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EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN I, PÁRRAFO SEGUNDO, EN RELACIÓN CON EL 6, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL EXCLUIR DE SU OBJETO LOS INGRESOS POR REGALÍAS DERIVADAS DE OPERACIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS Y, EN CONSECUENCIA, NO PERMITIR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DE ESA NATURALEZA, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008). EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN I, PÁRRAFO TERCERO, EN RELACIÓN CON LOS DIVERSOS 1, 2 Y 6, FRACCIÓN I, TODOS DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL EXCLUIR DE LAS ACTIVIDADES GRAVADAS A LAS OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO O MUTUO QUE DEN LUGAR AL PAGO DE INTERESES QUE NO SE CONSIDEREN PARTE DEL PRECIO Y, EN CONSECUENCIA, IMPEDIR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS POR ESE CONCEPTO, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008). EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. LOS ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN I, 6, FRACCIONES I, II, Y III, Y QUINTO Y SEXTO TRANSITORIOS DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL OTORGAR UN TRATO DISTINTO A LOS CONTRIBUYENTES QUE TIENEN INVERSIONES REALIZADAS DURANTE SU VIGENCIA, RESPECTO DEL CONFERIDO A LOS QUE LAS EFECTUARON CON ANTERIORIDAD A ÉSTA, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008). EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. LOS ARTÍCULOS 7 Y 9 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL NO PREVER UN MECANISMO PARA EL AJUSTE DE LOS PAGOS PROVISIONALES, NO TRANSGREDEN LA GARANTÍA DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008). EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. LOS ARTÍCULOS QUINTO Y SEXTO TRANSITORIOS DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL OTORGAR UN TRATO DISTINTO A LOS CONTRIBUYENTES QUE EFECTUARON INVERSIONES EN EL ÚLTIMO CUATRIMESTRE DE 2007, RESPECTO DEL OTORGADO A LOS CONTRIBUYENTES CON INVERSIONES EFECTUADAS DEL 1o. DE ENERO DE 1998 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008). EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. SON INOPERANTES LOS ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN I, PÁRRAFO SEGUNDO, Y QUINTO Y SEXTO TRANSITORIOS, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA, SI PLANTEAN UN TRATO DIFERENCIADO ENTRE EROGACIONES EFECTUADAS POR EL PROPIO CONTRIBUYENTE(LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008). EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL ARTÍCULO 4, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL NO EXENTAR DEL PAGO DEL TRIBUTO A LAS SOCIEDADES Y ASOCIACIONES DE CARÁCTER CIVIL QUE PRESTEN SERVICIOS EDUCATIVOS, NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE IGUALDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008). EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL MECANISMO PARA SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO AL ACTIVO PREVISTO POR EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008). EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL MECANISMO PARA SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO AL ACTIVO PREVISTO POR EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008). EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL OBJETO DEL IMPUESTO RELATIVO SON LOS INGRESOS BRUTOS RECIBIDOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES, LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES Y EL OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008). EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. LA LEY QUE REGULA EL IMPUESTO RELATIVO DEFINE SU OBJETO, POR LO QUE NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008). EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. LOS ARTÍCULOS 3, 5 Y 6 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL NO PERMITIR LA DEDUCCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS, PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS, APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL, INTERESES DERIVADOS DE OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO O MUTUO CUANDO NO SE CONSIDEREN PARTE DEL PRECIO Y REGALÍAS QUE SE PAGUEN ENTRE PARTES RELACIONADAS, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 415/2009. · Registro digital (IUS): 22475
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Octubre de 2010, , Pág. 755.

AMPARO EN REVISIÓN 415/2009. **********.

MINISTRA PONENTE: OLGA MARÍA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.

SECRETARIOS: MARÍA ESTELA FERRER MAC GREGOR POISOT, RICARDO MANUEL MARTÍNEZ ESTRADA, FANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ, JORGE LUIS REVILLA DE LA TORRE, JUAN CARLOS ROA JACOBO Y RAFAEL COELLO CETINA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; 10, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y conforme a lo previsto en el punto tercero, fracción III, del Acuerdo General 5/2001 del veintiuno de junio de dos mil uno,(5) y los puntos primero y segundo del Acuerdo General 6/2008 del ocho de abril de dos mil ocho, ambos emitidos por este Tribunal Pleno, toda vez que se interpone en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en un juicio de amparo indirecto en el que se reclamó la inconstitucionalidad de diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de octubre de dos mil siete y vigente a partir del primero de enero de dos mil ocho y, en el caso, resulta necesaria la intervención del Tribunal Pleno, en virtud de que su resolución reviste trascendencia e interés excepcionales, pues debe fijarse el criterio que sobre la problemática de fondo ha de prevalecer.

