LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 172 DE LA LEY DE AMPARO. NO PROCEDE CONCEDERLA CUANDO SE TRATA DE DELITOS GRAVES.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 22/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:
A) El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, al resolver el recurso de queja 73/98, el día catorce de enero de mil novecientos noventa y nueve, sostuvo, esencialmente, lo siguiente:
"TERCERO. Resultan fundados los agravios antes transcritos supliendo sus deficiencias al tenor de lo previsto por el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo. De autos se desprende que ... y ... promovieron amparo directo en contra de la sentencia definitiva que los consideró responsables en la comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto por el artículo 83, fracción II, en relación con el 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. También se advierte que los propios peticionarios solicitaron la suspensión del acto reclamado y su libertad provisional bajo caución, con apoyo en lo previsto por el artículo 172 y demás relativos de la Ley de Amparo. El Tribunal Unitario responsable negó la procedencia de dicha libertad con base en que el precepto citado no lo obligaba en términos del artículo 20, fracción I, constitucional, y que además se observaba que el ahora quejoso no había solicitado esa libertad primero al juzgador. Como apoyo, citó la jurisprudencia 207 de la Primera Sala que se localiza en la página 117 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, así como una tesis relacionada con tal criterio, cuyos rubros dicen: ‘LIBERTAD CAUCIONAL. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN EL AMPARO DIRECTO.’ y ‘LIBERTAD CAUCIONAL EN AMPARO DIRECTO.’. De igual manera citó la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, publicada en la página 809 del Tomo III, Segunda Parte-2, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con el epígrafe que dice: ‘SUSPENSIÓN. INCIDENTE DE, IMPROCEDENCIA DE LA LIBERTAD PROVISIONAL SOLICITADA EN.’. Ahora, supliendo la deficiencia de la queja en los términos indicados, por razón de orden debe decirse que los que ahora resuelven estiman equivocado el proceder de la responsable en cuanto a que el reo debió solicitar primero su libertad bajo caución al juzgador, puesto que el artículo 172 de la Ley de Amparo que contiene esa institución, no condiciona su procedencia a que previamente se solicite ante el Juez de la causa. De aquí que este tribunal no considere aplicable el tercero de los criterios citados que dice: ‘SUSPENSIÓN. INCIDENTE DE, IMPROCEDENCIA DE LA LIBERTAD PROVISIONAL SOLICITADA EN.’ (transcribe). A mayor abundamiento, se observa que el Tribunal Colegiado del Tercer Circuito refiere un caso de amparo indirecto, mientras que en la especie se trata de un juicio de garantías directo donde se reclama una sentencia definitiva, que implica necesariamente la existencia previa de la apelación, lo que trajo como consecuencia que cesara la jurisdicción del Juez de la causa, y que por lo mismo no pudiera solicitarle esa libertad caucional. En otro aspecto, es pertinente transcribir la jurisprudencia y tesis relacionada que sirvieron de apoyo al tribunal responsable para sostener que la libertad bajo caución en el amparo directo no se relaciona con lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, constitucional ‘LIBERTAD CAUCIONAL. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN EL AMPARO DIRECTO.’ (transcribe). Este Tribunal Colegiado considera pertinente modificar la jurisprudencia citada con apoyo en lo previsto por el artículo 194 de la Ley de Amparo, en razón de que se estima que lo dispuesto por el artículo 172 del mismo ordenamiento debe relacionarse con lo establecido por el artículo 20, fracción I, constitucional. Para el uso de esa facultad de modificación, sirve de apoyo además, la jurisprudencia 26/94 del Pleno, publicada en la página 14 del Tomo 80 de agosto de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido dice: ‘JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS ESTÁN FACULTADOS PARA MODIFICAR LA ESTABLECIDA CON ANTERIORIDAD AL 15 DE ENERO DE 1988, CUANDO VERSE SOBRE CUESTIONES QUE SEAN DE SU COMPETENCIA EXCLUSIVA.’ (transcribe). En efecto, el criterio indicado considera en síntesis que la facultad para conceder la libertad bajo caución del quejoso, según el artículo 172, no constituye una obligación en términos del artículo 20, fracción I, constitucional, porque cuando se trata del amparo directo, el proceso ya culminó de manera que no rigen las normas procesales, sino las del juicio de garantías, que tienen como finalidad evitar que el quejoso se sustraiga a la acción de la justicia. Las ejecutorias que las integran datan de 1971 a 1973. Con todo respeto para los señores Ministros que integraban la Primera Sala en esa época, los que ahora resuelven son de la opinión que la facultad de otorgar la libertad provisional bajo caución es una institución del juicio de amparo que tiene relación directa con la norma constitucional contenida en el multirreferido artículo 20, fracción I, y que esa facultad opera al tenor del propio precepto, sin que los órganos de control constitucional se encuentren supeditados a que primero actúen las autoridades de las instancias, sino que, precisamente, cumpliendo con aquella función de vigilantes del respeto a las garantías de todo gobernado, es que en el juicio de amparo se puede discutir y analizar la interpretación y discusión de las normas penales, tutelando sobre todo la libertad del individuo en cualquier momento en que éste se encuentre privado de la misma. Ciertamente que la situación del gobernado es diferente cuando se encuentra procesado a cuando se ha dictado sentencia, pues en este momento se considera que su situación jurídica ha quedado definida como una verdad legal, pero es el caso, que para los efectos del amparo es igualmente cuestionable constitucionalmente, tanto un auto de formal prisión como una sentencia, o cualquier otro acto reclamado durante el procedimiento penal, de tal manera que una vez promovido el juicio de garantías, teóricamente esa verdad legal dejó de existir, para dar lugar a la máxima institución de nuestro derecho, que como se advirtió, vela primordialmente por el respeto a la libertad personal del gobernado. Así, se estima prudente señalar que los artículos 170, 171 y 172 que tratan sobre la suspensión del amparo directo en materia penal disponen lo siguiente: (transcribe). Luego, la autoridad responsable tiene dos obligaciones al recibir la demanda de amparo: suspender de plano la ejecución de la sentencia reclamada, y si el quejoso se encuentra privado de su libertad queda a disposición del Tribunal Colegiado de Circuito competente, pudiendo, la propia responsable, otorgar la libertad caucional si procediere. Esto significa que el fallo condenatorio no produce consecuencias jurídicas y que el reo tiene derecho a una libertad caucional, correlativa de una facultad que tiene la responsable, como auxiliar de la Justicia Federal, de concederla, misma facultad que se convierte en obligación si esa libertad procede al tenor de las normas aplicables. Ahora, para este tribunal es claro que si el artículo 172 contempla la institución de la libertad caucional, esto tiene relación con el artículo 20, fracción I, constitucional, porque precisamente aquel beneficio deriva de este precepto, acogido obligatoriamente por todas las legislaciones secundarias a fin de lograr la concordancia que debe existir entre ellas y la Ley Suprema que nos rige. Luego, al señalar que se podrá otorgar la libertad caucional si procediere, esta procedencia debe tratarse al tenor, necesariamente, de las leyes que la prevén, o sea, la Constitución y las normas que de ella emanan en el caso concreto, sin perjuicio de las medidas de aseguramiento que se estimaran pertinentes decretar, a fin de evitar que el quejoso se sustraiga de la acción de la justicia, salvaguardando así la garantía constitucional y los objetivos propios de la persecución de los delitos, para lo cual, sirve de fundamento lo previsto por el artículo 136 de la Ley de Amparo, en ausencia de normas específicas que regulen tal situación en la suspensión del amparo directo. Sirve de apoyo la tesis 14 que sostiene el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 494 del Tomo V de enero de 1997 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo contenido dice: ‘LIBERTAD CAUCIONAL EN AMPARO DIRECTO PENAL. SE RIGE POR LA LEY DE AMPARO EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 20, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (transcribe). En tales condiciones, se estima fundada la queja en cuanto a que el Tribunal Unitario responsable deberá analizar la procedencia de la libertad caucional solicitada al tenor de lo previsto por el artículo 20, fracción I, constitucional, y las leyes aplicables que del mismo emanan."
El criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, originó la emisión de la tesis siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: IX, febrero de 1999
"Tesis: XII.1o.13 P
"Página: 519
"LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. LA FACULTAD DE OTORGARLA ES UNA INSTITUCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO QUE TIENE RELACIÓN DIRECTA CON LA NORMA CONSTITUCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 20, FRACCIÓN I. La facultad de otorgar la libertad provisional bajo caución es una institución del juicio de amparo que tiene relación directa con la norma constitucional contenida en el artículo 20, fracción I, y esa facultad opera al tenor del propio precepto, sin que los órganos de control constitucional se encuentren supeditados a que primero actúen las autoridades de las instancias, sino que, precisamente, cumpliendo con aquella función de vigilantes del respeto a las garantías de todo gobernado, es que en el juicio de amparo se puede discutir y analizar la interpretación de las normas penales, tutelando sobre todo la libertad del individuo en cualquier momento en que éste se encuentre privado de la misma. Luego, es claro que si el artículo 172 de la Ley de Amparo contempla la institución de la libertad caucional, esto tiene relación con el referido artículo 20 constitucional, fracción I, porque precisamente aquel beneficio deriva de este precepto, acogido obligatoriamente por todas las legislaciones secundarias a fin de lograr la concordancia que debe existir entre ellas y la Ley Suprema. Así, al señalar que se podrá otorgar la libertad caucional si procediere, esta procedencia debe tratarse al tenor necesariamente de las leyes que la prevén, o sea, la Constitución y las normas que de ella emanan en el caso concreto, sin perjuicio de las medidas de aseguramiento que se estimaran pertinentes decretar a fin de evitar que el quejoso se sustraiga de la acción de la justicia, salvaguardando así la garantía constitucional y los objetivos propios de la persecución de los delitos, para lo cual sirve de fundamento lo previsto por el artículo 136, de la Ley de Amparo, en ausencia de normas específicas que regulen tal situación en la suspensión del amparo directo.
"Queja 73/98. Jesús Gurrola Cháldez y otro. 14 de enero de 1999. Mayoría de votos. Disidente: José Manuel de Alba de Alba. Ponente: Alfonso Maximiliano Cruz Sánchez. Secretaria: Ramona Manuela Campos Sauceda."
B) El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, dictó resolución en las quejas números 55/2004 y 67/2004.
a) Al resolver con fecha diecisiete de noviembre de dos mil cuatro, la queja número 55/2004, determinó, en lo que interesa, lo siguiente:
"IV. Son parcialmente fundados los agravios que se hacen valer, pero a la postre inoperantes para revocar la resolución recurrida como se verá a continuación. En principio debe establecerse que ... promovió el juicio de amparo directo, del que emana el auto recurrido, contra la sentencia de segunda instancia que lo condenó a seis años seis meses de prisión, por considerarlo penalmente responsable de la comisión del delito de robo calificado, previsto por el artículo 233 en relación con el 236, fracción IX, y sancionado por el artículo 236 bis, inciso c), fracción IV, todos ellos del Código Penal para el Estado de Jalisco, con derecho al beneficio de libertad condicional, una vez cubiertos los requisitos para ello. Ahora bien, al promover juicio de amparo directo, el hoy inconforme solicitó la libertad caucional a la autoridad responsable ordenadora, en términos de lo dispuesto por el artículo 172 de la Ley de Amparo; sin embargo, en proveído del treinta de septiembre del año en curso, la responsable negó la libertad solicitada, con la única base de que el delito de que se trata se encuentra clasificado como grave por la legislación adjetiva penal, lo que impedía la concesión de la libertad solicitada en términos de lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, de la Constitución Política del país. El sustento de la negativa de libertad se considera incorrecto, ya que si bien es cierto que el Constituyente Permanente elevó a rango de norma constitucional el beneficio de la libertad provisional bajo caución, no debe perderse de vista que éste difiere de la facultad otorgada a la autoridad responsable en el amparo directo, en términos del artículo 172 de la Ley de Amparo, puesto que el beneficio señalado en primer término, opera durante el proceso y su concesión obedece a normas diversas a aquellas que rigen en el caso del segundo de los beneficios apuntados, dado que en este último caso, para la procedencia de la libertad debe tomarse en consideración ya no la norma en general en la que se establece la improcedencia de la libertad provisional bajo caución tratándose de delitos calificados por la legislación secundaria como graves, sino el derecho que fue establecido por el juzgador con base en la individualización de la punición, aplicada como consecuencia de un proceso penal concluido, en el que existe una declaratoria de existencia de un delito sancionado con pena corporal, así como la declaratoria de responsabilidad del justiciable. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 207 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página ciento diecisiete, del Tomo II, correspondiente a la Materia Penal, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: ‘LIBERTAD CAUCIONAL. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN EL AMPARO DIRECTO.’ (transcribe). De lo anterior se colige que las reglas a aplicar para determinar la procedencia de la libertad en la etapa del amparo directo, deberán ser la menor o mayor posibilidad de que el reo se sustraiga a la acción de la justicia, lo que deberá ponderarse al tenor de la duración de la pena de prisión impuesta, así como de la probabilidad de obtener una sentencia de amparo favorable, tomando en consideración además los principios del fumus boni juris y el periculum in mora, es decir, la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, establecidos por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 3/95, cuyos datos de ubicación, rubro y texto a continuación se transcriben: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, abril de 1996, tesis P./J. 15/96, página 16. ‘SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.’ (transcribe). Consecuentemente, se estima que el tribunal responsable incurrió en una inadecuada fundamentación al revolver la solicitud que hizo el quejoso de la libertad provisional bajo caución, ya que la negativa la sustentó en disposiciones procesales que son aplicables únicamente en el proceso penal, el cual ya concluyó, por tanto, el tribunal de alzada al resolver sobre la libertad caucional en juicio de amparo directo, actúa como auxiliar de la Justicia Federal y, en tal virtud, cuando se advierte inadecuada fundamentación en dicha determinación, aunque no puede aducirse que ello implique violación directa a las garantías constitucionales, sin embargo, debe estimarse que infringe disposiciones contenidas en la Ley de Amparo, hipótesis en la cual corresponde al Tribunal Colegiado subsanarlas, por no existir reenvío en este aspecto, por lo que con base en lo dispuesto por el mencionado artículo 172 de la ley de la materia, se procede a resolver la solicitud que hace el quejoso para que se le otorgue la libertad provisional bajo caución en el trámite del juicio de amparo directo. La sanción que le fue impuesta a ... es de seis años seis meses de prisión, lo que implica que conforme a las reglas establecidas en el artículo 71 del código punitivo estatal, resulta improcedente la suspensión condicional de la pena, dado que uno de los requisitos de procedencia de este beneficio es que la pena de prisión impuesta no exceda de cuatro años de prisión, lo que hace infundada su pretensión de que se le conceda la libertad caucional con base en que en la sentencia de segundo grado se le concedió la suspensión condicional, dado que ello es falso dada la clara improcedencia del citado beneficio. Asimismo, conforme a lo dispuesto por el artículo 67 del mismo código, el beneficio de libertad condicional que es el que le fue concedido al reo, puede ser aplicable a partir de que haya compurgado tres quintas partes de la pena, lo que en el caso se traduce a tres años, once meses y quince días; sin embargo, los hechos ocurrieron el dieciocho de noviembre del año dos mil dos y el quejoso fue detenido el veinte del mismo mes y año, por lo que la prisión preventiva apenas ha llegado a la mitad de ese lapso; consecuentemente, se estima que de llegar a negarse la protección constitucional en el juicio de amparo, sí existe riesgo de que el justiciable se sustraiga a la acción de la justicia, dado el lapso efectivo que le faltaría por compurgar en prisión, antes de hacerse acreedor al beneficio de libertad condicional que se le concedió en la sentencia reclamada. En esa tesitura, resulta inconcuso que debe negarse al justiciable la concesión de la libertad caucional que solicitó, de tal suerte que lo procedente es declarar infundada la inconformidad a que se refiere el presente recurso y deberá quedar firme el auto recurrido, aunque por los motivos y fundamentos establecidos en esta ejecutoria."
