CONDONACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES. EL ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO, FRACCIÓN I, INCISOS A) Y B), DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2007, QUE OTORGA AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA LA FACULTAD PARA CONCEDERLA, RESPETA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. CONDONACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS. SE RIGE POR LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA FISCAL ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
AMPARO EN REVISIÓN 966/2008. **********
MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.
SECRETARIA: JESICCA VILLAFUERTE ALEMÁN.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y conforme a lo previsto en el artículo 37 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y en los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado el veintinueve de junio de dos mil uno en el Diario Oficial de la Federación; en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada en la audiencia constitucional de un juicio de garantías, en el que se cuestionó la constitucionalidad del artículo séptimo transitorio, fracción I, incisos a) y b), de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil siete, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
SEGUNDO. El recurso de revisión fue interpuesto en tiempo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley de Amparo.
Al respecto, se toma en cuenta que la sentencia recurrida se notificó por lista a la parte quejosa el veintiuno de mayo de dos mil ocho, según constancia que obra a foja trescientos veintiuno del expediente de amparo, notificación que surtió sus efectos el día siguiente; de esa forma, el término de diez días que para la interposición del recurso señala el artículo 86 en cita comenzó a correr a partir del veintitrés de mayo y concluyó el cinco de junio siguiente, descontándose de dicho plazo los días veinticuatro, veinticinco y treinta y uno de mayo, y uno de junio, por ser inhábiles en términos de los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por tanto, si el recurso se presentó el cuatro de junio del año en cita, debe concluirse que es oportuno, circunstancia que se corrobora en el siguiente calendario:
Ver calendario
TERCERO. La parte quejosa recurrente plantea los siguientes agravios:
"1. La sentencia recurrida fue emitida en contravención a lo dispuesto por los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que en el quinto considerando de la misma, el juzgador a quo resuelve que las porciones normativas contenidas en los incisos a) y b) de la fracción I del artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2007, no transgreden el principio de equidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, constitucional, al considerar que existe una situación objetiva que justifica el trato diferenciado que dichas porciones normativas otorgan al permitir la condonación únicamente de las contribuciones retenidas, trasladadas y recaudadas que se hubieren causado sólo hasta el 1o. de enero de 2003, así como de sus accesorios, e impedir a su vez, la condonación de las contribuciones retenidas, trasladadas o recaudadas que se hubieren causado en el periodo comprendido del 1o. de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2005, así como de los recargos y las multas derivados de las mismas.
"Es decir, el juzgador a quo manifiesta en la que se recurre, lo siguiente:
"(No se transcribe en esta resolución por ser innecesario).
"De la parte de la sentencia reclamada anteriormente transcrita se desprende que el juzgador a quo resolvió que el tratamiento diferenciado que otorgan las porciones normativas contenidas en los incisos a) y b) de la fracción I del artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2007, no es violatorio del principio de equidad tributaria, al considerar que el mismo se justifica objetivamente en la medida de que las contribuciones y sus accesorios que se hubieren causado antes del 1o. de enero de 2003, no se encuentran en un mismo plano de igualdad frente a los tributos, sus recargos y multas generados con posterioridad a dicha fecha.
"En efecto, el juzgador a quo considera en la sentencia recurrida que aun cuando el legislador no lo haya precisado en la exposición de motivos ni en los dictámenes parlamentarios que dieron originen al beneficio de la condonación de créditos fiscales previsto por el artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2007, el trato diferenciado que dicho precepto legal otorga obedece a la finalidad de regularizar la situación del contribuyente, ya que la falta de pago de las contribuciones y sus accesorios causadas en el ejercicio fiscal de 2002 y anteriores, se debe a la desaparición de capacidad contributiva del gobernado, razón por la cual el juzgador a quo señala que del propio texto de la ley se advierte supuestamente de manera evidente que la situación objetiva que justifica el trato desigual, deriva de que atendiendo a los plazos en que se configuran las figuras de la caducidad y la prescripción en materia fiscal, la autoridad fiscal en el ejercicio 2007, probablemente no podrá ejercer sus facultades para realizar el cobro respecto de los tributos que se causaron hasta el ejercicio fiscal de 2002, lo cual no sucede respecto de adeudos derivados del incumplimiento de obligaciones fiscales generadas a partir del ejercicio fiscal de 2003.
