OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO. PUEDEN ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO CUANDO EL ACTO RECLAMADO AFECTE EN LOS HECHOS A LA REPARACIÓN DEL DAÑO, AUNQUE NO SE REFIERA DIRECTAMENTE A ELLA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 146/2008-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el punto segundo del Acuerdo Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve siguiente; por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos de naturaleza penal, de la originaria competencia de esta Sala.
SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en función de que fue formulada por el presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en términos de lo que dispone el artículo 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. Los criterios que originaron la denuncia de contradicción de tesis que ahora se resuelve, son los siguientes:
1. Las consideraciones del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el trece de febrero de mil novecientos ochenta y nueve, el recurso de queja ********** son, fundamentalmente, las siguientes:
"El artículo 5o., fracción III, de la Ley de Amparo establece que el tercero perjudicado es parte en el juicio de garantías, y en el inciso b) de dicha fracción, se contempla que tiene tal carácter: ‘el ofendido o las personas que, conforme a la ley, tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, en su caso, en los juicios de amparo promovidos contra actos judiciales del orden penal, siempre que éstas afecten dicha reparación o responsabilidad’ de acuerdo a lo anterior, es claro y evidente que para tener al ofendido con tal calidad en el juicio de amparo, es requisito sine qua non que el acto reclamado por el peticionario de garantías, afecte la reparación del daño o la responsabilidad civil, sin embargo, en el caso concreto, no se surten las anteriores hipótesis, puesto que el a quo con apego estricto al precepto de la ley en cita, correctamente negó a ********** en el auto impugnado, el carácter de tercera perjudicada en el juicio de garantías número ********** promovido por ********** contra actos del Juez Trigésimo Primero Penal y director general de la Policía Judicial, ambas autoridades del Distrito Federal, la primera de ellas con la calidad de ordenadora y la restante con el carácter de ejecutora, actos que se hicieron consistir como lo manifiesta el propio quejoso ********** y lo corrobora el Juez de Distrito, en la orden de aprehensión dictada contra el citado ********** como probable responsable de los delitos de robo y despojo, y la cumplimentación de dicho mandamiento de captura por la autoridad ejecutora aludida, ya que la sentencia que el a quo dicte al resolver el fondo de la controversia motivo del juicio de garantías, por ningún motivo abordará o se relacionará con el tema de la reparación del daño o la responsabilidad civil que pudiera resultar de la comisión de los delitos indicados y que se le atribuyen al quejoso de referencia, pues el fallo que pronuncie el Juez de Distrito, únicamente estará encaminado a establecer si la orden de aprehensión reclamada por ********** al Juez responsable, está apegada o no a la Constitución General de la República, es decir, si reúne los requisitos exigidos por el artículo 16 de la Carta Fundamental; en otras palabras, el a quo exclusivamente observará si aquella determinación judicial está fundamentada en la existencia de ‘denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley castigue con penal corporal’ y apoyadas ‘aquéllas por declaración bajo protesta de persona digna de fe o por otros datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado’, y conforme a los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, dictará la sentencia que proceda de acuerdo a derecho, resolución que entonces, por ser evidente, no examinará en forma directa ni indirecta las materias de la reparación del daño ni de la responsabilidad civil, ya que la orden de aprehensión combatida, es una resolución que sólo afecta a quien se le atribuye, presuntivamente la comisión de un hecho que la ley castigue con pena corporal, es decir, el peticionario del amparo está reclamando un acto, cuyo sustratum versa exclusivamente sobre su libertad personal."
