PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN EL DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL. SI ANTES DE QUE TRANSCURRAN CINCO AÑOS DESDE SU COMISIÓN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO TIENE CONOCIMIENTO DEL ILÍCITO Y DE SU AUTOR, AQUÉLLA SE ACTUALIZARÁ EN UN PLAZO DE TRES AÑOS CONTADOS A PARTIR DE ESE MOMENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 100 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 32/2006-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO Y EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197 de la Ley de Amparo; y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los puntos sexto y octavo, fracción VI, del Acuerdo Plenario 5/2001, y puntos segundo y tercero del Acuerdo Plenario 4/2002, toda vez que el tema jurídico planteado es de naturaleza penal, especialidad de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima en términos del artículo 197-A de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, órgano colegiado que resolvió por mayoría de votos, el recurso de revisión 257/2005, en que se sustenta el criterio que se dice en contradicción con el del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.
En efecto, de acuerdo con dicho numeral, cuando se sustenten criterios contradictorios entre Tribunales Colegiados de Circuito en asuntos que son de su competencia, la denuncia correspondiente ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, sólo puede plantearse por:
a) Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
b) El procurador general de la República.
c) Los Tribunales Colegiados o los Magistrados que los integren o las partes que intervinieron en los juicios en que tales criterios contradictorios se hayan sustentado.
En el caso que nos ocupa, la propuesta de denuncia de contradicción de tesis provino, como se dijo antes, de los Magistrados de uno de los tribunales que participan en la contradicción de criterios; por tanto, queda patente que quien realiza la propuesta tiene legitimación para motivar la denuncia.
TERCERO. Por otra parte, para que exista materia a dilucidar respecto de cuál criterio es el que debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, una oposición de criterios jurídicos en los que se analice la misma cuestión, es decir, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las situaciones jurídicas, consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas.
En otras palabras, existe contradicción de criterios cuando concurren los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los asuntos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes.
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.
c) Que los diferentes criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Al respecto, es aplicable la siguiente jurisprudencia:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
CUARTO. Los antecedentes y consideraciones que sustentan la resolución dictada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por unanimidad de votos, el quince de febrero de dos mil dos, en el recurso de revisión 39/2002, que se advierten en la copia certificada glosada en autos, documental pública con valor probatorio pleno conforme al artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, son los que a continuación se reseñan:
1. ... por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, procurador general de la República y otros, señalando como acto reclamado el auto de formal prisión que le fue dictado en la causa penal 37/2001-V, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de defraudación fiscal, previsto en el artículo 108, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, vigente en el año de mil novecientos noventa y seis, al haber omitido mediante engaños y maquinaciones, el pago del impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado, por el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y seis.
2. El Juez Primero de Distrito "A" de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, pronunció sentencia el siete de junio de dos mil uno, en el juicio de amparo indirecto 765/2001, en la que negó el amparo solicitado contra el auto de formal prisión. En lo que al caso interesa, desestimó el concepto de violación relativo a que conforme al artículo 100 del Código Fiscal de la Federación, había prescrito el ejercicio de la acción penal.
3. El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, a quien correspondió conocer del recurso de revisión interpuesto por el quejoso, al resolver el toca 39/2002, por unanimidad de votos, el quince de febrero de dos mil dos, confirmó la sentencia emitida por el Juez de Distrito y negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En la parte que nos interesa, sostuvo lo siguiente:
"... en materia de delitos contra el fisco, existen reglas específicas para la prescripción de la acción penal contenidas en el artículo 100 de la legislación especial (se refiere al Código Fiscal de la Federación): la primera, de tres años contados a partir del día en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenga conocimiento del delito y del delincuente; la segunda, de cinco años que se computarán a partir de la fecha de la consumación del delito. Por tanto, la circunstancia que la autoridad fiscal hubiere ejercido sus funciones de revisión al efectuar visita domiciliaria a la contribuyente, actualizó la primera de las hipótesis, toda vez que a través de dicha actuación tuvo conocimiento del delito y de su autor; por ende, el momento consumativo del hecho delictivo no implica inexorablemente el curso de la prescripción de la acción penal, pues como se ha visto, en materia de delitos contra el fisco existe una excepción a la regla que lo constituye el conocimiento de la autoridad, en cuyo caso el plazo para la prescripción de la acción punitiva será de tres años a partir del día en que tenga conocimiento del delito y de su autor, lo que deberá tener lugar dentro del plazo perentorio de cinco años que señala la ley como límite para el ejercicio del ius puniendi del Estado."
