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EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN DE LA EMPRESA QUEJOSA EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES O SU CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL SON INSUFICIENTES PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO Y EL DECRETO POR EL QUE SE OTORGAN DIVERSOS BENEFICIOS FISCALES RESPECTO DE DICHO TRIBUTO Y DEL DIVERSO SOBRE LA RENTA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008). EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL DECRETO POR EL QUE SE OTORGAN DIVERSOS BENEFICIOS FISCALES EN MATERIA DEL IMPUESTO RELATIVO Y DEL DIVERSO SOBRE LA RENTA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007, ES DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA. EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EXTREMOS QUE DEBEN PROBARSE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN AMPARO LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO Y EL DECRETO POR EL QUE SE OTORGAN DIVERSOS BENEFICIOS FISCALES RESPECTO DE DICHO TRIBUTO Y DEL DIVERSO SOBRE LA RENTA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008). EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. LA ESCRITURA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA QUEJOSA ES INSUFICIENTE PARA ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO Y EL DECRETO POR EL QUE SE OTORGAN DIVERSOS BENEFICIOS FISCALES RESPECTO DE DICHO TRIBUTO Y DEL DIVERSO SOBRE LA RENTA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008). EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1 DE OCTUBRE DE 2007, SON DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1585/2009. · Registro digital (IUS): 22510
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Noviembre de 2010, , Pág. 803.

AMPARO EN REVISIÓN 1585/2009. **********.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.

SECRETARIOS: MARÍA ESTELA FERRER MAC GREGOR POISOT, RICARDO MANUEL MARTÍNEZ ESTRADA, FANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ, JORGE LUIS REVILLA DE LA TORRE Y JUAN CARLOS ROA JACOBO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; 10, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y conforme a lo previsto en el punto tercero, fracción III, del Acuerdo General 5/2001 del veintiuno de junio de dos mil uno,(1) y los puntos primero y segundo del Acuerdo General 6/2008 del ocho de abril de dos mil ocho, ambos emitidos por este Tribunal Pleno, toda vez que se interpone en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en un juicio de amparo indirecto en el que se reclamó la inconstitucionalidad de diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de octubre de dos mil siete, y del decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia de los impuestos sobre la renta y empresarial a tasa única, publicado en el Diario Oficial de la Federación del cinco de noviembre de dos mil siete, ambos vigentes a partir del primero de enero de dos mil ocho y, en el caso, resulta necesaria la intervención del Tribunal Pleno, en virtud de que su resolución reviste trascendencia e interés excepcionales, pues debe fijarse el criterio que sobre la procedencia del asunto y, en su caso, la problemática de fondo, ha de prevalecer.

SEGUNDO. Oportunidad. La sentencia recurrida fue notificada por lista a la parte quejosa el jueves catorce de mayo de dos mil nueve, de acuerdo con la constancia actuarial que obra a foja 356 del cuaderno de amparo; por tanto, si el término de diez días que para la interposición del recurso establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió del lunes dieciocho de mayo al viernes veintinueve del mismo mes y año, descontándose los días veintitrés y veinticuatro por haber sido sábado y domingo, respectivamente, conforme a lo dispuesto por los artículos 23, párrafo primero, de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y siendo que el recurso fue presentado el viernes veintinueve de mayo de dos mil nueve, es indudable que fue interpuesto oportunamente.

TERCERO. Síntesis de los agravios. En los argumentos hechos valer por la quejosa recurrente, esencialmente, se aduce lo siguiente:

Contrario a lo resuelto en la sentencia recurrida, las quejosas sí acreditaron su interés jurídico en el juicio.

