Corpus
Modo: Corpus Pro

DENUNCIA ANÓNIMA. NO TIENE VALOR PROBATORIO DE INDICIO PARA INTEGRAR LA PRUEBA CIRCUNSTANCIAL PLENA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 150/2008-PS. · Registro digital (IUS): 21621
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Julio de 2009, , Pág. 139.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 150/2008-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, y el punto segundo del diverso Acuerdo 4/2002 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que corresponde a la materia penal de la especialidad de esta Primera Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pues la presente contradicción de tesis fue denunciada por la Magistrada presidenta del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en representación de uno de los órganos emisores de los criterios en contienda.

TERCERO. Para poder resolver la presente denuncia de contradicción, en primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, para lo cual es necesario ahora transcribir y posteriormente analizar las ejecutorias que participan en la misma.

El Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, al resolver el quince de junio de dos mil seis, el juicio de amparo directo **********, en lo conducente a esta contradicción, determinó lo siguiente:

"La responsable tomó en consideración, como medio de prueba para integrar la prueba circunstancial, una denuncia anónima en la que se informó sobre actividades delictuosas y la valoró como indicio; no como las denuncias o querellas a que se refieren los artículos del 114 al 122 del Código Federal de Procedimientos Penales, sino como la noticia de un hecho delictuoso, prevista en el artículo 113 del código citado, pues así lo estableció expresamente en la sentencia reclamada. El invocado numeral prevé: Artículo 113. El Ministerio Público y sus auxiliares, de acuerdo con las órdenes que reciban de aquéllos, están obligados a proceder de oficio a la investigación de los delitos de que tengan noticia. La averiguación previa no podrá iniciarse de oficio en los casos siguientes: I. Cuando se trate de delitos en los que solamente se pueda proceder por querella necesaria, si ésta no se ha presentado; II. Cuando la ley exija algún requisito previo, si éste no se ha llenado. Si el que inicia una investigación no tiene a su cargo la función de proseguirla, dará inmediata cuenta al que corresponda legalmente practicarla. Cuando para la persecución de un delito se requiera querella u otro acto equivalente, a título de requisito de procedibilidad, el Ministerio Público Federal actuará según lo previsto en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para conocer si la autoridad formula querella o satisface el requisito de procedibilidad equivalente. El transcrito precepto legal, en su párrafo primero, faculta al Ministerio Público de la Federación para proceder a la investigación de los delitos que se persiguen de oficio, aunque no exista denuncia previa, salvo que se trate de ilícitos en los que solamente se puede actuar por querella; de manera que tan luego el Ministerio Público tenga conocimiento de la probable comisión de un delito, debe dictar las providencias necesarias a fin de demostrar su existencia. El alcance de tal dispositivo es revestir de validez las actuaciones practicadas por el agente del Ministerio Público de la Federación en la investigación oficiosa de posibles hechos delictuosos, aun cuando sean de fecha anterior al auto que ordena iniciar la averiguación previa. En la especie, se advierte de las constancias que obran en la causa penal de origen, que el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la ciudad de Celaya, Guanajuato, hizo constar el primero de abril de dos mil seis, a las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos, la recepción de una llamada telefónica anónima, por una persona del sexo masculino, quien denunció que en el boulevard Adolfo López Mateos, frente a una gasolinera y frente a un bar denominado **********, una persona del sexo ********** de entre ********** años de edad, ********** , de ********** centímetros de estatura, se dedica a vender droga después de las diez de la noche, en un carro azul tipo tsuru con placas del Estado de Guanajuato; razón por la cual inició el acta circunstanciada número ********** y ordenó la práctica de las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos (fojas 7). Aparece en autos el oficio número, ********** mediante el cual, agentes de la Policía Federal de Investigación, en cumplimiento a lo ordenado en el acta circunstanciada de referencia, se avocaron a la investigación de los hechos y pusieron a disposición de la autoridad ministerial a ********** y otro, toda vez que al estar en vigilancia afuera del ********** denominado **********, se estacionó un vehículo tipo tsuru color azul, conducido por el primero