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Modo: Corpus Pro

LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO PARA ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. NO SE LIMITA A LOS CASOS ESTABLECIDOS EXPRESAMENTE EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE LA MATERIA, SINO QUE SE AMPLÍA A LOS SUPUESTOS EN QUE SE IMPUGNE VIOLACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 20, APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 152/2005-PS. · Registro digital (IUS): 19249
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO Y EL ENTONCES TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, , Pág. 395.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 152/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO Y EL ENTONCES TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Ejecutorias que participan de la contradicción de tesis. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir para su posterior análisis las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes.

I. Las consideraciones del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito -denunciante- al resolver el juicio de amparo en revisión 61/2004, en lo que interesa, son las siguientes:

Amparo en revisión 61/2004.

"CUARTO. Resultan fundados pero inoperantes, e inatendibles los agravios hechos valer.

"A manera de antecedente, conviene destacar que la empresa quejosa señaló como acto reclamado el acuerdo de tres de octubre de dos mil tres del subprocurador general del Ministerio Público, encargado del despacho del procurador general de Justicia del Estado, mediante el cual negó la petición de la parte ofendida, aquí quejosa, en la que solicitó que con fundamento en el artículo 200 del Código de Procedimientos Penales del Estado, se pidiera al Magistrado de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la devolución a la fiscalía de las constancias de la causa penal 216/03-I, para que se procediera a aportar más pruebas. Lo anterior, porque contra la negativa de librar orden de aprehensión del Juez de primera instancia, la representación social interpuso recurso de apelación, y no lo sostuvo.

"Por su parte, en la sentencia constitucional recurrida, el Juez de Distrito consideró que respecto de tal acto reclamado, en síntesis, se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con su numeral 10, toda vez que aquél no encuadraba en ninguno de los supuestos de procedencia que establece esta última disposición en cita.

"Debido a ello, decretó el sobreseimiento en el juicio de garantías, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia.

"Para controvertir lo anterior, la parte quejosa sostiene que el Juez de Distrito hizo una interpretación limitativa respecto a la procedencia del amparo, pues dice sólo tomó en cuenta que el acto reclamado no encuadraba en ninguno de los supuestos que establece el artículo 10 de la Ley de Amparo, situación esta última que comparte el inconforme, pues así lo admite expresamente en sus agravios.

"Sin embargo, agrega el recurrente, que debió valorar también el a quo, que en términos de la fracción II del artículo 114, sí era procedente el juicio, porque se violentan en su detrimento las garantías constitucionales que dice indica en los conceptos de violación por una autoridad distinta de la judicial y, además, la responsable, subprocurador general del Ministerio Público, encargado del despacho del procurador de Justicia del Estado, emitió el acto como autoridad y no como parte en un proceso.

"Asimismo, sostiene el recurrente, que la interpretación del Juez de Distrito fue limitativa, porque se puede dar el caso que un ofendido impugne en amparo un acto violatorio de sus garantías, comprendidas en el apartado B del artículo 20 constitucional que no esté contemplado en el citado numeral 10 de la ley de la materia.

"Ahora bien, debido a los agravios de referencia, cabe destacar que este Tribunal Pleno, en principio, abordará de manera genérica el estudio de la ‘procedencia’ del juicio de garantías, cuando el quejoso sea la parte ofendida y, posteriormente, entrará a estudiar las alegaciones del recurrente, para poder determinar si en el caso procede o no confirmar el sobreseimiento impugnado.

"Asimismo, debe puntualizarse que por tratarse de la ofendida quien recurre e instó la Justicia Federal, el examen de sus agravios es de estricto derecho.