"Sin embargo, la sentencia recurrida es contraria a lo dispuesto por los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que el juzgador a quo realizó una incorrecta interpretación de las porciones normativas contenidas en los incisos a) y b) de la fracción I del artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2007, para con ello arribar a la conclusión que del texto de dicho precepto legal, se desprende una situación objetiva que justifica el trato diferenciado que otorgan las porciones normativas que se tildan de inconstitucionales en el presente juicio de garantías.
"a) En primer lugar, el juzgador a quo señala que el hecho de que el artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2007 sólo permita la condonación de las contribuciones y sus accesorios causadas en 2002 o antes, tiene como finalidad la de regularizar la situación fiscal de aquellos contribuyentes que, desde la óptica de los principios fiscales de comodidad y buena fe, se presupone que omitieron el pago de los adeudos a su cargo al haber desaparecido su capacidad contributiva, sin embargo, estas consideración en los que se pretende motivar la sentencia recurrida, no se desprende ni de los documentos legislativos que motivaron la creación de la disposición transitoria en comento, así como tampoco del propio texto de la ley ni mucho menos, de su correcta interpretación jurídica.
"En efecto, de ninguna manera se puede considerar como lo pretende el a quo, que el hecho de que se hubiere autorizado la condonación únicamente de aquellas contribuciones federales y sus accesorios causadas hasta el ejercicio fiscal de 2002, se deba a que con ello se haya tratado de regularizar la situación fiscal de aquellos contribuyentes que omitieron el pago de los tributos a su cargo al haber desaparecido su capacidad contributiva, ya que del artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2007, se desprende claramente que la condonación de los adeudos fiscales generados hasta el 1o. de enero de 2003, se establece como un beneficio para todos y cada uno de los contribuyentes que hubieren omitido el pago total y parcial de contribuciones federales y sus accesorios, y no así sólo respecto de aquellos que estén imposibilitados financieramente para efectuar el pago de sus adeudos fiscales generados en 2002 o antes.
"Es decir, tal y como el propio juzgador a quo lo reconoce en la sentencia recurrida, la condonación de adeudos fiscales prevista en el artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2007, se trata de una facultad reglada de las autoridades fiscales, lo cual implica que si el contribuyente cumple con los requisitos legales para la procedencia de la condonación de los créditos fiscales a su cargo, la autoridad no se encuentra facultada para negarla por motivo alguno, de lo que se sigue que al no haberse previsto como parte de los requisitos para el otorgamiento de la condonación el consistente en que el gobernado demuestre que no cuenta con capacidad contributiva para efectuar el pago de sus adeudos fiscales, entonces es evidente que ni del texto de la disposición transitoria en comento, ni de su correcta interpretación jurídica, se desprende que el hecho de que únicamente se permita la condonación de adeudos fiscales causados hasta el ejercicio fiscal de 2002, obedezca a que los gobernados con este tipo de adeudos, ya no cuentan con capacidad contributiva para realizar el pago de los mismos.
"En otras palabras, de los requisitos previstos en el artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2007, se infiere claramente que tanto los contribuyentes con poca o nula capacidad contributiva para realizar el pago de los créditos fiscales a su cargo, como aquellos que sí la tengan, tienen el derecho de obtener la condonación de los créditos fiscales a su cargo que se hubieren causado hasta el ejercicio fiscal de 2002, así como también se desprende que ambos estarán impedidos para obtener la condonación de las contribuciones a su cargo causadas a partir del 1o. de enero de 2003, por lo que resulta evidente que la desaparición de la capacidad contributiva del gobernado para hacer el pago de los tributos a su cargo, de ninguna manera se trata de una situación objetiva que haya tomado en cuenta el legislador para otorgar el trato diferenciado que se desprende de la disposición transitoria cuyo estudio nos ocupa.
