PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA DETERMINACIÓN JURISDICCIONAL QUE NIEGA DECLARARLA PUEDE IMPUGNARSE EN CUALQUIER TIEMPO A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO, POR TRATARSE DE UN ACTO QUE INCIDE EN LA LIBERTAD PERSONAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 113/2008-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno; por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos que son de naturaleza penal de la exclusiva competencia de esta Sala.
SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en virtud de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, que es uno de los órganos colegiados entre los que se suscitó la probable contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:
A) El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el nueve de julio de dos mil cuatro el amparo en revisión 60/2004, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:
"TERCERO. En el caso particular, este Tribunal Colegiado advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, cuyo análisis es de estudio preferente y debe analizarse aun de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del numeral 73 ibídem, y la tesis de jurisprudencia número ochocientos catorce, visible en la página quinientos cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte, que dice: ‘IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.’ (transcribe), y así debe declararse, con las consecuencias jurídicas que ello implica. En efecto, de las constancias que integran el juicio de amparo ... del índice del Juzgado Vigésimo Sexto de Distrito Itinerante, residente en Naucalpan de Juárez, México, debe destacarse lo siguiente: 1) El veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, la agente del Ministerio Público Investigador Número Uno en turno de San Juan del Río, Querétaro, determinó el ejercicio de la acción penal y civil reparadora del daño en contra de los inculpados ... ambos de apellidos ... como probables responsables de los delitos de robo con violencia, daños, lesiones, amenazas, asociación delictuosa y abigeato, cometidos en agravio de ... Gobierno del Estado de Querétaro ... y la sociedad, respectivamente, ordenándose remitir todas las diligencias practicadas en la averiguación previa número ... al Juez de Primera Instancia Penal en turno de San Juan del Río, Querétaro (fojas 171 a 178). 2) El conocimiento de las mencionadas diligencias correspondió a la Juez Segundo de Primera Instancia Penal en San Juan del Río, Querétaro, quien mediante auto de radicación de veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, ratificó la detención de los indiciados de mérito (fojas 201 y 202). 3) El veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, la Juez Segundo de Primera Instancia Penal en San Juan del Río, Querétaro, dentro del término constitucional, decretó formal prisión en contra de ... de apellidos ... como probables responsables de la comisión de los delitos de robo y abigeato, cometidos en agravio de ... asimismo, sujeción a proceso al primero de los nombrados, como probable responsable de la comisión del delito de lesiones en agravio de ... y a ambos libertad por falta de elementos para procesar y bajo las reservas de ley respecto de los ilícitos de daños, amenazas y asociación delictuosa. Asimismo, declaró su legal incompetencia por razón del territorio para seguir conociendo de dicha causa, pues estimó que quien debía seguir conociendo del asunto lo era un Juez de Primera Instancia Penal en el Estado de México, por haberse cometido los hechos delictivos en la demarcación territorial de Aculco en dicho Estado (fojas 258 a 276). 4) El once de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, con motivo de la incompetencia que se hizo valer, el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México, dictó una resolución en la que aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento de los hechos, convalidando en todos sus términos el auto constitucional decretado a los procesados (fojas 307 y 308). 5) El diecinueve de noviembre de dos mil dos ... de apellidos ... promovieron ‘incidente no especificado de prescripción de la pretensión punitiva del Estado’, respecto de todos y cada uno de los delitos imputados (fojas 358 y 359). 6) El veintisiete de noviembre de dos mil dos, la Juez natural resolvió la incidencia planteada, en el sentido de decretar el sobreseimiento por prescripción de la acción penal en favor de ... ambos ... por el delito de abigeato, así como también se decretó el sobreseimiento a favor del primero de los nombrados por el delito de lesiones cometido en agravio de ... ordenándose la libertad de los procesados por dichos ilícitos; dejando abierta la causa por cuanto al ilícito de robo con violencia cometido en agravio de ... (fojas 362 vuelta a 366). 