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Modo: Corpus Pro

ASEGURAMIENTO DE BIENES PERTENECIENTES O EN POSESIÓN DE UN TERCERO AJENO A LA CAUSA PENAL. PARA DECRETARLO NO ES NECESARIO QUE ÉSTE SEA RESPONSABLE POR EL DELITO DE ENCUBRIMIENTO O QUE SE ENCUENTRE SUJETO A PROCESO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 107/2008-PS. · Registro digital (IUS): 21571
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Junio de 2009, , Pág. 6.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 107/2008-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como con lo señalado en los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve siguiente; por tratarse de una contradicción suscitada entre los criterios de dos Tribunales Colegiados de Circuito que abordan cuestiones de naturaleza penal, es decir, de la exclusiva competencia de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en razón de que fue formulada por el presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en uso de la facultad que le confiere el artículo 197-A de la Ley de Amparo.

TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver esta denuncia de contradicción de tesis, es preciso tener presente las consideraciones sustentadas por los órganos colegiados involucrados en las respectivas ejecutorias, siendo las que a continuación se señalan:

A) El Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, al resolver el toca de revisión número 232/96-IV, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

"Hecha la aclaración pertinente, debe precisarse que asiste la razón al impetrante de la protección constitucional, al afirmar que en el caso, de acuerdo a las constancias que integran la indagatoria número **********, radicada en la mesa 3 de averiguaciones previas en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, en contra de los señores **********, **********, ********** y **********, no quedaron debidamente probados los requisitos establecidos en el artículo 181, del Código Federal de Procedimientos Penales, en relación con el 40, del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal, y en consecuencia, es ilegal el aseguramiento decretado por la autoridad investigadora, violando con ello las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de nuestra carga magna. En efecto, el artículo 181 del código adjetivo de aplicación federal, en su parte conducente dice: ‘Artículo 181. Los instrumentos del delito, así como las cosas que sean objeto o producto de él, así como aquellos en que existan huellas del mismo o pudieran tener relación con éste, serán asegurados; ya sea recogiéndolos, poniéndolos en secuestro judicial o simplemente al cuidado y bajo la responsabilidad de alguna persona, para el objeto de que no se alteren, destruyan o desaparezcan.’. Por su parte el artículo 40, del código punitivo del orden federal, establece al respecto lo siguiente: ‘Artículo 40. Los instrumentos del delito, así como las cosas que sean objeto o producto de él, se decomisarán si son de uso prohibido, si son de uso lícito, se decomisarán cuando el delito sea intencional. Si pertenecen a un tercero, sólo se decomisarán cuando el tercero que los tenga en su poder o los haya adquirido bajo cualquier título, esté en alguno de los supuestos a los que se refiere el artículo 400 de éste código, independientemente de la naturaleza jurídica de dicho tercero propietario o poseedor y de la relación que aquél tenga con el delincuente, en su caso. Las autoridades competentes procederán al inmediato aseguramiento de los bienes que podrían ser materia del decomiso, durante la averiguación o en el proceso. Se actuará en los términos previstos por este párrafo cualquiera que sea la naturaleza de los instrumentos, objetos o productos del delito.’. Así pues, de acuerdo al contenido de los numerales en cita, es claro advertir que tratándose de bienes relacionados con un ilícito que pertenezcan a un tercero, sólo podrán ser asegurados si se satisfacen los requisitos siguientes a saber: 1o. Que el bien asegurado constituya un instrumento del delito; y, 2o. Que el tercero que tenga dichos bienes en su poder o bien los haya adquirido bajo cualquier título, esté en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 400 del código sustantivo, con independencia de que el tercero de que se trate sea el propietario o poseedor del objeto de que se trate así como de la relación que exista entre el o los presuntos implicados. Ahora bien, del estudio que se hace de las constancias que integran la averiguación previa número **********, se obtiene lo siguiente: Que fue iniciada en fecha dos de febrero de mil novecientos noventa y seis, por el titular de la agencia tercera del Ministerio Público Federal en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, en contra de los señores **********, **********, ********** y **********, todos ellos como probables responsables en la comisión del delito contra la salud, en las modalidades de transportación y posesión de un estupefaciente que resultó ser marihuana, con un peso total de doscientos treinta y siete kilos doscientos sesenta gramos. Que dentro de la indagatoria, el órgano investigador practicó una serie de diligencias tendientes a lograr el ejercicio de la acción penal en contra de los inculpados de referencia; entre las que destacan la inspección ocular tanto del lugar de los hechos (que corresponde al inmueble en controversia), así como de la droga y el autobús afectos a la causa; y en general, se practicaron aquellas otras diligencias que el órgano técnico consideró pertinentes hasta llegar a la consignación de los inculpados como probables responsables del delito de referencia. Que en la misma diligencia de inspección ocular, el Ministerio Público Federal llevó a cabo el aseguramiento del bien inmueble, así como de la droga afecta y el autobús en que ésta fue transportada. Asimismo, de la inspección ocular se obtuvo el dato en el sentido de que el inmueble pertenecía probablemente al hoy quejoso, **********, por haber encontrado en el interior de los cajones de un escritorio instalado dentro de las oficinas del bien inmueble una serie de facturas así como diversa papelería que contenía impresa le leyenda: **********; lo cual fue corroborado a través del oficio número **********, de fecha veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y seis, dirigido al agente del Ministerio Público Federal titular de la agencia tercera investigadora en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por el subdelegado de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Coret), a través del cual hace del conocimiento de esa autoridad que el predio en cuestión ‘no ha sido contratado por nuestro organismo, por tanto no tiene escrituras, pero en nuestros controles se encuentra como posesionario el C. ********** a quien se le han entregado numerosos citatorios sin acudir a regularizar su predio’. Ahora bien, debe precisarse como acertadamente lo hace valer el revisionista, que de las declaraciones emitidas por los inculpados ante el órgano encargado de la investigación, se obtiene con claridad que ninguno de ellos hace imputación alguna al hoy quejoso **********; antes bien, todos ellos manifestaron no conocerlo y mucho menos haber intervenido en la comisión y ejecución del delito por el cual se integró dicha averiguación previa. Incluso, conviene hacer notar que el agente del Ministerio Público Federal investigador, en fecha cuatro de febrero de mil novecientos noventa y seis, finalmente ejercitó acción penal en contra de los detenidos **********, **********, **********, **********, y **********, por aparecer como probables responsables del delito contra la salud en su modalidad de posesión de marihuana previsto y sancionado por el artículo 195, párrafo primero en relación con el 193, y en términos de lo señalado por el artículo 13, fracciones I, II y III del Código Penal Federal; así como de los no detenidos ********** y **********, como probables responsables en la comisión del delito contra la salud, en sus modalidades de transporte y posesión de marihuana, previsto y sancionado por los artículos 194, fracción I y 195, párrafo primero, en relación con el 193, del Código Penal Federal y en términos de los señalado por el artículo 13, fracciones I, II y III del mismo precepto legal antes invocado. No pasa desapercibido como así lo hace valer el impetrante de la protección constitucional que el agente del Ministerio Público Federal al no encontrar elemento alguno que hiciera probable la responsabilidad penal en contra del quejoso respecto de la comisión del delito y modalidades de referencia, a través del punto resolutivo octavo del pliego consignatario, específicamente determinó que: ‘se reserva el derecho de ejercitar acción penal en contra de **********, persona que aparece como propietaria del inmueble, de acuerdo a la fe ministerial de los documentos encontrados en dicho predio, mismo que fue utilizado para descargar los paquetes asegurados con vegetal verde que resultó ser marihuana, en virtud de que hasta este momento no se encuentra registrada su participación en los hechos delictivos que se le consignan’, de donde se sigue que hasta esa fecha, tenía el carácter de tercero con el que se ostentó. En las relacionadas condiciones, es claro que arribar a la conclusión de que el aseguramiento del bien inmueble relacionado con la causa no cumple con el requisito del artículo 40 del Código Penal Federal en el sentido de que el decomiso, respecto a bienes pertenecientes a un tercero, sólo puede llevarse a cabo si éste se encuentra en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 400 del código punitivo, todo lo cual no ocurrió en la especie en virtud de que si bien el inmueble asegurado (perteneciente a un tercero que en este caso resulta ser el quejoso) fue utilizado como bodega del estupefaciente, lo cierto es que de las constancias que integran la averiguación previa a la que nos hemos venido refiriendo, se advierte que la representación social hasta este momento no ha ejercido acción penal en contra del quejoso por ubicarlo en alguno, de los supuestos del artículo 400 del Código Penal Federal; requisito indispensable para llevar a cabo el aseguramiento de bienes provenientes de terceros, ya que así lo dispone el artículo 40, del ordenamiento legal en cita; en consecuencia dicho aseguramiento en el caso resultó ser ilegal, como así lo hizo valer el impetrante de la protección constitucional; sin que sea técnicamente posible ante la naturaleza administrativa del asunto que este cuerpo colegiado se sustituya en el Ministerio Público Federal y realice por vía de amparo el análisis de los elementos del tipo de encubrimiento, y menos se pronuncie sobre la probable responsabilidad del quejoso en su comisión. No pasa desapercibido que el artículo 40 del Código Penal Federal, se encuentra dentro del capítulo IV, que se refiere al ‘decomiso de instrumentos, objetos y productos del delito’; sin embargo, la parte final del primer párrafo de dicho dispositivo textualmente señala: ‘Las autoridades competentes procederán al inmediato aseguramiento de los bienes que podrían ser materia del decomiso, durante la averiguación o en el proceso. Se actuará en los términos previstos por este párrafo cualquiera que sea la naturaleza de los instrumentos, objetos o productos del delito.’; en razón de lo cual, debe concluirse que cuando se trate del aseguramiento de bienes que hayan sido instrumentos del delito, si pertenecen a un tercero, sólo se podrán asegurar cuando el tercero que los tenga en su poder o los haya adquirido bajo cualquier título, esté en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 400 del mismo código punitivo."

De la ejecutoria de mérito derivó la siguiente tesis:

"ASEGURAMIENTO DE BIENES PERTENECIENTES O EN POSESIÓN DE TERCEROS. REQUISITOS. Los bienes relacionados con un ilícito, que pertenezcan o estén en posesión de un tercero, sólo podrán ser asegurados si se satisfacen los requisitos siguientes: que el bien asegurado constituya un instrumento del delito, y que el tercero que tenga dichos bienes en su poder o los haya adquirido bajo cualquier título, esté en algunos de los supuestos a que se refiere el artículo 400 del código sustantivo penal con independencia de que dicho tercero sea el propietario o poseedor del objeto de que se trate, así como la relación que exista entre él y los presuntos implicados; de no ser así, el aseguramiento del bien decretado por la autoridad investigadora resulta contrario a lo dispuesto en el artículo 40 del Código Penal Federal que indica en lo conducente: ‘... las autoridades competentes procederán al inmediato aseguramiento de los bienes que podrían ser materia del decomiso, durante la averiguación o en el proceso. Se actuará en los términos previstos por este párrafo cualquiera que sea la naturaleza de los instrumentos, objetos o productos del delito. ..."

B) Al resolver el amparo en revisión 93/2008, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito sostuvo:

"En el amparo traído a revisión se hizo valer la improcedencia por extemporaneidad, sobre la base de que el aseguramiento del departamento ********** de la torre ********** del conjunto habitacional denominado ********** ubicado en el número ********** de la avenida **********, colonia La *********, delegación ********** de esta ciudad (en adelante el departamento) fue notificado a todo interesado mediante edictos publicados a finales de diciembre de dos mil siete en dos periódicos de circulación nacional -********** y **********- y durante la primera quincena de enero de dos mil ocho en el Diario Oficial de la Federación, por lo que al momento de su interposición ya había fenecido el plazo previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Ese argumento fue desestimado en el fallo recurrido porque se consideró que el conocimiento de la orden de aseguramiento reclamada por el quejoso en el juicio traído a revisión no ocurrió con la publicación de los edictos, sino hasta el cinco de febrero de dos mil ocho cuando dentro de la tramitación de un juicio de amparo previo se notificó por lista el auto de veintinueve de enero del mismo año en que se hizo saber que una de las responsables -Juez Décimo Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal- refirió la existencia de una orden de aseguramiento emitida por una diversa autoridad no señalada en aquel juicio -Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, de la Procuraduría General de la República-. Y la razón que esgrimió el juzgador de amparo para considerar que la notificación no quedó hecha a partir de la publicación de edictos fue que, previo a optar por esa forma de notificación, no se realizó diligencia alguna tendente a ubicar el paradero del probable poseedor o propietario para notificarlo personalmente. En contra de tales consideraciones el Ministerio Público recurrente no formula agravio. Antes bien invoca ahora la diversa causal prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, relativa a que el juicio no procede ‘contra los actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso’ e imputa al Juez de amparo la omisión de su estudio oficioso, sobre la base de que se trata de un acto de molestia, no definitivo, y que por eso no afecta el interés jurídico del quejoso. Este agravio es infundado porque no existió la omisión de estudio atribuida al Juez recurrido. En efecto, es verdad que, de acuerdo con el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juzgador tiene la obligación de examinar de oficio las causas de improcedencia, pero tal análisis no implica pronunciarse sobre todas las posibles sino sólo de las que invoquen las partes -petición de parte- o las que estime actualizadas el juzgador -de oficio-, como lo estableció, vía reiteración, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 22/91, que dice: ‘IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe). En el caso, no existió petición de parte pues el análisis de las constancias del juicio de amparo arroja que ninguna de las partes planteó dicha causal, y tampoco hubo omisión de estudio oficioso porque no aparece actualizada la causal referida por el recurrente, de acuerdo con lo siguiente: No se discute que el aseguramiento de un bien inmueble tiene el carácter de acto de molestia, pero es incorrecto que esta clase de actos no sean susceptibles de violar garantías individuales y, por tanto, afectar el interés jurídico de los gobernados, porque la emisión de cualquier acto de molestia debe cumplir los requisitos previstos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos particularmente el de constar por escrito, provenir de autoridad competente y contener la fundamentación y motivación de la causa legal del procedimiento de que se trate, de modo que si se incumple con cualquiera de esos requisitos se provoca una afectación al interés jurídico de la persona que resienta ese acto de molestia. Sirve como fundamento de lo anterior la tesis de jurisprudencia 40/96 establecida, vía reiteración, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: ‘ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN.’ (se transcribe). Por tanto, el sólo hecho de que se trate de un acto de molestia que no conlleva la privación definitiva de los bienes asegurados -lo que sería propio, en su caso, de la sentencia definitiva que imponga como pena el decomiso de esos bienes-, no implica que no sea susceptible de afectar el interés jurídico del quejoso, máxime cuando, como lo consideró el Juez de Distrito, el quejoso acreditó con las documentales correspondientes que es propietario de el departamento desde una fecha -tres de abril de dos mil siete, según la copia certificada del testimonio de la escritura pública 84 (fojas 31 a 34 del juicio de amparo)- previa a la de su aseguramiento -tres de diciembre de dos mil siete, fojas 232 a 245 del juicio de amparo-, lo que pone de manifiesto su aptitud para ser afectado en su esfera jurídica por el acto de molestia consistente en el aseguramiento de ese inmueble, de ahí que no se configure la causa de improcedencia invocada por el recurrente. Y esto no implica tampoco juzgar la licitud o ilicitud de esa forma de adquirir. Por otra parte, en relación a las razones por las que se amparó al quejoso, en el fallo recurrido se consideró que la orden de aseguramiento del departamento, de tres de diciembre de dos mil siete, viola en perjuicio del quejoso la prerrogativa otorgada por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por estar deficientemente motivada. Tal conclusión se sustentó en las siguientes razones: 1. No se exponen los motivos por los que se considera que el bien inmueble propiedad del quejoso debía ser asegurado. 2. No se expresó ningún razonamiento para justificar que el quejoso tenía en su poder o adquirió el bien inmueble afecto bajo alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 400 del Código Penal Federal y que por tal razón el bien inmueble debía ser asegurado; y 3. Sólo se afirmó que el inmueble está relacionado con una organización criminal que se dedica al trasiego de droga y es liderada por **********, alias **********, y se listaron los medios de convicción que obran en la indagatoria, pero sin expresar los motivos y razones por las que se estima que dichos medios convictivos acreditan la actualización de las hipótesis normativas a que se refiere el artículo 400 del Código Penal Federal. Con relación a esa deficiencia de motivación, el Ministerio Público recurrente sostuvo: 1. Por tratarse de un acto de molestia, la orden de aseguramiento no requiere cumplir con los requisitos que para los actos de privación de derechos establece el artículo 16 constitucional. 2. La motivación de la orden de aseguramiento se encuentra en otras constancias diferentes al acto reclamado, dado que está vinculada a la puesta a disposición de veintiséis de septiembre de dos mil siete y excepcionalmente la motivación puede constar en un documento distinto. 3. Es prematuro sostener que el quejoso no está relacionado con esa indagatoria o que el inmueble no sea instrumento, objeto o producto del ilícito, porque si bien hasta el momento no existe alguna relación con los hechos que se persiguen en la averiguación previa, lo cierto es que la indagatoria todavía se encuentra abierta. 4. Se apreció de modo indebido el acto reclamado al no percatarse que la orden de aseguramiento sí está bien motivada; y. 5. Es errónea la consideración de que la orden de aseguramiento debió incluir el acreditamiento de los extremos del artículo 40 del Código Penal Federal como encubridor del delito, porque la investigación no ha terminado y tratándose de los delitos Delincuencia Organizada y Contra la Salud es muy laboriosa. El primero de esos planteamientos es infundado. En efecto, en cuanto a que por tratarse de un acto de molestia la orden de aseguramiento no requiere satisfacer los requisitos del artículo 16 constitucional -fundamentación y motivación-, no le asiste razón porque precisamente esos requisitos son los que deben cumplir todos los actos de molestia, como lo ordena el primer párrafo del referido precepto de la Carta Magna y se advierte de la tesis de jurisprudencia 40/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN.’, previamente citada en esta ejecutoria. En cambio, los actos de privación, además de aquellos requisitos deben satisfacer la garantía de audiencia que deriva del artículo 14 constitucional. El segundo agravio, relativo a la posibilidad de que la motivación del acto reclamado conste en un documento diferente del que contiene la resolución reclamada, también es infundado. En primer lugar, porque existe jurisprudencia en materia común de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, por reiteración, estableció que la motivación del acto reclamado debe constar en la resolución de que se trate y no en documento distinto. Tal tesis es de este tenor: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. DEBEN CONSTAR EN EL CUERPO DE LA RESOLUCIÓN Y NO EN DOCUMENTO DISTINTO.’ (se transcribe). Y en segundo lugar, porque de admitir que excepcionalmente la motivación pudiera obrar en un documento distinto del que contiene el acto reclamado, como se obtiene de los dos criterios invocados por el recurrente, tal salvedad presupondría dos requisitos: a) que se trate de motivación por remisión, es decir, que en el documento en que conste el acto reclamado se indique cuál es la constancia cuya motivación también forma parte de la del acto reclamado y b) que ese documento diverso sea de pleno conocimiento del gobernado al que va dirigido. Pero en el caso no se satisface ni uno de esos dos requisitos porque el propio recurrente reconoce que hasta el momento el quejoso no aparece vinculado a la averiguación previa de la que derivó la orden de aseguramiento reclamada, lo cual implica que no tiene acceso a las constancias de esa indagatoria y por tanto desconoce los documentos distintos de la orden de aseguramiento en que pudiera obrar su motivación; y, por otro lado, el recurrente no ha demostrado que -pese a no ser parte de esa averiguación previa- el quejoso sí tiene pleno acceso a las constancias de la indagatoria o conoce las constancias diferentes de la orden de aseguramiento en que pudiera obrar la ‘motivación complementaria’. Además, con independencia de lo anterior, lo cierto es que dentro de la orden de aseguramiento no se hizo remisión a documentos distintos donde obre la motivación sino que únicamente se hizo remisión, con transcripción parcial de su contenido, a diversas diligencias probatorias, a la resolución de cateo de ese domicilio y al acta levantada con motivo de la practica de ese cateo, de las que no aparece de modo directo y expreso que ese inmueble sea instrumento, objeto o producto de los hechos materia de la indagatoria de mérito, pues incluso en el acta levantada con motivo del cateo a el (sic) departamento se asentó: ‘Aun tras la inspección minuciosa de la construcción y mobiliario de la misma, no se localizó instrumento, producto u objeto de delito de los buscados y autorizados en la presente diligencia. Sin más que asentar, siendo las 21:50 veintiuna horas con cincuenta minutos del día de la fecha, se da por terminada la presente diligencia ...’ -foja 566 del anexo I del juicio de amparo-. De esta forma, aun cuando cabe la posi

