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Modo: Corpus Pro

REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. PARA DESECHAR DICHO RECURSO POR NO REUNIR LOS REQUISITOS DE IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA, AL EXISTIR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, ES NECESARIO QUE EN ÉSTA SE HAYA EXAMINADO DE MODO DIRECTO Y PRECISO EL TEMA DE CONSTITUCIONALIDAD PLANTEADO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1196/2009. · Registro digital (IUS): 21895
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, , Pág. 627.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1196/2009. **********

MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.

SECRETARIO: JUVENAL CARBAJAL DÍAZ.

CONSIDERANDO

PRIMERO. La Segunda Sala es competente para conocer del recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se interpuso contra una sentencia dictada en un juicio de amparo directo en materia administrativa, una de las especialidades de dicha Sala.

SEGUNDO. El recurso de revisión principal se presentó dentro del plazo de diez días hábiles establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, toda vez que el fallo impugnado se notificó por lista a la quejosa el dos de junio de dos mil nueve (foja 165 vuelta del expediente DA. **********), actuación que surtió sus efectos el tres siguiente. De ahí que el plazo correspondiente transcurrió del cuatro al diecisiete de junio de ese año, descontando los días seis, siete, trece y catorce, por ser inhábiles en términos del artículo 23 de la citada ley, habiéndose presentado el escrito relativo el diecisiete de junio de dos mil nueve, es decir, el último día, lo que se evidencia con claridad en el siguiente cuadro:

Ver cuadro 1

Además, el medio de impugnación se interpuso por persona legitimada para ello, a saber **********, en su carácter de autorizada en términos del artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual le fue reconocido por el presidente del Tribunal Colegiado del conocimiento, en auto de diecisiete de febrero de dos mil nueve (foja 33 vuelta del expediente D.A. **********).

TERCERO. El recurso de revisión adhesiva se presentó dentro del plazo de cinco días hábiles establecido en el artículo 83, último párrafo, de la Ley de Amparo, toda vez que el auto de veinticuatro de junio de dos mil nueve, a través del cual se admitió el recurso de revisión principal, se notificó al secretario de Hacienda y Crédito Público (tercero perjudicado) el veintiséis de junio de dos mil nueve (foja 117 del expediente ADR. 1196/2009), actuación que surtió sus efectos el veintinueve siguiente. De ahí que el plazo correspondiente transcurrió del treinta de junio al seis de julio de dos mil nueve, descontando los días cuatro y cinco de julio por ser inhábiles en términos del artículo 23 de la citada ley, habiéndose presentado el oficio relativo el dos de julio del citado año, es decir, el tercer día; lo que se evidencia con claridad en el siguiente cuadro:

Ver cuadro 2

CUARTO. El recurso de revisión en amparo directo está regulado por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83, fracción V, de la Ley de Amparo; 10, fracción III y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los cuales estatuyen:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"IX. Las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno, a menos de que decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución cuya resolución, a juicio de la Suprema Corte de Justicia y conforme a acuerdos generales, entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. Sólo en esta hipótesis procederá la revisión ante la Suprema Corte de Justicia, limitándose la materia del recurso exclusivamente a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales."

"Artículo 83. Procede el recurso de revisión:

"...

"V. Contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando decidan sobre la constitucionalidad de leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, o cuando establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución.

"La materia del recurso se limitará, exclusivamente, a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras. ..."

"Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:

"...

"III. Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando habiéndose impugnado la inconstitucionalidad de una ley federal, local, del Distrito Federal o de un tratado internacional, o cuando en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dichas sentencias decidan u omitan decidir sobre tales materias, debiendo limitarse a estos casos la materia del recurso a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales."

"Artículo 21. Corresponde conocer a las Salas:

"...

"III. Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito:

"a) Cuando habiéndose impugnado la constitucionalidad de un reglamento federal expedido por el presidente de la República, o de reglamentos expedidos por el gobernador de un Estado o por el jefe del Distrito Federal, o en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en estas materias, se haya decidido o se omita decidir sobre la misma inconstitucionalidad o interpretación constitucional; y ..."