7) Inconformes los procesados con la anterior determinación interpusieron recurso de apelación del cual correspondió conocer a la Segunda Sala Penal Regional de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, quien lo resolvió el diecinueve de marzo de dos mil tres, confirmando el auto recurrido (fojas 23 a 25). 8) Resolución que mediante diligencia practicada por el notificador de ese tribunal de alzada a las diez horas, del día veinte de marzo de dos mil tres, le fue notificada a los inculpados, defensor y agente del Ministerio Público de su adscripción, por medio de lista, que se fijó en los estrados de ese órgano jurisdiccional (foja 25 vuelta); en virtud de que se tuvo ese domicilio para oír y recibir notificaciones (fojas 14 y 378); pues incluso en la diligencia de aceptación de cargo del defensor de oficio nombrado, éste después de protestar su fiel y legal desempeño señaló como domicilio para oír notificaciones los estrados de la Sala (foja 14 vuelta). 9) Los ahora inconformes ... por su propio derecho, mediante escrito presentado en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, el veintinueve de mayo de dos mil tres, promovieron demanda de garantías en contra de la resolución dictada en el toca penal número ... el diecinueve de marzo de esa anualidad, por la Segunda Sala Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (fojas 2 a 5); esto es, cuarenta y siete días hábiles, después de que se le notificó el acto reclamado, dado que no se contabilizan los días veintiuno, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de marzo; cinco, seis, doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de abril; y uno, tres, cuatro, cinco, diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de mayo; todos del año de dos mil tres, por ser inhábiles. Ahora bien, en lo conducente, los artículos 22, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 21, 22 y 23, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 58, 59, 86, 87 y 88 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México en vigor, establecen: (transcribe). Del análisis sistemático de los preceptos legales y constitucionales transcritos, se desprende que por regla general el término que para la interposición de la demanda de amparo es de quince días, contados desde el día siguiente en el que haya surtido efecto conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclama, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos, y que como excepción se puede promover la demanda de garantías en cualquier tiempo cuando los actos importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. En el caso a estudio, los quejosos ... reclaman la resolución de diecinueve de marzo de dos mil tres, dictada por la Segunda Sala Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el toca penal ... por la que declaró inoperantes e infundados los agravios formulados por la defensa de los impetrantes de garantías, y confirmó el auto que niega el sobreseimiento decretado por el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jilotepec, México, el veintisiete de noviembre de dos mil dos, en la causa penal ... Luego, resulta evidente que el acto que los revisionistas tildan de inconstitucional, no constituye aquel en el que se reclame una ley o que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, la incorporación forzosa al servicio del Ejército o Armadas Nacionales, sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, en los que el agraviado no haya sido citado legalmente para el juicio. En consecuencia, el término que tenían los aquí recurrentes, para la interposición de la demanda de garantías, lo es de conformidad con lo previsto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, de quince días contados desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución que reclama; que de acuerdo con el transcrito artículo 58 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México en vigor, el término comenzará a correr al día siguiente de la fecha de la notificación, esto es, que surte efectos el mismo día que se notifica. Así las cosas, si los revisionistas fueron notificados, al igual que su defensor de oficio designado, el veinte de marzo de dos mil tres, por medio de lista que se fijó en los estrados del órgano jurisdiccional responsable, según se advierte de la diligencia de notificación practicada por el notificador de ese tribunal, que surtió efectos en esa misma fecha; y la demanda de garantías se presentó el veintinueve de mayo de dos mil tres, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, residente en Naucalpan de Juárez, es decir, cuarenta y siete días hábiles después de que se le notificó el acto reclamado, dado que no se contabilizan los días veintiuno, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de marzo; cinco, seis, doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de