"Merece citar, la tesis 1a./J. 26/2003, derivada de la contradicción 57/2002-PS, también de la Primera Sala de la Suprema Corte, consultable en la página 175 del Tomo XVIII, del mes de agosto de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: ‘OFENDIDO EN MATERIA PENAL. NO PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO A FAVOR DE AQUÉL CUANDO COMPAREZCA COMO QUEJOSO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. El supuesto establecido en la fracción II del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, no se actualiza a favor del ofendido o de la víctima del delito cuando comparezca con el carácter de quejoso dentro del juicio de garantías en materia penal, toda vez que la exposición de motivos de la reforma que dio origen a esa fracción, evidencia claramente que la suplencia de la queja en la materia mencionada, opera sólo cuando los conceptos de violación o agravios deficientes sean expresados en el juicio de amparo por el reo en el proceso penal, con el objeto de otorgarle la seguridad de que la resolución que en éste se emita es legal, ya sea que le resulte adversa o favorable. Además, no resulta acertado equiparar al ofendido con el reo en el proceso penal, ya que no se ubican en la misma hipótesis legal, pues aquél, al ser quien resiente los efectos del hecho delictivo, representa la figura antagónica de la persona a que se refiere la citada fracción, esto es, del sujeto a quien se le imputa la comisión del delito. No es obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que por la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de septiembre de 2000, se haya adicionado un apartado B a su artículo 20, para reconocer los derechos de la víctima u ofendido en el proceso penal como garantías individuales, ya que no se instituyó a favor de aquéllos dicha suplencia en el juicio de amparo, que se rige por una ley distinta de la que regula el proceso penal, como lo es la Ley de Amparo, la cual no ha sido modificada en la fracción II del referido artículo 76 bis, con posterioridad a la indicada reforma constitucional.’

"Una vez precisado lo anterior, cabe decir que es fundado lo que aduce el recurrente, en relación a que la procedencia del juicio de amparo, cuando acuda como quejoso el ofendido, no nada más se debe limitar a las hipótesis a que alude el artículo 10 en mención.

"Efectivamente puede suscitarse el caso de que la parte ofendida viera menoscabados sus derechos sustantivos con motivo de un acto de autoridad, verbigracia, como acontece en el derecho de petición, en el que sólo basta que la haya elevado ante cualquier autoridad y que ésta guarde silencio, para que pueda instar a la Justicia Federal, a través del juicio de garantías, pese a que dicho acto no esté inmerso en los supuestos que se citan en el numeral 10 aludido.

"Asimismo, debe decirse que debido a las reformas al artículo 20 constitucional, en las que se le adicionó el apartado B, para reconocer los derechos de la víctima u ofendido como garantías individuales; se han generado a través de la jurisprudencia, criterios más amplios sobre la procedencia del juicio de garantías, cuando acude al amparo la víctima u ofendido; los cuales, no se limitan a las hipótesis específicas del referido artículo 10.

"Con base en lo anteriormente expuesto, se arriba al corolario, de que en la actualidad, la procedencia del amparo promovido por el ofendido, no debe ser tratada como un acto reglado única y exclusivamente por el numeral 10 en mención; sino que, además, se impone examinar la violación de garantías que invoque el quejoso en su perjuicio y el acto de autoridad reclamado, a la luz del marco legal y de las hipótesis que en favor del afectado prevé el artículo 20 constitucional, apartado B, y las demás que, de manera genérica y en ciertos casos, contempla el artículo 114 de la Ley de Amparo.

"De manera que es con apoyo en dicho análisis integral, como los juzgadores de amparo en la actualidad deben conducir el estudio de la procedencia o improcedencia del juicio de garantías, cuando el quejoso sea la parte ofendida; habida cuenta que en nuestro sistema jurídico se le da ahora a la parte afectada del delito mayor atención, con el fin de lograr el equilibrio procesal entre las partes, y es menester ponderar también bajo esta óptica tanto la procedencia del juicio de garantías como el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos que se reclamen.

"De ahí que devenga contraria a la realidad jurídica actual, la afirmación del resolutor de garantías, en la forma siguiente:

"‘Sin que pase inadvertido que esa facultad se limitó expresamente a los casos enunciados en el citado artículo 10 de la Ley de Amparo.

"‘Por tanto, si se trata de actos distintos a los enumerados, el amparo que contra ellos solicite el ofendido será improcedente, por lo que su demanda debe ser desechada o, si se admitió, debe sobreseerse.’