b) Al resolver con fecha diecinueve de enero de dos mil cinco, la queja número 67/2004, determinó, en lo que interesa, lo siguiente:
"IV. Los agravios que anteceden son parcialmente fundados, pero inoperantes. Ante todo debe establecerse que ... promovió el juicio de amparo directo del que emana el auto recurrido, contra la sentencia de apelación dictada por el Segundo Tribunal Unitario del Tercer Circuito, en el toca penal número 179/2004, que confirmó la resolución de primera instancia, en la que fue condenado a compurgar una pena de nueve años de prisión y a pagar setenta días de multa, equivalentes a dos mil novecientos veintinueve pesos con cincuenta centavos, por considerarlo penalmente responsable de la comisión de los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, previsto y sancionado por el artículo 83, fracción II, en relación con el 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y uso de moneda falsa, tipificado por el artículo 234, último párrafo, del Código Penal Federal. Ahora bien, al promover el mencionado juicio de amparo directo, el hoy inconforme solicitó a la autoridad responsable que le concediera su libertad caucional, en términos de lo dispuesto por el artículo 172 de la Ley de Amparo; beneficio que le fue negado en el proveído impugnado, con el argumento de que el delito de uso de moneda falsa por el que fue sentenciado está considerado como grave, por el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, lo que impide su concesión de conformidad con lo establecido por la fracción I del artículo 20 de la Constitución Política del país, y la fracción IV del artículo 399 del citado enjuiciamiento penal federal-Este razonamiento se estima incorrecto, ya que si bien es cierto que el Constituyente Permanente elevó a rango de norma constitucional el beneficio de la libertad provisional bajo caución, no debe perderse de vista que éste difiere de la facultad otorgada a la autoridad responsable en el juicio de amparo directo, por el artículo 172 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales; puesto que el primero opera durante el proceso, como se desprende del propio artículo 20, apartado A), fracción I, de la Constitución General de la República, que consagra como una garantía de seguridad jurídica del inculpado, que en todo proceso de orden penal, tiene el derecho a que inmediatamente que lo solicite, el Juez deberá otorgarle la libertad provisional bajo caución, siempre y cuando no se trate de delitos que por su gravedad, la ley expresamente prohíba conceder ese beneficio, y su concesión está regulada por normas diversas a las que reglamentan la procedencia de la libertad caucional en el juicio de garantías, en el que deben tenerse en consideración las reglas que contiene el incidente de suspensión que se rige por sus propios preceptos; porque como consecuencia de un proceso penal concluido, en el que existe una declaratoria de existencia de un delito sancionado con pena corporal, así como la declaratoria de responsabilidad del justiciable, éste ha dejado de tener el carácter de procesado, y al ser ahora sentenciado, el criterio aplicable para determinar la procedencia de la libertad caucional en la suspensión relativa al amparo directo, deberá atender a la menor o mayor posibilidad de que el reo se sustraiga a la acción de la justicia, lo que habrá de ponderarse al tenor de la duración de la pena de prisión impuesta y de la probabilidad de obtener una sentencia de amparo favorable, en atención a los principios del fumus boni juris y el periculum in mora, es decir, la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora; y ya no tiene aplicación la norma que establece la improcedencia de la libertad provisional bajo caución tratándose de delitos calificados por la legislación secundaria como graves. Es aplicable, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 15/96 emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 3/95, que aparece publicada en la página dieciséis del Tomo III, abril de 1996, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto a continuación se transcriben: ‘SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.’ (transcribe). En consecuencia, la determinación del Tribunal Unitario responsable es equivocada, en cuanto al sustento de la negativa del beneficio de la libertad caucional solicitado en la suspensión, por lo que reasumiendo la jurisdicción originaria que le compete a este tribunal, se procede a hacer el estudio de su procedencia. La sanción impuesta al quejoso ... es de nueve años de prisión, lo que implica que conforme a las reglas establecidas en el artículo 90 del Código Penal Federal, resulta improcedente la condena condicional, dado que uno de los requisitos de procedencia de este beneficio es que la pena de prisión impuesta no exceda de cuatro años. Asimismo, conforme a lo dispuesto por el artículo 84 del mismo ordenamiento punitivo federal, el beneficio de libertad preparatoria puede ser aplicable a partir de que el reo hubiera compurgado las tres quintas partes de su condena, lo que en el caso se traduce a cinco años, cuatro meses y veinticuatro días; sin embargo, los hechos ocurrieron el día cuatro de agosto del año dos mil tres, fecha en la que fue detenido el peticionario de garantías, por lo que la prisión preventiva no ha llegado ni a una tercera parte de ese lapso; consecuentemente, se estima que de llegar a negarse la protección constitucional en el juicio de amparo, sí existe riesgo de que el quejoso se sustraiga a la acción de la justicia, dado el tiempo que le faltaría por compurgar en prisión, antes de hacerse acreedor al beneficio de libertad preparatoria que en su momento podría llegar a solicitar. Por consiguiente, debe negarse al quejoso la concesión de la libertad caucional que solicitó en el incidente de suspensión, de tal suerte que lo procedente es declarar infundada la inconformidad a que se refiere el presente recurso y deberá quedar firme el auto recurrido, aunque por los motivos y fundamentos establecidos en esta ejecutoria. No escapa a la consideración de este órgano colegiado que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito ha sostenido el criterio contrario, en la tesis aislada que se publicó en la página quinientos diecinueve del Tomo IX, febrero de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: ‘LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. LA FACULTAD DE OTORGARLA ES UNA INSTITUCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO QUE TIENE RELACIÓN DIRECTA CON LA NORMA CONSTITUCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 20, FRACCIÓN I.’ (transcribe). Sin embargo, se difiere de dicho criterio, pues a juicio de este tribunal y por las razones que ya se han expuesto, la concesión de la libertad caucional en el amparo directo está regida por normas distintas a las que regulan ese beneficio durante el proceso, e incluso a las que lo rigen en el incidente de suspensión provisional en el amparo indirecto; ya que en el primer caso, el quejoso tiene una nueva situación jurídica, la de sentenciado, y en los dos últimos, esto es, durante la tramitación del procedimiento penal, y en el juicio de amparo indirecto, tiene la calidad de inculpado, a que se refiere la fracción I del apartado A) del artículo 20 constitucional. Por ende, como la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, antes transcrita, efectivamente se opone a lo sustentado por este Tribunal Colegiado en la presente ejecutoria, lo que procede es denunciar la contradicción de tesis de que se trata y remitir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación copia autorizada de esta sentencia y el disquete que la contenga, para los efectos del artículo 197-A de la Ley de Amparo."
El criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, originó la emisión de la tesis siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXI, marzo de 2005
"Tesis: III.1o.P.68 P
"Página: 1168
"LIBERTAD CAUCIONAL EN EL AMPARO DIRECTO. SU PROCEDENCIA SE RIGE POR LOS PRINCIPIOS: APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA QUE ORIENTAN LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es cierto que el Constituyente Permanente elevó a rango de norma constitucional el beneficio de la libertad provisional bajo caución, no debe perderse de vista que éste difiere de la facultad otorgada a la autoridad responsable en el juicio de amparo directo por el artículo 172 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, puesto que el primero opera durante el proceso, como se desprende del propio artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución General de la República, que consagra como una garantía de seguridad jurídica del inculpado, que en todo proceso de orden penal tiene derecho a que inmediatamente que lo solicite el Juez deberá otorgarle la libertad provisional bajo caución, siempre y cuando no se trate de delitos que por su gravedad la ley expresamente prohíba conceder ese beneficio, y su concesión está regulada por normas diversas a las que reglamentan la procedencia de la libertad caucional en el juicio de amparo directo, en el que deben tenerse en consideración las reglas que contiene el incidente de suspensión que se rige por sus propios preceptos; porque como consecuencia de un proceso penal concluido en el que existe una declaratoria de existencia de un delito sancionado con pena corporal, así como la declaratoria de responsabilidad del justiciable, éste ha dejado de tener el carácter de procesado, y al ser ahora sentenciado el criterio aplicable para determinar la procedencia de la libertad caucional en la suspensión, relativa al amparo uniinstancial, deberá atender a la menor o mayor posibilidad de que el reo se sustraiga a la acción de la justicia, lo que habrá de ponderarse al tenor de la duración de la pena de prisión impuesta y de la probabilidad de obtener una sentencia de amparo favorable, en atención a los principios del fumus boni juris y el periculum in mora, es decir, la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora; y ya no tiene aplicación la norma general que establece la improcedencia de la libertad provisional bajo caución tratándose de delitos calificados por la legislación secundaria como graves.
"Queja 55/2004. 17 de noviembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Lucio Lira Martínez. Secretario: Gabriel Bernardo López Morales.
"Queja 67/2004. 19 de enero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Rosalía Isabel Moreno Ruiz de Rivas. Secretaria: Ana Victoria Cárdenas Muñoz."
CUARTO. Como una cuestión previa, cabe precisar que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al inte
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19035-2cec6fad/libertad-provisional-bajo-caucion-en-el-juicio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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