abril; y uno, tres, cuatro, cinco, diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de mayo; todos del año de dos mil tres, por ser inhábiles, en términos de los artículos 23 de la Ley de Amparo, 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 58, 59, 86, 87 y 88 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México en vigor, la acción constitucional intentada se realizó fuera del término de quince días a que se refiere la Ley de Amparo, específicamente treinta y dos días después de que había fenecido el término para promoverla, pues como ya se indicó, la notificación de la resolución reclamada se le practicó a los ahora recurrentes y a su defensor el veinte de marzo de dos mil tres, surtió efectos en esa misma fecha y el término empezó a correr a partir del veintiséis de ese mes y año, concluyendo el quince de abril de la misma anualidad. No es óbice para concluir en la forma que antecede el que el acto reclamado derive de un proceso de índole penal; esto es así, porque en él no se afecta la libertad personal de los impetrantes de garantías, dado que la libertad personal sólo puede restringirse por cuatro motivos: la aprehensión, la detención, la prisión preventiva y la pena. Luego, dada la naturaleza del acto reclamado, es decir, relativo a una determinación por la que el ad quem responsable resolvió confirmar un auto por el que se niega el sobreseimiento, respecto del delito de robo con violencia, acerca del cual se consideró presuntos responsables a ... entre otros ilícitos, no puede considerarse que éste constituye un acto de autoridad por el que se ataca directamente la libertad personal de los quejosos, pues debe estimarse que el concepto ‘ataques’ a la libertad personal, que emplea la fracción II del artículo 22 de la Ley de Amparo, denota afectaciones directamente del acto reclamado y no supuestos condicionados a la ejecución de actos intraprocesales y sus posibles consecuencias; y como se ha visto, el acto reclamado es evidentemente intraprocesal y no afecta en nada la libertad del quejoso; pues la potencial afectación deriva del auto de formal prisión cuyos efectos permanecen vigentes; por lo que consecuentemente, el auto que resuelve sobre la procedencia o no del sobreseimiento, por prescripción de la acción penal, de manera incidental, no se encuentra dentro de los casos de excepción previstos en el dispositivo legal mencionado; por lo que el término para la interposición del juicio de garantías, debe ser el genérico contemplado en el artículo 21 de la ley reglamentaria en cita. Y es que, en todo caso, la determinación que afectaría la libertad personal de los quejosos, sería el auto de formal procesamiento dictado en su contra por la Juez Segundo de Primera Instancia Penal en San Juan del Río, Querétaro, el veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, porque en él se les determinó probables responsables del delito de robo con violencia (ilícito que subsiste, dada la resolución del ad quem de no sobreseer en el juicio respecto de ese injusto, por prescripción de la acción punitiva); y es ese acto de autoridad o el de su homologación por parte de la autoridad del Estado de México, que aceptó la competencia, el que produce los efectos jurídicos por los que la situación de los impetrantes de garantías se encuentran sujetos a proceso y privados de su libertad o restringidos de la misma. En esa tesitura, se tiene que el término para la interposición de la demanda de garantías en estudio, lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo, que lo es de quince días, contado desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclama; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos; sin que sea procedente el caso de excepción previsto en la fracción II del artículo 22 ibídem. Por consiguiente y al no haberse interpuesto la demanda de garantías intentada por los quejosos dentro del término legal correspondiente, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo por consentimiento tácito, debiendo con apoyo en el diverso 74, fracción III, ibídem, revocar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio promovido por ... En lo conducente, este Tribunal Colegiado comparte por identidad jurídica el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 181-186, Sexta Parte, página ciento uno, que dice: ‘INCIDENTE DE DESVANECIMIENTO DE DATOS, EL AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL, DEBE INTENTARSE DENTRO DEL TÉRMINO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA.’ (transcribe). En consecuencia, dado el sentido en el que se resuelve, esto es, revocando la sentencia impugnada y sobreseyendo en el juicio promovido por los quejosos ... resulta innecesario ocuparse de los agravios formulados por éstos, conducentes a impugnar cuestiones relativas al fondo del asunto."
