PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. CONTRA LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO A DECLARARLA DURANTE LA AVERIGUACIÓN PREVIA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 18/2008-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y cuarto, del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, por tratarse de una contradicción suscitada entre los criterios de dos Tribunales Colegiados de Circuito que abordan cuestiones en materia penal en la cual esta Sala se encuentra especializada.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que emitió resolución en la revisión penal número 103/2007, por su posible contradicción con la resolución emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito en la improcedencia en revisión penal número 184/2007.
TERCERO. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir para su posterior análisis las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes.
I. I. Las consideraciones del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al resolver la revisión penal número 103/2007, interpuesta por **********, ********** y **********, en lo que aquí interesa, son del tenor siguiente:
"... Expuesto lo anterior es necesario precisar si las actuaciones realizadas por el Ministerio Público en la integración de una averiguación previa, específicamente la negativa a declarar prescrita la acción penal, le causan algún perjuicio al gobernado, actualizándose el interés jurídico que se requiere para promover el juicio de amparo y, para ello, es necesario tener en consideración lo que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que, en la parte que interesa, textualmente dispone lo siguiente:
"‘Artículo 21. La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato.’
"En dicho precepto se impone al Ministerio Público las facultades y también obligaciones de investigación y persecución de los delitos, auxiliándose de una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato; también es importante tener en consideración que la averiguación previa constituye medularmente una investigación a través de la cual la autoridad ministerial ordena la práctica de diligencias a fin de acreditar la existencia de un delito y comprobar la probable responsabilidad de una persona en su comisión para ejercer la acción penal ante el órgano jurisdiccional mediante la instauración del proceso penal en su contra con el propósito de que se aplique la pena o medida de seguridad correspondiente, por tal razón se ha considerado que uno de los principios que medularmente rige a dicho procedimiento es el de ‘sigilo’, pues conforme al principio acusatorio en el que descansa el sistema penal mexicano consagrado en el referido ordinal 21 de la Carta Magna, se insiste, constitucionalmente se impone al Ministerio Público la obligación de acreditar en la averiguación previa los elementos del delito y la probable responsabilidad del imputado, debiendo necesariamente buscar y presentar las pruebas que acrediten y comprueben dichos requisitos y en contraposición el inculpado goza del derecho de defensa que se le otorga para acreditar la inexistencia del delito, desvirtuando las pruebas aportadas por el representante social, lo que constituye una facultad potestativa, ya que en todo momento subsiste la carga del órgano investigador, en todos los delitos, de comprobar su actualización y, por esas razones la Suprema Corte ha sostenido el criterio que, por regla general, la integración de la averiguación previa no es susceptible de control constitucional, como se advierte de la tesis CXXXV/2004 de la Primera Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, diciembre de 2004, Novena Época, visible en la página trescientos cincuenta y uno, que a la letra dice:
"‘ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad.’
"En tal contexto se ha estimado que la impugnación, a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos durante la averiguación previa debe ser casuística, con la finalidad de preservar la función indagatoria, tomando en consideración fundamentalmente si aquéllos constituyen o no actos cuyos efectos podrán o no ser desvirtuados o contrarrestados a través del proceso judicial; por tanto aquellas irregularidades relacionadas con la manera como el órgano acusador sustenta algún hecho no son susceptibles de ser combatidos a través del juicio constitucional, pues si por una parte el Ministerio Público por mandato constitucional goza de las facultades de investigar los delitos y, por otra tiene la obligación de acreditarlos, es posible establecer que los actos que de manera habitual tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, por ser susceptibles sus efectos de ser posteriormente contrarrestados o anulados no le irrogan un perjuicio al quejoso, en virtud que éste, en todo caso, se materializa hasta que la autoridad judicial, a quien corresponda conocer de la causa penal, determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión, pues estimar lo contrario sería entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren a la autoridad investigadora anteponiendo el interés particular al de la sociedad.
"En esa tesitura la omisión del Ministerio Público a declarar prescrita la acción penal no constituye un acto que pueda ser combatido a través del juicio de amparo indirecto, pues si bien es cierto que la figura de la prescripción es de orden público que debe ser revisada de oficio; sin embargo, en la integración de la averiguación previa no acontece de tal forma, pues en principio el órgano persecutor debe realizar diversas diligencias para determinar la existencia o no de un delito, así como la probable responsabilidad del inculpado en su comisión y, por tanto, podría dictar diversas resoluciones como el no ejercicio de la acción penal, la reserva o, en su caso ejercer la acción penal y en este último supuesto estaría a expensas de lo que determine el Juez de librar o negar la orden de aprehensión solicitada.
"En tal contexto se concluye que a la parte recurrente no le afecta en su esfera jurídica el acto reclamado, pues para acudir válidamente al juicio de garantías es necesario comprobar fehacientemente que a través del acto de aplicación, la respectiva hipótesis normativa se concretó expresa o implícitamente en su perjuicio, ya que tal hecho no puede derivar de meras presunciones, dicho de otra manera, debe de existir como presupuesto que el acto reclamado haya irrumpido en la individualidad del gobernado al grado de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica, ya sea que se le aplique formal o materialmente, de manera escrita o de hecho, pues sólo basta que dicho ordenamiento materialice sus efectos en el mundo fáctico y altere el ámbito jurídico de la persona para que se estime aplicada, situación que no acontece en el caso a estudio en atención a los razonamientos expuestos en los párrafos que preceden.
"Es aplicable la tesis 1a. CXXXV/2004 de la mencionada Sala, publicada en la fuente en comento, Tomo XX, diciembre de 2004, Novena Época, visible en la página trescientos cincuenta y uno, que a la letra dice: ‘ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.’."
II. Por su parte, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, al resolver la improcedencia en revisión penal número 184/2007, interpuesta por ********** en lo que aquí interesa, sostuvo:
"El impetrante señaló tres actos reclamados que atribuyó también a un número igual de autoridades, los cuales son:
"A) Del delegado estatal de la Procuraduría General de la República, reclamo la autorización del dictamen que recayó a la consulta de no ejercicio de la acción penal que le formuló la agente del Ministerio Público de la Federación Investigadora adscrita a la Agencia Mixta ‘A’ cuya denominación el día del presente es agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo de Procedimientos Penales ‘B’, contenida en oficio 677/2004 de fecha cuatro de noviembre de dos mil cuatro, considerándola improcedente. B) De la agente del Ministerio Público de la Federación habilitada como auxiliar del Procurador General de la República, reclamo la determinación y elaboración del dictamen que recayó a la consulta de no ejercicio de la acción penal que le formuló la agente del Ministerio Público de la Federación Investigadora adscrita a la Agencia Mixta ‘A’, cuya denominación el día del presente es agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo de Procedimientos Penales ‘B’, contenida en oficio 677/2004 de fecha cuatro de noviembre de dos mil cuatro, resolviendo su improcedencia. C) De la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo de Procedimientos Penales ‘B’, reclamó el acuerdo dictado en los autos de la averiguación previa PGR/GTO/LEON MIXTA-A/174/2003, por el que tiene por recibido el dictamen a que recayó a la consulta de no ejercicio de la acción penal que formuló, contenido en oficio 677/2004 de fecha cuatro de noviembre de dos mil cuatro, ordenando continuar con la integración y perfeccionamiento de la indagatoria.’
"De acuerdo a lo anterior, aunque es cierto, como lo precisó el Juez de Distrito, que la parte quejosa señala como acto reclamado la autorización del dictamen que recayó a la consulta de no ejercicio de la acción penal formulada por la agente del Ministerio Público de la Federación investigadora adscrita a la Agencia Mixta ‘A’, contenida en el oficio 677/2004, de cuatro de noviembre de dos mil cuatro, donde se consideró improcedente, y por ende, se ordenó la prosecución de la indagatoria contenida en la averiguación previa PGR/GTO/LEON MIXTA-A/174/2003; también lo es que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que reclama no la prosecución de la averiguación previa, sino la decisión de las autoridades ministeriales de estimar no prescrita la acción penal, tal como se advierte de la lectura de los conceptos de violación, donde incluso se cita aquella parte del acto impugnado donde se exponen las razones de tal determinación.
"En ese tenor, si bien (sic) la resolución combatida se contiene formalmente en un acto donde el Ministerio Público de la Federación, consideró improcedente autorizar la correspondiente consulta de no ejercicio de la acción penal, lo cual, lógicamente, tiene por consecuencia la continuación de la averiguación previa, también lo es que el origen de esta decisión, se fincó en la aseveración de que la acción penal aún no está prescrita.
"Por consiguiente, si el acto reclamado no es aquel que precisó el Juez de Distrito, las causas de improcedencia que invocó no pueden ser acertadas, precisamente porque partió de un supuesto equívoco y, por ende, se pronunció acerca de algo que no reclamó la parte quejosa, de modo que asiste razón al recurrente al afirmar que la sola confección formal del acto reclamado (no autorización de la consulta de no ejercicio de la acción penal) no es suficiente para estimar improcedente la acción constitucional.