SEGUNDO. Oportunidad. La sentencia recurrida le fue notificada por lista a la parte quejosa el veinticuatro de febrero de dos mil nueve, (según se desprende de la constancia de notificación que obra agregada en la parte posterior de la foja ochocientos dieciocho del expediente relativo al juicio de amparo), surtiendo sus efectos al día hábil siguiente a aquel en que se practicó la diligencia, de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 34 de la Ley de Amparo, por lo que el término de diez días a que hace alusión el artículo 86 del ordenamiento legal en comento, empezó a correr del veintiséis de febrero al once de marzo de dos mil nueve, descontándose los días veintiocho de febrero, y primero, siete y ocho de marzo, por ser sábados y domingos, respectivamente, según lo establece la fracción III del artículo 24 de dicha ley, así como el artículo 23 de dicho cuerpo normativo, motivo por el cual, si el recurso de revisión se interpuso el diez de marzo de dos mil nueve (según se aprecia del sello que obra en la parte superior de la primera hoja del escrito de expresión de agravios que obra agregado a fojas dos a ochenta del expediente relativo al amparo en revisión), debe tenerse por interpuesto en tiempo.

TERCERO. Síntesis de los agravios. En los argumentos hechos valer por la parte quejosa recurrente, esencialmente, se aduce lo siguiente:

Primer agravio. Exención en el pago del impuesto para prestadoras de servicios educativos con la condición de que obtengan autorización para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta y que los ingresos obtenidos se destinen a los fines propios de su objeto social (equidad tributaria).

Sostiene la recurrente que la sentencia combatida viola los principios de congruencia y exhaustividad respecto de lo efectivamente planteado en la demanda de garantías.

En efecto, en la demanda de amparo se planteó en forma destacada que al establecer los ingresos por los cuales no se pagará el impuesto empresarial a tasa única, el artículo 4, fracción III, de la ley reclamada, remite a las personas morales con fines no lucrativos autorizadas para recibir donativos deducibles en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta (artículos 93 y 95), pero excluye del citado grupo de ingresos a ciertas actividades.

De aquellas actividades no excluidas de las previstas por el artículo 95, fracción X, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se exenta del pago del impuesto empresarial a tasa única a las sociedades y asociaciones de carácter civil que se dediquen a la enseñanza; al respecto, se alegó que las personas morales catalogadas en la fracción III del artículo 4 reclamado, las cuales son de idéntica naturaleza jurídica, no están sujetas al pago del impuesto empresarial a tasa única, lo que es violatorio de garantías, ya que la norma pierde de vista que pese a que las instituciones educativas que demandan el amparo tienen en común con las personas morales referidas en dicha fracción, y con las de los artículos 93 y 95, fracción X, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el realizar actividades que no tienen fines de lucro, también ameritaba que les fuera concedido el beneficio tributario o exención en el pago del impuesto empresarial a tasa única.

Por tanto, exentar sólo a algunas de las personas morales liberándolas de la obligación de pagar el impuesto si cuentan con autorización para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta, y no así a las que no cuenten con esa autorización, como es el caso de las quejosas, las cuales también revisten el carácter de persona moral que realizan actividades sin fines lucrativos, se traduce en un trato discriminatorio ante situaciones iguales, lo cual provoca violación a la garantía de equidad tributaria.

En el fallo recurrido, el Juez a quo sostuvo que el tratamiento que el artículo 95, fracción X, de la Ley del Impuesto sobre la Renta otorga a instituciones o asociaciones educativas se refiere únicamente para los efectos de dicho tributo y no puede entenderse para todos los impuestos federales o locales del país; que la complementariedad entre los impuestos sobre la renta y empresarial a tasa única no significa que todas y cada una de sus disposiciones, definiciones y categorías que se contienen en el primero, deban reconocerse necesariamente en el segundo, ya que se trata de normas autónomas; y que no están en una misma situación jurídica las personas morales que están autorizadas para recibir donativos respecto del resto de contribuyentes que no cuenten con tal autorización, sean personas físicas o morales, con independencia de su objeto, ya que aquéllas deben reunir mayores requisitos para obtener y mantener la autorización correspondiente y cuentan con una serie de prohibiciones que no aplican a las segundas.