El citado Tribunal Colegiado, al resolver el primero de junio de dos mil siete, la improcedencia número 79/2007, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:
"QUINTO. En el caso debe decirse que los motivos de inconformidad hechos valer por la recurrente, devienen infundados e inatendibles, de acuerdo a las siguientes consideraciones legales. A manera de preámbulo, conviene destacar que el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, en su orden establece: (transcribe). Asimismo, el numeral 145 de la disposición legal precisada, ordena lo siguiente: (transcribe). Además el artículo 21 de la ley de la materia establece: (transcribe). De lo anterior se desprende con claridad que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto no se haya reclamado oportunamente dentro de los plazos previstos para tal efecto por la ley de la materia, por lo que en este supuesto se presume consentido tácitamente. En la especie el acto reclamado, de conformidad con el escrito inicial de demanda, se hizo consistir en: ‘La negativa por dicha autoridad para permitir a la hoy quejosa, emitir mi declaración ministerial dentro de la averiguación previa número ... así como ofrecer y desahogar pruebas, que mi derechos (sic) correspondan a efecto de desvirtuar, la denuncia emitida por la señora ... ya que a la fecha a pesar de que en varias ocasiones me he presentado ante dicha autoridad, la titular y el secretario, se han negado a recibir mi declaración, así como los elementos de pruebas que he ofrecido a efecto de desvirtuar los hechos que se me imputan. Fecha en que me fue notificada la resolución reclamada el día diecisiete de enero de dos mil siete.’. Al respecto, la Juez de amparo encontró improcedente la petición, al estimar que la hoy impetrante presentó la demanda de garantías fuera del término de quince días a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo, toda vez que según manifestación expresa de la propia promovente, el acto reclamado se le notificó el diecisiete de enero del año en curso, por lo que el término para intentar la acción constitucional empezó a correr el día diecinueve de enero del mismo año y feneció el día nueve de febrero de la presente anualidad, descontándose los días veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de enero, tres, cuatro y cinco de febrero, todos de dos mil siete, por ser inhábiles, de acuerdo a lo establecido por el artículo 23 de la ley de la materia; por lo que, en virtud de que la demanda de garantías se presentó el veintiséis de marzo último, la Juez de Distrito concluyó inconcuso que se encuentra fuera de término para el ejercicio de la acción constitucional que establece el artículo 21 de la disposición legal precisada. Con todo lo anterior, arribó a la conclusión de que en el presente caso la demanda de amparo se presentó extemporánea y, por ende, era notoriamente improcedente la petición de garantías. Para combatir ese auto de desechamiento, de veintisiete de marzo de dos mil siete, la recurrente esencialmente hizo valer como motivos de inconformidad los siguientes: 1. Que se viola lo establecido por los artículos 21, 22, fracciones II y III, 73, 74, 76, 76 Bis, 77, 78 y 145 de la Ley de Amparo. 2. Que el agravio se deriva del contenido del auto de fecha veintisiete de marzo del año dos mil siete, mediante el cual la Juez de amparo de manera errónea y contraria a derecho procede a desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo en la que reclamó como acto de autoridad la negativa de la autoridad responsable para permitirle rendir su declaración ministerial, en virtud a que la consideró extemporánea, lo cual causa agravio en virtud a que la autoridad de amparo pasa por desapercibido que el acto reclamado y la autoridad que señaló como responsable son de carácter penal, y en consecuencia es inminente el peligro de sufrir un ataque a la libertad personal, en caso de que ésta llegue a consignar la averiguación sin darle derecho a emitir declaración y aportar pruebas en dicha investigación, toda vez que el término para interponer la demanda en comento se rige por los casos de excepción que enumera el artículo 22 de la Ley de Amparo. 