"En consecuencia, si el acto reclamado por el quejoso lo es la decisión de la autoridad de declarar no prescrita la acción penal, no puede juzgarse a priori si ese acto no afecta alguna garantía individual del quejoso o bien si éste no tiene interés jurídico para impugnar tal decisión, porque tal resolución afecta directamente la continuación del procedimiento en su etapa de averiguación previa cuyas repercusiones sufre el indiciado y con ello puede violarse alguna de las garantías de seguridad jurídica relacionadas con su derecho a que se le administre justicia en forma pronta y expedita, circunstancias que desde luego impiden que se actualice alguna causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable como lo exige el artículo 145 de la Ley de Amparo.
"Lo anterior es así, si se tiene en cuenta que la jurisprudencia de la Suprema Corte nos dice que el tema de la prescripción es de estudio preferente y oficioso, sobre todo en el juicio de amparo donde dado el principio de suplencia de la queja prevista por el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de analizar dicho tema, todo lo cual se desprende de la tesis de jurisprudencia 62/99 invocada por el recurrente (tanto en sus conceptos de violación como en sus agravios) sustentada por la Primera Sala de ese Máximo Tribunal, consultable en la página 328, del Tomo IX, mayo de 1999, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto:
"‘PRESCRIPCIÓN, EL JUEZ DE AMPARO DEBE ANALIZARLA CUANDO SE RECLAMA LA ORDEN DE APREHENSIÓN. POR SER FIGURA PROCESAL DE ORDEN PÚBLICO, SU ESTUDIO ES PREFERENTE Y OFICIOSO. Al combatir el libramiento de una orden de aprehensión como acto reclamado en el juicio de garantías, el quejoso está compareciendo ante los órganos de la autoridad pública en relación con el mandamiento de captura que se está reclamando y siendo la prescripción una figura procesal de estudio preferente y oficioso, el Juez de Distrito tiene la obligación de analizar tanto la legalidad del acto reclamado como los aspectos de competencia, requisitos de procedibilidad, causas de extinción de la acción penal, etc., obligación que en tratándose del juicio de garantías en materia penal, es más amplia, dado que el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo previene la suplencia de la queja aun la total, en beneficio del reo, es decir, ante la ausencia de conceptos de violación, por lo que si la violación alegada en agravio del quejoso, consiste en no haber cumplido la autoridad responsable con la obligación de declarar de oficio y aun sin haberse hecho valer, la extinción de la acción penal por prescripción, ya que antes de emitir un mandamiento de captura el Juez responsable, debe percatarse si la acción penal se encuentra o no prescrita, en virtud de que, de darse el primer supuesto, si se libra la orden de aprehensión, el acto deviene inconstitucional y conforme lo dispone el artículo 78 de la Ley de Amparo, el acto debe analizarse tal y como aparezca probado ante la responsable, esto es, a no allegarse de más pruebas que le permitan conocer los hechos, que de aquellas que formen parte de la averiguación previa. Por otra parte, en relación al amparo directo, la propia ley de la materia, en su artículo 183, exige que el tribunal supla la deficiencia de la queja cuando estando prescrita la acción penal, el quejoso no la alegue; al existir la misma razón jurídica en el amparo indirecto, no hay obstáculo para realizar su estudio, sobre todo si lo alega el quejoso y las constancias en que se apoya el acto reclamado son aptas y suficientes para dicho examen.’
"Aunado a lo anterior, respecto a la procedencia del juicio de amparo contra actos dentro de la averiguación previa, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que es procedente, sólo si se trata de actos del Ministerio Público por medio de los cuales se restringen la libertad, derechos o posesiones de los acusados; tal criterio se desprende de la tesis de jurisprudencia número 59, sustentada por la Primera Sala de ese Alto Tribunal, consultable en la página 33, del Tomo II, del Apéndice de 1995, cuyo rubro y texto son:
"‘AVERIGUACIONES PENALES. La simple iniciación del proceso y las demás diligencias practicadas en la averiguación de un delito, si no restringen la libertad, derechos o posesiones de los acusados, no pueden importar una violación de garantías.’
"Jurisprudencia conforme a la cual, cuando los actos emitidos por el Ministerio Público en la averiguación previa restrinjan la libertad, los derechos o posesiones de los acusados pueden importar una violación de garantías, lo que desde luego puede dar la pauta para la procedencia del juicio de amparo.