Lo sostenido por el Juez de Distrito es ineficaz -sostiene la recurrente-, debido a que fue el propio legislador el que en forma arbitraria dentro de la ley reclamada hace la remisión a la Ley del Impuesto sobre la Renta; así, el que cada una de las disposiciones, definiciones y categorías que contiene la segunda (sic) deben reconocerse en la segunda, proviene no del segundo ordenamiento, sino del reconocimiento de las garantías de igualdad y de equidad tributaria.

En consecuencia, resulta que contrario a lo resuelto en la sentencia combatida, el impuesto empresarial a tasa única viola en perjuicio de los gobernados las garantías de igualdad y equidad tributaria, toda vez que la quejosa no fue incluida dentro de los sujetos exentos a que se refiere la fracción III del artículo 4 del ordenamiento reclamado.

Segundo agravio. Indefinición del objeto del impuesto (legalidad tributaria).

El Juez de Distrito violó en perjuicio de las recurrentes los artículos 77, 78 y 79 de la Ley de Amparo, en virtud de que no resolvió conforme a los principios de congruencia y exhaustividad su demanda de garantías, específicamente en lo relativo al concepto de violación en el que manifestaron que las normas impugnadas resultaban violatorias del principio de legalidad tributaria, en virtud de que las autoridades responsables habían sido omisas en definir de manera clara y precisa el objeto del impuesto empresarial a tasa única.

Al respecto, las recurrentes señalan que en la demanda se expuso que el objeto del impuesto previsto en la iniciativa de ley y en los dictámenes rendidos por las Cámaras de Diputados y de Senadores fue distinto al que finalmente se plasmó en la norma reclamada causando con ello incertidumbre jurídica en el contribuyente respecto de un elemento esencial del tributo.

Dicho argumento lo sostuvieron en el hecho de que el artículo 2 de la ley combatida no es preciso respecto de la riqueza o signo de capacidad contributiva sobre la cual incide el tributo en estudio, es decir, si se trata de una renta ficta o de la utilidad remanente de la empresa utilizada para retribuir a los factores de producción, con lo cual resulta evidente que en el proceso legislativo nunca se expresó con claridad o certeza efectiva la determinación del objeto del impuesto.

En esa tesitura, las recurrentes aseveran que el hecho generador de la contribución es la percepción efectiva de ingresos provenientes de la prestación de servicios, enajenación de bienes o por el otorgamiento temporal de bienes, con independencia de que dichas actividades u operaciones se realicen o no en territorio nacional. Con ello, se demuestra que lo establecido en la ley no coincide con la iniciativa ni con lo discutido por las Cámaras del Congreso de la Unión.

En la iniciativa se propuso que al tratarse de un impuesto directo se gravaría a nivel de la empresa con una tasa uniforme, por lo que el hecho generador era la retribución total a los factores de producción; sin embargo, al haberse excluido la posibilidad de realizar ciertas deducciones, el objeto sería la generación de flujos económicos destinados a la retribución total de los factores de producción.

Si bien es cierto que las autoridades responsables establecieron la materia imponible para efectos del impuesto empresarial a tasa única, esto no se reflejó en el conjunto de disposiciones que componen la ley reclamada, por lo que resulta incierto, confuso, indeterminado y ambiguo el objeto del tributo.

Ahora, teniendo en consideración tales extremos, se tiene que el a quo no se ocupó de la cuestión efectivamente planteada, porque las recurrentes hicieron valer argumentaciones relacionadas con el objeto del impuesto basadas en una comparación entre el proceso legislativo y lo que finalmente quedó plasmado en la ley reclamada.

La argumentación de las quejosas partió de un análisis del artículo 2 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, en relación con lo manifestado en el proceso legislativo, y no de éste en relación con el artículo 1, como falsamente lo sostuvo el juzgador federal quien, en razón de ello, resolvió cuestiones que no se le hicieron valer.