De la interpretación de los artículos antes transcritos se desprende que las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo, por su naturaleza, en principio, no admiten recurso alguno, pues son determinaciones definitivas emitidas por un órgano terminal; sin embargo, tal regla tiene las siguientes excepciones:

1. Cuando el Tribunal Colegiado de Circuito resuelva sobre la constitucionalidad de leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados; o,

2. En el supuesto de que el citado tribunal establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, o

3. Cuando habiéndose planteado en la demanda de garantías alguno de los temas antes citados, dicho órgano jurisdiccional haya omitido su estudio.

Por otra parte, de los artículos antes referidos se advierte también que para que proceda el recurso de revisión en amparo directo es necesario que el problema de constitucionalidad entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia a juicio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Respecto al requisito de importancia y trascendencia el Pleno de este Alto Tribunal emitió el Acuerdo General 5/1999 en el que determinó que un asunto será importante cuando de los conceptos de violación (o del planteamiento jurídico, si opera la suplencia de la queja deficiente) se advierta que los argumentos o derivaciones son excepcionales o extraordinarios, esto es, de especial interés, y será trascendente cuando se aprecie la probabilidad de que la resolución que se pronuncie establezca un criterio que tenga efectos sobresalientes en materia de constitucionalidad.

Lo anterior evidencia que para poder estimar como importante y trascendente un recurso de revisión que se interpone en contra de una sentencia de amparo directo y, por tanto, para que pueda considerarse procedente, es necesario que en él se haga el planteamiento de temas inéditos, novedosos, es decir, temas respecto de los que no se haya emitido un pronunciamiento destacado; pero además se requiere que el pronunciamiento que en su caso se emita sea de tal entidad que, por su propia naturaleza, impacte en la interpretación y aplicación del orden jurídico nacional.

Por otra parte, en el citado Acuerdo 5/1999 se estableció que no se actualiza el requisito de importancia y trascendencia cuando: a) exista jurisprudencia sobre el tema de constitucionalidad planteado, b) no se hayan expresado agravios, c) los agravios sean ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes, siempre que no se advierta queja deficiente que suplir, y d) en los demás casos análogos a juicio de este Alto Tribunal.

La anterior interpretación es acorde con la intención del Constituyente en la reforma a la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de mil novecientos noventa y nueve, en el sentido de dotar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de facultades discrecionales para resolver sobre su competencia y procedencia de las instancias planteadas ante ella dentro del juicio de amparo, como sucede respecto del recurso de revisión interpuesto contra sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo, lo que tiene como finalidad que este Alto Tribunal deje de conocer aquellos asuntos en los cuales no se analizarán aspectos de constitucionalidad, respecto de los cuales se deba fijar un criterio de importancia y trascendencia, con lo cual se pretende fortalecer su carácter de Tribunal Constitucional, en congruencia, además, con la característica uni-instancial del amparo directo, a fin de que, sólo por excepción, se resuelva el recurso de revisión en aquellos casos que resulte imprescindible la intervención de este Alto Tribunal.

Resulta aplicable la jurisprudencia 149/2007, emitida por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página seiscientos quince, Tomo XXVI, correspondiente al mes de agosto de dos mil siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes:

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. Del artículo 107, fracción IX, de la Constitución Federal, y del Acuerdo 5/1999, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 94, séptimo párrafo, constitucional, así como de los artículos 10, fracción III, y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que al analizarse la procedencia del recurso de revisión en amparo directo debe verificarse, en principio: 1) la existencia de la firma en el escrito u oficio de expresión de agravios; 2) la oportunidad del recurso; 3) la legitimación procesal del promovente; 4) si existió en la sentencia un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución, o bien, si en dicha sentencia se omitió el estudio de las cuestiones mencionadas, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo; y, 5) si conforme al acuerdo referido se reúne el requisito de importancia y trascendencia. Así, conforme a la técnica del amparo basta que no se reúna uno de ellos para que sea improcedente, en cuyo supuesto será innecesario estudiar si se cumplen los restantes."