"La idea anterior se robustece si se tiene en cuenta que el Ministerio Público, no debe ejercitar acción penal cuando la responsabilidad penal se halla extinguido legalmente, o bien debe promover el sobreseimiento, entre otros casos, cuando la pretensión punitiva esté legalmente extinguida, tal como se desprende de los artículos 137 y 138 del Código Federal de Procedimientos Penales, los cuales establecen:
"‘Artículo 137. El Ministerio Público no ejercitará la acción penal:
"‘I. Cuando la conducta o los hechos de que conozca no sean constitutivos de delito, conforme a la descripción típica contenida en la Ley Penal;
"‘II. Cuando se acredite plenamente que el inculpado no tuvo participación en la conducta o en los hechos punibles, y sólo por lo que respecta a aquél;
"‘III. Cuando, aún pudiendo ser delictivos la conducta o los hechos de que se trate, resulte imposible la prueba de su existencia por obstáculo material insuperable;
"‘IV. Cuando la responsabilidad penal se halla extinguida legalmente, en los términos del Código Penal; y
"‘V. Cuando de las diligencias practicadas se desprenda plenamente que el inculpado actuó en circunstancias que excluyen la responsabilidad penal.’
"‘Artículo 138. El Ministerio Público promoverá el sobreseimiento y la libertad absoluta del inculpado, cuando durante el proceso aparezca que la conducta o los hechos no son constitutivos de delito, conforme a la descripción típica contenida en la ley penal; que el inculpado no tuvo participación en el delito que se persigue; que la pretensión punitiva está legalmente extinguida, o que existe en favor del inculpado una causa excluyente de responsabilidad.’
"Hipótesis que dan luz acerca de que la autoridad ministerial tiene facultades para decidir acerca de la prescripción de la acción penal y hacerla valer en el procedimiento penal, de ahí que es factible que la resolución que dicte al respecto puede importar una violación de garantías.
"Finalmente debe precisarse que si bien es cierto la resolución reclamada ocurre durante el trámite de la averiguación previa, por lo cual no podría considerarse un acto definitivo para efectos del amparo, lo cierto es que si partimos, como se dijo, de que la prescripción es un tema de estudio preferente y oficioso que debe estudiarse en cualquier etapa del procedimiento penal, no existe razón legal para esperar que la averiguación se resuelva en definitiva, pues al incidir de manera directa en la continuación del procedimiento penal, lo que desde luego tiene repercusiones en la libertad del procesado, es innecesario esperar hasta que se consignen los hechos y se resuelva sobre la orden de aprehensión.
"Al respecto es aplicable en lo conducente la tesis de jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 23, del Tomo XXIII, mayo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor literal:
"‘ACCIÓN PENAL. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DE NUEVO LEÓN, COMO TITULAR DEL MINISTERIO PÚBLICO, EN LA QUE NIEGA AL INCULPADO LA SOLICITUD DE LA EXTINCIÓN DE AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 387 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN). El citado precepto establece que se perseguirá de oficio y se aplicarán las sanciones del delito de fraude establecido en el diverso 385 del referido código, en los supuestos ahí previstos, y en su último párrafo que textualmente dispone: "Cuando la persona responsable de las hipótesis comprendidas en este artículo, satisfaga, a juicio de las autoridades competentes, todos los requisitos señalados en las leyes relativas a fraccionamientos y edificaciones, a solicitud expresa del C. Procurador de Justicia del Estado, se declarará extinguida la acción penal.". En ese sentido, y en atención a que el artículo 11 de la Ley de Amparo señala que es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado, se concluye que para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, el procurador general de Justicia del Estado de Nuevo León, como titular del Ministerio Público, tiene el carácter de autoridad responsable, pues en términos del artículo 387 del Código Penal de la mencionada entidad, es la única reconocida legalmente para resolver la solicitud planteada por parte del procesado sobre la declaración de la extinción de la acción penal; de ahí que cuando niega dicha solicitud, esa determinación constituye una decisión de imperio susceptible de violentar garantías individuales del quejoso y, consecuentemente, en su contra procede el juicio de amparo indirecto, incluso si la resolución se formula cuando el Ministerio Público adquirió el carácter de parte en el proceso penal, pues al incidir de manera directa en la continuación del proceso y, por ende, en la libertad del procesado, es innecesario esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva que ponga fin al juicio natural.’