Por otro lado, las recurrentes manifiestan que, contrario a lo sustentado por el Juez de Distrito en el sentido de que el objeto del impuesto se compone simplemente de una serie de ingresos, ello no puede aceptarse de esa manera, porque según el proceso legislativo que le dio origen, su finalidad era gravar la utilidad remanente de la empresa utilizada para retribuir a los factores de la producción, de manera que si el hecho generador de la contribución está representado por la percepción efectiva de ingresos proveniente de la prestación de servicios, enajenación de bienes o por el otorgamiento temporal de bienes (esto es, la retribución total a los factores de producción), el hecho de que no se permitan ciertas deducciones relacionadas con esos ingresos, no permite la consecución del referido objeto en los términos en que fue concebida la ley, con lo que la lista de ingresos a que alude el a quo como objeto del impuesto, no coincide con las pretensiones que respecto de este tributo se manifestaron en el proceso legislativo.

Con ello queda de manifiesto que el análisis realizado por el a quo sobre la naturaleza del objeto del impuesto fue insuficiente y limitado, ya que para ello debió considerar no sólo lo plasmado en la ley reclamada, sino todo el material legislativo que dio origen a su creación y en el cual se aseveró la verdadera intención del legislador en cuanto a la naturaleza y alcances del tributo.

Es importante destacar que para desentrañar la naturaleza de una contribución con base en lo manifestado en el proceso legislativo que le dio vigencia es perfectamente procedente y constituye una práctica deseable en la interpretación constitucional de los impuestos.

Tercer agravio. Ausencia de un mecanismo de ajuste de los pagos provisionales en relación con el impuesto del ejercicio (proporcionalidad tributaria).

Las recurrentes manifiestan que expresaron como concepto de violación que los artículos 7 y 9 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única violan el principio de proporcionalidad tributaria, al no establecer un sistema de anticipos mensuales a cargo del impuesto anual, es decir, no permiten el ajuste del impuesto que resulte al final del ejercicio, ya que sólo así se atendería a su auténtica capacidad contributiva, como sí ocurre con la Ley del Impuesto sobre la Renta y la extinta Ley del Impuesto al Activo.

Sobre el particular, las inconformes manifiestan que el Juez Federal no realiza un análisis detallado y explícito del procedimiento y conceptos para calcular y determinar el impuesto anual y sólo concluye que no existe gran diferencia entre la totalidad de los pagos provisionales y el cálculo del ejercicio, con lo que la afirmación que hace en la resolución recurrida respecto a que el pago provisional que entere el contribuyente constituye una referencia objetiva que se considerará al final del ejercicio no puede tener apoyo en señalamientos genéricos, dogmáticos y sin fundamento.

Señalan las recurrentes que en su demanda alegaron que el legislador debió considerar la posibilidad de ajustar los pagos provisionales cuando se acreditara ante la autoridad hacendaria de manera fehaciente que el cálculo convencional llevaría al contribuyente a enterar pagos provisionales mayores al importe total del impuesto que resulta a cargo del ejercicio; al no haberse previsto esa posibilidad, se desconoce su capacidad contributiva.

En otro aspecto, aduce que en la demanda de garantías se expresó de manera destacada que en el cálculo y determinación de los pagos provisionales se debió permitir el ajuste en el que aplicaran las erogaciones que estimara realizaría durante su ejercicio como parte de su operación y, al no hacerlo así, las responsables violaron el principio de proporcionalidad.

Al respecto, el Juez Federal sostuvo de manera medular que, conforme a la generalidad de las leyes tributarias, los hechos de cada contribuyente actualizan las diversas hipótesis previstas, lo que refleja las reglas específicas bajo las cuales tributará cada contribuyente, pues la ley no puede contemplar de manera pormenorizada la situación fiscal y operativa de cada uno de ellos; por tanto, el Juez asegura que el pago provisional refleja la capacidad económica que el contribuyente tiene en un periodo determinado en función del cuál se calcula el pago, y el monto que arroja dicho cálculo en ese periodo operativo representa una porción de la potencial capacidad económica del ejercicio; agrega el juzgador, que es imposible que las leyes, cuya generalidad debe imperar, prevean los periodos operativos de todos y cada uno de los contribuyentes.

Lo considerado por el Juez a quo es ineficaz, pues la generalidad de las leyes tributarias en modo alguno libera al legislador del cumplimiento de la garantía de proporcionalidad, es decir, el respeto de la capacidad contributiva durante la temporalidad de su operación y no solamente al final de ese periodo, ya que sólo de esa forma se respetaría su real capacidad económica. De igual forma, es ineficaz lo sostenido por el Juez de Distrito, ya que no se pretende un régimen exclusivo, sino la regulación de un ajuste que permita reflejar su verdadera capacidad económica durante el ejercicio fiscal.