"En otras palabras, aun cuando los gobernados no demuestren contar con una situación financiera o capacidad contributiva que no les permita efectuar el pago total de los adeudos fiscales a su cargo, el artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2007 les permite acceder a la condonación de las contribuciones y sus accesorios a su cargo que se hubieren causado hasta el ejercicio fiscal de 2002, ya que no existe ningún requisito en dicha disposición transitoria, que excluya del beneficio de la condonación a aquellos gobernados que sí pueden hacer frente al cumplimiento de sus obligaciones fiscales de pago, de lo que se sigue que los principios fiscales de comodidad y buena fe, no fueron tomados en consideración por el legislador al momento de crear la disposición transitoria cuyo estudio nos ocupa, pues de ser así y atendiendo a esos principios, la falta de pago de contribuciones causadas tanto en 2002, como en 2003, se basaría en los mismos principios y por ende, también sería injustificado que se permita la condonación de unos adeudos y de otros no, respecto de dos contribuyentes que se encuentran en igualdad de condiciones, al no contar ambos con la capacidad contributiva para hacer frente al pago de sus adeudos.
"El hecho de que el legislador de ninguna manera tomó en consideración la desaparición de la capacidad contributiva para efectos de otorgar el beneficio de la condonación previsto en el artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007, se corrobora con al simple comparación que se haga a ese precepto, con los previstos en las leyes de ingresos vigentes en ejercicios fiscales anteriores, tal y como se desprende de lo prescrito por el artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2006, en donde se estableció textualmente lo siguiente:
"(No se transcribe en esta resolución por ser innecesario).
"De una comparación que se haga al precepto legal anteriormente transcrito, con lo establecido en el artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2007, se desprende claramente que la condonación de créditos fiscales prevista en este último precepto legal, procede por el simple hecho de contar con adeudos fiscal (sic) causados con anterioridad al 1o. de enero de 2003 y cumplir con los demás requisitos previstos en dicha disposición transitoria, mas no por la imposibilidad que tengan los gobernados para realizar al pago total de los créditos fiscales a su cargo, como sí acontecía en 2006 y en ejercicio (sic) fiscales anteriores, ya que en las leyes de ingresos anteriores a la de 2007, claramente se estableció que para el otorgamiento de la condonación si se debía atender a la situación financiera del contribuyente, a su posibilidad de pago y a la carga financiera que le representa el pago de recargos y multas, requisito este último que ya no se previó en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2007.
"Por tanto, es evidente que resulta falso lo señalado por el juzgador a quo en el segundo párrafo de la foja 56 de la sentencia recurrida, en el sentido de que la autoridad fiscal se encuentra facultada a condonar los adeudos previstos en la fracción I de la disposición transitoria en estudio, o bien, a seguir el cobro de los mismos si estima que el contribuyente tiene capacidad contributiva para satisfacer la obligación a su cargo, pues el hecho de seguir o no teniendo capacidad contributiva para el pago de adeudos fiscales, nada tiene que ver con el otorgamiento de la condonación prevista en el artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2007, ya que como se señaló anteriormente, esta disposición prevé una facultad reglada para la autoridad y por ende, el hecho de que el contribuyente tenga capacidad contributiva para cumplir con el pago de sus adeudos causados hasta 2002, no impide en forma alguna que se condonen a su favor dichos adeudos, al no existir ningún requisito que así lo establezca.
"En consecuencia, contrariamente a lo señalado en la sentencia recurrida, la presunción de que la falta de pago de contribuciones causadas con anterioridad al 1o. de enero 2003, obedeció a la desaparición de la capacidad contributiva del gobernado, no puede ser la justificación objetiva en la que se basó el legislador para permitir la condonación únicamente de aquellos créditos fiscales que se hubieren causado hasta el ejercicio fiscal de 2002, ya que si se hubiera atendido a los principios de comodidad y buena fe como lo pretende señalar el juzgador a quo, entonces es evidente que la falta de pago de un tributo, se debe presuponer que obedece a la desaparición de la capacidad contributiva, tanto para el pago de los adeudos generados hasta 2002, como también de las contribuciones causadas en 2003 y en adelante.
