PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. CONTRA LA DETERMINACIÓN JURISDICCIONAL QUE NIEGA DECLARARLA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, SIN QUE SEA NECESARIO AGOTAR PREVIAMENTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 150/2007-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y cuarto, del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, por tratarse de una contradicción suscitada entre los criterios de dos Tribunales Colegiados de Circuito que abordan cuestiones en materia penal en la cual esta Sala se encuentra especializada.
SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en virtud de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, que es uno de los órganos colegiados entre los que se suscitó la probable contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
TERCERO. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir para su posterior análisis las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes.
I. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, al resolver la improcedencia número 184/2007, fundamentalmente, sostuvo:
"QUINTO. Los motivos de inconformidad que el recurrente esgrime son sustancialmente fundados y suficientes para revocar el acuerdo controvertido, aunque para ello se supla en parte la deficiencia de la queja, en términos del artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo. En efecto, el acuerdo recurrido consiste en el proveído de veintiocho de agosto de dos mil siete, en el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por **********. Del libelo de garantías se advierte que la parte recurrente reclama la determinación de diecisiete de julio de dos mil siete, dictada por el Juez Sexto de lo Penal del Primer Distrito Judicial en la entidad, dentro del proceso penal 108/2007, en la cual negó declarar extinguida la acción penal porque la querella que dio inicio al proceso que se le instruye fuera extemporánea, pese a las pruebas que le allegó. Ahora bien, aparece que en el acuerdo que se recurre, se desechó de plano la demanda de garantías por considerarla manifiesta e indudablemente improcedente. Lo anterior, pues se estimó que en términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, antes de acudir a la instancia constitucional a impugnar el acto mencionado se debió agotar el recurso de revocación, contemplado en el artículo 378 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Nuevo León. A más, porque se consideró que la resolución reclamada aun cuando era un acto de carácter penal, no restringía directamente la libertad personal del quejoso, ni importaba peligro de privación de su vida, ataques a su libertad fuera de procedimiento judicial o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, y tampoco era de los comprendidos como violatorios de las garantías que consagran los numerales 16, en materia penal, 19 y 20, fracciones VIII y X, párrafos primero y segundo de la Constitución Federal, como en los casos que se reclama una orden de aprehensión, auto de formal prisión o proveído que niega la libertad provisional bajo caución, en los que no opera el principio de definitividad contemplado en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. Asimismo, se estableció que el auto impugnado sólo tenía carácter procesal y no constitucional, por lo cual, en éste no se conculcaban en forma alguna las garantías del peticionario de amparo. Al respecto, citó como apoyo la tesis aislada 11.1o.P.122 P, visible en la página 987 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, febrero de dos mil tres, Novena Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, del rubro y texto: ‘AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL, CONTRA EL AUTO QUE NIEGA DECLARAR LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL.’ (se transcribe). Pues bien, este órgano colegiado no comparte las consideraciones que se tuvieron para desechar la demanda de amparo. Lo anterior, en tanto que la mencionada causa de improcedencia no reviste la característica de manifiesta e indudable, como exige expresamente el artículo 145 de la Ley de Amparo, que literalmente establece: ‘Artículo 145.’ (se transcribe). Contexto normativo del cual se desprende que para desechar de plano una demanda de garantías, se exige adicional a la materialización de un motivo de improcedencia, que el mismo resulte ‘manifiesto’ y también ‘indudable’, entendiéndose por lo primero, aquello que se advierte sin necesidad de disquisición alguna y por ‘indudable’, lo que es seguro, a grado tal que hay certeza absoluta de que no puede sobrevenir elemento alguno que haga cambiar la perspectiva inicial. Estos motivos ‘manifiestos’ e ‘indudables’ de improcedencia, que afectan una demanda de amparo a que se refiere la disposición legal transcrita, no son otra cosa, sino aquellas circunstancias que por sí mismas, sin necesidad de demostración ulterior, se advierten sin lugar a dudas, de tal modo que es inejercitable la acción de amparo; en caso contrario, es decir, cuando esas causas no son evidentes e irrefragables, el acto procesal que debe recaer es diverso al desechamiento de la demanda, desde luego, sin perjuicio de que con posterioridad se resuelva el sobreseimiento que corresponda, si del resultado del estudio respectivo apareciere la existencia de alguna causa de improcedencia; ello a fin de no dejar a la parte quejosa en estado de indefensión, al negarle la oportunidad de probar lo contrario. Adquiere relevancia el criterio que se comparte, sostenido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la jurisprudencia diecinueve, Novena Época, visible en la página setecientos treinta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, septiembre de mil novecientos noventa y nueve, cuyo rubro y contenido disponen: ‘DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.’ (se transcribe). Ahora bien, se afirma que en la especie no se actualizan los predichos supuestos, relativos a lo ‘manifiesto e indudable’, merced a lo siguiente: La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que la libertad personal de los individuos no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privar al gobernado de la libertad personal que en ese momento disfrute, sino que tal afectación también surge a la vida jurídica con actos que determinen, de alguna manera, la permanencia del gobernado en su situación actual de privación de libertad personal o modifiquen las condiciones en que tal privación deba ejecutarse. Asimismo, tal tribunal ha puntualizado que el derecho que a la libertad personal tiene el hombre, le es propio, viene de su naturaleza, y la ley no se lo concede, sino que se lo reconoce y al momento de ser privado de ella por motivos que la propia ley determina, nace el derecho de estar libre mediante ciertos requisitos. Tales afirmaciones están contenidas en la ejecutoria que conforma la tesis de jurisprudencia por contradicción 1a./J. 119/2005, consultable en la página 67 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, octubre de dos mil cinco, Materia Penal, Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: ‘AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN UN INCIDENTE DE LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS, SIN NECESIDAD DE AGOTAR PREVIAMENTE LOS RECURSOS ORDINARIOS PREVISTOS EN LA LEY Y PUEDE PROMOVERSE EN CUALQUIER TIEMPO.’ (se transcribe). Ahora bien, el artículo 129 del Código Penal para el Estado de Nuevo León, dispone: ‘Artículo 129.’ (se transcribe). Conforme al artículo supratranscrito, cuando una querella es presentada en forma extemporánea es imposible ejercerse acción penal. En congruencia, puede colegirse en el supuesto de que se hubiera ejercido acción penal e iniciado un proceso, a pesar de la extemporaneidad en la querella, debe decretarse la extinción de la misma al demostrarse que la querella se presentó fuera del plazo legal, con la consecuente declaratoria de sobreseimiento de la causa y obtención de la libertad del procesado, en términos de lo dispuesto por los artículos 369, fracción II y 373 del Código de Procedimientos Penales para la entidad. En ese tenor, se advierte que la extinción de la acción penal como consecuencia de que una querella es presentada en forma extemporánea constituye una causa establecida por el legislador para concluir un proceso antes de llegar a sentencia, e incluso, antes de que éste cobre vida; luego, es evidente que contiene un presupuesto obvio y elemental que radica precisamente en que el procesado o inculpado se encuentra en posibilidad de recuperar en absoluto su libertad antes del dictado de resolución definitiva. Por tanto, se considera que iniciado el proceso penal contra algún individuo, la resolución que niega la extinción de la acción penal fundado en la extemporaneidad de la querella, aun cuando ajena al auto de formal prisión puede considerarse como un acto que incide en la libertad de las personas, en tanto que constituye una posibilidad de que el procesado pudiere obtener su libertad restringida por virtud del auto de formal prisión. Así, es indudable que conforme a lo establecido, la resolución reclamada constituye un acto que afecta la libertad personal del individuo, pues aun cuando es cierto que la privación de libertad del procesado es consecuencia del auto de formal prisión que se dictó en su contra en la causa penal que se le instruye, no menos cierto es que continuará restringido de su libertad al haberse desestimado la pretensión del procesado de alcanzar su libertad por virtud de la extinción de la acción penal fundada en la extemporaneidad de la querella. Para arribar a esa determinación ningún obstáculo representa que el quejoso se encuentre gozando de la libertad caucional, como lo menciona, pues finalmente su libertad está restringida por el proceso que se le instruye. Luego, debe concluirse que al encontrarse afectada la libertad personal del inculpado por virtud de la resolución que niega la extinción de la acción penal por extemporaneidad de la querella, es incuestionable que dicho supuesto se ubica en el caso de excepción al principio de definitividad, consagrado por la fracción XII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, debido a lo cual, no es necesario que se agote previamente a acudir al juicio de amparo los recursos ordinarios previstos en la ley. En consecuencia, supliendo la deficiencia de la queja en términos de lo dispuesto por el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, procede revocar la resolución recurrida y ordenar la admisión de la demanda de amparo, de no advertir diversa causa de improcedencia."
II. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión 332/2001, en lo que interesa, sostuvo:
"V. Son infundados los conceptos de agravio formulados por los recurrentes, de acuerdo a las siguientes consideraciones. En efecto, los inconformes alegan en esencia, que les causa perjuicio la sentencia revisada, porque la materia del juicio es del orden penal e invocaron como garantía violada la tutelada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que encuadra en la hipótesis contemplada en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece casos de excepción al principio de definitividad, y que, por tanto, no opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la ley especial citada. Lo que es inexacto, pues si bien es cierto que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece que en tratándose de violación a las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20, fracciones I, VIII y X, párrafos primero y segundo, de la Constitución Federal, podrán reclamarse ante el Juez de Distrito que corresponda o ante el superior del tribunal que haya cometido la violación; en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto que reclaman de la autoridad responsable ordenadora, consistente en el acuerdo de fecha cinco de julio del año dos mil uno, dictado en la causa penal número 10/2000-2, en el que se les niega la prescripción de la acción penal, aun cuando es un acto de carácter penal, no restringe directamente su libertad personal, ni importa peligro de la privación de su vida, ataques a su libertad fuera de procedimiento judicial, ni alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, y tampoco queda comprendido dentro de las garantías que consagran los numerales 16, en materia penal, 19 y 20, fracciones VIII y X, párrafos primero y segundo, de la Constitución Federal, lo que sucedería en los casos de la orden de aprehensión, auto de formal prisión, proveído que les niegue la libertad provisional bajo caución, en los que no opera el principio de definitividad contemplado en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo; máxime, que dicho auto en que se les niega la prescripción de la acción penal, sólo tiene el carácter de procesal y no constitucional y, por tanto, no se conculcan en forma alguna sus garantías, por lo que como bien lo precisó el Juez de Distrito, debieron de agotar el recurso ordinario procedente antes de intentar el juicio de amparo. Finalmente, lo tocante a que el Juez de Distrito invocó en la sentencia dos tesis aisladas, que no son obligatorias porque no cubren los requisitos establecidos en los artículos 192 y 103 de la Ley de Amparo. Es inoperante, en razón de que sólo las invocó en apoyo a sus consideraciones, las cuales fundamentó en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En tales condiciones, siendo inoperantes los agravios que se hacen valer y no advirtiéndose deficiencia que suplir en favor de los ahora recurrentes, procede confirmar la resolución recurrida y con fundamento en la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, al surtirse el supuesto previsto en la fracción XIII del diverso 73 de esa legislación, sobreseer en el juicio de garantías de que se trata."
De la anterior ejecutoria derivó la tesis cuyos datos de identificación, rubro y texto, son:
"No. Registro: 184,985
"Tesis aislada
"Materia(s): Penal
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"XVII, febrero de 2003
"Tesis: II.1o.P.122 P
"Página: 987
"AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL, CONTRA EL AUTO QUE NIEGA DECLARAR LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. El artículo 37 de la Ley de Amparo establece que en tratándose de violación a las garantías de los artículos 16 en materia penal, 19 y 20, fracciones I, VIII y X, párrafos primero y segundo, de la Constitución Federal, podrá reclamarse ante el Juez de Distrito que corresponda o ante el superior del tribunal que haya cometido la violación; por lo que si el acto que se reclama es el auto que niega declarar la prescripción de la acción penal, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pues aun cuando es un acto de carácter penal, no restringe directamente su libertad personal, ni importa peligro de privación de su vida, ataques a su libertad fuera de procedimiento judicial, ni alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, y tampoco queda comprendido dentro de las garantías que consagran los numerales 16, en materia penal, 19 y 20, fracciones VIII y X, párrafos primero y segundo, de la Constitución Federal, lo que sucedería en los casos de la orden de aprehensión, auto de formal prisión, proveído que niega la libertad provisional bajo caución, en los que no opera el principio de definitividad contemplado en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, máxime que dicho auto que niega declarar la prescripción de la acción penal al quejoso, sólo tiene carácter procesal y no constitucional y, por tanto, no se conculcan en forma alguna sus garantías, por lo que se debe agotar el recurso ordinario procedente.
"Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito.
"Amparo en revisión 332/2001. 10 de enero de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Legorreta Segundo. Secretario: Jacinto Banda Martínez.
"Nota: Esta tesis aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, mayo de 2002, página 1168; se publica nuevamente con el rubro correcto."
CUARTO. Como una cuestión previa a resolver la existencia de la contradicción de criterios denunciada, debe señalarse que para que se surta su procedencia, es necesario que las posiciones opuestas se susciten en un mismo plano de análisis, de modo que no basta atender a la conclusión del razonamiento, sino que es necesario tener en cuenta las circunstancias fácticas y jurídicas que por su enlace lógico son fundamento del criterio asumido, ya que únicamente cuando exista tal coincidencia, puede presentarse una contradicción de tesis.
