SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS CIVILES DEL SENTENCIADO. SU IMPOSICIÓN NO REQUIERE LA PETICIÓN EXPRESA DEL MINISTERIO PÚBLICO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 141/2008-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCI-MO SEXTO CIRCUITO Y EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, por tratarse de una contradicción suscitada entre los criterios de dos Tribunales Colegiados de Circuito que abordan cuestiones en materia penal, en la cual esta Sala se encuentra especializada.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el Magistrado Óscar Rogelio Valdivia Cárdenas integrante del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, que emitió resolución en el juicio de amparo directo 104/2008; por su posible contradicción con el criterio jurisprudencial sostenido por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, bajo el rubro: "SUSPENSIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS Y CIVILES DEL SENTENCIADO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA.", consultable con el número I.9o.P. J/1, página número 1101, Tomo XVI, noviembre de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
TERCERO. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir para su posterior análisis las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes.
I. Las consideraciones del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito al resolver el amparo directo número 104/2008, en lo que aquí interesa, son del tenor siguiente:
"También fue acertado que el ad quem, cuando (sic) confirmó (sic) la suspensión de los derechos políticos y civiles de la sentenciada, toda vez que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38, fracción III, constitucional y del artículo 46 del Código Penal Federal, ello es consecuencia directa de la pena que se le impuso."
Lo anterior fue sustentado por mayoría de votos, en contra del emitido por el Magistrado Óscar Rogelio Valdivia Cárdenas, quien sostiene que no debió decretarse la suspensión de los derechos civiles de la quejosa.
La referida determinación del Tribunal Colegiado tuvo como antecedente la sentencia de segunda instancia pronunciada por el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Sexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, Estado de Guanajuato, en el toca de apelación 349/2007, la que, en lo que interesa, determinó lo siguiente:
"PRIMERO. Se modifica la sentencia condenatoria de doce de abril de dos mil siete, pronunciada por el Juez Sexto de Distrito en el Estado, dentro del proceso penal número 8/2006-II ... para el solo efecto de fijar la sanción pecuniaria impuesta a **********, en $4,581.00 (cuatro mil quinientos ochenta y un pesos), en los términos establecidos en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. Dése aviso del sentido de este fallo al vocal del Instituto Federal Electoral para su conocimiento y para los efectos a que se refiere el artículo 38, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ..."
A su vez, la citada sentencia de segunda instancia tuvo como antecedente la dictada por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad de Celaya, en el proceso penal 8/2006, la que en lo que interesa, resolvió:
"PRIMERO. **********, de generales conocidas (sic) en autos, es penalmente responsable de la comisión del delito contra la salud en la modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de venta ... SEGUNDO. Por tal delito, circunstancias de ejecución y las personales de **********, se le imponen cinco años de prisión y cien días multa ... OCTAVO. Por las razones expuestas en el considerativo décimo de la presente, continúan suspendidos los derechos políticos de ********** y se le suspenden los civiles a que se refiere el artículo 46 del Código Penal Federal, hasta que de (sic) cumplimiento a la pena de prisión que le ha sido impuesta ..."
El Tribunal Colegiado sostuvo similar criterio al resolver los diversos juicios de amparo directo 12/2008, 96/2008, 176/2008, 197/2008, 222/2008, 304/2008 y 488/2008.
II. Por su parte, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 2719/2002, sostuvo en la parte que interesa, lo siguiente:
"Sin embargo, por lo que hace a la suspensión de los derechos civiles del sentenciado, cabe señalar que fue ajustado a derecho que el tribunal de alzada lo absolviera de esa condena, ya que esta sanción procede sólo respecto de los derechos que de manera limitativa enumera el ordinal 46 del Código Penal Federal, que son los de tutela, curatela, ser apoderado, defensor, albacea, perito, depositario o interventor judicial, síndico o interventor en quiebra, árbitro, arbitrador o representante de ausentes, además de los derechos políticos; de ahí que, para que procediera la suspensión de ellos, es necesario que concurran dos aspectos, el primero que la representación social lo solicite expresamente, y el otro que ello esté en función con el ilícito cometido y la necesidad de que sea suspendido al haber sido quebrantada la confianza filial o legal que fue generada, ello por no encontrarse contemplada esta sanción, en esos términos, en alguna de las hipótesis previstas en el precepto legal de referencia."
