendo entonces, necesario abordar su estudio.
QUINTO. Los agravios que se invocan, en esencia, son:
1) No se analizó debidamente la inconstitucionalidad del numeral 127 del Código Fiscal de la Federación que viola el artículo 14 constitucional, pues el a quo realizó un juicio de ponderación que no se resolvió correctamente y tampoco es atinado para solucionar la cuestión planteada.
2) El a quo señaló que es preferente la recaudación sobre las garantías de los gobernados; es prioritario el cobro de una contribución, sobre el acceso a los medios de defensa del particular, además, antepuso el interés colectivo al particular.
3) Omitió considerar que quedó demostrada la violación a la garantía de audiencia del artículo 14 constitucional, cuya finalidad es que dentro de cualquier procedimiento se le otorgue al particular la posibilidad de defensa previa, lo que no se cumple en el artículo 127 del Código Fiscal Federal.
4) Dicho precepto impide una defensa adecuada y oportuna en contra de los actos del procedimiento administrativo de ejecución al no prever que antes de la publicación del remate el contribuyente sea oído en su defensa, sino hasta los diez días después de la publicación del remate (y reitera casi textualmente su tercer concepto de violación).
Ver tercer concepto de violación
5) Aduce que no se estudió la inconstitucionalidad del artículo 127 del Código Fiscal Federal, a la luz de la violación invocada al artículo 17 constitucional, pues sí existe una restricción a la impartición de justicia que impide a toda persona que vea conculcado uno de sus derechos fundamentales el acudir a un órgano jurisdiccional competente para obtener la reparación de esa violación.
6) Reitera que el precepto impugnado es inconstitucional, porque no prevé la existencia de la procedencia del juicio de nulidad a los cuarenta y cinco días siguientes en que se notifica el mandamiento de ejecución, tal como lo expuso en su extenso cuarto concepto de violación, que repite (es innecesario transcribirlo y confrontarlo con el agravio).
7) No se estudió el argumento de inconstitucionalidad del dispositivo 127 del Código Fiscal de la Federación, por contravenir el artículo 17 de la Carta Magna en relación al dispositivo 8o. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica con fecha de siete al veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve; pues las normas jurídicas deben ser concordantes con el contenido de la disposición constitucional atento a su artículo 133, que obliga a los Jueces a sujetarse a la misma, a las leyes generales y a tratados internacionales.
8) La excepción prevista en la norma impugnada, en cuanto a la limitación temporal del recurso de revocación, cuando se alegue que el procedimiento administrativo de ejecución se realizó sobre bienes inembargables o se trate de actos de imposible reparación material, no es acorde al derecho de acceso a la impartición de justicia consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal.
SEXTO. Procede ahora realizar el estudio de los agravios.
En un primer argumento se aduce que el Tribunal Colegiado desatendió los planteamientos de inconstitucionalidad que se hicieron valer en los conceptos de violación tercero y cuarto de la demanda de amparo, relacionados con la transgresión de las garantías individuales consagradas en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, que se hicieron consistir en lo siguiente:
• El artículo 127 del Código Fiscal de la Federación prevé que el recurso de revocación debe interponerse dentro de los diez días siguientes al día de publicación de la convocatoria de remate, lo que deja al arbitrio de la autoridad ejecutora fijar los momentos y plazos en los que se llevan a cabo ciertas actuaciones, de tal forma que es discrecional el establecimiento de la consecución y terminación del citado procedimiento, lo cual transgrede:
• La garantía de audiencia previa.
• Acceso a la impartición de justicia pronta, completa e imparcial.
• Seguridad y legalidad por la debida sujeción al procedimiento.