de los mencionados, a quien le pidieron les permitiera realizar una revisión en el vehículo, encontrando al costado del freno de mano varios envoltorios de plástico transparente, con polvo blanco con las características de la cocaína y que ********** les manifestó en forma voluntaria que esos envoltorios eran de su propiedad y se dedicaba a su venta (fojas 11 a 13), por lo que el Ministerio Público de la Federación dio de baja el acta circunstanciada y ordenó el inicio de la averiguación previa correspondiente. Lo anterior patentiza que la llamada telefónica anónima es la base que legitimó al Ministerio Público para ordenar la investigación del supuesto hecho delictivo del que se proporcionó noticia, así como para dar validez a la actuación de los agentes policiales aprehensores, pero no constituye en sí una denuncia formal ni puede tomarse como prueba eficiente en contra del sujeto activo, para derivar de ella el elemento subjetivo como es la finalidad de la posesión del narcótico, en términos del artículo 113 del Código Federal de Procedimientos Penales. Esto es así, porque si la autoridad ministerial recibió una llamada telefónica anónima, que señalaba que en un lugar específico una persona con determinadas características vendía droga, es claro que tal comunicación constituye la noticia de un delito, que lo faculta para proceder a la investigación correspondiente de forma oficiosa, pero de manera alguna puede considerarse como un indicio que pruebe en contra del indiciado, toda vez que no se hizo una imputación directa hacia determinada persona, sino simplemente se proporcionaron datos genéricos, como lo son marca y color de un vehículo, del que existen en gran número en el país, y características físicas de una persona, como son sexo, peso y talla aproximadas, que por generales, pueden ser comunes a muchos sujetos y que es ineficiente para inferir, ni aún circunstancialmente, un elemento subjetivo como lo es la intención del activo en la posesión de un narcótico. A lo anterior se suma la circunstancia que, precisamente por ser anónima, se desconoce el origen de la denuncia y de quién la formula, es decir, no se sabe el nombre y apellido del denunciante, lo que imposibilita tenerla como elemento de cargo pues el indiciado está indefenso al no saber quién es el que atribuye la conducta ilícita, para poderse carear con el denunciante. De ahí que dicha comunicación no puede constituir un elemento probatorio de cargo, sino únicamente el medio que faculta al Ministerio Público a ejercer las facultades consagradas en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como órgano persecutor de delitos. Luego, es claro que la información que se proporcionó al agente investigador vía telefónica, no puede ser tomada en consideración para sustentar una sentencia condenatoria, ni aún como indicio, sino únicamente para revestir de legalidad las actuaciones posteriores ordenadas de manera oficiosa por el Ministerio Público en la investigación de ese supuesto delito, de ahí que la denuncia anónima ninguna eficacia demostrativa alcanza para integrar la prueba circunstancial. Más aún, porque en el caso no puede afirmarse categóricamente que la noticia del delito que se recibió de manera anónima, esté corroborada con las constancias de autos, toda vez que se hizo alusión a que en determinado lugar, una persona indeterminada vendía droga y, en la especie, nunca se demostró ese extremo, ni aún de manera presuntiva, pues los mismos elementos aprehensores manifestaron, en careos, que nunca vieron que ninguna persona se aproximara al vehículo en cuestión, para de ahí inferir que pretendían adquirir la droga que supuestamente ofertaba el activo ni tampoco obra ninguna imputación particularizada en contra del indiciado que así lo demuestre. Esto es, el verdadero sentido de la denuncia anónima era la acusación a un hombre que en realidad, se dedicaba al tráfico de drogas, entendido como una reiteración de ventas de droga, por lo que era obligación del Ministerio Público indagar ello mediante elementos probatorios autónomos a la comunicación telefónica recibida, pues ésta por sí sola nada prueba; luego, era menester que los policías, en su caso, montaran un operativo de mayor duración temporal para corroborar si durante algún tiempo, alguien vendía droga, pero por el contrario, su actuación investigativa se limitó a que, al tener a la vista un carro y una persona que coincidía con los datos reportados, procedieron a su revisión, encontrándolo efectivamente en posesión de un narcótico, pero sólo es ese evento el que les consta a los aprehensores y no lo que se denunció anónimamente. Así, el Magistrado responsable no debió considerar la denuncia anónima como un indicio apto para integrar la prueba circunstancial en la que sustentó la demostración del cuerpo del delito contra la salud, en la modalidad de posesión de