Ofrecieron como prueba su escritura constitutiva, mediante la cual se acreditó que su objeto social consiste principalmente en asesoría legal corporativa, nacional e internacional; defensa legal judicial y extrajudicial; gestión de todo tipo de trámites y solicitudes ante entidades gubernamentales y no gubernamentales; promoción de procedimientos administrativos, judiciales y asesoría en los mismos, entre otras; asesoría en materia contable, legal, administrativa, fiscal, financiera, mercadotecnia, en relaciones industriales y, en general, prestar todo tipo de servicios relacionados con la organización, administración y operación de empresas, entre otras, mismas que son actividades gravadas por el artículo 1 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única; así, al no haberse ofrecido documento alguno con el que se acreditara que las quejosas liquidaron o disolvieron, existe la presunción iuris tantum de que dichas sociedades se encuentran en funciones, de modo que los hechos negativos no están sujetos a prueba.

Además, se ofrecieron las cédulas de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, con las cuales se acredita que las quejosas se encuentran sujetas al impuesto empresarial a tasa única.

Por otra parte, tal como se precisó en el escrito inicial de demanda, los decretos controvertidos fueron reclamados como disposiciones autoaplicativas, habiéndose presentado la demanda dentro del plazo previsto por el artículo 22 de la Ley de Amparo. Además, en dicho escrito se señaló que desde la entrada en vigor de tales disposiciones se obligó a la quejosa a llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación y su reglamento, y a efectuar los registros respectivos en la misma; expedir comprobantes por las actividades realizadas y conservar una copia de los mismos a disposición de las autoridades fiscales, de conformidad con el artículo 86, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Con todo ello se acredita que desde la entrada en vigor se sujeta a la quejosa a realizar diversos actos, tales como efectuar los registros contables correspondientes al impuesto controvertido, lo que provoca que se afecte su esfera jurídica, ya que se trata de un sistema de tributación totalmente nuevo que con su simple entrada en vigor hace surgir nuevas obligaciones fiscales para el contribuyente.

Por tanto, contrario a lo resuelto por el Juez a quo, no resulta necesario acreditar cada afectación señalada en los conceptos de violación, pues los decretos reclamados se controvirtieron como normas autoaplicativas por su simple entrada en vigor, resultando innecesarias otras pruebas más que las ofrecidas por la quejosa, por lo que resulta procedente levantar el sobreseimiento decretado en la sentencia recurrida y entrar al estudio de fondo del asunto.

CUARTO. Cuestiones que deben quedar firmes y reparación de incongruencia en la sentencia recurrida.

I. Debe quedar firme el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, reflejado en el único punto resolutivo de la sentencia recurrida, en cuanto se rige por el considerando tercero, en relación con los actos reclamados a la Cámara de Diputados y secretario de Gobernación, consistentes en la expedición y refrendo del decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia de los impuestos sobre la renta y empresarial a tasa única; asimismo, por lo que respecta a los actos reclamados al secretario de Hacienda y Crédito Público, al jefe del Servicio de Administración Tributaria y al administrador local de Recaudación del Centro del Distrito Federal, respecto de la aplicación de la ley y decreto reclamados.

De igual forma, debe quedar firme el sobreseimiento decretado en cuanto a la inexistencia del acto reclamado a la Cámara de Senadores.

Lo anterior es así, toda vez que las consideraciones correspondientes del fallo no fueron impugnadas por la parte a la que perjudican.

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia que a continuación se transcribe:

"REVISIÓN EN AMPARO. LOS RESOLUTIVOS NO COMBATIDOS DEBEN DECLARARSE FIRMES. Cuando algún resolutivo de la sentencia impugnada afecta a la recurrente, y ésta no expresa agravio en contra de las consideraciones que le sirven de base, dicho resolutivo debe declararse firme. Esto es, en el caso referido, no obstante que la materia de la revisión comprende a todos los resolutivos que afectan a la recurrente, deben declararse firmes aquellos en contra de los cuales no se formuló agravio y dicha declaración de firmeza debe reflejarse en la parte considerativa y en los resolutivos debe confirmarse la sentencia recurrida en la parte correspondiente." (No. Registro: 207035. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Octava Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, marzo de 1991, tesis 3a./J. 7/91, página 60. Genealogía: Gaceta Número 39, marzo de 1991, página 44. Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, tesis 471, página 313).