Asimismo, al estudiar las circunstancias aludidas se debe distinguir entre las que sirven de fundamento a los criterios emitidos, de aquellas que aun cuando aparentemente son sustento de las consideraciones respectivas, no constituyen un presupuesto lógico del razonamiento.
En otros términos, se actualiza la contradicción de tesis, cuando concurren los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia que es del tenor siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
Cabe señalar que aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyen jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer, siendo aplicable la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos, rubro y texto, son:
"Octava Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"83, noviembre de 1994
"Tesis: P. L/94
"Página: 35
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS. Para la procedencia de una denuncia de contradicción de tesis no es presupuesto el que los criterios contendientes tengan la naturaleza de jurisprudencias, puesto que ni el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal ni el artículo 197-A de la Ley de Amparo, lo establecen así."
Precisado lo anterior, debe examinarse si se acreditan o no los extremos a que se refieren los incisos anteriores, entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, al resolver la improcedencia 184/2007, y por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión 332/2001.
Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito.
Improcedencia 184/2007.
El Tribunal Colegiado del conocimiento sostiene que al encontrarse afectada la libertad personal del inculpado en virtud de la resolución que niega la extinción de la acción penal por extemporaneidad de la querella, es incuestionable que dicho supuesto se ubica en el caso de excepción al principio de definitividad, consagrado por la fracción XII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 37 de la Ley de Amparo, debido a lo cual, no es necesario que se agoten previamente a acudir al juicio de amparo los recursos ordinarios previstos en la ley.
Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito.
Amparo en revisión 332/2001.
El Tribunal Colegiado consideró que al ser el acto que se reclama, el auto que niega declarar la prescripción de la acción penal, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pues aun cuando es un acto de carácter penal, no restringe directamente la libertad personal de los quejosos, ni importa peligro de privación de su vida, ataques a su libertad fuera de procedimiento judicial, ni alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, y tampoco queda comprendido dentro de las garantías que consagran los numerales 16 en materia penal; 19 y 20, fracciones VIII y X, párrafos primero y segundo, de la Constitución Federal, lo que sucedería en los casos de la orden de aprehensión, auto de formal prisión, proveído que niega la libertad provisional bajo caución, en los que no opera el principio de definitividad contemplado en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, además de que dicho auto que niega declarar la prescripción de la acción penal al quejoso, sólo tiene carácter procesal y no constitucional y, por tanto, no se conculcan en forma alguna sus garantías, por lo que se debe agotar el recurso ordinario procedente.
QUINTO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que sí existe la contradicción de criterios denunciada, por las siguientes razones:
I. Atendiendo al primero de los elementos que deben colmarse para satisfacer la existencia de una contradicción de tesis, se debe observar que los órganos contendientes examinaron y resolvieron cuestiones jurídicas esencialmente iguales y adoptaron criterios discrepantes, esto es, el tópico abordado por ambos tribunales fue en el sentido de que el procesado en un juicio del orden penal, antes de acudir al juicio de amparo, reclamando el auto a través del cual el Juez de la causa niega declarar la prescripción de la acción penal, debe hacer valer o no, de manera previa, los medios ordinarios de impugnación previstos en la ley respectiva, arribando a conclusiones antagónicas, de conformidad con lo siguiente:
• El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito sostuvo que al encontrarse afectada la libertad personal del inculpado en virtud de la resolución que niega la extinción de la acción penal por extemporaneidad de la querella, es incuestionable que dicho supuesto se ubica en el caso de excepción al principio de definitividad, consagrado por la fracción XII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, debido a lo cual, no es necesario que se agoten previamente a acudir al juicio de amparo los recursos ordinarios previstos en la ley.
• Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito consideró que aun cuando es un acto de carácter penal, no restringe directamente la libertad personal de los quejosos, ni importa peligro de privación de su vida, ataques a su libertad fuera de procedimiento judicial, ni alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, y tampoco queda comprendido dentro de las garantías que consagran los numerales 16 en materia penal, 19 y 20, fracciones VIII y X, párrafos primero y segundo, de la Constitución Federal, lo que sucedería en los casos de la orden de aprehensión, auto de formal prisión, proveído que niega la libertad provisional bajo caución, en los que no opera el principio de definitividad contemplado en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, máxime que dicho auto que niega declarar la prescripción de la acción penal al quejoso, sólo tiene carácter procesal y no constitucional y, por tanto, no se conculcan en forma alguna sus garantías, por lo que se debe agotar el recurso ordinario procedente.
En este orden de ideas, es claro que los Tribunales Colegiados abordan la misma problemática, llegando a conclusiones contrarias o discrepantes, por lo que sí se colma el primer requisito.