cocaína con fines de venta, previsto y sancionado en el numeral 195, párrafo primero, del mismo ordenamiento legal, que se atribuye al quejoso, pues resulta inconducente para justificar o cuando menos generar la presunción fundada de que los cuatro gramos y medio de cocaína que se encontraron en posesión del activo, estaban destinados a su venta a terceras personas. Por consiguiente, fue incorrecto que la autoridad responsable hubiera estimado fundado el argumento de la representación social apelante y, por ende, solamente debieron tomarse en cuenta para enjuiciar al ahora quejoso, los medios de prueba obtenidos con motivo de la comunicación anónima recibida. En ese contexto, se tiene que los restantes indicios que destaca la responsable en la sentencia reclamada, en su exacto alcance demostrativo, tampoco son suficientes para demostrar el elemento subjetivo del delito contra la salud, en su modalidad de posesión con fines de venta, como es la especial finalidad de poseer la droga para su venta. En efecto, el artículo 195 del Código Penal en cita establece sanción para quien posee alguno de los narcóticos señalados en el artículo 193 ... ‘siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de realizar alguna de las conductas previstas en el artículo 194’. Lo cual significa que para aplicar las penas previstas por este numeral, debe estar acreditado plenamente que la conducta del procesado, sancionada como posesión de cocaína, se haya dado con un fin específico, en el caso, su venta, acreditamiento éste que no se da, pues para ello es necesario que existan pruebas que conduzcan a la convicción de que la posesión sea con esa particular finalidad; sobre lo cual no existe encadenamiento de probanzas que lleven a tal demostración. La finalidad de la posesión es un elemento subjetivo que integra el cuerpo del delito y para determinar con qué medios de prueba se puede acreditar, debe atenderse a su naturaleza y a una prelación lógica en su análisis. Del contenido del artículo 168 del Código Federal de Procedimientos Penales se desprende que el cuerpo del delito, en términos generales, se integra con elementos de carácter objetivo o externos, que constituyen la materialidad del hecho que se señala como delito, pero además, se encuentran elementos subjetivos a que hacen referencia algunos tipos penales, como es el previsto en el artículo 195, párrafo primero, del Código Penal Federal, que alude a una finalidad. Para la acreditación de esos diversos elementos, el propio precepto 168 del código procesal prevé que puede hacerse por cualquier medio probatorio que la ley señale. Por lo que hace al elemento subjetivo, como es la finalidad de la posesión, una prueba determinante o idónea para su acreditación lo es sin duda la confesión, pero dicha prueba por sí sola no es suficien

e, sino que debe estar vinculada con otros medios de prueba que evidencien los elementos de carácter objetivo integradores del cuerpo del delito. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia número 725, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 465, del Tomo II, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: ‘SALUD, DELITO CONTRA LA. POSESIÓN. PRUEBA DE LA FINALIDAD. El tipo penal previsto en el artículo 195 del Código Penal Federal establece sanción para el poseedor de alguno de los narcóticos señalados en el normativo 193, siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de realizar alguna de las conductas previstas en el artículo 194, por lo que el juzgador debe efectuar un enlace objetivo y no puramente subjetivo de las pruebas aportadas por el Ministerio Público para demostrar la finalidad del agente respecto al destino del narcótico, no resultando suficiente la sola afirmación aislada de dicha circunstancia sin vinculación con otros elementos de prueba.’. También, conviene citar en lo conducente, la jurisprudencia número 7/96, definida en contradicción de tesis por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 477, del Tomo III, marzo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: ‘POSESIÓN DE ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICOS EN DELITOS CONTRA LA SALUD. SU NECESARIA VINCULACIÓN CON LA FINALIDAD. El tipo penal previsto en el artículo 195 del Código Penal Federal establece sanción para el poseedor de alguno de los estupefacientes y psicotrópicos señalados en el normativo 193, pero ello siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de realizar alguna de las conductas previstas en el artículo 194. Para el acreditamiento del elemento subjetivo es sin duda la confesión un medio idóneo aunque por sí sola no es suficiente, pues en la mayoría de los casos en que ella exista habrá que vincularla con otras que estén aparejadas, con la comprobación del resto de los elementos típicos de carácter objetivo. Resulta, por tanto, necesario demostrar primeramente