"b) Por otro lado, el juzgador a quo señala en la sentencia recurrida que el tratamiento diferenciado que otorgan las porciones normativas tildadas de inconstitucionales en el presente juicio de garantías, se sustenta en una situación objetiva como lo es la posibilidad real para realizar el cobro del adeudo tributario, con lo cual a decir del a quo, se tiende a lograr una verdadera justicia del sistema tributario general, en virtud de que en la sentencia recurrida se resuelve que respecto de las contribuciones y sus accesorios causados hasta el ejercicio fiscal de 2002, es probable que las autoridades fiscales ya no podrán ejercer sus facultades para llevar a cabo el cobro relativo a dichos adeudos, atendiendo a la temporalidad mínima de cinco años para que operen las figuras jurídicas de la caducidad y de la prescripción, situación que el a quo considera que coloca a estos tributos en una situación distinta de aquellos causados a partir del ejercicio fiscal de 2003.
"Sin embargo, la sentencia recurrida fue emitida en contravención a lo prescrito por los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que en términos de lo establecido en estos preceptos legales, las sentencias dictadas en los juicios de amparo se deben fundar en derecho, debiéndose apreciar correctamente el acto reclamado al momento de emitir la resolución correspondiente, de lo que se sigue que en ningún caso el trato desigual que otorga un determinado ordenamiento o precepto legal, se puede justificar con base en probabilidades o inferencias, sino que el trato desigual debe encontrarse justificado en una situación objetiva y razonable que se desprenda de manera expresa de la exposición de motivos o del proceso legislativo que le dio origen, o bien, que se vierta de forma evidente del propio texto legal.
"Al respecto, resultan aplicables las tesis de jurisprudencia sustentadas por esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dicen:
"‘FINES EXTRAFISCALES. CORRESPONDE AL ÓRGANO LEGISLATIVO JUSTIFICARLOS EXPRESAMENTE EN EL PROCESO DE CREACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES.’ (no se transcribe en esta resolución por ser innecesario).
"‘FINES EXTRAFISCALES. NO NECESARIAMENTE DERIVAN DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA LEY CORRESPONDIENTE O DEL PROCESO LEGISLATIVO QUE LE DIO ORIGEN, SINO QUE PUEDEN DEDUCIRSE DEL PRECEPTO QUE LOS ESTABLEZCA.’ (no se transcribe en esta resolución por ser innecesario).
"De las tesis anteriormente transcritas se desprende que por regla general, es al legislador a quien le corresponde expresar, durante el proceso legislativo, las justificaciones objetivas y razonables que haya tomado en consideración al momento de crear una disposición, máxime cuando la misma otorga un trato diferenciado a los gobernados, siendo únicamente en casos excepcionales cuando el juzgador podrá advertir tales justificaciones aunque no se desprendan ni de la exposición de motivos ni de los dictámenes parlamentarios, pero siempre y cuando las mismas se desprendan con claridad del propio precepto sin necesidad de hacer un complicado ejercicio de interpretación.
"Ahora bien, en el caso concreto, el juzgador a quo considera que del texto del artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2007, se advierte con claridad que la situación objetiva que justifica el trato preferencial que esta disposición transitoria otorga a los contribuyentes con créditos fiscales a su cargo derivados de contribuciones federales causadas hasta el ejercicio fiscal de 2002, es la consistente en que respecto de estos adeudos existe poca o nula posibilidad de lograr su cobro por parte de las autoridades fiscales, situación que a decir del a quo, impide ubicar en un mismo plano de igualdad a las contribuciones causadas hasta 2002, en relación a aquellas causadas a partir del 1o. de enero de 2003, por lo que en la sentencia recurrida se resuelve que aun cuando estas consideraciones no se hayan precisado en la exposición de motivos ni en los dictámenes parlamentarios, al supuestamente desprenderse con claridad del texto legal, entonces el artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2007 no transgrede el principio de equidad tributaria. Sin embargo, es de señalarse que la poca o nula posibilidad de lograr el cobro de las contribuciones y sus accesorios causadas hasta el ejercicio fiscal de 2002, derivada de que probablemente en el ejercicio fiscal de 2007 ya habrían transcurrido los plazos de caducidad y prescripción de las facultades de las autoridades fiscales para determinar y cobrar estas contribuciones, de ninguna manera se puede entender como una situación objetiva que justifique el trato diferenciado que otorga el artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2007, al permitir la condonación únicamente de las contribuciones retenidas, trasladadas y recaudadas que se hubieren causado sólo hasta el 1o. de enero de 2003, así como de sus accesorios, e impedir la condonación de las contribuciones retenidas, trasladadas o recaudadas que se hubieren causado en el periodo comprendido del 1o. de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2005, así como de los recargos y las multas derivados de las mismas.