Por otra parte, es infundado lo resuelto por el Juez de Distrito, ya que lo que se pretende en el caso no es la inclusión de la metodología de la Ley del Impuesto sobre la Renta en la ley reclamada (en cuanto a que el cálculo en aquella ley se apoya en la "utilidad fiscal"), sino el hecho de que el ajuste de los pagos provisionales es un mecanismo que refleja y reconoce la capacidad económica, sobre todo si se toma en cuenta que supuestamente el impuesto empresarial a tasa única es un impuesto mínimo y complementario del impuesto sobre la renta, por lo que, para efecto de respetar dicha capacidad económica, es necesario que el legislador incluya el mecanismo de ajuste para reconocer la efectiva capacidad económica durante el ejercicio.

Cuarto agravio. Integración de la base del impuesto (proporcionalidad tributaria).

Las impetrantes sostienen que el Juez de Distrito de manera incongruente resolvió el argumento que hizo valer respecto a la violación al principio de proporcionalidad tributaria derivado de la manera en que se integra la base; en efecto, en la demanda de garantías se argumentó que al gravarse la totalidad de los ingresos detallados en el artículo 1 de la ley reclamada sin permitir la deducción total de las erogaciones indispensables realizadas para generar precisamente dichos ingresos, se provoca que la base no se encuentre en estrecha relación con el objeto que se pretende gravar, lo que lo vuelve desproporcional porque se trata de un impuesto personal y directo, y supuestamente mínimo y complementario del impuesto sobre la renta, con lo que si no se permite la deducción del total de los gastos indispensables para la obtención de esos ingresos, no se grava la verdadera capacidad contributiva de los sujetos obligados.

Así, sostienen las recurrentes que los pagos por concepto de sueldos y salarios así como los pagos por regalías e intereses, de ninguna manera producen una modificación positiva en el patrimonio del contribuyente, sino que, por el contrario, dicha modificación es negativa por tratarse de erogaciones indispensables, y dichos gastos no son deducibles volviendo en consecuencia desproporcional el tributo.

Las inconformes aseveran, además, que el a quo no resolvió de manera congruente sus conceptos de violación, pues jamás hizo valer que la violación a la garantía de proporcionalidad tributaria hubiere consistido en no permitir las mismas deducciones que se permiten para el impuesto sobre la renta, sino en que el impuesto controvertido violaba dicha garantía al gravar la totalidad de los ingresos derivados de las actividades a que se refiere el artículo 1 de la ley impugnada sin permitir la deducción de las erogaciones indispensables realizadas para generar precisamente dichos ingresos, lo cual provoca que la base del impuesto no se encuentre en estrecha relación con el objeto que pretende gravar, volviéndolo desproporcional.

Quinto agravio. No deducibilidad de sueldos y salarios, participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa y aportaciones de seguridad social (proporcionalidad y equidad tributaria).

Las recurrentes sostienen que el Juez de Distrito resolvió ilegalmente que los artículos 8 y 10 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única no resultan contrarios a las garantías de proporcionalidad y equidad tributaria, pues consideró de manera incongruente que el hecho de que no sean deducibles los sueldos y salarios, participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa y aportaciones de seguridad social, a pesar de que -como lo reconoció- son gastos estrictamente indispensables que realiza el patrón a favor de sus trabajadores y que son para la realización de las actividades de las quejosas, tal extremo no implica que se violen dichas garantías.

Contrario a lo resuelto por el a quo, la no deducibilidad de tales conceptos implica la desproporcionalidad del impuesto, pues toda erogación que retribuya a los factores de producción del gobernado que no sea reconocida como deducción, obliga al sujeto a tributar sobre bases artificiales tomando en consideración que la manifestación de riqueza a gravar se distorsiona.

De esa manera, la desproporcionalidad de los actos reclamados se materializa atendiendo a los términos en que se realiza el hecho imponible consistente en gravar el flujo remanente que es utilizado para retribuir a los factores de la producción, puesto que, tomando en cuenta su naturaleza, no se grava una manifestación real de la riqueza del contribuyente al desconocerse dichos gastos realizados y, con ello, no existe una auténtica revelación de la riqueza gravable para que puedan ser destinadas a un gravamen constitucional, de manera que en el caso del impuesto combatido de forma inexplicable impide la disminución de la base con erogaciones necesarias para la obtención de los ingresos gravados.

Sobre este aspecto, las recurrentes argumentan que no es óbice a lo anterior el hecho de que el a quo sostenga que la no deducibilidad de los gastos efectuados por concepto de sueldos y salarios, participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa y aportaciones de seguridad social, se justifique con el hecho de que los contribuyentes cuenten con un crédito fiscal por dichos conceptos que podrá ser acreditado en contra del impuesto que resulte a su cargo en el ejercicio, pues los créditos que prevé la ley impugnada son desproporcionales e inequitativos, porque únicamente se pueden tomar en cuenta en el ejercicio en que se generen y no en ejercicios posteriores, desconociéndose así la capacidad contributiva, en tanto que el legislador asume que esas erogaciones únicamente disminuyen el patrimonio del sujeto en un ejercicio cuando en realidad tienen repercusión en un tiempo prolongado.

Contrario a lo sustentado en la sentencia recurrida, se viola la garantía de proporcionalidad tributaria al no reconocer la realización de erogaciones consistentes en pagos de nómina que originalmente debieran ser deducibles, pero que aun siendo crédito de acuerdo al procedimiento de cálculo de la ley, no pueden llevarse contra el impuesto de ejercicios posteriores al de origen, perdiéndose o desaprovechándose, por el solo hecho de que las deducciones que sí están autorizadas excedieron a los ingresos del periodo, o bien, porque esta misma circunstancia se presentó en el pasado y existe un crédito por pérdida de impuesto empresarial a tasa única que disminuye el impuesto a cargo.

En ese sentido, el Juez a quo pierde de vista que existe una distorsión en el sistema concebido por el legislador, en el que asume que las erogaciones señaladas que se hubiesen realizado antes de la entrada en vigor de la ley, sólo impactan la esfera patrimonial de las empresas en un ejercicio, lo cual está lejos de la realidad fiscal y económica de los ahora contribuyentes del impuesto. Además, es ilegal que se pretenda hacer creer que los efectos de la deducción y el acreditamiento son los mismos, en atención a que ambos procedimientos llevan a un mismo resultado, pues las deducciones repercuten en el cálculo de la base del tributo, mientras que el acreditamiento sucede en un momento posterior a la determinación de la base.

En otro aspecto, la sentencia recurrida también es ilegal, al señalar que el hecho de no poderse utilizar el acreditamiento por concepto de sueldos y salarios en ejercicios posteriores, no resulta ser inconstitucional, en virtud de que el impuesto es un gravamen que se calcula en ejercicios anuales. En ese sentido, en nada se relaciona que el impuesto empresarial a tasa única sea un gravamen que se calcule por ejercicios con el hecho de que cierto crédito que otorgue la ley pueda utilizarse en uno o varios ejercicios posteriores a aquel en que se haya generado. Inclusive, ello se evidencia con el hecho de que la propia ley permita a los contribuyentes amortizar ciertos créditos (pérdidas e inversiones) durante los diez ejercicios posteriores a aquellos en los que fueron generados, situación que no acontece en el caso del crédito otorgado por concepto de sueldos y salarios.

Concluyen las recurrentes que el Juez de Distrito se pronunció sobre varios conceptos de violación que no se hicieron valer en el escrito inicial de demanda, transgrediéndose con ello en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo.

Sexto agravio. No deducibilidad de gastos de previsión social (proporcionalidad tributaria).

Las recurrentes aseveran que la sentencia recurrida es ilegal en cuanto que en ella se resuelve negar el amparo respecto del artículo 5, fracción I, segundo párrafo, en relación con el artículo 6 de la ley impugnada, que prohíben la deducibilidad de los gastos de previsión social para efectos de la determinación del impuesto empresarial a tasa única, al considerar que no son violatorios de la garantía de proporcionalidad tributaria.

En efecto, es ilegal lo resuelto en cuanto se considera que aun cuando los gastos de previsión social son estrictamente indispensables para los fines de las empresas por considerarse parte del salario que el patrón entrega a sus trabajadores, el legislador cuenta con plena libertad para el establecimiento de contribuciones y fijar los requisitos para determinar las deducciones autorizadas en el impuesto empresarial a tasa única. Esa determinación es equivocada, pues tales facultades del legislador no fueron cuestionadas en el juicio de amparo y, por tanto, no formaron parte de la litis constitucional; por el contrario, lo que sí se hizo valer fue que el hecho de que se obligue al contribuyente a determinar la base del impuesto sin que se le permita reducir el monto erogado por concepto de previsión social, implica que se tribute conforme a una manifestación de riqueza distorsionada, dejándose de reconocer una erogación que constituye un costo primario en la generación de ingresos, en virtud de la realización del objeto del impuesto en estudio.