ilidad de que la motivación obre en un documento distinto al de la orden de aseguramiento, en el caso no se indicaron cuáles pudieran ser esos otros documentos y tampoco se acreditó que el quejoso estuviera en aptitud de conocer plenamente el contenido de esos otros documentos de motivación complementaria a la orden de aseguramiento reclamada. No pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado que en el escrito por el que interpuso el recurso de revisión, el Ministerio Público sostuvo que la motivación de la orden de aseguramiento constaba en documentos distintos y, en ese marco, afirmó: ‘el acto reclamado está vinculado a la puesta a disposición de fecha veintiséis de septiembre de dos mil siete’. Sin embargo, ese aserto no podría considerarse como parte de la motivación complementaria a la orden de aseguramiento, en primer lugar, porque ese dato no consta en la orden reclamada sino que es posterior y, en segundo lugar, porque en esa constancia -fojas 5 a 6 del anexo I del juicio de amparo- no aparece ni una sola mención que pudiera considerarse indicativa de la vinculación de ese inmueble o del quejoso con los hechos materia de la indagatoria de la que deriva la referida orden de aseguramiento. Por otro lado, en cuanto al tercer agravio consistente en que sería ’prematuro’ afirmar que el quejoso o el departamento no estén relacionados con la indagatoria por encontrarse abierta la investigación, igualmente resulta infundado porque en el fallo reclamado no se hizo una afirmación de ese tipo, sino que únicamente se mencionó -repitiendo un dato proporcionado por la autoridad investigadora y reconocido por el recurrente- que el quejoso no figura como inculpado en esa averiguación previa. Además, este hecho -que hasta el momento no figura como inculpado- lejos de sustentar la justificación de la orden de aseguramiento, abona precisamente en el sentido inverso, pues sería un indicio de que hasta el momento no se justifica el aseguramiento de el departamento. Por otra parte, el cuarto argumento referido a que dejó de apreciarse que el acto reclamado sí estaba suficientemente motivado es inoperante porque sólo se asume una postura contraria a la del Juez recurrido en cuanto a la adecuada satisfacción del requisito de motivación de la orden de aseguramiento, mas no se dice por qué esa resolución no presenta los defectos destacados en el fallo recurrido. En efecto, si bien el agravio no requiere tener la forma de un silogismo, no basta con expresar una conclusión distinta de la recurrida, sino que es indispensable decir el por qué es ilegal o inconstitucional el razonamiento combatido, lo que no se cumple en el caso en virtud de que el recurrente no expone razonamiento alguno para acreditar el porqué la resolución no presenta los defectos de motivación señalados por el Juez de Amparo. En este sentido, el recurrente no mencionó: a) que sí se expusieron los motivos por los que el departamento debía ser asegurado y cuáles fueron esos motivos o dónde se ubicaban, b) que sí obraban los razonamientos conforme a los cuales el quejoso adquirió o poseía el departamento bajo alguno de los supuestos del artículo 400 del Código Penal Federal y c) que no sólo se transcribieron pruebas y se afirmó que el departamento estaba vinculado a una organización criminal, sino que se vertieron los motivos que justificaban tal consideración. De este modo, es claro que con el aserto en cuestión -que si está debidamente motivada- no se combaten las razones sustentantes de la resolución recurrida, de ahí que resulten inoperantes al no existir posibilidad legal de que este Tribunal Colegiado supla las deficiencias del Ministerio Público porque, de conformidad con el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, en materia penal la suplencia sólo opera a favor del reo. Funge como fundamento de esta consideración la tesis de jurisprudencia 81/2002 establecida, vía reiteración, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO.’ (se transcribe). En cambio, el planteamiento identificado como ‘5’ es fundado en parte. En efecto, la circunstancia de que los delitos mencionados por el recurrente, en la práctica, presenten una mayor o menor laboriosidad, complejidad o dificultad, para su investigación es intrascendente para establecer la corrección de las consideraciones del Juez de amparo contenidas en el fallo recurrido, por lo que no le asiste la razón en lo que se refiere a esta afirmación. Pero exigir que -para su adecuada motivación- la orden de aseguramiento incluya el acreditamiento de una de las hipótesis previstas en el artículo 40 del Código Penal Federal, específicamente la de que el bien asegurado ‘pertenezca a un tercero, a condici

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21571-82fe2eb5/aseguramiento-de-bienes-pertenecientes-o-en-posesion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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