La determinación del Tribunal Colegiado en comento, tuvo como antecedente la sentencia de segunda instancia pronunciada por el Cuarto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, Distrito Federal, en el toca de apelación 230/2002, la que en lo que aquí interesa determinó lo siguiente:
"PRIMERO. Se modifica la sentencia de veintidós de marzo de dos mil uno, dictada por el Juez Decimocuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal ... SEGUNDO. Se consideran penalmente responsables a **********, ********** y **********, del delito de robo específico, previsto y sancionado por los artículos 367, 369 y 371, párrafo tercero (hipótesis cuando el robo sea cometido por dos o más sujetos sin importar el monto de lo robado a través de la violencia, que disminuya las posibilidades de defensa de la víctima y la ponga en condiciones de desventaja), y respecto de los dos últimos, se acreditó la calificativa prevista en el diverso 381, fracción VII, del Código Penal Federal, por lo que se le impone al primero de los mencionados las penas de cinco años de prisión y tres días multa, equivalente a cuatrocientos noventa y nueve pesos con noventa y ocho centavos; respecto de los dos últimos nombrados, se les imponen a cada uno las penas de diez años, nueve meses de prisión y doscientos cincuenta y dos días multa, equivalente esta última a diez mil ciento sesenta y ocho pesos con veinte centavos ... CUARTO. Se precisa que no se les suspenden sus derechos políticos ni civiles a los sentenciados ..."
A su vez, la citada sentencia de segunda instancia tuvo como antecedente la dictada por el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, en el proceso penal 74/2001, la que en lo que será materia de estudio en el presente, resolvió:
"SEGUNDO. ... Por cuanto hace a ********** alias ‘**********’, en la comisión del delito mencionado, en los términos precisados, se le impone (sic) las penas de doce años, siete meses, quince días de prisión y trescientos setenta y seis días multa, equivalente esta última a $15,171.60 (quince mil ciento setenta y un pesos 60/100 M.N.) ... Sin que pueda ser conmutada dicha pena. ... OCTAVO. De conformidad con el considerando décimo se suspende a los sentenciados **********, ********** y ********** alias ‘**********’, en el ejercicio de sus derechos políticos y los de tutela, curatela, ser apoderado defensor, albacea, perito, depositario o interventor judicial, síndico o interventor en quiebras, árbitro, arbitrador o representante de ausentes; en la inteligencia de que dicha suspensión comenzará a correr a partir de que cause estado esta sentencia, hasta por el tiempo que dure la condena; deberá comunicarse lo anterior al director general del Instituto Federal Electoral, para los efectos legales a que haya lugar ..."
El anterior criterio sirvió como precedente en la integración de la tesis de jurisprudencia I.9o.P. J/1, cuyo tenor es el siguiente:
"Jurisprudencia
"Materia(s): Penal
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"XVI, noviembre de 2002
"Tesis: I.9o.P. J/1
"Página: 1101
"SUSPENSIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS Y CIVILES DEL SENTENCIADO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. La suspensión de los derechos políticos del sentenciado, a que se refiere el numeral 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, durante la extinción de una sanción privativa de libertad, no requiere la petición expresa por parte del Ministerio Público de la Federación, por ser aquélla una consecuencia necesaria de la pena de prisión impuesta en la sentencia condenatoria; sin embargo, por lo que hace a la suspensión de los derechos civiles de aquél, esto es, cuando la condena no se refiere sólo a los derechos que de manera limitativa enumera el artículo 46 del Código Penal Federal, es necesario que concurran dos aspectos para que proceda la suspensión de ellos: el primero, que la representación social lo solicite expresamente, y el otro, que ello esté en función con el ilícito cometido y la necesidad de que sea suspendido al haber sido quebrantada la confianza filial o legal que fue generada, ello por no encontrarse contemplada esta sanción en esos términos, en alguna de las hipótesis previstas en el precepto legal de referencia."
Al respecto es de aclarar que, toda vez que la jurisprudencia citada no refleja realmente lo que el Tribunal Colegiado de mérito sostiene en la ejecutoria aludida, en virtud de que en su resolución no hace referencia a derechos civiles distintos a los contemplados en el artículo 46 del Código Penal Federal, como sí lo hace en la redacción de dicha jurisprudencia, además de que son motivo de la denuncia que nos ocupa, los criterios contrapolares relacionados con la suspensión de los derechos civiles contemplados de manera limitativa en el artículo 46 del Código Penal Federal, la presente contradicción se limitará a atender el criterio contenido en las consideraciones de la resolución referida y reiterada en las subsecuentes resoluciones de diversos juicios de amparo directo.