"Lo anterior es así, pues en primer lugar, de ninguna parte del texto del artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2007, se advierte ni claramente y ni siquiera con base en inferencias, que el trato diferenciado otorgado por mencionada disposición transitoria, se previó atendiendo a la temporalidad prevista para que se actualicen las figuras preclusivas de la caducidad y la prescripción, ya que contrariamente a lo señalado en la sentencia recurrida, en el ejercicio fiscal de 2007 las autoridades fiscales aún tenían expeditas sus facultades para la determinación o para el cobro de las contribuciones causadas en el ejercicio de 2002, sin que existiera poca o nula posibilidad para su determinación y cobro, por lo que las contribuciones causadas en 2002 se encuentran en uno y en el mismo plano de igualdad respecto de las causadas entre el 1o. de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2005 y por ende, no existe razón justificada alguna para que se autorice la condonación sólo de las contribuciones retenidas, trasladadas o recaudadas que se hubieren causado en 2002 y no así, respecto de las causadas de 2003 a 2005.
"En efecto, el juzgador a quo omite tomar en consideración que la fracción I, inciso a), del artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2007, permite la condonación de los créditos fiscales derivados de todo tipo de contribuciones federales, así como de las determinadas por la autoridad fiscal y de las autodeterminadas por el contribuyente, de lo que se infiere que atendiendo a la causación y periodo de pago de tales contribuciones, de ninguna manera se puede considerar como lo pretende el a quo que, en el ejercicio fiscal de 2007, las autoridades fiscales ‘probablemente’ ya no podían ejercer sus facultades para determinar y cobrar contribuciones respecto de las cuales sí es procedente su condonación.
"Lo anterior es así, en virtud de que tal y como se desprende de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Activo y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigentes en 2002, las contribuciones federales reguladas en dichos cuerpos normativos, se causaban en el año de 2002, por ejercicios fiscales completos y el contribuyente se encontraba obligado a enterar las mismas mediante su declaración anual que se debía presentar dentro de los tres primeros meses del año siguiente, esto es de 2003, por lo que resulta evidente que atendiendo a lo prescrito por el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, el plazo de la caducidad de las facultades de las autoridades fiscales para determinar el impuesto sobre la renta, el impuesto al activo y el impuesto al valor agregado causados en el ejercicio fiscal de 2002 inició hasta el ejercicio fiscal de 2003 y por ende, fenecía hasta el ejercicio fiscal de 2008.
"Bajo este orden de ideas, es evidente que los contribuyentes que adeudan contribuciones federales por concepto de impuesto sobre la renta, impuesto al activo e impuesto al valor agregado causadas en 2002, se encuentren en una y la misma situación jurídica que aquellos que tienen créditos fiscales a su cargo derivados de las mismas contribuciones federales causadas en el ejercicio fiscal de 2003, ya que tanto en uno como en otro caso, las autoridades fiscales aún tenían expeditas sus facultades para determinar en cantidad líquida tales tributos durante todo el tiempo que estuvo en vigor el artículo séptimo transitorio la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2007, sin que de ninguna manera se pueda considerar que respecto de las adeudos generados en el ejercicio fiscal de 2002, haya existido poca o nula posibilidad de lograr su cobro, ya que al día 1o. de enero de 2007 en que entró en vigor la disposición transitoria tildada de inconstitucional, la autoridad fiscal aún tenía al menos doce meses más para determinar las contribuciones omitidas por el gobernado y una vez hecho lo anterior, tenía otros cinco años para lograr su cobro mediante el ejercicio del procedimiento económico coactivo, tal y como se desprende del artículo 146 del Código Fiscal de la Federación.
"Asimismo, respecto de las contribuciones, de cálculo entero definitivo mensual, como en el ejercicio fiscal de 2002 lo era el impuesto especial sobre producción y servicios, se presenta una situación similar, ya que el artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2007 permite la condonación de esta contribución que se hubiere causado desde el mes de enero y aun hasta el mes de diciembre de 2002, de lo que se sigue que al momento en que entró en vigor la disposición transitoria en estudio, nada impedía a las autoridades fiscales ejercer sus facultades para determinar las contribuciones de cálculo definitivo mensual causadas en el ejercicio fiscal de 2002, para una vez hecho lo anterior, contar con un plazo de cinco años a efecto de lograr su cobro.