"En este orden de ideas, le asiste razón al quejoso, en cuanto sostiene que el a quo sólo analizó la procedencia del juicio de amparo, bajo la óptica del artículo 10 de la Ley de Amparo, y que para apoyar su determinación aplicó dos tesis del Tribunal Colegiado que no guardan relación con la conclusión final. Empero, lo cierto es que de todas maneras, procede confirmar el sobreseimiento, en atención a la naturaleza del acto reclamado y por las razones siguientes.

"En efecto, como ya quedó asentado inicialmente, el quejoso impugnó en el amparo biinstancial, el acuerdo de la responsable de fecha tres de octubre de dos mil tres, mediante el cual sostuvo que no había lugar a peticionar al Magistrado de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la devolución de los autos de la causa penal 216/03-I, a fin de que se procediera a la aportación de nuevas pruebas.

"Ahora bien, es cierto que tal acto reclamado, como acertadamente lo dijo el Juez Federal, no encuadra en ninguna de las hipótesis que para la procedencia del juicio de garantías prevé el artículo 10 de la Ley de Amparo, toda vez que la negativa del procurador responsable, no emanó de algún incidente de reparación o de responsabilidad civil. Tampoco es un acto surgido en un procedimiento penal, ni tiene relación con el aseguramiento del objeto del delito o de los bienes afectos a la reparación o a la responsabilidad civil.

"Además, no puede considerarse como una resolución que confirme el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal, puesto que, la negativa a solicitar al Magistrado que conoció del toca penal 437/2003, que envíe los autos de la causa 216/2003 al órgano indagador, no constituye una negativa a ejercer acción penal.

"Por otra parte, resulta insuficiente para revocar el sobreseimiento, el argumento del inconforme, de que el juicio de garantías es procedente a la luz de la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, ya que se advierte que si bien en este caso el acto no proviene de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo, lo cierto es que para la actualización de dicha hipótesis de procedencia, exige su párrafo segundo, que el acto tiene que emanar de ‘un procedimiento seguido en forma de juicio’; lo cual no acontece en el caso a estudio, pues contra la negativa de la orden de aprehensión, la fiscalía interpuso el recurso de apelación y no lo sostuvo posteriormente. Lo anterior, produjo la terminación de tal procedimiento, y que en consecuencia se sostenga que la petición de la parte inconforme y el acuerdo reclamado constituyan una actuación independiente de aquél.

"De modo tal que, el proveído de fecha tres de octubre de dos mil tres, no se puede considerar como derivado de un procedimiento seguido en forma de juicio, como exige la disposición en comento.

"En otro orden de ideas, aun cuando se abordó precedentemente en forma genérica la procedencia del amparo, en ciertos casos, por las reformas del artículo 20 constitucional, entre ellas las incluidas en el apartado B, ese solo hecho no da pauta a este tribunal, para que, de manera oficiosa, en la especie examine todos los nuevos derechos de la víctima ahí precisados, para determinar así la procedencia o no del presente juicio, ya que, al operar también aquí el principio de estricto derecho, se requiere que el inconforme hubiera expuesto razonadamente a cuál supuesto de las distintas fracciones de las estatuidas en tal apartado se refiere y, además, expresara los motivos por los cuales, en su criterio, era procedente el juicio, en esos términos.

"De manera que, al no haberlo combatido así el recurrente, deviene insostenible su agravio relativo.

"Tiene aplicación al caso, la tesis jurisprudencial 1a./J. 81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 61 del Tomo XVI, del mes de diciembre de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse.’

"Por último, resulta inatendible la inconformidad del recurrente, en torno a que su petición debió haber sido sometida al arbitrio y decisión del Magistrado de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado y no acordada por la responsable, toda vez que, según dice, tal solicitud se presentó dentro de los autos del toca de apelación 437/2003.

"En efecto, dicha situación no puede ser tomada en cuenta, porque no forma parte de la litis en el juicio de garantías de que se trata, en el que sólo se señaló como acto reclamado la negativa de la petición de referencia, y como autoridad responsable únicamente al subprocurador general del Ministerio Público, encargado del despacho del procurador general de Justicia del Estado, quien emitió el acuerdo impugnado."