Es infundado lo así argüido, habida cuenta que de la lectura del fallo recurrido se advierte que el Tribunal Colegiado del conocimiento sí examinó y desestimó tales argumentos, al precisar textualmente lo siguiente:
"Con fundamento en el artículo 79 de la Ley de Amparo, y al encontrarse estrechamente vinculados, se analizan de manera conjunta los conceptos de violación tercero y cuarto. En el tercer concepto de violación (fojas ...), la quejosa plantea la inconstitucionalidad del artículo 127 del código tributario federal, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de junio de dos mil seis, en vigor desde el día siguiente. Al respecto, la impetrante aduce, en síntesis, que el citado precepto vulnera la garantía de previa audiencia contenida en el artículo 14 constitucional, ya que no permite una defensa adecuada y oportuna en contra de los actos del procedimiento administrativo de ejecución; pues impide al particular defenderse desde el momento en que se cometió una violación a sus derechos con la consiguiente afectación a su patrimonio, pues no se le otorga el plazo de ley para estar en condiciones de manifestar lo que conforme a derecho corresponda, si se toma en consideración que dicha disposición legal establece que las violaciones cometidas antes del remate, sólo se podrán hacer valer hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate y dentro de los diez días siguientes a la fecha de publicación de la citada convocatoria; por lo que a su parecer es claro que se vulnera la garantía de previa audiencia. En el cuarto concepto de violación (fojas ...), la peticionaria de garantías aduce, esencialmente, que el artículo 127 del Código Fiscal de la Federación también conculca la garantía de acceso a la impartición de justicia, consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal, pues prevé una serie de ‘trampas’ procesales que limitan el acceso al recurso de revocación y a la posibilidad de que el contribuyente defienda sus derechos y patrimonio. Los conceptos de violación resumidos son infundados. El precepto legal tildado de inconstitucional que, como ya se dijo, fue aplicado en la sentencia reclamada (foja ...), es del tenor siguiente: (Reformado Primer Párrafo, D.O.F. 28 de junio de 2006) ‘Artículo 127. Cuando el recurso de revocación se interponga porque el procedimiento administrativo de ejecución no se ajustó a la ley, las violaciones cometidas antes del remate, sólo podrán hacerse valer ante la autoridad recaudadora hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate, y dentro de los diez días siguientes a la fecha de publicación de la citada convocatoria, salvo que se trate de actos de ejecución sobre bienes legalmente inembargables o de actos de imposible reparación material, casos en que el plazo para interponer el recurso se computará a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del requerimiento de pago o del día hábil siguiente al de la diligencia de embargo. Si las violaciones tuvieren lugar con posterioridad a la mencionada convocatoria o se tratare de venta de bienes fuera de subasta, el recurso se hará valer contra la resolución que finque el remate o la que autorice la venta fuera de subasta.’. Como se puede observar, el artículo 127 del código tributario federal establece una excepción al plazo general de cuarenta y cinco días para la interposición del recurso de revocación en materia fiscal (previsto en el diverso numeral 121 del propio código), porque cuando se impugnen actos del procedimiento administrativo de ejecución, el plazo para interponer dicho medio de defensa será de diez días. De esta norma legal controvertida se desprenden, a su vez, dos hipótesis, relativas a la forma de realizar el cómputo del plazo excepcional de diez días: 1) Cuando se alegue que el procedimiento económico-coactivo no se ajustó a la ley, las violaciones cometidas antes del remate, sólo podrán hacerse valer ante la autoridad recaudadora hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate, y dentro de los diez días siguientes a la fecha de publicación de la citada convocatoria; y, 2) Cuando se trate de actos de ejecución sobre bienes legalmente inembargables o de actos de imposible reparación material, el plazo para interponer el recurso se computará a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del requerimiento de pago o del día hábil siguiente al de la diligencia de embargo. En este contexto, la primera hipótesis legal, es la que consideró la quejosa que resultaba violatoria en su perjuicio de las garantías individuales de petición, audiencia y acceso a la impartición de justicia, al estimar que se le impone una condición sin justificación constitucional que además de ser desproporcionada, impide al gobernado ejercer cabalmente su derecho fundamental de acceso a la justicia y a obtener en consecuencia su pretensión. Sobre el tema cuestionado debe decirse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en cuanto a la constitucionalidad del artículo 127 del Código Fiscal de la Federación, reformado a través del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de junio de dos mil seis, en vigor a partir del día siguiente, al resolver los amparos directos en revisión números 894/2008 y 1094/2008, en ejecutorias de tres y diez de septiembre de dos mil ocho, respectivamente, ambas consultables en la red jurídica nacional. Al respecto, la Primera Sala de ese Alto Tribunal señaló que el procedimiento administrativo de ejecución, es el conjunto de actos y formalidades realizados por la autoridad administrativa en materia fiscal con objeto de hacer efectivo coactivamente el cumplimiento de un crédito fiscal no pagado o no garantizado por el contribuyente omiso. Estos actos y formalidades llevados a cabo por el órgano de la administración pública encargado del procedimiento, se encuentran coordinados en razón del fin que persiguen y, por lo mismo, deben guardar un orden, una disposición, un método. Las principales etapas del procedimiento económico-coactivo, son: a) Requerimiento de pago; b) Embargo; c) Avalúo; d) Remate; y, e) Adjudicación. Todas esas fases están encaminadas a la satisfacción del cobro de contribuciones a favor del fisco federal, en el entendido de que el crédito se encuentra firme, o bien, no ha sido debidamente garantizado por el particular. Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en esencia, consideró que el artículo 127 del Código Fiscal de la Federación, no impide al gobernado acceder a la justicia de manera pronta y completa, en un término prudente, dado que una vez transcurridos los plazos previstos por el legislador para arribar a la etapa del remate, aquél estará en posibilidad de impugnar a través del recurso de revocación, si así lo estima conveniente, las violaciones previas a esa fase del procedimiento, pues además no debe pasar inadvertido que para aprobar la reforma controvertida al artículo tildado de inconstitucional, el legislador se apoyó objetivamente en la circunstancia de que si se permitiera que los contribuyentes sujetos a un procedimiento administrativo de ejecución, promovieran el recurso de revocación en contra de cualquier actuación, ello implicaría retrasar indebidamente el remate de bienes embargados en detrimento de la colectividad, pues al no poderse realizar el remate y lograr la venta de los bienes embargados, el fisco se vería impedido de realizar su función fundamental de recabar impuestos para solventar el gasto público. En ese orden de ideas, es evidente que al determinar el Constituyente Permanente (sic) que las violaciones del procedimiento previas al remate, únicamente podrían combatirse hasta que se publicara la convocatoria correspondiente, quiso anteponer el interés colectivo al interés particular, pues de permitirse la promoción del recurso de revocación en cualquier tiempo y en contra de cualquier actuación dentro del procedimiento, la sociedad se vería afectada por las argucias jurídicas de los contribuyentes, a quienes difícilmente se les podrían rematar los bienes embargados en detrimento del erario público con el que se sufragan los servicios otorgados por el Estado a la colectividad. En efecto, no es que el acceso a la justicia se encuentre restringido para el gobernado, sino que más bien, se encuentra regulado de una manera objetiva, con el propósito justamente de no beneficiar a los particulares en detrimento del interés general, de tal forma que no puede afirmarse que existe una desproporción en los plazos que la ley concede para poder interponer el recurso de revocación. En esa medida, se considera que opuestamente a lo esgrimido por la quejosa, el artículo 127 del Código Fiscal de la Federación, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de junio de dos mil seis, en vigor desde el día siguiente, no es violatorio en perjuicio de la parte quejosa de las garantías de audiencia y acceso a la impartición de justicia, lo cual lleva a desestimar por infundados los conceptos de violación tercero y cuarto. Por lo antes expuesto, no benefician a la impetrante las jurisprudencias y tesis que invoca relacionadas con la garantía de audiencia y principio de legalidad tributaria (fojas ...)."
La anterior transcripción evidencia lo infundado del agravio y denota que el a quo sí efectuó el análisis de constitucionalidad que le fue planteado, sin que pase inadvertido para esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al hacerlo lo desestimó conforme a precedentes de la Primera Sala de este Alto Tribunal, consistentes en los amparos directos en revisión números 894/2008 y 1094/2008, resueltos en sesiones de tres y diez de septiembre de dos mil ocho, respectivamente; asuntos que abordan cuestiones similares a las aquí invocadas, en cuanto a la inconstitucionalidad del artículo 127 del Código Fiscal Federal por violación a las garantías de previa audiencia, acceso a la justicia, legalidad, seguridad jurídica y sujeción al procedimiento contenidas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal.
Sin que sea obstáculo que tales precedentes no originaron tesis ni jurisprudencia, ya que lo importante es que orienten las sentencias de los tribunales y Juzgados de Distrito, y sirvan para que se apoyen en ellos, dado que no existe impedimento legal al respecto y más bien resulta conveniente hacerlo.(5)
Ahora bien, son inoperantes los restantes argumentos aducidos en materia de constitucionalidad que se invocaron en la demanda de amparo y se reiteran en los agravios, toda vez que como se destacó, la Primera Sala de este Alto Tribunal ya se pronunció al respecto y las consideraciones que sustentó, fueron las que sirvieron de apoyo al Tribunal Colegiado de mérito, para emitir en el sentido que lo hizo, el fallo aquí recurrido. Luego, se infiere que esos agravios en realidad no combaten lo resuelto por el Tribunal Colegiado en cita, sino las consideraciones que volcó de la Primera Sala del Máximo Tribunal, las cuales no pueden ser materia de análisis en este recurso de revisión.
En efecto, las ejecutorias dictadas por el Tribunal en Pleno o por las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no pueden ser materia de impugnación en instancia alguna.(6)
La determinación precedente obedece a que las consideraciones del fallo recurrido son una reproducción de las consideraciones en que se apoyó la Primera Sala de este Alto Tribunal para resolver los amparos directos en revisión, como puede corroborarse de las respectivas ejecutorias, que en la parte que interesa, dicen:
"CUARTO. Son infundados en parte e inoperantes en otra los agravios hechos valer por la quejosa. En efecto, como se puede apreciar de la lectura de los conceptos de violación hechos valer en la demanda de garantías, la parte quejosa se dolió sustancialmente de que el artículo 127 del Código Fiscal de la Federación, resultaba violatorio de las garantías de audiencia, seguridad jurídica y acceso a la impartición de justicia, ya que para poder interponer el recurso de revocación había que esperar hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate y dentro de los diez días siguientes a la fecha de publicación de tal convocatoria, dejando al arbitrio de la autoridad ejecutora determinar los momentos y plazos en los cuales se llevan a cabo determinadas actuaciones, de tal forma que quedaba a su antojo el determinar la consecución y terminación del citado procedimiento. En la sentencia recurrida, el Tribunal Colegiado del conocimiento, decidió declarar infundados tales razonamientos al considerar que en los artículos 175 y 176 del Código Fiscal de la Federación, se establecen los plazos para que se puedan efectuar los actos jurídicos previos a la publicación de la convocatoria, refiriendo que el avalúo se debe practicar en un plazo de seis días, contado a partir de que se haga el avalúo (seguramente quiso decir: a partir de la fecha en que se hubiere practicado el embargo, tal como lo previene el numeral citado en primer término), y tendrá verificativo dentro de los treinta días siguientes; es decir, que no existía una indefinición para realizar los actos que antecedían a la convocatoria del remate, ni tampoco quedaban al arbitrio de la autoridad. ... Pues bien, opuestamente a lo alegado por la parte inconforme, esta Primera Sala no encuentra objetivamente incorrecta la decisión a la que arribó el órgano colegiado del conocimiento en la sentencia recurrida, pues se considera que resolvió acertadamente al negarle la protección constitucional solicitada, al concluir que el artículo 127 del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir de la reforma de veintiocho de junio de dos mil seis, no resulta inconstitucional. Con el objeto de emprender el estudio del presente asunto, se estima necesario transcribir el precepto reclamado que fue tildado de inconstitucional, cuyo texto es el siguiente: (Reformado Primer Párrafo, D.O.F. 28 de junio de 2006) ‘Artículo 127. Cuando el recurso de revocación se interponga porque el procedimiento administrativo de ejecución no se ajustó a la ley, las violaciones cometidas antes del remate, sólo podrán hacerse valer ante la autoridad recaudadora hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate, y dentro de los diez días siguientes a la fecha de publicación de la citada convocatoria, salvo que se trate de actos de ejecución sobre bienes legalmente inembargables o de actos de imposible reparación material, casos en que el plazo para interponer el recurso se computará a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del requerimiento de pago o del día hábil siguiente al de la diligencia de embargo. Si las violaciones tuvieren lugar con posterioridad a la mencionada convocatoria o se tratare de venta de bienes fuera de subasta, el recurso se hará valer contra la resolución que finque el remate o la que autorice la venta fuera de subasta.’. Como se puede observar, dicho precepto se refiere a una excepción para la interposición del recurso de revocación en materia fiscal, cuando se trate del procedimiento administrativo de ejecución, estableciéndose que éste sólo se podrá hacer valer ante la autoridad recaudadora hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate y dentro de los diez días siguientes a la fecha de publicación de la citada convocatoria, salvo que se trate de actos de ejecución sobre bienes legalmente inembargables o de actos de imposible reparación material, casos en que el plazo para interponer el recurso se computará a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del requerimiento de pago o del día hábil siguiente al de la diligencia de embargo. Esa hipótesis legal es la que consideró la quejosa que resultaba violatoria en su perjuicio de las garantías individuales de audiencia, seguridad jurídica y acceso a la justicia, al estimar que se le impone una condición sin justificación constitucional que además de ser desproporcionada, impide al gobernado ejercer cabalmente su derecho fundamental de acceso a la justicia y a obtener en consecuencia su pretensión, toda vez que en la legislación normativa del procedimiento administrativo de ejecución (Código Fiscal de la Federación), existe un sinnúmero de casos en los cuales la legislación es omisa en determinar en que plazos deben realizarse determinadas actuaciones; es decir, que es imprecisa en fijar términos a los cuales se sujete a la autoridad para la consecución de los actos del procedimiento en cita, para llegar a la publicación de la convocatoria de remate. Pues bien, conviene precisar, en primer término, que el procedimiento administrativo de ejecución, es el conjunto de actos y formalidades que realiza la autoridad administrativa en materia fiscal con objeto de hacer efectivo coactivamente el cumplimiento de un crédito fiscal no pagado o no garantizado por el contribuyente omiso. Estos actos y formalidades que realiza el órgano de la administración pública encargada del procedimiento, se encuentran coordinados en razón del fin que persiguen y, por lo mismo, deben guardar un orden, una disposición, un método. Las principales etapas del procedimiento administrativo de ejecución son: *Requerimiento de pago. *Embargo. *Avalúo. *Remate y. *Adjudicación. Todas esas fases, están encaminadas a la satisfacción del cobro de contribuciones a favor del fiscal federal, en el entendido de que el crédito se encuentra firme, o bien, no ha sido debidamente garantizado por el particular. Ahora bien, según se puede advertir de la lectura de los agravios hechos valer, la recurrente argumenta que en los artículos 175 y 176 del Código Fiscal de la Federación, no se establecen los plazos en los que se deben efectuar los actos jurídicos previos a la publicación de la convocatoria, como son los términos y plazos en que debe iniciarse y ordenarse por parte de la autoridad recaudadora, la practica de los actos que lleven a la emisión del avalúo pericial; así como los plazos y términos entre el embargo de bienes inmuebles y la inscripción en el Registro Público de la Propiedad; entre el embargo de bienes y la orden de entrega de los bienes dejados en custodia del depositario; entre el embargo y la ampliación del embargo; entre el embargo de depósitos bancarios y la orden de girar oficio al gerente de la sucursal bancaria a la que corresponda la cuenta, a efecto de inmovilización y conservación de fondos depositados; etcétera. Al respecto, esta Primera Sala estima que si bien es cierto que el Tribunal Colegiado de Circuito no hizo un análisis específico de todos los plazos que hipotéticamente planteó la parte quejosa debían estar establecidos en la ley, ya que del texto de los artículos 175 y 176 del Código Fiscal de la Federación, no se aprecian tales supuestos; también es verídico que tal circunstancia resulta insuficiente para revocar la sentencia recurrida, puesto que como se verá a continuación, la legislación vigente y aplicable al supuesto jurídico planteado, sí contiene los plazos de cuya omisión legislativa se hace derivar la inconstitucionalidad impetrada. Cabe destacar primordialmente, que el procedimiento administrativo de ejecución encuentra su regulación dentro del título V, capítulo III, del Código Fiscal de la Federación, en los artículos 145 a 196-B, dentro de los cuales se establecen los términos a los que debe contraerse dicho procedimiento. En efecto, el artículo 154 dispone categóricamente que el embargo podrá ampliarse en cualquier momento del procedimiento administrativo de ejecución, cuando la oficina ejecutora estime que los bienes embargados son insuficientes para cubrir los créditos fiscales. En el artículo 161 se refiere que el dinero, metales preciosos, alhajas y valores mobiliarios embargados, se entregarán por el depositario a la oficina ejecutora, previo inventario, dentro de un plazo que no excederá de veinticuatro horas; y que tratándose de los demás bienes, el plazo será de cinco días contados a partir de aquel en que fue hecho el requerimiento para tal efecto. En el párrafo primero del artículo 175, se establece que la base para la negociación de los bienes inmuebles embargados será el de avalúo y para negociaciones, el avalúo pericial, de acuerdo a las reglas
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22145-7b497887/revocacion-el-articulo-127-del-codigo-fiscal-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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