II. Adicionalmente, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de amparo, en toda sentencia se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso (certeza), lo aleguen o no las partes, se deben estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a criterio del juzgador se actualicen y, una vez superado este aspecto, de ser procedente el juicio, se debe dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda; en otras palabras, el estudio de las causas de improcedencia o del fondo del asunto implican, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. Por el contrario, de no ser ciertos los actos reclamados, resultaría ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y, en caso de ser fundada alguna de éstas, resultaría imposible analizar las cuestiones de fondo precisamente por inexistencia de los actos reclamados.

Ahora, este Alto Tribunal ha sustentado que si al resolverse el recurso de revisión interpuesto contra de la sentencia dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo se descubre la omisión de pronunciamiento sobre actos reclamados, tal circunstancia es reparable por la autoridad revisora, sin que sea obstáculo para ello que sobre el particular no se haya expuesto agravio alguno, pues ante la advertida incongruencia se justifica la intervención oficiosa del tribunal revisor para corregir tal deficiencia.

Así se desprende de la jurisprudencia que a continuación se transcribe:

"ACTOS RECLAMADOS. LA OMISIÓN DE SU ESTUDIO EN LA SENTENCIA RECURRIDA DEBE SER REPARADA POR EL TRIBUNAL REVISOR, A PESAR DE QUE SOBRE EL PARTICULAR NO SE HAYA EXPUESTO AGRAVIO ALGUNO EN LA REVISIÓN. Si al resolver el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo, se descubre la omisión de pronunciamiento sobre actos reclamados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento en términos de lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, toda vez que la falta de análisis de un acto reclamado no constituye una violación procesal porque no se refiere a la infracción de alguna regla que norme la secuela del procedimiento, ni alguna omisión que deje sin defensa al recurrente o pueda influir en la resolución que deba dictarse en definitiva, entrañando sólo una violación al fallar el juicio que, por lo mismo, es susceptible de reparación por la autoridad revisora, según la regla prevista por la fracción I del citado artículo 91, conforme a la cual no es dable el reenvío en el recurso de revisión. No es obstáculo para ello que sobre el particular no se haya expuesto agravio alguno, pues ante la advertida incongruencia de una sentencia, se justifica la intervención oficiosa del tribunal revisor, dado que al resolver debe hacerlo con la mayor claridad posible para lograr la mejor comprensión de su fallo, no siendo correcto que soslaye el estudio de esa incongruencia aduciendo que no existe agravio en su contra, ya que esto equivaldría a que confirmara una resolución incongruente y carente de lógica; además, si de conformidad con el artículo 79 de la legislación invocada, es obligación del juzgador corregir los errores que advierta en cuanto a la cita de los preceptos constitucionales, otorgando el amparo respecto de la garantía que aparezca violada, por mayoría de razón, el revisor debe corregir de oficio las incongruencias que advierta en el fallo que es materia de la revisión." (No. Registro: 193759. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, tesis 2a./J. 58/99, página 35).

Por lo anterior, en caso de que exista una omisión por parte del juzgador de amparo en cuanto al pronunciamiento que debió emitir en la audiencia constitucional respecto de un determinado acto reclamado, y al efecto procede de oficio la reparación de tal incongruencia por parte del tribunal revisor, con mayor razón cabe retomar de oficio el análisis correspondiente a la certeza o inexistencia de los actos reclamados en el juicio de garantías, con independencia de que sobre el particular se hayan expresado o no agravios pues, al igual que en el caso abordado en la jurisprudencia de referencia, tal proceder tiene como finalidad que este Alto Tribunal repare la incongruencia advertida en la sentencia sujeta a revisión, sobre todo si se advierte que, de no hacerlo así, ello provocaría la emisión ociosa de un pronunciamiento de fondo en relación con actos inexistentes.