La tesis resultante de la ejecutoria que se reseña, se identifica y lee como sigue:
"Novena Época
"Instancia: Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XV, mayo de 2002
"Tesis: I.9o.P.2 P
"Página: 1263
"PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. DELITOS FISCALES QUE SE PERSIGUEN POR QUERELLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 100 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN). En un Estado democrático de derecho, las modernas legislaciones penales establecen diversas figuras jurídicas que constituyen límites al ius puniendi; verbigracia, la muerte del delincuente, la amnistía, el perdón, la prescripción, entre otros. Ahora bien, para analizar la operancia de la prescripción de la acción punitiva en tratándose de delitos contra el fisco, cuya persecución sea por querella de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se debe atender exclusivamente a las reglas específicas contenidas en el artículo 100 del Código Fiscal de la Federación; la primera, de tres años contados a partir del día en que dicha secretaría de Estado tenga conocimiento del delito y de su autor; la segunda, de cinco años que se computarán a partir de la fecha de la consumación del delito. Lo anterior pone de manifiesto que el momento consumativo del hecho delictivo no implica inexorablemente el curso de la prescripción de la acción penal, en virtud de que el precepto legal en cita contempla una excepción a la regla, que la constituye el momento cognoscitivo de la autoridad acerca del delito y de su autor, en cuyo caso la prescripción de la acción punitiva será de tres años contados a partir de ese momento, lo que deberá tener lugar dentro del plazo perentorio de cinco años que señala la ley como límite para el ejercicio del ius puniendi del Estado."
QUINTO. Por otra parte, los antecedentes y consideraciones que sustentan la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, por mayoría de votos, el veintidós de febrero de dos mil seis, en el recurso de revisión 257/2005, que se advierten en la copia certificada glosada en autos, documental pública con valor probatorio pleno conforme al artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, son los siguientes:
1. ... por medio de su representante legal, promovieron juicio de amparo indirecto contra los actos del Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, reclamando en forma principal el auto de formal prisión de siete de abril de dos mil cinco, que les fue dictado por la probable responsabilidad en la comisión del delito de defraudación fiscal previsto en el artículo 109, fracción I, del Código Fiscal de la Federación.
2. El Juez Octavo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, al resolver el juicio de amparo 324/2005-V, negó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del referido auto de formal prisión, desestimando los conceptos de violación relativos a la prescripción del ejercicio de la acción penal prevista en el artículo 100 del Código Fiscal de la Federación.
3. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, a quien correspondió conocer del recurso de revisión interpuesto por el quejoso, al resolver el toca 257/2005, por mayoría de votos, el veintidós de febrero de dos mil seis, revocó la sentencia emitida por el Juez de Distrito, para el efecto de que se dejara insubsistente el auto de formal prisión reclamado y se pronunciara otro, con plenitud de jurisdicción, pero cumpliendo con los requisitos formales de fundar y motivar debidamente la nueva determinación, en cuanto al cuerpo del delito y probable responsabilidad de los quejosos.
Empero, previo a lo anterior, desestimó el agravio en que insistió la quejosa sobre la prescripción del ejercicio de la acción penal, fundada en el artículo 100 del Código Fiscal de la Federación, bajo las siguientes consideraciones sustanciales:
a) Que el artículo 100 del Código Fiscal de la Federación, al regular la prescripción de la acción penal de los delitos fiscales perseguidos por querella, establece dos reglas: la primera, de tres años a partir de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenga conocimiento del delito y de su autor. La segunda, de cinco años a partir de la fecha de la consumación del delito cuando no se tenga conocimiento del delito y de la persona que participó en su comisión.
b) Que en el caso de la primera regla no se debe tomar en cuenta la fecha de la comisión del delito, sino que basta con que el conocimiento del delito y de su autor se tenga dentro de los cinco años que prevé la segunda regla, es decir, que el plazo de tres años podrá empezar a contar antes de que concluya el de cinco, pues transcurrido este último, la acción penal ya habrá prescrito sin que pueda operar la primera regla de tres años.