los elementos de carácter objetivo del tipo penal, como son: la existencia de la droga, el tipo y la cantidad de la misma que el sujeto poseía (o transportaba), así como circunstancias de lugar, tiempo, y ocasión; después habrá que analizar la existencia de los elementos subjetivos, como son el dolo y la especial finalidad, para lo cual es idónea la confesión del inculpado de que efectivamente la poseía y que la llevaba consigo para realizar alguna de las acciones a que se refiere el artículo 194, es decir: comerciar, traficar, introducir, etcétera. En tales circunstancias, el juzgador al resolver debe efectuar un enlace concatenado de los elementos objetivos con el aspecto subjetivo, y con todo ello determinar la finalidad del agente respecto del destino del narcótico, no resultando por tanto suficiente la sola afirmación aislada de dicha circunstancia sin la vinculación con otros medios de prueba.’. Los criterios anteriores establecen que, aun cuando la confesión es prueba idónea para tener por comprobado el elemento subjetivo, como es la finalidad, no es por sí sola suficiente; requiere ser apoyada de otros medios probatorios, para acreditar inicialmente los elementos objetivos del tipo penal y después los subjetivos entre los cuales está la finalidad; máxime si, como sucede en la especie, no existe tal confesión, de ahí que deba contarse con una prueba idónea y fehaciente que evidencie esa finalidad. En la especie, si bien del caudal probatorio que obra en el sumario se acredita tanto la existencia de la droga, que es el objeto material, el tipo y cantidad de la misma, que el sujeto activo la poseía, así como circunstancias de lugar, de tiempo y de ocasión que son todos elementos de carácter objetivo; en cambio, no existe confesión del enjuiciado quejoso respecto a la finalidad, pues en todas sus intervenciones procesales admitió que poseía el estupefaciente que fue asegurado, pero para su consumo personal, y de ninguna manera puede aceptarse que por la existencia de los indicios que destacó el Magistrado responsable, adminiculados entre sí configuren la prueba circunstancial con valor probatorio pleno para ese efecto, si se tiene en cuenta que para acreditar el elemento subjetivo en comento, no sólo es condición llevar consigo la droga, sino además, debe demostrarse fehacientemente, aun de manera indirecta, la intención del agente con el acto posesorio del narcótico. En este tenor, se colige que las circunstancias de detención del reo, como son las que resalta la responsable, que se encontraba en un vehículo similar al que se hizo referencia en la denuncia anónima y que las características físicas del sujeto coinciden; tampoco constituyen un indicio eficiente para integrar la prueba circunstancial que demuestre la finalidad de la posesión, en la medida en que el hecho de que el activo estuviera en posesión de cuatro gramos y medio de cocaína, a bordo de un vehículo tipo tsuru color azul y que tenga además rasgos similares a los proporcionados de forma anónima como son talla, peso y edad aproximada, al margen de que se trata de circunstancias muy generales y en las que pueden encuadrar un sinnúmero de personas, de cualquier modo no evidencia ningún indicio sobre la especial finalidad de la posesión del estupefaciente asegurado, porque no conllevan, como pretende el Magistrado, la intención subjetiva del activo de destinar la droga asegurada, para realizar una operación de venta, ya que, se reitera, no comprueban que el poseedor anduviera buscando posibles compradores ni ofreciendo el narcótico a terceras personas. No debe perderse de vista además, que tales circunstancias provienen de una denuncia anónima, que no tiene ningún valor probatorio y lo único relevante y objetivamente probado es el hecho de que los policías capturaron al quejoso y le aseguraron la droga; es decir, son sólo éstos los datos que obran en su contra. En relación con la forma de empaquetamiento de la droga que le fue asegurada al inculpado ahora quejoso, tampoco puede integrar la prueba circunstancial con valor probatorio pleno para demostrar la modalidad del delito en estudio; esto es así, pues obra dictamen médico sobre farmacodependencia, en el que se determinó que el acusado ********** es adicto al consumo de cocaína y puede consumir de quinientos miligramos hasta un gramo quinientos miligramos en veinticuatro horas, lo cual siempre sostuvo el indiciado en su declaración ministerial, que luego ratificó en preparatoria y sostuvo en posteriores intervenciones procesales, en las que, en lo que interesa, manifestó que el día de su detención había comprado mil pesos de cocaína y que el vendedor le dijo que le iba a dar su pilón y le entregó diversos envoltorios en una bolsa de plástico, los cuales ni siquiera contó y únicamente los colocó en el interior de su automóvil. Por tanto, atento al hecho que el quejoso