"Consecuentemente, que al resultar fundados los agravios propuestos, lo procedente es revocar el auto que se revisa y ordenar al Juez de Distrito admitir la demanda de amparo promovida por ********** Lo anterior, sin perjuicio de que en caso de existir una diversa causal de improcedencia respecto de cada uno de los actos que en lo individual se le reclaman, resuelva lo que en derecho proceda. ..."
El anterior criterio quedó sintetizado en la tesis aislada XVI.P.12 P, cuyo tenor es el siguiente:
"No. Registro: 170,661
"Tesis aislada
"Materia(s): Penal
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"XXVI, diciembre de 2007
"Tesis: XVI.P.12 P
"Página: 1766
"PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN EL TRÁMITE DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA QUE LA NIEGA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, SIN QUE SEA NECESARIO ESPERAR A QUE ÉSTA SE RESUELVA EN DEFINITIVA, POR TRATARSE DE UN TEMA DE ESTUDIO PREFERENTE Y OFICIOSO QUE DEBE ATENDERSE EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL. De conformidad con la tesis de jurisprudencia 1a./J. 62/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de Nación, consultable en la página 316 del Tomo X, noviembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ‘PRESCRIPCIÓN, EL JUEZ DE AMPARO DEBE ANALIZARLA CUANDO SE RECLAMA LA ORDEN DE APREHENSIÓN. POR SER FIGURA PROCESAL DE ORDEN PÚBLICO, SU ESTUDIO ES PREFERENTE Y OFICIOSO.’, el tema de la prescripción es de estudio preferente y oficioso, sobre todo en el juicio de garantías donde rige el principio de suplencia de la queja previsto por el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo. Por otro lado, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el juicio de amparo en la vía indirecta es procedente, cuando los actos emitidos por el Ministerio Público en la averiguación previa restrinjan la libertad, los derechos o posesiones de los acusados que puedan importar una violación de garantías; además de la facultad que éste tiene para no ejercitar la acción penal cuando la responsabilidad penal se haya extinguido legalmente, o bien, para promover el sobreseimiento, entre otros casos, cuando la pretensión punitiva esté legalmente extinguida, como se advierte de los artículos 137 y 138 del Código Federal de Procedimientos Penales. De acuerdo con lo anterior, se concluye que la resolución ministerial dictada al respecto puede importar una violación de garantías contra la cual procede el juicio de amparo en vía indirecta, al afectar directamente la continuación del procedimiento en su etapa de averiguación previa, cuyas repercusiones sufre el indiciado y con ello puede violarse alguna de las garantías de seguridad jurídica relacionadas con su derecho a que se le administre justicia en forma pronta y expedita; sin que sea óbice que la resolución reclamada ocurra durante el trámite de la averiguación previa, por lo cual podría no considerarse un acto definitivo para efectos del juicio de amparo, empero al ser la prescripción un tema de estudio preferente y oficioso que debe atenderse en cualquier etapa del procedimiento penal, no existe razón legal para esperar que la averiguación se resuelva en definitiva, al incidir de manera directa en la continuación del procedimiento penal, lo que desde luego tiene repercusiones en la libertad del procesado, por lo que es innecesario esperar hasta que se consignen los hechos y se resuelva sobre la orden de aprehensión.
"Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito.
"Amparo en revisión (improcedencia) 184/2007. 20 de septiembre de 2007. Mayoría de votos. Disidente: Ángel Michel Sánchez. Ponente: Arturo Mejía Ponce de León. Secretario: José Alejandro Gómez del Río."
CUARTO. Como una cuestión previa a resolver la existencia de la contradicción de criterios denunciada, debe señalarse que para que se surta su procedencia, es necesario que las posiciones opuestas se susciten en un mismo plano de análisis, de modo que no basta atender a la conclusión del razonamiento, sino que es necesario tener en cuenta las circunstancias fácticas y jurídicas que por su enlace lógico son fundamento del criterio asumido, ya que únicamente cuando exista tal coincidencia, puede presentarse una contradicción de tesis.
Asimismo, al estudiar las circunstancias aludidas se debe distinguir entre las que sirven de fundamento a los criterios emitidos, de aquellas que aun cuando aparentemente son sustento de las consideraciones respectivas, no constituyen un presupuesto lógico del razonamiento.
En otros términos, se actualiza la contradicción de tesis, cuando concurren los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia que es del tenor siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
Cabe señalar que, aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyen jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer, siendo aplicable la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos, rubro y texto, son:
"Octava Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Fed
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21290-81647d01/prescripcion-de-la-accion-penal-contra-la-negativa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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