c) Que las reglas de prescripción de la acción penal del artículo 100 del Código Fiscal de la Federación, son congruentes con las facultades que competen a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como con el plazo de que ésta dispone para ejercer las mismas, ya que del artículo 67 en concordancia con el 30 del propio ordenamiento, se sigue que si la autoridad fiscal cuenta con cinco años para ejercer su facultad de comprobación, en relación con el cumplimiento que hayan dado los contribuyentes o responsables solidarios de las obligaciones tributarias, significa que mientras no haya transcurrido el plazo de cinco años puede revisar la actividad desplegada por el contribuyente en torno a sus deberes fiscales, y si durante ese lapso se encuentra el hecho constitutivo del delito, así como de quien participó en su comisión, puede formular la querella respectiva para que se lleve a cabo la investigación correspondiente, ya que la acción penal prescribirá a los tres años de cuando se tuvo ese conocimiento, sin que pueda cortar dicho plazo el que se cumpla la fecha en que habría prescrito el delito conforme a la segunda regla, pues al adquirir conocimiento del delito y del delincuente, dejó de regir la regla de cinco años para operar la de tres.
d) Que sólo cuando transcurren cinco años de la fecha en que se comete el delito, sin que la secretaría tenga el elemento cognoscitivo de mérito, entonces la acción penal habrá prescrito, no pudiendo ya operar la regla de tres años por un posterior conocimiento de los hechos que tenga la secretaría.
Luego, de esas consideraciones desestimó el agravio de la quejosa, en que con fundamento en la tesis del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver la revisión penal 39/2002, apoyaba el argumento de prescripción del ejercicio de la acción penal. Al efecto, se dice en la sentencia que se analiza:
"En mérito de lo que se afirma, no se comparte el criterio invocado por los recurrentes, emitido por el Noveno Tribunal Colegiado del Primer Circuito, en la tesis aislada que se publicó en la página 1263, Tomo XV, mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: ‘PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. DELITOS FISCALES QUE SE PERSIGUEN POR QUERELLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 100 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN).’ (se transcribe). El anterior criterio, el que no obliga a este Tribunal Colegiado por no constituir aún jurisprudencia, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, se contrapone con lo que se sustenta en esta resolución, dado que el tribunal que lo sustentó sostiene que el plazo para que opere la prescripción en caso de que la autoridad facultada para formular la querella, tenga conocimiento del delito y del delincuente, es de tres años a partir de ese momento, pero que dicho plazo tiene que estar dentro del término de cinco años, previsto para el supuesto en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no tenga ese conocimiento, el cual se computa a partir de la fecha en que se cometió el delito; es decir, aunque la aludida secretaría adquiera dicho conocimiento antes de que transcurran los cinco años de la fecha de comisión del ilícito, éste prescribirá a los tres años de que se hizo sabedora del delito y del delincuente, pero dicho plazo no podrá rebasar la fecha que operaría la prescripción conforme al plazo de cinco años contados desde la comisión del ilícito; mientras que este órgano colegiado considera que, en el momento que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene conocimiento del hecho que posiblemente constituye un delito, así como del delincuente, deja de regir la regla de cinco años prevista en la segunda parte del artículo 100 del Código Fiscal de la Federación, para operar la regla que indica la primera parte de dicho precepto, consistente en que la acción penal prescribirá a los tres años de que adquiere ese conocimiento, término que puede rebasar la fecha en que operaría la prescripción conforme a la segunda regla, con la única condición de que dicho conocimiento se adquiera antes de que haya fenecido el plazo de cinco años, previsto para cuando la secretaría de Estado carece de ese conocimiento."
La tesis aislada que surgió de esa ejecutoria, se identifica y lee como sigue:
"Novena Época
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXIV, julio de 2006
"Tesis: III.2o.P.196 P
"Página: 1288
"PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN EL DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL. SI ANTES DE QUE SE CUMPLAN LOS 5 AÑOS DE COMISIÓN DE DICHO ILÍCITO LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO TIENE CONOCIMIENTO DE ÉSTE Y DE SU AUTOR, AQUÉLLA SE REGIRÁ POR EL PLAZO DE 3 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE ESE MOMENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 100 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN). La prescripción del delito de defraudación fiscal perseguible por querella de parte de la Secretaría de Hacienda debe regirse conforme al artículo 100 del Código Fiscal de la Federación, el cual establece dos reglas, la primera de tres años a partir de que dicha secretaría de Estado tenga conocimiento del delito y de su autor, y la segunda de cinco años que se computarán a partir de la fecha de la consumación del delito, la cual se actualiza cuando la dependencia ofendida ignora el hecho delictuoso y la persona que participó en su perpetración. Ahora bien, la interpretación armónica de dichos cómputos lleva a considerar que si antes de que se cumplan los cinco años de la comisión del delito la secretaría tiene conocimiento de éste y de su autor, la prescripción se regirá por la primera regla (tres años a partir de ese momento), sin que sea posible tomar en cuenta la fecha de la comisión del delito, pues éste constituye un elemento que se prevé para la segunda hipótesis, sin que se permita conjugar las dos reglas, pues hacerlo implicaría condicionar dentro de una disposición que es de aplicación estricta, un supuesto que el legislador no contempló, lo que significa que basta que el momento cognoscitivo de la autoridad hacendaria acerca del delito y de su autor se tenga dentro de los cinco años que prevé la segunda de las reglas, para que el fenómeno extintivo de la acción penal se rija conforme al plazo de tres años, aunque la fecha que resulte pudiera rebasar aquella en la que se surte la prescripción conforme a la regla de cinco años contados desde la comisión del delito, puesto que el definir claramente dichas reglas revela que en esta clase de delitos especiales esa fue la intención del legislador, sin que ello implique que el plazo de tres años podrá empezar a contar en cualquier tiempo, sino que necesariamente tendrá que iniciar antes de que concluya el de cinco años, pues si excede de éste la acción penal ya habrá prescrito."
De esa forma, el referido Tribunal Colegiado acordó denunciar la contradicción de tesis que hoy nos ocupa.
SEXTO. Del análisis de las ejecutorias reseñadas en los considerandos anteriores, se arriba a la conclusión de que sí existe la contradicción de tesis denunciada, por las razones siguientes.
Resulta indiscutible que al resolver los asuntos se examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales, en tanto que se trató de juicios de amparo en que se reclamaron sendos autos de formal prisión, por el delito de defraudación fiscal.
En ambos casos, mediante los conceptos de violación y luego de los agravios, la parte quejosa adujo la actualización del supuesto previsto en el artículo 100 del Código Fiscal de la Federación, esto es, prescripción del ejercicio de la acción penal; de ahí que los Tribunales Colegiados tuvieron que interpretar dicho precepto al desestimar los respectivos planteamientos.
Empero, la interpretación jurídica en las sentencias respectivas, en cuanto a la figura de la prescripción de la acción penal de los delitos fiscales es discrepante, como lo consideró el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 257/2005.
En efecto, el artículo 100 del Código Fiscal de la Federación, interpretado por los Tribunales Colegiados, vigente en mil novecientos noventa y seis, aplicado por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, y el que se encuentra en vigor al tiempo de resolver este asunto, aplicado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en la parte que al caso interesa es en esencia del mismo contenido, como se demuestra a continuación:
"Artículo 100. La acción penal en los delitos fiscales perseguibles por querella de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, prescribirá en tres años contados a partir del día en que dicha secretaría tenga conocimiento del delito y del delincuente; y si no tiene conocimiento, en cinco años que se computarán a partir de la fecha de la comisión del delito. En los demás casos, se estará a las reglas del Código Penal aplicable en materia federal."
(Reformado, D.O.F. 5 de enero de 2004)
"Artículo 100. La acción penal en los delitos fiscales perseguibles por querella, por declaratoria y por declaratoria de perjuicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, prescribirá en tres años contados a partir del día en que dicha secretaría tenga conocimiento del delito y del delincuente; y si no tiene conocimiento, en cinco años que se computarán a partir de la fecha de la comisión del delito. En los demás casos, se estará a las reglas del Código Penal aplicable en materia federal."
Por otra parte, medianamente se aprecia que el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la tesis resultante del recurso de revisión penal 39/2002, sostuvo que el plazo de tres años para que opere la prescripción de la acción penal, debe computarse a partir de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenga conocimiento del delito y del delincuente, lo que debe ocurrir dentro del diverso plazo de cinco años contado a partir de la fecha de la comisión del delito, pues en la ejecutoria y luego en la tesis inserta en el considerando cuarto de este fallo, textualmente se asienta lo siguiente:
"... que el momento consumativo del hecho delictivo no implica inexorablemente el curso de la prescripción de la acción penal, en virtud de que el precepto legal en cita contempla una excepción a la regla, que la constituye el momento cognoscitivo de la autoridad acerca del delito y de su autor, en cuyo caso la prescripción de la acción punitiva será de tres años contados a partir de ese momento, lo que deberá tener lugar dentro del plazo perentorio de cinco años que señala la ley como límite para el ejercicio del ius puniendi del Estado."