En el caso, en el juicio de amparo directo **********, del índice del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito se advierte que sí existe el problema de constitucionalidad, pues en la demanda de amparo se planteó la inconstitucionalidad del artículo 66-A, fracción VI, inciso c), del Código Fiscal de la Federación y el referido tribunal declaró inoperantes los conceptos de violación, por considerar que el numeral impugnado no se le aplicó a la parte quejosa.

Ahora bien, no obstante que existe problema de constitucionalidad, sin embargo, debe desecharse el presente recurso de revisión principal en razón de que no reúne el requisito de importancia y trascendencia, pues los agravios expresados en esta instancia son inoperantes.

En efecto, el Tribunal Colegiado del conocimiento declaró inoperantes los conceptos de violación por considerar que ni en los actos demandados en el juicio contencioso administrativo ni en la sentencia reclamada se le aplicó el artículo 66-A, fracción VI, inciso c), del Código Fiscal de la Federación, pues este numeral y texto cuestionado por la quejosa, en la fecha en que se dictaron tales actos, no estaba contemplado en el Código Fiscal de la Federación, sino que tal precepto estuvo vigente a partir del veintinueve de junio de dos mil seis, máxime que el artículo que se le aplicó fue el 66 del referido ordenamiento.

En contra de la anterior determinación la recurrente expresa los siguientes agravios:

"Único. Violación a los artículos 77, 78 y 79 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A través del presente agravio se demuestra que el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al emitir la sentencia recurrida, violó en perjuicio de mi mandante lo dispuesto por los artículos 76, 77, 78 y 79 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no corrigió el precepto citado por error en la demanda de amparo (66-A, fracción VI, inciso c), omitiendo en consecuencia, realizar el estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de garantías, específicamente las relativas a la inconstitucionalidad del artículo 66 del Código Fiscal de la Federación, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, tal y como a continuación se demuestra. Los artículos 77, 78 y 79 de la Ley de Amparo, señalan lo siguiente: (es innecesaria su transcripción). Como se observa, al emitir una sentencia de amparo, la autoridad jurisdiccional debe apreciar el acto reclamado, tal y como aparece demostrado ante la autoridad responsable, de tal forma que realice el estudio de los conceptos de impugnación en su conjunto, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, y que por consiguiente, se puedan establecer los fundamentos legales conforme a los cuales se declare la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, cuestión que en la especie no aconteció. Lo anterior es así, ya que de los antecedentes del juicio de amparo, así como de la propia demanda de amparo directo, puede advertirse claramente, que toda vez que el artículo aplicado a mi representada, lo fue el 66 del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 28 de junio de 2006, en consecuencia, el artículo cuya inconstitucionalidad se reclama es ese mismo. No es óbice a lo anterior, el hecho de que mi mandante haya citado por un error mecanográfico el artículo 66-A del mismo ordenamiento, que entró en vigor con posterioridad, pues dicha equivocación era totalmente subsanable por el tribunal a quo, quien debió advertir tal situación y por tanto, entrar al estudio de los conceptos de violación. En efecto, como se desprende de la resolución impugnada mediante juicio de nulidad, el artículo aplicado a mi mandante es el 66 del Código Fiscal de la Federación, vigente al momento de la emisión de aquélla, tal y como se lee a foja 2 (es innecesario realizar la transcripción relativa). Por otra parte, en la sentencia de fecha 3 de octubre de 2008, dictada por la Primera Sala Regional Metropolitana del H. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se observa lo siguiente: (es innecesaria su transcripción). Ahora bien, por un error involuntario, mi mandante, al interponer demanda de amparo directo, hizo valer la inconstitucionalidad del artículo 66-A, fracción VI, inciso c), del Código Fiscal de la Federación, por violación a la garantía de equidad y proporcionalidad tributaria, así como de legalidad y seguridad jurídica, que consagran los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, constitucional, cuando lo correcto era citar el artículo 66 del Código Fiscal de la Federación, vigente al momento de la emisión de la resolución impugnada. En efecto, mi mandante equivocadamente citó el artículo 66-A, fracción VI, inciso c), del Código Fiscal de la Federación, en vez de señalar al artículo 66, el cual resultaba el dispositivo aplicado a la ahora recurrente y en contra del cual se enderezan los argumentos de constitucionalidad, como se desprende de la lectura de la totalidad del escrito de demanda. Lo anterior es así, ya que si bien se citó el artículo incorrecto, lo cierto es que de la resolución impugnada en el juicio de nulidad, de la sentencia emitida por la Primera Sala (la cual fue reproducida en la demanda de amparo) y del contenido de los conceptos de violación, se aprecia que el dispositivo aplicado fue el artículo 66 del Código Fiscal de la Federación y no así, el 66-A, fracción VI, inciso c), el cual se citó por un error de tipo mecanográfico. Bajo esta tesitura, el tribunal a quo debió resolver con fundamento en el numeral correcto, a pesar del error en que incurrió mi representada pues al hacerlo, no se alteraba la litis del juicio de garantías. En efecto, el tribunal a quo, ante el error en que incurrió mi representada, debió subsanarlo y precisar el dispositivo idóneo al caso, pues en el juicio de garantías se dieron los argumentos lógico jurídicos necesarios para que el juzgador se pronunciara sobre la constitucionalidad del dispositivo realmente aplicado, pues con ello no se distorsionaba de ninguna forma la controversia planteada. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia número P./J. 49/96 emitida por el Pleno de esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IV, agosto de 1996, página 58, la cual establece lo siguiente: ‘SUPLENCIA DE LA QUEJA Y SUPLENCIA ANTE EL ERROR EN JUICIOS DE AMPARO. DIFERENCIAS.’ (es innecesaria su transcripción). Asimismo, resulta igualmente aplicable la tesis P. XLVIII/98, emitida por el Pleno de esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VII, mayo de 1998, página 69, la cual se transcribe a continuación: ‘ERRORES NUMÉRICOS O CUALQUIER OTRO DE POCA IMPORTANCIA. DEBEN SER CORREGIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y LOS JUECES DE DISTRITO, APLICANDO ANALÓGICAMENTE EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO.’ (es innecesaria su transcripción). Por otra parte, el criterio planteado también tiene concordancia con lo establecido por nuestro Poder Judicial de la Federación en la tesis VI.2o.C.253 K, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIV, octubre de 2006, página 1386, el cual señala lo siguiente: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. PARA CUMPLIR CON ESTAS GARANTÍAS, EL JUEZ DEBE RESOLVER CON BASE EN EL SUSTENTO LEGAL CORRECTO, AUN CUANDO EXISTA ERROR U OMISIÓN EN LA CITA DEL PRECEPTO O LEGISLACIÓN APLICABLES ATRIBUIBLE AL PROMOVENTE DEL JUICIO.’ (es innecesaria su transcripción). ‘ÓRGANOS JURISDICCIONALES. TIENEN FACULTADES PARA SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS U OMISIONES EN QUE HAYA INCURRIDO EL AGRAVIADO AL CITAR CIERTOS PRECEPTOS, SIEMPRE QUE NO SE ALTERE LA CONTROVERSIA SUSCITADA NI LAS CUESTIONES PLANTEADAS.’ (es innecesaria su transcripción). Como se observa, el H. Tribunal Colegiado, contaba con facultades para subsanar el error de mi mandante, realizando un estudio de los conceptos de violación en su conjunto y entrando por tanto, al análisis de la constitucionalidad del artículo 66 del Código Fiscal de la Federación, por así proceder conforme a derecho. Por otra parte, debe mencionarse que el texto del artículo 66-A del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de junio de 2008, en la parte que nos interesa, es idéntico al artículo 66 del Código Fiscal de la Federación vigente antes de esa fecha y el cual fue aplicado en perjuicio de mi representada, como se observa a continuación:

Ver texto

"Como ese H. Órgano colegiado lo podrá corroborar, el texto de los dos artículos en controversia contienen el mismo texto, por lo que si esto se suma a lo ya señalado en cuanto a que el tribunal a quo debió subsanar el error cometido por la ahora recurrente, resulta evidente que los conceptos de violación se plantearon con la intención de controvertir el contenido del artículo 66 del Código Fiscal de la Federación vigente al momento de la emisión de la resolución impugnada, el cual finalmente, es idéntico al 66-A, fracción VI, inciso c), citado por mi representada, por lo que en la especie, el estudio de la constitucionalidad del primero, en nada variaría la litis del juicio de garantías. En efecto, si bien mi mandante cometió un error mecanográfico al momento de la cita del artículo 66-A, fracción VI, inciso c), del Código Fiscal de la Federación, lo cierto es que al tratarse de una equivocación totalmente subsanable, el a quo sí debió realizar el análisis de la constitucionalidad, al advertirse de los propios conceptos de violación, así como de los hechos que se hicieron constar en su momento, que el artículo aplicado y controvertido lo era el 66 del Código Fiscal de la Federación vigente antes del 28 de junio de 2006. De acuerdo con lo antes expuesto, toda vez que el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito omitió entrar al estudio de la constitucionalidad del artículo 66 del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 28 de junio de 2006. De acuerdo con lo antes expuesto, toda vez que el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito omitió entrar al estudio de la constitucionalidad del artículo 66 del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 28 de junio de 2006, lo procedente es que esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, realice el análisis de los conceptos de violación hechos valer por la ahora recurrente en donde se aduce que el dispositivo en cuestión es violatorio de las garantías de proporcionalidad y equidad tributarias, así como de las garantías de legalidad y seguridad jurídicas. Así pues, toda vez que la autoridad recurrida, omitió el estudio de la inconstitucionalidad del artículo 66 del Código Fiscal de la Federación, vigente al momento de la emisión de la resolución impugnada, lo procedente resulta revocar la sentencia y entrar al estudio de los conceptos de violación, otorgando a mi representada el amparo y protección de la Justicia Federal."

Ahora bien, como se adelantó, los agravios son inoperantes en la medida que con independencia de lo acertado o no en el sentido de que se tuvo que haber corregido el error en que incurrió la quejosa al citar el artículo que cuestionó de inconstitucional, lo cierto es que el fin último que se persigue es que se analice la constitucionalidad del artículo 66, antepenúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, esto es, el precepto que le fue aplicado a la quejosa, por considerar que es violatorio del principio de equidad tributaria, pues el legislador trata en forma desigual a un mismo tipo de sujetos, sin que se justifique en el proceso legislativo dicho trato inequitativo; sin embargo, el presente recurso debe desecharse, pues respecto del tema existe jurisprudencia número 2a./J. 167/2004, emitida por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatrocientos veinticinco, Tomo XX, correspondiente al mes de diciembre de dos mil cuatro, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes:

"PAGO EN PARCIALIDADES. EL ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 66 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA, AL NO AUTORIZAR ESA FORMA DE PAGO RESPECTO DE CONTRIBUCIONES RETENIDAS, TRASLADADAS O RECAUDADAS. El citado precepto, al prever que no se autorizará el pago en parcialidades respecto de contribuciones retenidas, trasladadas o recaudadas, así como de aquellas que debieron pagarse en el año calendario en curso o en los seis meses anteriores al mes en que se solicite la autorización, excepto en los casos de aportaciones de seguridad social, no viola el principio de equidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el legislador señaló esta distinción con base en la naturaleza jurídica de la contribución y no en una categoría expresa de contribuyentes, de manera que los sujetos pasivos que adeudan contribuciones propias, frente a quienes las adeudan por haberlas retenido, trasladado o recaudado, no son jurídicamente iguales, pues en este último caso no se afecta su patrimonio. Además, de la interpretación de los artículos 66, antepenúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación; 2078 del Código Civil Federal; 19 y 20 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, y 93 y 94 de su reglamento, se advierte que es facultad discrecional de la autoridad fiscal autorizar el pago en parcialidades de contribuciones, de ahí que esta modalidad de pago no constituye un derecho para el sujeto pasivo del tributo."