Sin que sea óbice de ello, el hecho de que el primero de los tribunales mencionados hubiese emitido la ejecutoria en estudio, en la improcedencia 184/2007, integrada en virtud del recurso de revisión que hizo valer el quejoso ********** en contra del auto dictado por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, en el juicio de amparo con número de expediente 693/2007, mediante el cual desechó su demanda de garantías y el Segundo Tribunal Colegiado en mención, respecto del recurso de revisión interpuesto por los impetrantes de garantías **********, ********** y ********** en contra de la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo indirecto 786/2001, dictada por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, en virtud de que la materia de estudio ante ambos Tribunales Colegiados, se hizo consistir en determinar si se debe agotar o no el principio de definitividad, antes de acudir al juicio de amparo, para impugnar la resolución dictada por un órgano jurisdiccional en materia penal mediante la cual niega declarar la prescripción de la acción penal, durante la sustanciación de un juicio penal; emitiendo ambos tribunales fallos que resultan ser antagónicos entre sí.
II. Por lo que ve al segundo requisito establecido para el planteamiento de la presente contradicción, éste versa sobre el hecho de que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas, esto se puede dilucidar al hacer el siguiente análisis:
El razonamiento vertido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito en la resolución de mérito, radica en esencia en la afirmación de que al encontrarse afectada la libertad personal del inculpado en virtud de la resolución que niega la extinción de la acción penal por extemporaneidad de la querella, dicho supuesto se ubica en el caso de excepción al principio de definitividad, consagrado por la fracción XII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 37 de la Ley de Amparo, debido a lo cual, no es necesario que se agoten previamente a acudir al juicio de amparo los recursos ordinarios previstos en la ley.
Por su parte el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de manera toral sostiene que la resolución que niega la prescripción de la acción penal, no restringe directamente la libertad personal del quejoso, ni importa peligro de privación de su vida, ataques a su libertad fuera de procedimiento judicial, ni alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, y tampoco queda comprendido dentro de las garantías que consagran los numerales 16 en materia penal, 19 y 20, fracciones VIII y X, párrafos primero y segundo, de la Constitución Federal, además de que sólo tiene carácter procesal y no constitucional y, por tanto, no se conculcan en forma alguna sus garantías, por lo que se debe agotar de manera previa, el recurso ordinario procedente.
De un comparativo realizado a los anteriores argumentos, se colige que se parte de distintos razonamientos, toda vez que las resoluciones son analizadas desde puntos de vista diferentes, esto es, se dan tratamientos diferentes a un mismo planteamiento.
Así las cosas, al tratarse de un mismo planteamiento y dar un tratamiento diverso a éste, se surte entonces el presente requisito.
III. Por lo que toca a la tercera condición, ésta deberá colmarse siempre y cuando los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos, así, de la lectura integral de las ejecutorias confrontadas, se evidencia que queda colmado este punto.
Sin que sea óbice, el hecho de que en el oficio 282-ST, recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el catorce de diciembre de dos mil siete, signado por el presidente del Primer Tribunal
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21289-bf1c9388/prescripcion-de-la-accion-penal-contra-la-determinacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- DENUNCIA ANÓNIMA. NO TIENE VALOR PROBATORIO DE INDICIO PARA INTEGRAR LA PRUEBA CIRCUNSTANCIAL PLENA. (CONTRADICCIÓN DE TESIS 150/2008-PS)
- MULTA FIJA. EL ARTÍCULO 220, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL VIGENTE A PARTIR DEL 10 DE JUNIO DE 2006, AL PREVER UNA SANCIÓN PECUNIARIA DE CUATROCIENTOS "O" (CONTRADICCIÓN DE TESIS 99/2007-PS)
- ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS. EL TIPO PENAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 87, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, SE REFIERE A LOS SUJETOS ACTIVOS QUE CONTANDO CON E (CONTRADICCIÓN DE TESIS 137/2005-PS)
- LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO PARA ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. NO SE LIMITA A LOS CASOS ESTABLECIDOS EXPRESAMENTE EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE LA MATERIA, (CONTRADICCIÓN DE TESIS 152/2005-PS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- SENTENCIAS CIVILES. (XXI.65 K)
- PRUEBAS EN MATERIA PENAL, DEBEN RECIBIRSE TODAS LAS OFRECIDAS LEGALMENTE. (s/clave)
- POLICIA JUDICIAL, PARTE INFORMATIVO DE LA. LAS MANIFESTACIONES CONTENIDAS EN EL, NO CONSTITUYEN PRUEBA TESTIMONIAL. (s/clave)
- ACTOS NEGATIVOS. (VI.1o.235 K)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis