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Modo: Corpus Pro

PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. PROCEDE LA ADMISIÓN Y DESAHOGO DE LA TESTIMONIAL Y LOS CAREOS OFRECIDOS POR EL INCULPADO, A CARGO DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE INTERVINIERON EN UNA DILIGENCIA DE CATEO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 21/2006-PS. · Registro digital (IUS): 20233
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Julio de 2007, , Pág. 90.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 21/2006-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiuno de junio de dos mil uno, por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito en asuntos de naturaleza penal, que es una de las materias de especialización de esta Primera Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima ya que fue formulada por el Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quien se encuentra facultado para ello, de conformidad con el artículo 197-A de la Ley de Amparo, que en su parte conducente, establece lo siguiente:

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia la que decidirá cual tesis debe prevalecer."

TERCERO. Es pertinente precisar que de los presentes autos se advierte que por oficio número XVIII-272-P, de nueve de marzo de dos mil seis, se le dio vista al procurador general de la República, con la denuncia de contradicción de tesis que nos ocupa, mismo que fue recibido el día diez de marzo siguiente, en la Dirección General de Constitucionalidad de dicha institución, según se desprende del sello impreso en la constancia que obra a foja 211 de autos.

Ahora bien, el artículo 197-A, primer párrafo, de la Ley de Amparo dispone que en la denuncia de contradicción de tesis, el procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.

En la especie, el plazo de los treinta días para que el procurador general de la República emita su parecer en relación con la contradicción en estudio, comenzó a correr del catorce de marzo al veinticinco de abril de dos mil seis, descontándose los días once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de marzo; primero, dos, ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de abril; todos de dos mil seis, en atención a que corresponden a los días sábados y domingos; así como el veintiuno de marzo del citado año, por ser inhábiles en términos del primer párrafo del artículo 23 de la Ley de Amparo.

Por oficio DGC/DCC/423/2006, de fecha cinco de abril de dos mil seis, recibido en su fecha, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la agente del Ministerio Público de la Federación, emitió su opinión en el presente asunto, estimando que sí existe la contradicción de criterios y que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.

CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en sesión del tres de febrero de dos mil seis, resolvió la revisión penal 2162/2005, promovida por ... por conducto de su autorizado legal, en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto 1835/2005, de fecha trece de octubre de dos mil cuatro, por el Juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, mediante la cual, por una parte sobreseyó en el juicio de garantías; y por otra, negó la protección constitucional que solicitó en contra del auto de formal prisión dictado en su contra. En dicho fallo, en lo que es materia de contradicción, esencialmente se sostuvo:

"... Ahora bien, retomando la precisión que se adelantó, cabe indicar que se advierte que el Juez responsable durante la dilación constitucional ampliada admitió y desahogó las declaraciones de ... además de los careos constitucionales entre el quejoso y éstos, los que eran servidores públicos de la Procuraduría General de la República que intervinieron en la diligencia de cateo; sin embargo, respecto de esas diligencias el juzgador debió ponderar lo siguiente:

"La admisión y desahogo de esas probanzas carecía de sustento legal, debido a que ello implica desconocer la teoría procesal punitiva que emerge de la regulación procedimental federal de esta materia y los principios que la rigen y consiguientemente, hacer una interpretación literal y restrictiva de las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, puesto que al actuar de esa forma soslayó el carácter que el personal ministerial tiene en la relación jurídico-procesal penal. En ese sentido, es conveniente tener presente que el procedimiento criminal tiene principios con base en los cuales se estructura la ley respectiva y de los que se advierte que éste es un conjunto de actos y formas que prevé la ley, que deben ser observados por todos los que intervienen y que inicia desde el momento en que se realiza un delito y es puesto en conocimiento de la autoridad investigadora, con lo que se entabla la relación jurídica material propia del derecho penal, para que en su momento y de llegarse el caso, se haga factible la aplicación de la ley de forma concreta; ahora bien, en esa serie concatenada de actuaciones se presenta la intervención de sujetos, los que integran esa relación procesal y cuya participación está diferenciada con base en la naturaleza de su papel, las actividades y funciones que desarrollan con miras al fin del procedimiento, en ese entendido, se distinguen en sujetos: a) principales; b) necesarios; y, c) auxiliares. Al considerar que el objeto y el fin general de los actos procesales son, en ese orden, la relación de derecho penal que surge por un hecho delictivo y se desarrolla entre el Estado y el individuo que se estima su autor, a fin de que se le aplique la pena respectiva; y, precisamente la actualización de la ley punitiva al caso concreto, permite concluir que los sujetos principales son el Juez (órgano jurisdiccional); el Ministerio Público (órgano acusatorio), el indiciado (agente del ilícito) y su defensor (órgano de defensa). Por lo que corresponde al Juez, es la figura central de la relación procesal penal, está a su cargo la decisión del asunto a fin de determinar la aplicación o no de la pena, por virtud de la investidura que el Estado le dio. En lo que respecta al órgano de acusación, le corresponde la preparación del ejercicio de la acción penal, su actualización y provocar del Juez emita las resoluciones que correspondan a fin de conseguir el fin procesal referido; además, su intervención se justifica por el acto delegatorio que el Estado realizó, a efecto de que por su conducto se lleve al cabo la pretensión punitiva. Finalmente, al indiciado y su defensor, le corresponde incitar al juzgador a que realice determinaciones con el objetivo de que no se le aplique sanción al primero. De los dos últimos sujetos aludidos, es conveniente resaltar que se encuentran en una postura contraria, puesto que deducen intereses jurídicos normalmente inversos y algún sector de la doctrina los estima como las partes contendientes en el procedimiento penal, lo que además los distingue del Juez, quien no tiene interés y su única misión es declarar el derecho respecto de la situación jurídico-procesal que le fue puesta de su conocimiento. En relación con los sujetos necesarios, como lo son los denunciantes, testigos, peritos, intérpretes, representantes o asistentes (en el caso de los incapaces), se diferencian de los principales en que su intervención no es indispensable sino eventual y está condicionada a las características y forma del hecho delictivo, quiénes lo presenciaron o no y las cualidades de las personas que tuvieron injerencia a fin de facilitar su interacción con los sujetos principales de la relación procesal. Por lo que respecta a los sujetos auxiliares, se caracterizan por tener una participación procesal de índole administrativa para facilitar o coadyuvar a los principales en su actuación en el procedimiento o para autentificar los actos que realizan, entre éstos se encuentran la policía, los oficiales y secretarios (ministeriales y judiciales) los directores de los centros de reclusión y celadores. Las funciones a que se hizo alusión de cada sujeto procesal indicado, se encuentran señaladas en diversos apartados del Código Federal de Procedimientos Penales, pero en la especie por su importancia se resaltan los preceptos 1o., 2o., 3o., 4o., 5o., 16, 28, 30, 116, 117, 123, 124 bis, 125 y 168, de los que se desprende precisamente la diferencia de su intervención en los actos procesales; tales dispositivos son del tenor siguiente: (se transcriben). Adicionalmente se destaca que la prueba, es la cuestión fundamental respecto de la que gira el procedimiento y está relacionada con el hecho delictivo, que debe probarse; por ello, es todo medio factible de ser utilizado para el conocimiento de la verdad histórica y la personalidad del delincuente y que durante la averiguación previa proporciona al Ministerio Público el fundamento legal para provocar el ejercicio de la acción penal y posteriormente al Juez a dictar la sentencia en que se determine si ha o no lugar a la condena del sujeto activo del ilícito; sin embargo, esta regla tiene excepción en algunos casos, como más adelante se detalla. Por otra parte, debe ponderarse que existen tres conceptos relacionados con las probanzas y que son: a) objeto; b) órgano; y, c) medio. El primero, es el tema a probar, es decir, que se ejecutó una conducta que se estima ilícita; por cuanto al segundo, se trata de la persona que proporciona el conocimiento de ese hecho y lo realiza por cualquier medio posible; finalmente, el medio es la prueba en si o el acto o modo empleado para proporcionar el conocimiento del delito. Una vez hecha la explicación anterior, se retoma que si bien es prueba todo medio factible de ser utilizado para el conocimiento de la verdad histórica y la personalidad del sujeto activo, esto tiene excepción en la hipótesis de que se ofrezca al Juez de Distrito la testimonial del representante social de la Federación y de los testigos de asistencia, puesto que su admisión y desahogo implica el desconocimiento de los restantes principios aludidos. En efecto, el Juez del proceso omitió ponderar lo expuesto, al admitir y desahogar las testimoniales ofrecidas por la defensa del inculpado a cargo de los Ministerios Públicos de la Federación ... así como la testigo de asistencia ... por ser personal de la Procuraduría General de la República, puesto que su participación en el acta circunstanciada en que constaba la diligencia de cateo, se debió a la obligación que tenían de intervenir como parte del personal ministerial, en virtud de lo cual tenían el carácter de órgano investigador en la relación procesal por ser sujetos principales (los dos primeros) y auxiliar (la última) de ésta, por lo que al considerarlos testigos del ‘hecho ilícito’ se desvirtuó la naturaleza primigenia de su intervención y se les dio una doble función procesal, con lo que se desconocieron las bases de la relación procesal penal y, consiguientemente, el procedimiento mismo; lo que se tradujo en el desconocimiento de la investidura como autoridad actuante en esa diligencia, sin que obste para esta conclusión lo dispuesto en el artículo 73 del Código Federal de Procedimientos Penales; y máxime que esos servidores públicos fueron señalados como interventores de la actuación desde la solicitud de cateo. Esto tiene cabal entendimiento de forma sencilla al unir las funciones que les corresponderían, con base en las calidades otorgadas por el Juez del proceso, ya que a los agentes del Ministerio Público los estimó órganos encargados de la investigación del hecho delictivo y además testigos del propio incidente criminal en indagación; es decir, les correspondió comprobar el ilícito respecto del que eran órganos investigadores; en lo que atañe a la testigo de asistencia del representante social, además de auxiliar al Ministerio Público como fedataria en la actuación de éste, como lo establece el numeral 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, también son testigos del antijurídico; por tanto, no obstante que legalmente tiene fe pública y su actuación se sujeta a formalidades que prevé la ley, además, es persona cuya declaración hace indicio de su acto, lo que también sucede en el caso de los agentes investigadores, todo lo cual legalmente no debió suceder por la manifiesta incompatibilidad en esas atribuciones y sus funciones. En ese sentido, precisamente la no admisión de esas pruebas a cargo de esos servidores públicos, estaba justificada al interpretar lógica y sistemáticamente lo previsto en los numerales 20, apartado A, fracción V, constitucional y 206 del Código Federal de Procedimientos Penales, que son del tenor siguiente: (se transcriben). Ordinales de los que se concluye que sólo deben admitirse las pruebas conducentes y que no vayan contra el derecho, es decir, que por una parte sean pertinentes y además sean útiles y finalmente no contradigan el texto de la ley, porque se trata de vehículos apropiados o idóneos para lo que se pretende demostrar y asimismo su empleo se justifique si conduce a lograr ese objetivo; sin embargo, el ofrecimiento de los testimonios de esos servidores públicos no reunían esas condiciones por la incompatibilidad expresada y al trastocar el papel que la propia legislación procesal federal le atribuye a esos funcionarios. No es óbice para lo expuesto, lo que señala el propio precepto 20, apartado A, fracción V, constitucional y los artículos 73 y 240 del código en cita, que son del tenor siguiente: (se transcriben). Ya que esas disposiciones no deben interpretarse literal y restrictivamente, sino de forma lógica y sistemáticamente, como se hizo en esta determinación y considerando los principios que rigen el procedimiento penal federal, puesto que estimarlo de otra manera conduciría a cuestiones ilógicas y desapartadas de la intención legislativa. Ciertamente, siguiendo esa línea de pensamiento, resultaría absurdo porque si el personal ministerial fuera testigo del cateo en que intervino, ello facultaría al agente de la representación social a declararse a sí mismo a fin de obtener su narración de los hechos, así como a recibir los atestos de los testigos de asistencia que fedataron su diligencia, con lo que obtendría además del acta circunstanciada, tantos testimonios como personal hubiera intervenido, con lo que obtendría medios de prueba suficientes para la demostración del hecho criminal; a mayor abundamiento y continuando con ese proceder, en caso de que personal del juzgado que otorga la orden de cateo acudiera a la diligencia, lo que está previsto en el dispositivo 62 del Código Federal de Procedimientos Penales, la defensa del procesado estaría facultada a que durante la instrucción ofreciera la declaración del Juez, secretario y/o actuario para que narren lo acaecido durante el cateo; caso en el cual, al resolver el juzgador tendría que justipreciar su propio relato y el de su personal. Otro aspecto que viene a robustecer lo asentado es lo contradictorio que resulta el que se hayan efectuado los careos constitucionales con esos servidores públicos de la procuraduría, ya que por una parte, fueron la autoridad encargada de dirigir la investigación y en su momento enderezar la acusación legal contra el quejoso y por otra, los que le imputan el hecho criminal. Como se advierte la actuación del Juez al admitir y desahogar las probanzas en comento, era inadecuada, como también lo fue que justipreciara esos medios de convicción, como adicionales al acta circunstanciada de cateo, puesto que no podían tener autonomía. En consecuencia, la justipreciación que realizó la Juez Federal respecto a que fue correcta la valoración que hizo el Juez del proceso de las declaraciones de ... así como de los careos constitucionales que sostuvieron con el amparista, era inconducente; sin embargo, ese error no conduce a cambiar la conclusión respecto de la comprobación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal del inconforme en su comisión, ya que el restante material probatorio es suficiente en la forma indicada. Adicionalmente, en cuanto a lo declarado por el promovente del amparo fue acertado que la Juez de Distrito ponderó que actuó correctamente el Juez natural al negarle valor convictivo a las alegaciones que realizó para justificar su presencia en el lugar, cuando ellas se explican como una maniobra defensiva para tratar de eludir la probable responsabilidad penal en que incurrió y además que no existen pruebas idóneas que las sustenten, lo que era necesario para tener por comprobada la versión que dio."

Dicho criterio originó la tesis aislada cuyo texto y precedente son los siguientes:

"PRUEBAS. SON INCONDUCENTES LA TESTIMONIAL Y LOS CAREOS CONSTITUCIONALES DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE INTERVINIERON EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. De la teoría procesal penal que emerge de la regulación procedimental de esta materia y los principios que la rigen, se desprenden las funciones que a cada sujeto procesal le corresponde; adicionalmente, la prueba, es la cuestión fundamental respecto de la que gira el procedimiento y está relacionada con el hecho delictivo, que debe probarse; por ello, es todo medio factible de ser utilizado para el conocimiento de la verdad histórica y la personalidad del delincuente y que durante la averiguación previa proporciona al Ministerio Público el fundamento legal para provocar el ejercicio de la acción penal y posteriormente al Juez a dictar la sentencia en que se determine si da lugar o no a la condena del sujeto activo del ilícito; sin embargo, esta regla tiene excepción en la hipótesis de que se ofrezca al Juez de Distrito la testimonial del Ministerio Público de la Federación y de los testigos de asistencia que participaron en el acta circunstanciada en que consta la diligencia de cateo, pese a lo dispuesto en el artículo 73 del Código Federal de Procedimientos Penales, porque dichas pruebas son inconducentes en virtud de que de admitirse se desconocen los principios que rigen la materia, puesto que aquéllos intervinieron por la obligación que tienen como parte del personal ministerial; es decir, ostentan el carácter de autoridad investigadora en la relación procesal por ser sujetos principal y auxiliar de ésta, por lo que al considerarlos testigos del ‘hecho ilícito’ se desvirtuó la naturaleza primigenia de su intervención y se les da una doble función procesal; lo que se traduce en el desconocimiento de la investidura como autoridad actuante en esa diligencia. Esto tiene cabal entendimiento al unir las funciones que les corresponden, ya que al admitir sus testimonios, el agente del Ministerio Público sería órgano encargado de la investigación del hecho delictivo y además testigo del propio incidente criminal en indagación; es decir, le correspondería comprobar (en su carácter de testigo) el ilícito respecto del que es el órgano investigador; en lo que atañe a los testigos de asistencia, además de auxiliar al Ministerio Público como fedatarios en la actuación de éste, como lo establece el numeral 16 del código procesal en cita, también son testigos del antijurídico; en tales condiciones, la no admisión de esas pruebas, está justificada al interpretar lógica y sistemáticamente lo previsto en los numerales 20, apartado ‘A’, fracción V, constitucional y 206 de la citada normatividad adjetiva, por ser pruebas inconducentes."

QUINTO. El Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, al resolver el amparo directo 587/2003-5 penal, en sesión del veintisiete de noviembre de dos mil tres, promovido por ... por su propio derecho, en contra de la sentencia dictada en el toca de apelación 19/97, de veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y siete, en la que se confirmó la sentencia condenatoria dictada en su contra y en la que se determinó que el quejoso era penalmente responsable del delito contra la salud en la modalidad de posesión de marihuana, imponiéndosele en consecuencia determinadas penas, sostuvo en la parte que interesa, lo siguiente:

"Por lo que hace al desechamiento que llevó a cabo el Juez del proceso, en cuanto al testimonio de los agentes que intervinieron en el cateo, incluyendo al agente del Ministerio Público que lo efectuó, bajo el argumento que dicha diligencia fue ajustada a derecho, y que citarlos sería tanto como poner en duda la referida actuación, además de que los testigos de asistencia en dicho cateo no pueden tomarse como testigos de cargo o de descargo, al no encontrarse dentro de las hipótesis del artículo 240 del Código Federal de Procedimientos Penales. También actualiza una violación procesal en perjuicio del sentenciado. En efecto, el a quo sostuvo que dado que la diligencia de cateo fue llevada a cabo ajustada a derecho, no procedía citar a los que en ella intervinieron, al respecto cabe decir que, la defensa del inculpado no impugnaba la formalidad de como se llevó a cabo, pues el mismo fue autorizado por un Juez de Distrito, competente para ello, acorde a lo dispuesto por el artículo 61 del Código Federal de Procedimientos Penales, que a la letra dice: (se transcribe). Asimismo, el Juez de Distrito en uso de las facultades que le otorga el artículo 62 del ordenamiento adjetivo en cita, designó al agente del Ministerio Público de la Federación investigador solicitante de dicho medio precautorio, para que lo practicara dándole los lineamientos y alcance del mismo, que incluía detención de personas según el caso (se transcribe). Como se observa, en la diligencia en cuestión no intervino ninguna autoridad jurisdiccional, como pudiera haber sido el Juez, el secretario o el actuario del Juzgado de Distrito autorizante del cateo, siendo acta circunstanciada redactada por el agente del Ministerio Público de la Federación actuante, con testigos de asistencia que resultan ser miembros de la Policía Judicial Federal a su mando, lo cual aunque no deviene ilegal en su forma, si puede darse el caso de la siembra de evidencia, actividad muy común en casos que no interviene la fe de una autoridad jurisdiccional. Por lo que ante la negativa del inculpado, incluso ante la confesión retractada, tiene derecho a defenderse de las imputaciones que nacen de una diligencia de cateo llevada a cabo en la forma indicada, mediante la prueba más idónea a su alcance, como es la declaración bajo protesta de decir verdad de los que hayan intervenido en el desarrollo del mismo, incluyendo al agente del Ministerio Público de la Federación. Lo anterior es así, ya que hay algunas imprecisiones que ameritan sean interrogados por la defensa, como por ejemplo se advierte que en el parte informativo hablan los agentes ... de que en el domicilio de Pinares 200 de la colonia La Presa de esta ciudad, al montar el operativo de vigilancia a las seis de la mañana del día veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, se introdujeron dos sujetos permaneciendo ahí y el cateo se llevó a cabo a las veintidós horas con treinta minutos del día veintiocho de dicho mes y año, esto es, al día siguiente, sin que hubieran encontrado a persona alguna dentro del inmueble; evento que resulta relevante dilucidar ante la presencia judicial; como así lo es también el saber qué pasó con los demás sujetos que vieron introduciendo droga, por qué no fueron detenidos, además de algunas circunstancias que no viene al caso citar, para evitar la preparación anticipada de los testigos en cuestión, y no destruir los argumentos de la defensa que pueda hacer valer en el momento de la diligencia respectiva. Por consiguiente, bajo la óptica que se viene desarrollando, tampoco le asiste razón al Juez del proceso, al decir que citar a los que intervinieron y practicaron la diligencia de cateo, sería poner en duda la referida actuación, puesto que al no existir otras pruebas diversas a las obtenidas en el cateo, con la cual también adminicular, la droga y objetos asegurados al quejoso en flagrancia, (aparte de haber sido detenido en la misma colonia), que justifique la plena responsabilidad en el delito de contra la salud en la modalidad de posesión de marihuana, que prevé el artículo 195, primer párrafo, del Código Penal Federal, que pesan hasta el momento, es una razón más para el desahogo de la testimonial a cargo de las personas que intervinieron en dicha diligencia precautoria. Lo