El legislador no reconoce el efecto negativo que generan en el patrimonio del contribuyente los gastos de previsión social, no obstante que éstos se encuentran relacionados con el factor trabajo de la producción y, por tanto, deben ser considerados una erogación deducible por ser estrictamente indispensables para la generación de los ingresos gravados por el impuesto empresarial a tasa única.

Además, sostienen las recurrentes que se evidenció que la ley combatida limita y sanciona al patrón que pretende mejorar el nivel social, económico y/o educativo de sus trabajadores, pues los gastos de previsión social no pueden evitarse o suspenderse, pues con ello incumpliría sus obligaciones laborales y pondría en riesgo a la empresa incurriendo en una falta que es reclamable por los trabajadores.

Agregan las peticionarias que es igualmente ilegal lo sustentado por el a quo en el sentido de que la no deducibilidad de los gastos de previsión social se justifica por el hecho de que el impuesto empresarial a tasa única es un impuesto mínimo respecto del impuesto sobre la renta y que, por tanto, este último al contener una tasa mayor y mayores deducciones, es lógico y coherente que si el impuesto cuya constitucionalidad se cuestiona tiene una tasa menor, las deducciones en él permitidas se reduzcan en relación con el impuesto sobre la renta. Sin embargo, ello no es exacto, porque el Juez a quo utiliza un argumento económico y no jurídico para justificar la inconstitucionalidad de las normas reclamadas, y no se toma en cuenta que se trata de gastos estrictamente indispensables, además de que el argumento económico aducido por al Juez a quo se supera con el hecho de que si bien los impuestos señalados son complementarios, mantienen naturaleza distinta, esto es, tienen sujetos, objeto, base y tasa distintas.

Séptimo agravio. No deducibilidad de salarios y previsión social (equidad tributaria).

Sostiene la parte inconforme que, tal como se advierte del escrito de demanda, la parte quejosa hizo valer un concepto de violación sobre la transgresión a la garantía de equidad tributaria que implican los artículos 5, fracción I y 6, fracción I, de la ley reclamada, al no permitir la deducción de salarios y gastos de previsión social en la determinación del impuesto. Sin embargo, vulnerando el principio de exhaustividad, el Juez a quo omitió realizar pronunciamiento alguno sobre dicho argumento.

No obsta a lo anterior, el hecho de que en la sentencia se haya vertido un considerando sobre la violación a la garantía de equidad tributaria en relación con aportaciones de seguridad social, pues dichas aportaciones y las erogaciones por salarios y previsión social no guardan la misma naturaleza ni tienen el mismo tratamiento fiscal. En efecto, las aportaciones de seguridad social constituyen contribuciones en términos del artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación, mientras que las erogaciones por salarios y previsión social son gastos estrictamente indispensables, por lo que es evidente que no guardan la misma naturaleza y, por ende, no puede entenderse resuelto el concepto de violación de la parte quejosa en el considerando que vertió el Juez a quo relativo al tema de equidad por la imposibilidad de deducir aportaciones de seguridad social.

Octavo agravio. No deducibilidad de regalías (proporcionalidad y equidad tributaria).

Aduce la recurrente que el Juez a quo realiza una indebida valoración de la inconstitucionalidad del artículo 3, fracción I, segundo párrafo, en relación con el diverso artículo 6, fracción I, de la ley reclamada a la luz de las garantías de equidad y proporcionalidad tributaria.

Sobre la violación a la garantía de equidad tributaria, el Juez de Distrito estimó en su sentencia que los artículos de mérito no son violatorios de la garantía de equidad tributaria, pues la diferencia de trato se encuentra justificada, habida cuenta que las partes relacionadas se ubican en un plano de desigualdad frente a las partes independientes, en virtud de las circunstancias en su organización y relaciones comerciales, además de que la diferencia de trato atiende a un fin extrafiscal, tendiente a desalentar la disminución indebida de la base del impuesto empresarial a tasa única mediante simulaciones de e

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22475-0cee83f5/empresarial-a-tasa-unica-el-articulo-3-fraccion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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