Las anteriores consideraciones dieron lugar a la tesis aislada de rubro y texto siguientes:

"OFENDIDO EN MATERIA PENAL. ESTUDIO DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR ÉL. Cuando el quejoso es la víctima del delito, la procedencia del juicio de garantías no debe analizarse únicamente a la luz del artículo 10 de la Ley de Amparo, sino en forma integral, acorde con el apartado B del artículo 20 de la Carta Magna, que reconoce los derechos del ofendido como garantías individuales y conforme al artículo 114 de la Ley de Amparo, como sucede en el caso del derecho de petición. En efecto, la aplicación de dicho apartado constitucional ha generado en la actualidad, a través de la jurisprudencia, criterios más amplios sobre la procedencia del juicio de amparo, ante la posibilidad del menoscabo de los derechos sustantivos de la víctima, con motivo del acto reclamado. De manera que si en la actualidad nuestro sistema jurídico presta mayor atención a la parte afectada por el delito, con el fin de lograr el equilibrio procesal entre las partes, es menester ponderar también bajo esta óptica tanto la procedencia del juicio de garantías, como el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados. De ahí que resulta contraria a la realidad jurídica actual la afirmación de que, si el acto reclamado no está contemplado en el citado artículo 10, siempre será improcedente el amparo."(2)

En el mismo sentido se pronunció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al resolver el amparo en revisión 1202/2005.

II. Las consideraciones del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito -ahora Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del mismo circuito- al resolver el amparo en revisión 227/2001, en lo que interesa, son las siguientes:

Amparo en revisión 227/2001.

"QUINTO. Son infundados los agravios que hace valer el recurrente, como a continuación se analiza.

"De las constancias que remitió el Juez Tercero de Distrito en el Estado, se desprende que ... formuló demanda de amparo en la que planteó inconformidades contra el auto de fecha trece de diciembre de dos mil, que dictó la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, en el toca de apelación número VIII-251/2000.

"Al analizar la demanda de garantías, el Juez Tercero de Distrito en el Estado, advirtió que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, pues consideró que el auto combatido no afecta el interés jurídico del quejoso, en su carácter de ofendido con motivo de la comisión de hechos al parecer delictuosos, y precisó que el acto que se señaló como reclamado no se encuentra comprendido dentro de las hipótesis a que se refiere el artículo 10 del ordenamiento legal en cita, que establece que el agraviado o víctima del delito sólo puede promover el juicio constitucional contra actos que emanen del incidente de reparación del daño o responsabilidad civil exigible a terceros, o bien, contra actos relacionados inmediata o directamente con el aseguramiento del objeto del delito y de los bienes que estén afectos a la reparación o responsabilidad antes indicadas; consecuentemente, desechó de plano la demanda, con fundamento en el artículo 145 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"En sus agravios ... argumenta que el acuerdo que combate es violatorio de lo dispuesto por los artículos 147 y 148 de la Ley de Amparo, pues estima que su demanda de garantías no es notoriamente improcedente. Manifiesta que el artículo 20 constitucional, en su apartado B, otorga las más amplias facultades a la víctima u ofendido del delito, incluso estima que tiene derecho a que se desahoguen todas la diligencias que sean necesarias no sólo para demostrar la existencia de la reparación del daño, sino a demostrar la existencia del delito y de la responsabilidad del inculpado. En ese orden de ideas, admite que el artículo 10 de la Ley de Amparo limita la procedencia del juicio de garantías, cuando éste se promueve por el ofendido del delito, pero indica que dicho numeral se encuentra contemplado en una ley secundaria, y expresa que, dada la supremacía de la Constitución, contenida en el artículo 133 de la Carta Magna, la autoridad jurisdiccional debe preferir aplicar las disposiciones del Pacto Federal, frente a una ley secundaria como en su caso lo es la Ley de Amparo.