En el caso a estudio, de la lectura de los informes justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsables se advierte que, adicionalmente a la negativa de actos sobre la que se pronunció la Juez de Distrito, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos negó la existencia de los demás actos que les atribuyó la quejosa.

Por su parte, la Juez de Distrito del conocimiento omitió efectuar un pronunciamiento en relación con los actos reclamados al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes en la publicación y ejecución de las disposiciones reclamadas (Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia de los impuestos sobre la renta y empresarial a tasa única, publicado en el Diario Oficial de la Federación del cinco de noviembre de dos mil siete, vigentes a partir del primero de enero de dos mil ocho), no obstante que la autoridad citada negó su existencia y en los autos no obra prueba alguna ofrecida por la quejosa que desvirtúe tal extremo.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer en el juicio respecto de los actos reclamados al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes en la publicación y ejecución de la ley y decreto presidencial reclamados, pues negó su existencia sin que al efecto hubiese quedado desvirtuada dicha negativa con algún elemento probatorio idóneo allegado por la quejosa.

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia que a continuación se transcribe:

"INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." (No. Registro IUS: 394266. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Sexta Época. Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice de 1995. Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis 310, página 209).

QUINTO. Análisis de los agravios. Para determinar si le asiste o no la razón a las recurrentes en cuanto impugnan el sobreseimiento decretado en la sentencia recurrida, reflejado en el único punto resolutivo y en cuanto se rige por el considerando quinto de esa resolución, resulta necesario definir, en primer término, si a las disposiciones que integran la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (y, por vía de consecuencia, del decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia de los impuestos sobre la renta y empresarial a tasa única, publicado en el Diario Oficial de la Federación del cinco de noviembre de dos mil siete), les corresponde el carácter de autoaplicativas o heteroaplicativas y, con base en ello, determinar, en segundo lugar, la manera en que habrá de quedar acreditado el interés jurídico de las quejosas para estar en condiciones de combatir dichas disposiciones.

I. Determinación de la naturaleza (autoaplicativa o heteroaplicativa) de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y del Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia de los impuestos sobre la renta y empresarial a tasa única, publicado en el Diario Oficial de la Federación del cinco de noviembre de dos mil siete, ambos vigentes a partir del primero de enero de dos mil ocho.

Los artículos 103, fracción I, de la Constitución Federal y 1o., fracción I, de la Ley de Amparo establecen la procedencia del amparo contra leyes o contra actos de autoridades que violen las garantías individuales, como se advierte de su texto literal:

"Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite:

"I. Por leyes o actos de la autoridad que viole las garantías individuales."

"Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite:

"I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales."

Por su parte, los artículos 21, 22, fracción I, 73, fracciones VI y XII, y 114, fracción I, de la Ley de Amparo previenen la procedencia del juicio de amparo indirecto contra leyes o normas de carácter general; y para distinguir, de acuerdo con los términos en que se encuentra establecida la norma impugnada, su naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa, debe atenderse al momento en que ocasiona al gobernado un perjuicio cierto y directo en su esfera jurídica, lo que conlleva también a determinar cuándo y de qué término dispone el gobernado para ejercer la acción constitucional.

Las disposiciones citadas disponen lo siguiente:

"Artículo 21. El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos."

"Artículo 22. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior:

"I. Los casos en que a partir de la vigencia de una ley, ésta sea reclamable en la vía de amparo, pues entonces el término para la interposición de la demanda será de treinta días."

"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:

"...

"VI. Contra leyes, tratados y reglamentos que, por su sola vigencia, no causen perjuicio al quejoso, sino que se necesite un acto posterior de aplicación para que se origine tal perjuicio;

"...

"XII. Contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los artículos 21, 22 y 218.

"No se entenderá consentida tácitamente una ley, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia, en los términos de la fracción VI de este artículo, no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en relación con el quejoso.

"Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la ley en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la ley si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir de la fecha en que se haya notificado la resolución recaída al recurso o medio de defensa, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad.

"Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 166, fracción IV, párrafo segundo, de este ordenamiento."

"Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito:

"I. Contra leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional, reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, u otros reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación, causen perjuicios al quejoso ..."

De los numerales transcritos se advierte que las normas de carácter general pueden ser impugnadas mediante juicio de amparo en distintos momentos, atendiendo a la naturaleza de la propia norma, es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio, o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la norma en cuestión.

El primer caso concierne a las denominadas leyes autoaplicativas, que son las que producen efectos jurídicos frente a sus destinatarios por sí mismas, sin requerir un acto intermedio de aplicación, es decir, esas leyes, al iniciar su vigencia, imponen deberes jurídicos a los particulares; de ahí que, si los supuestos contenidos en las hipótesis normativas se actualizan automáticamente sin que sea menester un acto de aplicación, procederá en su contra el juicio de amparo.

Así, basta con que el gobernado se encuentre ubicado en los supuestos que se establecen en un determinado ordenamiento legal que afecte su interés jurídico, que por su sola expedición le obliguen a hacer, dejar de hacer o dar, provocando la afectación de su esfera jurídica sin ningún acto para que esté en aptitud de ejercitar la acción de amparo dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor de la disposición de que se trate, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Amparo.

El segundo supuesto corresponde a las leyes heteroaplicativas, que son aquellas que, por sí solas, cuando se inicia su vigencia, no afectan la esfera de los gobernados, creando deberes a su cargo o extinguiendo o transformando sus derechos, sino que es necesaria la aplicación de la norma jurídica mediante un acto posterior. En este supuesto, el término con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo es de quince días, según las reglas establecidas en el artículo 21 de la ley citada.

Apoya lo antes dicho las tesis de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicen:

"LEYES AUTOAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA, TÉRMINO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. De un análisis cuidadoso de las leyes se advierte que además de las hipótesis anteriormente consignadas en tesis de esta Suprema Corte relativas a leyes autoaplicativas, limitadas a los casos en que una ley desde el momento de su vigencia vincula a un particular a su cumplimiento y, por lo mismo, afecta sus intereses jurídicos, sin que se requiera de un acto concreto de aplicación, y leyes heteroaplicativas, que se refieren a aquellas que necesitan de un acto concreto de aplicación para que afecten a un particular, existen otras que si bien no requieren de ese acto concreto, para afectar a un particular, esa afectación no se produce desde la vigencia de la ley sino al producirse la condición a la que se encuentra sujeta la afectación. Tomando en cuenta esta distinción debe concluirse que si bien, por regla general, una ley autoaplicativa puede ser impugnada como tal, ya sea dentro del término de los treinta días siguientes al de su entrada en vigor, o dentro de los quince días siguientes al primer acto concreto de aplicación, en los casos en que la ley no afecta los intereses jurídicos de los particulares desde la iniciación de su vigencia, al no vincularlos a su cumplimiento, sino que es necesario, primero, que se cumpla la condición establecida en la misma, podrá promoverse el amparo dentro de los treinta días siguientes al en que se cumpla, siempre y cuando los particulares queden automáticamente dentro de la hipótesis de su aplicación posterior, pudiendo, también, si éste se produce, reclamarla dentro de los quince días siguientes a su notificación." (Séptima Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, tomo 217-228, Cuarta Parte, página 185).

"LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. PROCEDE POR ACTOS PROVENIENTES DE UN PARTICULAR QUE ACTÚA POR MANDATO EXPRESO DE LA LEY. Tratándose de juicios de amparo contra leyes, se dan dos supuestos genéricos de procedencia de la acción: el relativo a las leyes autoaplicativas y el que se refiere a las leyes heteroaplicativas, considerando que respecto a las segundas, la demanda debe presentarse dentro de los quince días siguientes al en que se dé el acto de aplicación o al en que se resuelva el recurso interpuesto en el dicho acto, conforme a lo establecido en los artículos 21 y 73, fracción XII, de la Ley de Amparo. Sin embargo, la referencia que el artículo 73, fracción VI, de la ley invocada hace en cuanto a que se requiere que el acto de aplicación de leyes que por su sola expedición no causen perjuicio al quejoso, provenga de una autoridad, no debe tomarse en sentido literal; es decir, el acto de aplicación de la ley no debe necesaria y forzosamente efectuarse en forma directa por una autoridad en sentido estricto, sino que su realización puede provenir de un particular que actúe por mandato expreso de la ley. En estos casos, el particular se reputa como auxiliar de la administración pública, sin que sea necesario llamar como responsable al particular que ejecuta el acto de aplicación en su calidad de auxiliar de la administración pública, pues el juicio de amparo no procede en contra de actos de particulares." (Séptima Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, tomo 205-216, Primera Parte, página 169).

Ahora bien, este Tribunal Pleno ha sustentado los siguientes elementos para dilucidar si una ley es autoaplicativa o heteroaplicativa:

Leyes autoaplicativas.

1) Se caracterizan por contener disposiciones que vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia y, por ende, admiten la procedencia de la vía constitucional desde que entran en vigor, pues desde ese momento crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho, dado que las obligaciones derivadas de éstas surgen o nacen con independencia de la actualización de condición alguna.

2) Pueden reclamarse en dos distintos momentos: el primero, dentro del plazo de treinta días computados a partir del día en que entran en vigor, según lo previsto en el artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo y, el segundo, dentro de los quince días siguientes a la actualización de alguna de las hipótesis previstas en el artículo 21 de la legislación de la materia.

Leyes heteroaplicativas.

1) Se distinguen porque obligan al gobernado al cumplimiento de obligaciones de hacer o no hacer, mediante la actualización de un perjuicio que surge con un acto de su aplicación.

2) Pueden reclamarse, sólo en una oportunidad, a través del juicio de amparo indirecto, que es dentro del plazo de quince días siguientes al de su primer acto de aplicación. Esto es, que sólo puede cuestionarse su constitucionalidad ante la actualización de su primera aplicación concreta, explícita o implícita en perjuicio del gobernado, y no así con motivo de sus ulteriores aplicaciones. Esta limitante se explica en razón de que la sentencia que se dicte en el juicio promovido con motivo del primer acto de aplicación rige la situación del quejoso respecto de la ley reclamada, del acto de aplicación cuestionado y en relación con todos los posteriores, ya que no puede aceptarse la procedencia de tantos juicios de amparo contra una ley, cuantos actos de aplicación existen en su perjuicio, a fin de evitar la litispendencia y la contradicción de sentencias y, especialmente, para obtener el respeto de la cosa juzgada.

De lo antes precisado se desprende que el eje rector que permite efectuar la distinción de las leyes para efectos de su impugnación, es el concepto de individualización, ya que constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer si los efectos de la disposición legal combatida suceden en forma incondicionada o condicionada.

Así, cuando la individualización es incondicionada las obligaciones contenidas en la norma general:

1. Son consustanciales a la disposición legal desde que entran en vigor.

2. Vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de la vigencia, pues desde ese momento crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho.

3. Nacen con ella misma.

4. No se requiere de la actualización de alguna condición.

En el otro supuesto, de individualización condicionada, los deberes de hacer o no hacer impuestos por el legislador:

1. Requieren la realización de algún acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede ser de la autoridad o del particular, para situarlo en la hipótesis legal (condición).

2. No surgen de manera automática con la sola entrada en vigor, sino que requieren un acto diverso que actualice el perjuicio, que puede ser de la autoridad, de un tercero o del propio quejoso.

3. Se hallan sometidos a la realización o aplicación jurídica o material de la norma en un caso concreto.

El criterio anterior se encuentra contenido en la jurisprudencia cuya sinopsis dice:

"LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22510-9d3f4903/empresarial-a-tasa-unica-el-comprobante-de-inscripcion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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