La anterior resolución generó el siguiente criterio:
"Octava Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo III, Segunda Parte-2, enero a junio de 1989
"Página: 820
"TERCERO PERJUDICADO, NO EXISTE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUE SE PROMUEVE CONTRA ORDEN DE APREHENSIÓN. En efecto, el artículo 5o., fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, establece que el tercero perjudicado es parte en el juicio constitucional, pudiendo intervenir con ese carácter ‘el ofendido o las personas que, conforme a la ley tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, en su caso, en los juicios de amparo promovidos contra actos judiciales del orden penal, siempre que éstas afecten dicha reparación o responsabilidad’, regla que no es aplicable en el juicio de amparo biinstancial cuando el acto reclamado por el agraviado, consiste en la orden de aprehensión dictada en su contra, pues esta determinación judicial, no examinará directa ni indirectamente las materias de la reparación del daño ni de la responsabilidad civil, ya que la orden de captura combatida, es una resolución que sólo afecta a quien se le atribuye presuntivamente la comisión de un hecho que la ley castiga con pena corporal, es decir, el ‘sustratum’ del acto reclamado en la especie, versa exclusivamente sobre la libertad personal del indiciado.
"Queja **********. **********. 13 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: J. Jesús Duarte Cano. Secretario: A. Enrique Escobar Ángeles."
Asimismo, el tribunal en cita reiteró su criterio, al resolver el treinta de octubre de dos mil ocho, el recurso de queja 31/2008.
2. Las consideraciones del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el siete de noviembre de dos mil ocho, el recurso de queja número ********** son, fundamentalmente, las siguientes:
"Conforme a lo dispuesto en precepto 5o. de la Ley de Amparo, son partes en el juicio de garantías el agraviado, la autoridad responsable, el tercero perjudicado y el Ministerio Público de la Federación.
"De lo antes citado, si bien la ley especial de la materia reconoce como parte en el juicio al denominado tercero perjudicado, sin embargo, para que el juzgador tenga a bien considerar como tal a una persona física o moral, no basta que el quejoso lo designe a su libre albedrío o bien, que alguien pretenda ostentarse como tal, impulsado por un interés cualquiera, sino que es menester que se encuentre dentro de alguno de los casos que señala el arábigo 5o. de la Ley de Amparo o que se pueda afectar de manera directa sus intereses jurídicos opuestos al quejoso, en el supuesto de resultarle sentencia favorable a este último.
"Sirve de apoyo a lo anterior, a manera ilustrativa, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página quinientos cincuenta y cuatro, Tomo IX, mayo de 1992, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto:
"‘TERCERO PERJUDICADO, CARÁCTER DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.’ (transcribe).
"Asimismo, las reformas sufridas al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consignan amplias prerrogativas a la víctima o el ofendido para coadyuvar con el Ministerio Público o actuar como parte independiente, así como a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba, tanto en la investigación ministerial como en el proceso y, en especial, que se le repare el daño ocasionado con la comisión u omisión que ocasionen el delito de que se trate, obligando a la representación social, en cuanto proceda, a formular la reclamación correspondiente y al juzgador a condenar a dicha reparación cuando emita una sentencia condenatoria.
"La Ley de Amparo, en el numeral 10 dispone que la víctima y el ofendido son titulares del derecho de exigir la reparación del daño proveniente de la comisión de un delito, y que con tal carácter podrán promover el juicio de amparo contra las resoluciones del Ministerio Público que confirmen el desistimiento o el no ejercicio de la acción penal, en términos de lo dispuesto por el párrafo cuarto del dispositivo 21 de la Constitución Federal, que faculta a esta impugnación.
"Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 16/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página once, Tomo XIII, mayo de 2001, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto:
"‘ACCIÓN PENAL. ES PROCEDENTE DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA ABSTENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PRONUNCIARSE SOBRE EL EJERCICIO O NO EJERCICIO DE AQUÉLLA.’ (transcribe).
"Y la jurisprudencia 1a./J. 58/2006, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento quince, Tomo XXIV, octubre de 2006, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto:
"‘LEGITIMACIÓN AD PROCESUM DEL DENUNCIANTE FACULTADO PARA EXIGIR LA REPARACIÓN DEL DAÑO O LA RESPONSABILIDAD CIVIL, COMO CONSECUENCIA DE ACCIONES U OMISIONES QUE SANCIONA LA LEY PENAL. CUENTA CON INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LA DETERMINACIÓN QUE CONFIRMA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL O SU DESISTIMIENTO, EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO.’ (transcribe).
"De ello es de colegir que, de igual forma en tratándose de resoluciones judiciales que les causen al ofendido o víctima un agravio personal y directo en alguna de las garantías que en su favor consagra el ordinal 20 constitucional o bien, donde exista su interés de que subsistan para obtener la reparación del daño causado por la comisión del delito, evidentemente están legitimados para cubrir al juicio de amparo ya como quejosos o en carácter de terceros perjudicados.
"Ello obedece a que el espíritu del legislador al crear las reformas al precepto 20 constitucional, específicamente la adición del apartado B, fracciones II y IV, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de septiembre de dos mil; no fue otro sino el de proteger ampliamente el derecho público subjetivo del ofendido o la víctima a obtener la reparación del daño ocasionado con motivo del delito cometido en su agravio o ser restituido en el goce de su garantía violada contra un acto de autoridad que le repara un agravio personal y directo.
"De lo que resulta que, aun cuando la Ley de Amparo no ha sufrido la modificación necesaria en cuanto a que específicamente les reconozca el carácter de terceros perjudicados en el juicio de amparo indirecto cuando se esté ante la presencia de su derecho lícito de que subsista la decisión jurisdiccional, ya que causarles un agravio personal y directo o bien, por afectar o por la probable afectación, a la procedencia de la reparación del daño que se les causó con la comisión del delito, en el supuesto de sentencia favorable al acusado, por tanto, es incontrovertible que dicha legislación no puede estar por encima de nuestra Ley Fundamental y, por ende, su estancamiento de modo alguno puede hacerles nugatorio esa calidad en las controversias constitucionales en las que son materia de análisis las resoluciones judiciales de tal naturaleza.
"Apoya lo anterior, a manera ilustrativa, la tesis P. IX/2007 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página seis, Tomo XXV, abril de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto son:
"‘TRATADOS INTERNACIONALES, SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL.’ (transcribe).
"Y la diversa jurisprudencia 1a./J. 170/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos noventa y cuatro, Tomo XXIII, enero de 2006, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto:
"‘LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO PARA ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. NO SE LIMITA A LOS CASOS ESTABLECIDOS EXPRESAMENTE EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE LA MATERIA, SINO QUE SE AMPLÍA A LOS SUPUESTOS EN QUE SE IMPUGNE VIOLACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 20, APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (transcribe).
"Criterio anterior que, por demás se encuentra soportado con lo expresado por nuestro Máximo Tribunal, a manera ilustrativa, con motivo de la reforma al arábigo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federal (sic) publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en vigor al día siguiente, sobre lo que concluyó que dicho precepto tácitamente derogó el párrafo segundo del artículo 42 de la Ley de Amparo, relativo a la competencia para conocer de los juicios de amparo promovidos contra Tribunales Unitarios de Circuito.
"Pues esencialmente señaló que conforme al principio general de derecho, la ley queda abrogada o derogada por otra posterior que así lo declare expresamente o que contenga disposiciones total o parcialmente incompatibles con la ley anterior y, como era evidente que la nueva ley orgánica aludida tenía disposiciones de esa naturaleza, es decir, incompatibles con la Ley de Amparo, era claro que las reglas de competencia para el conocimiento de los amparos contra Tribunales Unitarios previstas en esta última, habían quedado tácitamente derogadas.
"Por lo que se concluye que en la especie válidamente es de sostener que el numeral 20 constitucional, al ser parcialmente incompatible con lo dispuesto por el dispositivo 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, en relación a la garantía ampliada a favor del ofendido o la víctima, por tanto, debe prevalecer lo preceptuado por aquélla.
"Sirve de apoyo, a manera ilustrativa, la jurisprudencia P./J. 25/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página diecisiete, Tomo VII, abril de 1998, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto:
"‘COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE UN TRIBUNAL UNITARIO CUANDO EN SU CIRCUITO EXISTEN VARIOS. RECAE EN OTRO DEL MISMO CIRCUITO.’ (transcribe).
"Y la diversa jurisprudencia 1a./J. 24/2005 sustentada por la Primera Sala, publicada en la página doscientos setenta y cuatro, Tomo XXI, mayo de 2005, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto:
"‘LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN, AUNQUE EL TEXTO DE LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO NO SE HA AJUSTADO AL CONTENIDO DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN I DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 20 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, LOS JUECES PUEDEN APLICAR DIRECTAMENTE ESTE ÚLTIMO Y NEGAR AQUEL BENEFICIO, ACORDE CON EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL.’ (transcribe).
"En esa tesitura, el denominado tercero perjudicado es quien, en términos generales, resulta el beneficiado con el acto que el quejoso reclama en el juicio de amparo y tiene, por lo mismo, interés en que tal acto subsista y no sea destruido por la sentencia que en el mencionado juicio se pronuncie (interés opuesto al impetrante de garantías)."
CUARTO. Precisado lo anterior, lo que procede es examinar si en la especie existe o no la contradicción de tesis sustentadas entre los Tribunales Colegiados de Circuito.
Como una cuestión previa, cabe precisar que el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció nuevos criterios para determinar la existencia de una contradicción de tesis.
De esta manera, esta Primera Sala se apoya en el criterio sustentado por el Tribunal Pleno, al resolver, por unanimidad de diez votos, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la contradicción de tesis **********, en cuanto a que, de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias que pronuncien sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por tesis el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho.
Es de precisar que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas.
De lo anterior se sigue, que la actual integración del Pleno de este Alto Tribunal consideró que la existencia de la contradicción de tesis debe estar condicionada a que las Salas de esta Corte o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien:
a) Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; y,
b) Que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales.
La finalidad de dicha determinación es definir puntos jurídicos que den seguridad jurídica a los gobernados, pues para ello fue creada desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la figura jurídica de la contradicción de tesis.
Sirven de apoyo a lo expuesto, las tesis emitidas por el Tribunal Pleno, que son del tenor siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXX, julio de 2009
"Tesis: P. XLVI/2009
"Página: 68
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 26/2001, DE RUBRO: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’). De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpe la jurisprudencia citada al rubro, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ impide el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución.
"Contradicción de tesis **********. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 30 de abril de 2009. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda Ayala."
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXX, julio de 2009
"Tesis: P. XLVII/2009
"Página: 67
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan.
"Contradicción de tesis **********. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 30 de abril de 2009. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda Ayala."
También son aplicables al caso, las tesis de la Primera Sala, pendientes de publicación, siguientes:
Tesis aislada CXXXV/2009.
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA. Tomando en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más tribunales colegiados en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
"Contradicción de tesis **********. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito. 17 de junio de 2009. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Miguel Enrique Sánchez Frías, Roberto Lara Chagoyán y Raúl Manuel Mejía Garza."
Tesis aislada CXXXVI/2009.
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD y CONCEPTO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis ********** en sesión de 30 de abril de 2009, determinó interrumpir la jurisprudencia número P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’ Así, de un nuevo análisis del contenido de los artículos 107, fracción XIII constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, esta Primera Sala advierte como condición para la existencia de la contradicción de tesis, que los criterios enfrentados sean contradictorios; sin embargo, el sentido del concepto ‘contradictorio’ ha de entenderse cuidadosamente, no tanto en función del Estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad misma de la contradicción de tesis, es decir, la producción de seguridad jurídica. En efecto, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio y, por tanto, la esencia de la contradicción radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúnan una serie de características determinadas en los casos resueltos por los tribunales colegiados de circuito; de ahí que para determinar si existe o no una contradicción de tesis deben analizarse detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales, pues al ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, en las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver debe avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes.
"Contradicción de tesis **********. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito. 17 de junio de 2009. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel E
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22185-f982d5a4/ofendido-o-victima-del-delito-pueden-acudir-al · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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