anterior es así, ya que resultó que para estimar tanto el a quo como el ad quem con base a la prueba circunstancial la plena responsabilidad del quejoso, tomaron como fundamento indispensable, los indicios, elementos, datos y pruebas halladas en dicha diligencia, por tanto, al impedirle que el procesado ejerciera su derecho de defenderse de las imputaciones que arrojó el referido cateo, se conculcan sus mas elementales garantías de legalidad y seguridad jurídica, pues no se le da oportunidad de defenderse de las mismas, pues si partiéramos de que todas las actuaciones del Ministerio Público investigador son inatacables, caeríamos en un estado anárquico, que haría innecesaria la existencia de juzgados y tribunales para impartir justicia con equidad e imparcialidad, ni de organismos defensores de los derechos humanos, por lo que el criterio del Juez del proceso es ilegal a todas luces, máxime cuando el artículo 240 del Código de Federal de Procedimientos Penales, opera en contra del criterio que vertió el a quo, pues el mismo habla de que el tribunal no debe de dejar de examinar durante la instrucción a los testigos presentes cuya declaración soliciten las partes, el que literalmente dice: (se transcribe). Y, que por supremacía constitucional el artículo 20, fracción V, de nuestra Carta Magna, establece: (se transcribe). Además, el artículo 206 del ordenamiento procesal en cita, establece que se debe admitir como prueba todas aquellas que sean conducentes, con excepción de las que vayan contra derecho, por lo que se corrobora que el actuar del Juez del proceso constituyen violaciones al procedimiento, ya que los testimonios que desechó sí son conducentes, por los motivos y consideraciones anotadas con antelación, que no viene al caso aquí transcribir por economía procesal, para evitar repeticiones innecesarias; como apoyo se cita el precepto en cuestión (se transcribe). Por lo que estaba obligado a admitir dicha prueba, a cargo de los agentes de la Policía Judicial Federal ... incluyendo al agente del Ministerio Público de la Federación ... que intervinieron en el cateo, con la aclaración de que el agente del Ministerio Público en mención, como funcionario investigador no goza de ningún privilegio para no presentarse a declarar ante los tribunales, como testigo en relación con los hechos que haya conocido o en que intervino, pues ni los altos funcionarios de la Federación se pueden negar a rendir declaración, dado que sólo gozan del derecho de que se haga en su domicilio u oficina, o en su caso por oficio, con la facultad de hacerlo personalmente si lo desea; hipótesis en las que no está el agente del Ministerio Público investigador que efectuó el cateo ni los agentes policíacos que intervinieron, atento a lo dispuesto por los artículos 73 y 245 del Código Federal de Procedimientos Penales. (se transcriben). Asimismo, se corrobora que la prueba testimonial es la idónea, por ser la que más al alcance del inculpado está para ofertarla, y dado que los atestes deben declarar bajo protesta de decir verdad, atento a lo dispuesto por el artículo 247 del código adjetivo penal federal que a la letra dice: (se transcribe). Además, las partes están en su derecho (sic) llamar la atención del órgano jurisdiccional, de advertir que la declaración de un testigo es sospechosa de falta de veracidad, para que se asiente en la actuación relativa, incluso llegar hasta la consignación del testigo ante la manifiesta comisión del delito de falsedad en que haya incurrido, atento a lo dispuesto por los artículos 253 y 255 del ordenamiento penal en consulta, del contenido literal siguiente: (se transcriben). Así las cosas, tenemos que los proveídos de fechas veinticinco de julio y diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y cinco (fojas 321 y 347), y subsecuentes relativas intrínsecamente sobre el mismo tema, son actuaciones carentes de motivación y fundamentación, por ir en contra de las formalidades del procedimiento, y causar serios daños al sentenciado, incurriendo en el supuesto que prevé la fracción VI del artículo 388 del Código Federal de Procedimientos Penales."

La ejecutoria que antecede originó la tesis aislada cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes:

"Novena Época

"Instancia: Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIX, febrero de 2004

"Tesis: XIX.5o.2 P

"Página: 1113

"PRUEBA TESTIMONIAL. EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN Y LOS ELEMENTOS POLICIACOS A SU CARGO QUE HAYAN SIDO DESIGNADOS POR EL JUEZ DE DISTRITO PARA PRACTICAR UN CATEO ESTÁN OBLIGADOS A PRESENTARSE ANTE LOS TRIBUNALES JUDICIALES A DESAHOGARLA. El artículo 73 del Código Federal de Procedimientos Penales esta

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20233-51470313/pruebas-en-el-procedimiento-penal-procede-la-admision · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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