Empero, la referencia expresa de que "la prescripción de la acción punitiva será de tres años contados a partir de ese momento, lo que deberá tener lugar dentro del plazo perentorio de cinco años que señala la ley como límite para el ejercicio del ius puniendi del Estado", de manera mediana genera la idea de que, en concepto del referido Tribunal Colegiado, el plazo de tres años previsto para la primera regla de prescripción contenida en el precepto interpretado, debe estar inmerso en el diverso de cinco años sin rebasarlo.
Incluso, así lo interpretó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, que al resolver el recurso de revisión 257/2005, en que denuncia la contradicción de tesis, en forma categórica sostuvo que para los efectos de la primera hipótesis de prescripción prevista en el artículo 100 del Código Fiscal de la Federación, el momento cognoscitivo del delito y del delincuente, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debe ocurrir antes de que transcurra el diverso plazo de cinco años contado a partir de la comisión del delito y del delincuente, y puede rebasar este último, es decir, el de cinco años desde la comisión del delito.
En esas circunstancias, debe concluirse que los fallos emitidos por los referidos Tribunales Colegiados de Circuito, sí reúnen los requisitos para generar la contradicción de tesis, pues al resolver los respectivos recursos de revisión, examinaron situaciones de hecho y cuestiones jurídicas esencialmente iguales, adoptando criterios jurídicos discrepantes en las consideraciones medulares que sustentan sus respectivas sentencias, con base en el examen de los mismos elementos.
Ante esas referencias, resulta que el punto materia de la contradicción, se limita a determinar si para efectos de la prescripción de la acción penal en los delitos fiscales perseguibles por querella, conforme al artículo 100 del Código Fiscal de la Federación ¿el plazo de tres años contados a partir del día en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenga conocimiento del delito y del delincuente, no puede rebasar el diverso de cinco años computado a partir de la fecha de comisión del delito?, o si por el contrario ¿sí puede rebasar dicho plazo, bastando que dentro del mismo se tenga conocimiento del delito y del delincuente?
Es pertinente establecer desde ahora que no resulta obstáculo para la existencia de la contradicción de tesis, el hecho de que los criterios de ambos tribunales no se hayan formalizado en jurisprudencia, o en "tesis" el de uno de ellos, en razón de que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, basta con que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito, al dictar resoluciones en asuntos de su competencia, sustenten criterios diferentes sobre un mismo punto de derecho, para que proceda decidir cuál es el que deba prevalecer.
Resulta aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia que se identifica y lee como sigue:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 27/2001
"Página: 77
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."
SÉPTIMO. Precisada la existencia y el tema de la contradicción de tesis y examinadas las resoluciones que dieron origen a la misma, se considera que debe prevalecer la tesis jurisprudencial sustentada en la presente resolución.
Como punto de partida, para la mayor comprensión de la forma en que se resuelve este asunto, es preciso remontarnos al texto del Código Penal para el Distrito Federal y Territorio de la Baja California sobre delitos del fuero común, y para toda la República sobre delitos contra la Federación, el cual fue expedido por el Congreso de la Unión el siete de diciembre de mil ochocientos setenta y uno, y que entró en vigor el primero de abril de mil ochocientos setenta y dos, ya que su artículo 272, es antecedente primigenio del actual artículo 100 del Código Fiscal de la Federación, como se demostrará a continuación.
El Código Penal de referencia, en su artículo 272, disponía lo siguiente:
"Artículo 272. La acción penal que nazca de un delito que sólo pueda perseguirse por queja de parte; se prescribirá en un año, contado desde el día en que la parte ofendida tenga conocimiento del delito y del delincuente. Pero si pasaren tres años sin que se intente la acción, se prescribirá ésta, haya tenido o no conocimiento el ofendido."
El primer plazo de prescripción de un año, tiene como punto de partida el conocimiento del delito y del delincuente; el segundo plazo de prescripción, el de tres años, alude en forma tácita a la fecha de comisión del delito, aun cuando no lo menciona expresamente, ya que no podría entenderse de otra forma, si en la parte final claramente establece la actualización de la prescripción, con independencia de que el ofendido conozca o no el delito y el delincuente, si no intenta la acción penal dentro de los tres años. Lo que resulta lógico, porque si aun conociendo del delito y del delincuente dentro de ese plazo, el ofendido no ejerce la acción penal que lo ubicaría en el primer supuesto de prescripción, fenecidos los tres años siguientes a la comisión del delito, la prescripción habrá operado por actualizarse la segunda regla.
Con el fin de actualizar la legislación penal, por decreto de nueve de f
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19882-a5bf4d73/prescripcion-de-la-accion-penal-en-el-delito · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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