Del criterio antes transcrito se advierte que este Alto Tribunal determinó que el artículo 66, antepenúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación no es violatorio del principio de equidad tributaria en la medida que el legislador señaló esa distinción con base en la naturaleza jurídica de la contribución y no en una categoría expresa de contribuyentes, de manera que los sujetos pasivos que adeudan contribuciones propias, frente a quienes adeudan por haberlas retenido, trasladado o recaudado, no son jurídicamente iguales, pues en este último caso no se afecta su patrimonio.

Además, el anterior criterio fue sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. X/2003, visible en la página doscientos treinta y seis, Tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes:

"CONTRIBUCIONES RETENIDAS, TRASLADADAS O RECAUDADAS. EL ARTÍCULO 66, ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE NO AUTORIZA SU PAGO EN PARCIALIDADES, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que el citado principio previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige, esencialmente, que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación, guarden una situación idéntica frente a la norma jurídica que lo regula, lo que significa que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa. En congruencia con tal criterio, el artículo 66, antepenúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, que establece que no se autorizará el pago en parcialidades cuando se trate de contribuciones retenidas, trasladadas o recaudadas, así como de aquellas que debieron pagarse en el año de calendario en curso, o de las que debieron pagarse en los seis meses anteriores al mes en el que se solicite la autorización, excepto en los casos de aportaciones de seguridad social, no viola el principio de equidad tributaria. Lo anterior es así, porque el legislador no sólo señaló la distinción de aquellos casos en los que no se autorizaría el pago en parcialidades, con base en la naturaleza de la contribución, esto es, no atendió a una categoría expresa de contribuyentes, sino a la naturaleza de la contribución adeudada; además de que, en atención a esa naturaleza, exceptúa a las aportaciones de seguridad social, sin considerar que el beneficio de la autorización deba otorgarse exclusivamente en favor de ciertos sujetos cuya distinción del resto del grupo no se encuentre justificada. Es decir, respecto de contribuciones retenidas, trasladadas o recaudadas, el contribuyente sólo tiene que recibir el monto de la contribución y enterarlo a la autoridad fiscal, sin que se afecte de manera alguna su patrimonio, pues sólo hace las veces de recaudador del erario federal; en cambio, cuando se trata de aportaciones de seguridad social, en primer lugar, no son en beneficio del erario federal, esto es, del interés y afectación de todos y, en segundo lugar, parte de esas aportaciones sí sale del patrimonio del contribuyente, por lo que se justifica que, en un momento dado, se le otorgue a ese contribuyente, cualquiera que se coloque en esa hipótesis, el beneficio de pagar en parcialidades, para evitar que su patrimonio se vea seriamente afectado."

En consecuencia de lo anterior, toda vez que el presente asunto no reúne el requisito de importancia y trascendencia se desecha el recurso de revisión, en razón de que, como se dijo, respecto del problema de constitucionalidad existe jurisprudencia de este Alto Tribunal que resuelve dicho tema.

Al caso resulta aplicable la tesis aislada 2a. LXV/2001, emitida por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatrocientos sesenta y dos, Tomo XIII, correspondiente al mes de mayo de dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes:

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. PARA DESECHAR ESE RECURSO POR NO REUNIR LOS REQUISITOS DE IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA, EN VIRTUD DE QUE EXISTE JURISPRUDENCIA QUE RESUELVE EL TEMA DE CONSTITUCIONALIDAD CONTROVERTIDO, SE REQUIERE QUE ÉSTA LO EXAMINE DE MODO DIRECTO Y PRECISO. De los términos establecidos por el Acuerdo 5/1999, del 21 de junio de 1999, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se desprende que un recurso de revisión en amparo di

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21895-3898bb52/revision-en-amparo-directo-para-desechar-dicho-recurso · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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