3. Que la Juez de amparo en el contenido del auto recurrido, pone de manifiesto que al tratarse de una autoridad de carácter administrativo, al no promoverse dentro del plazo de los quince días que señala el artículo 21 de la Ley de Amparo se ha consentido el acto reclamado, argumento que resulta improcedente e infundado, en virtud a que en materia penal no existe término para interponer el juicio de garantías e invoca la tesis de rubro: ‘DEMANDA DE AMPARO EN MATERIA PENAL. AUN CUANDO ÚNICAMENTE SE RECLAME LA CONDENA A LA REPARACIÓN DEL DAÑO, PUEDE INTERPONERSE EN CUALQUIER TIEMPO (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA VISIBLE EN EL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-2000, TOMO II, MATERIA PENAL, TESIS 515, PÁGINA 400, DE RUBRO: «DEMANDA DE GARANTÍAS EN MATERIA PENAL, EXTEMPORÁNEA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL DEL QUEJOSO NI ENCUADRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN ESTABLECIDOS POR EL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO.»).’ (transcribe). 4. Que el acto reclamado tiene efectos continuados, toda vez que hasta este momento surte sus efectos, lo cual no es apreciado por la autoridad de amparo, ni por la autoridad responsable, por lo que la violación a los preceptos constitucionales mencionados en el libelo de la demanda de garantías se encuentra vigente. Ahora bien, resulta infundado el argumento genérico sostenido por el recurrente respecto a que el Juez de amparo viola los artículos 21, 22, fracciones II y III, 73, 74, 76, 76 Bis, 77, 78 y 145 de la ley de la materia, en virtud de que el desechamiento de la demanda fue conforme al artículo 145, en relación con la causal de improcedencia contenida en el artículo 73, fracción XII, y con el artículo 21, todos de la Ley de Amparo, toda vez que la autoridad de amparo la consideró extemporánea, además de que no se encuentra en los casos de excepción a que aluden las fracciones I y II del artículo 22 del ordenamiento legal en comento; además debe decirse que se dictó en el primer auto antes de dictar sentencia, por lo que no se está en los supuestos de sobreseimiento a que alude el artículo 74 de la ley en cita; por otro lado, el auto fue dictado conforme el artículo 76, pues sólo surte sus efectos respecto a la demanda presentada por la aquí recurrente; asimismo, el Juez de amparo de manera correcta consideró que no se advertía deficiencia de la queja que suplir en términos del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo; asimismo, la sentencia revisada fue dictada con los requisitos a que refiere el aludido artículo 77 de la Ley de Amparo, pues se advierte que el acto reclamado se fijó de manera clara en el cuerpo del auto en comento, asimismo, se fundamentó legalmente el desechamiento decretado, toda vez que como ya se dijo, la Juez de amparo consideró correctamente que se configuró la causal de improcedencia de mérito, además que los puntos resolutivos fueron congruentes con el acto reclamado y la causal de improcedencia que dio lugar al desechamiento de la demanda; tampoco se viola el artículo 78 de la ley de la materia, pues como consecuencia del sentido del auto recurrido no se estudió como ya se dijo el fondo del asunto ni la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que la autoridad de amparo no estuvo en aptitud de apreciarlo; ahora bien, respecto al argumento de que la Juez de amparo violó el artículo 145 de la ley en cita, también resulta infundado, pues como quedó precisado la autoridad de amparo al examinar la demanda de garantías advirtió que es extemporánea; por lo que en cumplimiento a dicho precepto la desechó de plano; por tanto, no asiste razón a la quejosa ahora recurrente al afirmar que la autoridad de amparo violó los artículos en comento. Por otro lado, devienen infundados los argumentos señalados con el número uno y dos, respecto a que la autoridad de amparo pasa por desapercibido que el acto reclamado y la autoridad que señaló como responsable son de carácter penal, que es inminente el peligro de sufrir un ataque a su libertad personal en caso de que se llegue a consignar, sin derecho a emitir declaración y aportar pruebas, toda vez que el término debe regirse conforme al artículo 22 de la ley de la materia, además aduce que no se ha consentido el acto toda vez que en materia penal no existe término para interponer el juicio de garantías; ello es así, infundado, toda vez que si bien el acto reclamado es de carácter penal, no puede considerarse en los supuestos a que alude el artículo 22 de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado se hizo consistir en un acto omisivo en tanto que el recurrente adujo que la responsable, agente del Ministerio Público, no le ha permitido emitir su declaración ministerial dentro de la averiguación previa que se integró en su contra, así como ofrecer y desahogar pruebas a su favor; de ahí que por su naturaleza jurídica dicho acto, que para efectos de esta resolución debe entenderse como lo destacó la parte quejosa, no atenta contra los bienes jurídicos a que se refiere el artículo 22 constitucional, además que el precitado artículo 22 de la ley de la materia, contempla actos que implican peligro a la privación de la vida, libertad personal, deportación o destierro, es decir, consecuencias directas del acto reclamado y no supuestos condicionados a la ejecución de actos dentro de la averiguación previa y sus posibles consecuencias, como lo argumenta el aquí recurrente, por lo tanto, el término para la interposición de la demanda debe regirse conforme lo estipulado por el artículo 21 de la Ley de Amparo, que será de quince días contados después de que surta sus efectos la notificación del acto reclamado o de que el quejoso se hubiese ostentado como sabedor del mismo, lo que en el caso se actualiza y no por el artículo 22 de la ley en comento; por lo tanto, fue correcto que la Juez de amparo estimara que en el caso la demanda fue presentada extemporáneamente, que obviamente impide la admisión de la misma, en tanto que, como ya se vio, la propia quejosa expresó que se le notificó el acto reclamado el diecisiete de enero del presente año y los quince días para promover el amparo vencieron el nueve de febrero del mismo año, siendo que la demanda se presentó el veintiséis de marzo siguiente y es exclusivamente respecto de esa fecha que se entiende presentada la demanda de amparo y no diversa. Es aplicable por identidad jurídica a lo anterior, la tesis número II.2o.P.149 P, sustentada por este Tribunal Colegiado, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de dos mil cuatro, Tomo XX, Materia Penal, página 1836, del texto literal siguiente: ‘PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. EL AMPARO QUE SE PROMUEVE CONTRA EL AUTO QUE RESUELVE SOBRE SU NO ACTUALIZACIÓN, DEBE INTENTARSE DENTRO DEL TÉRMINO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO.’ (transcribe). Ahora bien, no pasa desapercibido que el recurrente apoya su pretensión en una tesis de Tribunal Colegiado, de rubro: ‘DEMANDA DE AMPARO EN MATERIA PENAL. AUN CUANDO ÚNICAMENTE SE RECLAME LA CONDENA A LA REPARACIÓN DEL DAÑO, PUEDE INTERPONERSE EN CUALQUIER TIEMPO (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA VISIBLE EN EL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-2000, TOMO II, MATERIA PENAL, TESIS 515, PÁGINA 400, DE RUBRO: «DEMANDA DE GARANTÍAS EN MATERIA PENAL, EXTEMPORÁNEA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL DEL QUEJOSO NI ENCUADRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN ESTABLECIDOS POR EL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO.»).’, misma que se localiza en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 1354 del Tomo XVI, septiembre de dos mil dos, del Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, número de tesis V.1o.36 P, la cual no resulta obligatoria en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo, en tanto que fue emitida por un tribunal análogo del que resuelve, y que se refiere a un supuesto específico distinto, por lo que no se considera aplicable al caso concreto, ello con independencia de que este Tribunal Colegiado no la comparte. Por otra parte, respecto al argumento de que el acto que se reclama tiene efectos continuados, razón por la que la violación alegada a los preceptos constitucionales en su demanda de garantías se encuentra vigente, resulta inatendible toda vez que ello es ajeno a la consideración de que la demanda de garantías no se presentó en los quince días a que alude el artículo 21 de la ley de la materia, sin que además, dicho precepto establezca tal distinción, es decir, la demanda resulta extemporánea en relación con los hechos que la quejosa específicamente dijo conocer a partir del diecisiete de enero de dos mil siete, lo que implica que no se prejuzga en forma alguna respecto de posibles actos diversos inherentes a un posible trámite continuo, pues respecto de esos diversos hipotéticos actos no se hizo reclamación concreta, quedando obviamente expeditos los derechos de la quejosa para hacerlos valer de ser el caso. Por todo lo anteriormente señalado, ante lo infundado e inatendible de los motivos de agravios, así como por la legalidad de las razones señaladas por la Juez de amparo, lo procedente es confirmar el auto de veintisiete de marzo de dos mil siete, dictado por la Juez Décimo Primera de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juá
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21504-26b89b23/prescripcion-de-la-accion-penal-la-determinacion-jurisdiccional · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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