Es aplicable al presente caso la jurisprudencia cuyos rubro y contenido son los siguientes:
"Jurisprudencia
"Materia(s): Común
"Novena Época
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"XIII, marzo de 2001
"Tesis: 1a./J. 1/2001
"Página: 57
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. CUANDO UNA DE LAS TESIS CONTENDIENTES ES CONFUSA O INCOMPLETA DEBE ATENDERSE A LA EJECUTORIA RESPECTIVA. Si del análisis de una tesis y de la ejecutoria respectiva se advierte que aquélla resulta confusa o no refleja lo que en la ejecutoria se sostiene, para efectos de la contradicción debe atenderse a ésta y no a la tesis redactada, puesto que el criterio que sustenta el órgano que resuelve se encuentra en las consideraciones de la propia resolución."
Así, el Tribunal Colegiado de mérito ha sostenido similares consideraciones, al resolver los amparos directos 2859/2002, 3069/2002, 3099/2002, 3139/2002, 42/2008, 70/2008 y 82/2008.
CUARTO. Como una cuestión previa a resolver la existencia de la contradicción de criterios denunciada, debe señalarse que para que se surta su procedencia, es necesario que las posiciones opuestas se susciten en un mismo plano de análisis, de modo que no basta atender a la conclusión del razonamiento, sino que es necesario tener en cuenta las circunstancias fácticas y jurídicas que por su enlace lógico son fundamento del criterio asumido, ya que únicamente cuando exista tal coincidencia, puede presentarse una contradicción de tesis.
Asimismo, al estudiar las circunstancias aludidas se debe distinguir entre las que sirven de fundamento a los criterios emitidos, de aquellas que aun cuando aparentemente son sustento de las consideraciones respectivas, no constituyen un presupuesto lógico del razonamiento.
En otros términos, se actualiza la contradicción de tesis cuando concurren los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia que es del tenor siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
Cabe señalar que aun cuando uno de los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituye jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer, siendo aplicable la tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos, rubro y texto, son:
"Octava Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"83, noviembre de 1994
"Tesis: P. L/94
"Página: 35
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS. Para la procedencia de una denuncia de contradicción de tesis no es presupuesto el que los criterios contendientes tengan la naturaleza de jurisprudencias, puesto que ni el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal ni el artículo 197-A de la Ley de Amparo, lo establecen así."
Precisado lo anterior, debe examinarse si se acreditan o no los extremos a que se refieren los incisos anteriores, entre los criterios sustentados por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 104/2008 y por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyo criterio ha sido referido.
a) El Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 104/2008, en lo que en el presente caso interesa, sostuvo:
"También fue acertado que el ad quem, cuando (sic) confirmó (sic) la suspensión de los derechos políticos y civiles de la sentenciada, toda vez que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38, fracción III, constitucional y del artículo 46 del Código Penal Federal, ello es consecuencia directa de la pena que se le impuso."
b) Por su parte, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 2719/2002, sostuvo en la parte que interesa, lo siguiente:
"Sin embargo, por lo que hace a la suspensión de los derechos civiles del sentenciado, cabe señalar que fue ajustado a derecho que el tribunal de alzada lo absolviera de esa condena, ya que esta sanción procede sólo respecto de los derechos que de manera limitativa enumera el ordinal 46 del Código Penal Federal, que son los de tutela, curatela, ser apoderado, defensor, albacea, perito, depositario o interventor judicial, síndico o interventor en quiebra, árbitro, arbitrador o representante de ausentes, además de los derechos políticos; de ahí que, para que procediera la suspensión de ellos, es necesario que concurran dos aspectos, el primero que la representación social lo solicite expresamente, y el otro que ello esté en función con el ilícito cometido y la necesidad de que sea suspendido al haber sido quebrantada la confianza filial o legal que fue generada, ello por no encontrarse contemplada esta sanción, en esos términos, en alguna de las hipótesis previstas en el precepto legal de referencia."
QUINTO. Precisado lo anterior, lo que procede es examinar si en la especie existe o no la contradicción de tesis sustentadas entre los Tribunales Colegiados de Circuito.
Analizados los criterios sostenidos por los Tribunales Colegiados de referencia, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que sí existe la contradicción denunciada, por las razones siguientes:
El Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito sostiene que conforme a lo dispuesto en los artículos 38, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 46 del Código Penal Federal, la suspensión de derechos civiles es una consecuencia directa de la pena privativa de la libertad que se impone en un proceso penal, de lo que se infiere que de manera implícita considera que no es indispensable la petición expresa del Ministerio Público, para que se realice su imposición.
Por su parte, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito sostiene que para estar en posibilidad de imponer la suspensión de los derechos civiles que enumera el artículo 46 del Código Penal Federal, es necesario que la representación social solicite la aplicación de dicha suspensión y que ello esté en función del ilícito cometido, así como que exista la necesidad de que sea suspendido ese derecho por haber sido quebrantada la confianza filial o legal que fue generada, esto es, requiere de la petición expresa del Ministerio Público.
Cabe aclarar que por lo que hace al tema relativo a la suspensión de los derechos políticos, no existe contradicción, pues ambos tribunales sostienen criterios coincidentes al respecto, en el sentido de que para su aplicación no se requiere solicitud expresa del Ministerio Público, sino que se impone por ministerio de ley.
De lo relatado, se advierte lo siguiente:
A) Que al resolver los asuntos sometidos a su consideración, los órganos colegiados contendientes examinaron la misma cuestión jurídica, esto es, lo relativo a si debe mediar o no petición expresa, por parte del Ministerio Público, para que se pueda imponer al sentenciado la suspensión de los derechos civiles durante la extinción de una sanción privativa de libertad.
B) La diferencia de criterios se presenta de manera implícita en las consideraciones de las sentencias respectivas, como se advierte de su contenido.
C) Los criterios provienen del examen de los mismos elementos, pues los Tribunales Colegiados interpretaron los artículos 38, fracción III, de la Constitución General de la República y 46 del Código Penal Federal, arribando a diferentes conclusiones, a saber:
a) El Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito considera que conforme a lo dispuesto por los artículos 38, fracción III, constitucional y 46 del Código Penal Federal, la suspensión de derechos civiles es consecuencia directa de la imposición de una pena privativa de la libertad, por lo que como se indicó, si bien es cierto que el citado Tribunal Colegiado no sostiene de manera expresa que no se requiera de la solicitud del Ministerio Público para que se ordene esa suspensión, también lo es que dicho criterio supone de manera implícita que al imponerse una pena privativa de la libertad a través de una sentencia condenatoria, no se requiere la solicitud por parte del representante social para que se imponga como consecuencia, la suspensión de los derechos civiles del condenado.
b) Por su parte, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito estimó que para que mediante sentencia condenatoria dictada en un proceso penal, se pueda imponer la suspensión de derechos civiles que enuncia el artículo 46 del Código Penal Federal, requiere que exista la petición expresa del Ministerio Público, para su imposición, además de que deberá estar en función con el ilícito cometido y la necesidad de que sea suspendido al haber sido quebrantada la confianza filial o legal que fue generada, ello por no encontrarse contemplada dicha sanción en esos términos, en alguna de las hipótesis previstas en el precepto legal en cita.
Lo anterior permite concluir que, en este caso, sí existe contradicción de tesis en el punto medular, como quedó apuntado con anterioridad.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia que es del tenor siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
De igual forma es de señalar que no es óbice a lo anterior, el hecho de que la contradicción de los criterios reseñados sea implícita, pues la finalidad de la resolución de las contradicciones de tesis es acabar con la inseguridad jurídica que provoca la divergencia de criterios entre órganos jurisdiccionales terminales al resolver sobre un mismo tema jurídico, mediante el establecimiento de una jurisprudencia emitida por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que unifique el criterio que debe observarse en lo subsecuente para la solución de asuntos similares a los que hubiesen motivado la denuncia de contradicción de tesis.