"De lo señalado en los párrafos precedentes se desprende que en el ejercicio fiscal de 2007, las autoridades fiscales aún tenían toda la posibilidad de determinar en cantidad líquida y de cobrar las contribuciones cuya condonación autoriza el artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2007, como lo son aquellas causadas en el ejercicio fiscal de 2002, por lo que se debe concluir que contrariamente a lo señalado por el juzgador a quo en la sentencia recurrida, la poca o nula posibilidad de cobro respecto de contribuciones en relación a las cuales sí se autoriza otorgar su condonación, de ninguna manera es una situación objetiva que se desprenda claramente del texto de la disposición transitoria en estudio, en virtud de que existen adeudos cuya condonación sí es susceptible de otorgar y en relación a los cuales, durante la vigencia del artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2007, el fisco federal en todos los casos aún contaba con sus facultades plenas y expeditas para determinarlos y por ende, también para lograr su cobro coactivamente.
"Es por lo anterior, que resulta falso lo señalado por el juzgador a quo en el segundo párrafo de la foja 60 de la sentencia recurrida, en el sentido de que respecto de adeudos generados en 2002, podrían caducar las facultades para su determinación iniciando el ejercicio fiscal de 2007, pues como ha quedado plenamente demostrado y atendiendo a lo establecido en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, así como en los ordenamientos que regulan las contribuciones federales que estuvieron vigentes en el ejercicio fiscal de 2002, al momento en que entró en vigor el artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2007, en ningún caso se había configurado ya la figura jurídica de la caducidad respecto de contribuciones causadas en 2002, ya que en la mayoría de los casos, las autoridades fiscales aún tenían expeditas sus facultades de determinación de contribuciones omitidas y sus accesorios durante todo el ejercicio fiscal de 2007 y aun dentro de los tres primeros meses de 2008.
"Asimismo, es de señalarse que al momento en que se emitió la sentencia recurrida, también se omitió tomar en consideración que en términos de lo prescrito por el segundo párrafo de la fracción I, así como por la fracción II del artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2007, la condonación de créditos fiscales derivados de contribuciones causadas hasta el ejercicio fiscal de 2002, procede en los casos tanto de tributos determinados por la autoridad fiscal, como de aquellos autodeterminados por el contribuyente, aun mediante una solicitud de pago a plazos, de lo que se sigue que el legislador previó la posibilidad de condonar aun aquellos adeudos fiscales respecto de los cuales ya no opera la figura de la caducidad, al ya haber sido determinados en cantidad líquida, ya sea por el fisco federal o por el propio gobernado.
"Lo anterior cobra relevancia si se toma en consideración que de conformidad con lo prescrito por el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales cuentan con un plazo de cinco años para determinar créditos fiscales en cantidad líquida, de lo que se sigue que si el artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2007 estableció la posibilidad de condonar contribuciones que ya fueron determinadas, entonces es evidente que en estos casos, ya no existe ni poca ni nula posibilidad de que los mismos sean determinados en cantidad líquida por la autoridad fiscal, mientras que por lo que respecta a su posibilidad de cobro, ésta se computa a partir de que hayan transcurrido los plazos establecidos en los artículos 65 y 66, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, dependiendo de si el adeudo es determinado por el fisco o autodeterminado por el gobernado, pero en todos los casos, su exigibilidad se actualiza después de determinado en cantidad líquida el crédito fiscal.
"Bajo este orden de ideas, es evidente que tratándose de contribuciones de cálculo anual que se hubieren causado en 2002, la determinación de las mismas no se puede realizar sino hasta dentro de los tres meses del ejercicio fiscal siguiente, esto es, de 2003 y a partir de ese momento, el fisco federal tiene cinco años para ejercer sus facultades para determinar las contribuciones y sus accesorios que se hubieren omitido, es decir, lo puede hacer en cualquier momento dentro del periodo comprendido de la fecha en que el contribuyente pr
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21644-ffba0471/condonacion-de-creditos-fiscales-el-articulo-septimo-transitorio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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