admitió y probó sobre su farmacodependencia y que la presentación de la droga, en ‘envoltorios’ o ‘bolsitas’, es como se comercializa entre los adictos, si se poseen narcóticos lógicamente se adquirirán empaquetados en esa forma y tal circunstancia no implica que precisamente el activo así los hubiera confeccionado para su venta posterior. Al respecto, resulta aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, que este órgano colegiado comparte, visible en la página 1073, del Tomo VII, mayo de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: ‘SALUD, DELITO CONTRA LA, EN SU FORMA COMISIVA DE POSESIÓN DE NARCÓTICOS, PREVISTO Y SANCIONADO POR EL ARTÍCULO 195, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO PUNITIVO FEDERAL. LA PRESENTACIÓN DEL NARCÓTICO AFECTO A LA CAUSA, POR SÍ SOLA, ES INSUFICIENTE PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO (FINALIDAD) DEL TIPO PENAL.’. La sola presentación del narcótico afecto a la causa, que no se encuentre adminiculada con algún otro elemento de prueba, y siempre y cuando la cantidad del mismo no rebase la que como máximo señalan las tablas contenidas en el apéndice 1 del Código Penal Federal, y que el activo no sea miembro de una asociación delictuosa, si bien constituye un indicio, es insuficiente para demostrar plenamente la finalidad de su posesión. Lo anterior es acorde, por identidad de razón, con el criterio jurisprudencial sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis **********, en sesión celebrada el dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y seis, intitulado ‘POSESIÓN DE ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICOS EN DELITOS CONTRA LA SALUD. SU NECESARIA VINCULACIÓN CON LA FINALIDAD.’, el sentido de que para el acreditamiento del elemento subjetivo (finalidad) del tipo penal del delito contra la salud, en su forma comisiva de posesión de narcóticos, previsto y sancionado por el artículo 195, primer párrafo, del código sustantivo de mérito, es insuficiente la sola confesión del procesado si ésta no se encuentra adminiculada con otros medios de prueba. Tampoco puede inferirse que la cantidad del estupefaciente asegurado, de cuatro gramos quinientos miligramos de cocaína, sea una circunstancia indicativa de la finalidad de venta, en razón de que no excede de los límites máximos previstos en la tabla 1 del apéndice del Código Penal Federal, que prevé tratándose de clorhidrato de cocaína, un máximo de doscientos gramos, por lo que la cantidad de la misma es por sí sola insuficiente para tener por acreditado que el activo la poseía con el propósito de realizar con ella alguna de las variantes del delito contra la salud previsto en el artículo 194 del Código Penal Federal, específicamente su venta; más aún, si se tiene en cuenta que el acusado refirió y demostró fehacientemente mediante la prueba pericial en toxicomanía, que es adicto y debe considerarse que cuando los adictos deciden y pueden abastecerse de narcóticos para su consumo, procuran hacerlo en tal cantidad que les permita satisfacer su necesidad por un amplio periodo de tiempo y no sólo para su consumo inmediato, dada la dificultad y el riesgo existente para conseguirlo, tal y como lo refirió el propio acusado en su declaración ministerial; consecuentemente, la cantidad de la droga asegurada de ninguna manera es eficiente para demostrar que la poseía con la finalidad de venderla, pues no existe ninguna otra prueba o indicio que así lo corrobore. Por tanto, la cantidad del estupefaciente asegurado en la causa no puede ser indicio para que la conducta desplegada por el hoy quejoso al poseerla, esté destinada a su venta, como infundadamente lo concluyó la responsable, pues de considerar acertada su apreciación, carecerían de objeto las tablas contenidas en el apéndice 1 del invocado código sustantivo. Cabe citar la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, que este órgano colegiado comparte, visible en la página 1040, del Tomo XIV, julio de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: ‘SALUD, DELITO CONTRA LA. PARA LA DEMOSTRACIÓN DEL ELEMENTO SUBJETIVO CONSISTENTE EN LA FINALIDAD DE LA POSESIÓN DE NARCÓTICOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 195 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, TIENE VALOR PREPONDERANTE LA CANTIDAD DEL MISMO.’. Para la demostración del elemento subjetivo consistente en la intención volitiva pretendida por el activo del ilícito contra la salud en la modalidad de posesión de narcóticos prevista y sancionada por el artículo 195 del Código Penal Federal, son preponderantes los datos que puedan desprenderse o inferirse de las circunstanci