"Se estiman infundadas las inconformidades que propone el recurrente, puesto que se advierte equivocada su concepción del apartado B del artículo 20 constitucional, ya que si bien dicho precepto fue reformado y adicionado, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de septiembre del año dos mil, de la lectura del apartado que se invoca no se advierte que tenga el alcance que pretende el revisionista. En efecto, la actual redacción del artículo 20 de la Carta Magna establece diversas garantías en función a la víctima o el ofendido, en todo proceso de orden penal, entre las que se encuentran la de recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución; cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; coadyuvar con el Ministerio Público; que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la averiguación previa como en el proceso; que se desahoguen las diligencias correspondientes; recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; que se le repare el daño; si la víctima o el ofendido son menores de edad, no están obligados a carearse con el inculpado cuando se trate de los delitos de violación o secuestro; y, solicitar las medidas y providencias que prevea la ley para su seguridad y auxilio.

"En el caso que nos ocupa, de la demanda de amparo se obtiene que el auto que ... pretende combatir mediante el juicio de garantías, en su carácter de ofendido con motivo de la comisión de hechos que estima constitutivos de los delitos de uso de documento falso o alterado, fraude y falsificación de documentos, lo es el auto de fecha trece de diciembre de dos mil, que dictó la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, en el toca de apelación número VIII-251/2000, en relación con el escrito que el hoy inconforme presentó el trece de diciembre de dos mil; en el expediente que integró el Juez constitucional no consta el escrito referido en último término, sin embargo, el promovente del amparo precisa que en ese documento expresó que se presume influencia previa al dictado de la resolución definitiva que deberá recaer al toca de apelación antes aludido, y manifiesta que con dicho escrito y sus anexos demuestra que la Sala que señala como responsable, al resolver, lo hará con parcialidad.

"Es así que se estima ajustada a derecho la resolución que emitió el Juez Tercero de Distrito en el Estado, cuando desechó de plano la demanda de garantías que formuló ... al estimar que, en su carácter de ofendido, sólo puede promover el juicio de garantías cuando el acto reclamado se encuentre comprendido dentro de los supuestos previstos por el artículo 10 de la Ley de Amparo, sin que en la especie se actualice hipótesis normativa alguna de procedencia del juicio de garantías de las contempladas por el precepto legal en cita, ya que se observa que ... pretende impugnar mediante el juicio constitucional biinstancial un auto de trámite que dictó la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, en el toca de apelación número VIII-251/2000, que no guarda relación alguna con el incidente de reparación del daño o de responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, ni con actos surgidos dentro del procedimiento penal que se relacionen inmediata y directamente con el aseguramiento del objeto del delito ni de los bienes que estén afectos a la reparación o a la responsabilidad civil.

"En las relatadas condiciones, lo procedente es confirmar el auto recurrido."

Las citadas consideraciones dieron lugar a la siguiente tesis:

"OFENDIDO POR LA COMISIÓN DE HECHOS DELICTUOSOS. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INSTAR EL JUICIO DE GARANTÍAS, SALVO LOS SUPUESTOS PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE AMPARO. El ofendido sólo puede promover el juicio constitucional cuando el acto reclamado se encuentre comprendido dentro de los supuestos previstos por el artículo 10 de la Ley de Amparo, de manera que carece de legitimación para instar el juicio de garantías cuando pretenda impugnar un acto que no guarda relación alguna con el incidente de reparación del daño o de responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, ni con actos surgidos dentro del procedimiento penal que se relacionen inmediata y directamente con el aseguramiento del objeto del delito ni de los bienes que estén afectos a la reparación o a la responsabilidad civil. Consecuentemente, resulta ajustado a derecho que el Juez de Distrito deseche de plano la demanda, con fundamento en el artículo 145 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando en la demanda de garantías se impugne un acto distinto a las hipótesis previstas por el artículo 10 de la Ley de Amparo."(3)

CUARTO. Existencia de la contradicción de tesis y fijación del tema a dilucidar.

I. Como una cuestión previa a resolver la existencia de la contradicción denunciada, debe señalarse que para que se surta su procedencia es necesario que las posiciones opuestas se susciten en un mismo plano de análisis, de modo que no basta atender a la conclusión del razonamiento, sino que es necesario tener en cuenta las circunstancias fácticas y jurídicas que por su enlace lógico son fundamento del criterio asumido, ya que únicamente cuando exista tal coincidencia puede presentarse una contradicción de tesis.

Asimismo, al estudiar las circunstancias aludidas se debe distinguir entre las que sirven de fundamento a los criterios emitidos, de aquellas que aun cuando aparentemente son sustento de las consideraciones respectivas no constituyen un presupuesto lógico del razonamiento.

En otros términos, se actualiza la contradicción de tesis cuando concurren los siguientes supuestos:

a) Que al resolver los asuntos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios jurídicos discrepantes;

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Al respecto, es aplicable la siguiente tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de este Alto Tribunal, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA."(4)

II. Debe señalarse que en la especie sí se acreditan los extremos a que se refieren los incisos anteriores, entre los criterios sustentados entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión 61/2004, y el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito -ahora Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del mismo circuito- al resolver el amparo en revisión 227/2001.

Para clarificar que se acreditan los extremos a que se ha hecho referencia, se precisa lo siguiente:

Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito.

Juicio de amparo en revisión 61/2004.

Quejoso: ...

Autoridad que conoció del juicio de amparo indirecto: Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Nuevo León.

Acto reclamado: La sentencia de tres de octubre de dos mil tres, dictada por el subprocurador general del Ministerio Público, encargado del despacho del procurador general de Justicia del Estado de Nuevo León, dentro de los autos del toca penal 437/2003.

Resolución de amparo: La dictada el tres de diciembre de dos mil tres, terminada de engrosar el cinco de marzo siguiente, en la cual sobreseyó el juicio de garantías.

Recurrente: La quejosa.

Autoridad que conoció del recurso de revisión: Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito.

Resolución recaída al recurso de revisión: La emitida el veintiocho de abril de dos mil cuatro, en la que se confirma la resolución recurrida.

Consideraciones fundamentales:

Se pronuncia de manera genérica sobre la procedencia del juicio de amparo, cuando acude como quejoso el ofendido, estableciendo que el mismo no debe limitarse a las hipótesis a que alude el artículo 10 de la Ley de Amparo.

Establece las reformas al artículo 20 constitucional, en las que se le adicionó el apartado B que reconoce los derechos de la víctima u ofendido como garantías individuales, que han generado la ampliación de los casos en que procede el juicio de garantías, cuando acude al amparo la víctima u ofendido. Por ende, éstos no deben limitarse a las hipótesis establecidas en el artículo 10 de la Ley de Amparo.

Así pues, estima que, en la actualidad, la procedencia del amparo promovido por el ofendido no debe ser tratada como un acto regulado única y exclusivamente por el numeral 10 en mención; sino que, además, se debe examinar la violación de garantías que invoque el quejoso en su perjuicio y el acto de autoridad reclamado a la luz del marco legal y de las hipótesis que en favor del afectado prevé el artículo 20 constitucional, apartado B y las demás que, de manera genérica y en ciertos casos, contempla el artículo 114 de la Ley de Amparo.

Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito.

Juicio de amparo en revisión 227/2001.

Quejoso: ...

Autoridad que conoció del juicio de amparo indirecto: Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero.

Acto reclamado: El acuerdo de trece de diciembre de dos mil dictado por la Segunda Sala Regional Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Acapulco, en el toca de apelación penal VIII-251/2000.

Resolución de amparo: La dictada el veinticuatro de abril de dos mil uno, en la cual sobreseyó el juicio de garantías.

Recurrente: el quejoso.

Autoridad que conoció del recurso de revisión: Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito.

Resolución recaída al recurso de revisión: La emitida el catorce de junio de dos mil uno.

Consideraciones fundamentales:

Respecto a la procedencia del juicio de amparo, cuando acude como quejoso el ofendido, establece que la misma debe limitarse a las hipótesis a que alude el artículo 10 de la Ley de Amparo.

Sostiene que el ofendido de un delito sólo puede promover el juicio de garantías cuando el acto reclamado se encuentre comprendido dentro de los supuestos previstos por el artículo 10 de la Ley de Amparo, de manera que carece de legitimación para instar el juicio de garantías cuando pretenda impugnar un acto que no guarda relación alguna con el incidente de reparación del daño o de responsabilidad civil proveniente de la com

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19249-04f49dee/legitimacion-activa-del-ofendido-o-victima-del-delito · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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