s concretas de comisión de la conducta, las condiciones, estado, conformación del narcótico materia de dicha conducta y especialmente, la cantidad de éste, pues los datos señalados fueron considerados por el legislador en el artículo 195 bis, para que pudieran o no considerarse como destinados a realizar alguna de las conductas a que se refiere el artículo 194 del Código Penal Federal, para que el juzgador, en cada caso, en uso del arbitrio judicial que le confiere el artículo 286 del Código Federal de Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables, tomando en cuenta la cantidad del narcótico materia de la conducta y las demás circunstancias del hecho, determine si los hechos materia de la acusación son constitutivos de la posesión genérica de narcóticos prevista por el artículo 195 del Código Penal Federal o de la posesión atenuada descrita por el artículo 195 bis del propio código, para lo cual constituye un dato relevante el que la cantidad del narcótico rebase el máximo previsto por las tablas contenidas en el apéndice 1 del artículo 195 Bis del Código Penal Federal, cuando se trate de narcóticos en ellas comprendidos. En cuanto a los testimonios de los agentes aprehensores, que la responsable atiende como indicios que integran la prueba circunstancial con valor probatorio pleno, en la medida que manifestaron que el reo les dijo, al momento de su detención, que los envoltorios de droga asegurados los destinaría a su venta; indebidamente el Magistrado del conocimiento le otorgó alcance demostrativo a esa manifestación, cuando en realidad se trata de una confesión vertida ante autoridad incompetente y, por tanto, insuficiente para acreditar la finalidad de la posesión. En efecto; el artículo 287, último párrafo, del Código Federal de Procedimientos Penales establece: ‘Artículo 287.’. Las diligencias practicadas por agentes de la policía judicial federal o local, tendrán valor de testimonios que deberán complementarse con otras diligencias de prueba que practique el Ministerio Público, para atenderse en el acto de la consignación, pero en ningún caso se podrán tomar como confesión lo asentado en aquéllas. Conforme a dicho numeral, las actuaciones de los agentes policiales que actúan en auxilio del Ministerio Público, se valorarán como testimoniales pero deberán complementarse con otras diligencias. En el caso concreto, **********,********** y **********, en diligencia de ratificación del parte informativo, fueron contestes en señalar que cuando detuvieron a **********, en posesión de la droga asegurada, éste les manifestó que la tenía para su venta. El Magistrado responsable consideró al respecto: ‘Cierto es que los aprehensores, de acuerdo con la ley vigente, no pueden recibir confesiones de los sujetos activos; sin embargo lo dicho por el reo en el sentido de que se dedicaba a la venta de droga no constituye una confesional, sino más bien el testimonio privilegiado de aquellos que lo escucharon y por tanto tiene valor como indicio.’. Sin embargo, dicha apreciación resulta ilegal toda vez que, aun cuando se valore como testimonio lo dicho por los aprehensores, de cualquier modo no está corroborado con ningún otro elemento de prueba la manifestación atinente a que el sujeto activo destinaría para su venta la droga que tenía en posesión; luego, la sola manifestación que hizo el reo a los aprehensores, según su dicho, no es de tomarse en cuenta pues de hacerlo, se está fácticamente ante una confesión, inatendible en términos de lo dispuesto en el invocado artículo 287 del ordenamiento adjetivo federal. Respecto al numerario que fue encontrado al momento de la detención, debe decirse que el Magistrado responsable indebidamente consideró fundados los agravios expuestos al respecto por la representación social apelante, para lo cual incurrió indebidamente en suplencia de la queja, no obstante el recurso de apelación, tratándose de la institución acusadora inconforme, se rige por el principio de estricto derecho. En efecto, en la sentencia apelada, el Juez de Distrito consideró: Ahora bien, por lo que ve al numerario afecto a la causa debe decirse que si bien al dictarse el término constitucional se dijo que podía ser producto de la enajenación de drogas, ahora el suscrito considera que no se probó durante el proceso esa circunstancia y, por el contrario, de los testimonios obtenidos por **********, ********** y **********, los que adquieren eficacia demostrativa, se puede arribar a la conclusión de que ese numerario era parte del pago semanal recibido por el sentenciado por el trabajo que desempeñaba hasta antes de verificarse su detención, así como por el pago de una ‘tanda’, que le fue entregado el día de los hechos que dieron origen a este asunto. Al respecto, en sus agravios, el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Primer Tribunal Unitario del Decimosexto Circuito, esgrimió: Por último indica que no se probó durant

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21621-29a723ae/denuncia-anonima-no-tiene-valor-probatorio-de-indicio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.