Sirve de apoyo al presente caso la tesis de jurisprudencia siguiente:
"Jurisprudencia
"Materia(s): Común
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"XXVIII, julio de 2008
"Tesis: P./J. 93/2006
"Página: 5
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE CONFIGURARSE AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEA IMPLÍCITO, SIEMPRE QUE SU SENTIDO PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE DE LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL CASO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 192, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se desprende que con la resolución de las contradicciones de tesis se busca acabar con la inseguridad jurídica que provoca la divergencia de criterios entre órganos jurisdiccionales terminales al resolver sobre un mismo tema jurídico, mediante el establecimiento de una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que unifique el criterio que debe observarse en lo subsecuente para la solución de asuntos similares a los que motivaron la denuncia respectiva, para lo cual es indispensable que supere las discrepancias existentes no sólo entre criterios expresos, sino también cuando alguno de ellos sea implícito, siempre que pueda deducirse de manera clara e indubitable de las circunstancias particulares del caso, pues de estimarse que en este último supuesto no puede configurarse la contradicción de criterios, seguirían resolviéndose de forma diferente y sin justificación alguna, negocios jurídicos en los que se examinen cuestiones esencialmente iguales, que es precisamente lo que el Órgano Reformador de la Constitución pretendió remediar con la instauración del citado procedimiento, sin que obste el desconocimiento de las consideraciones que sirvieron de sustento al órgano jurisdiccional contendiente para adoptar el criterio tácito, ya que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo intérprete de la Constitución Federal, fijar la jurisprudencia que debe prevalecer con base en las consideraciones que estime pertinentes, las cuales pueden o no coincidir con las expresadas en las ejecutorias a las que se atribuye la contraposición."
SEXTO. Establecido lo anterior, debe prevalecer el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a las consideraciones que enseguida se expresan.
Como quedó expuesto, el tema de la presente contradicción de tesis se circunscribe a determinar si para la imposición de la sanción consistente en la suspensión de los derechos civiles que contempla el numeral 46 del Código Penal Federal, debe mediar o no petición del Ministerio Público en tal sentido.
En primer término, es de señalar que en nuestro sistema jurídico, la acción penal es la potestad jurídica que el Estado delega en un órgano específico (Ministerio Público) para exigir del poder jurisdiccional una decisión concreta respecto a una relación jurisdiccional material del derecho penal, que en el caso de condena, actualiza la pretensión punitiva del propio Estado, esto es, la facultad que tiene reservada el Estado para perseguir y sancionar la comisión de los delitos, por lo que la acción penal no puede concebirse, sino en relación a un determinado hecho correspondiente a una figura de delito y es en virtud del ejercicio de la acción penal, que el órgano jurisdiccional instaura un proceso en contra del presunto responsable de la comisión del delito y dicta el fallo que corresponda, por lo que el ejercicio de la acción penal, se constituye en un presupuesto indispensable e inexcusable para la instauración del proceso penal, pues de lo contrario, no podrá iniciarse dicho proceso.
En ese sentido, la acción penal tiene como objetivo el ejercicio de la facultad punitiva del Estado, en contra de quien ha cometido un ilícito.
Así, a la pena como sanción, en términos generales, se le define como el castigo impuesto por autoridad legítima, al sujeto que ha cometido un delito o falta.
De igual forma, a la pena criminal se le conceptualiza como la reacción jurídicamente organizada contra el delito; como el sufrimiento impuesto por el Estado, en ejecución de una sentencia, al culpable de una infracción penal; o bien, como el castigo legalmente impuesto por el Estado al delincuente para preservar el orden jurídico.
La doctrina, por su parte, atribuye a la pena como fin último, la salvaguarda de la sociedad misma, por tanto, para que ese objetivo tan significativo sea cumplido en sus términos, ésta debe reunir las características siguientes:
a) Ser intimidatoria; esto es, que con su imposición debe evitarse la delincuencia por el temor de su aplicación;
b) Ser ejemplar; que debe servir como ejemplo a todas las personas y no sólo al delincuente, para que todos adviertan la efectividad de la amenaza estatal;
c) Ser correctiva; esto es, que produzca en el condenado la readaptación a la vida normal social, mediante los tratamientos correctivos y educacionales adecuados e idóneos, impidiendo la reincidencia;
d) Ser eliminatoria; ya sea en forma temporal o definitiva, según que el condenado pueda readaptarse a la vida social o se trate de sujetos incorregibles y, finalmente;
e) Ser justa; esto es, que con su aplicación se busque combatir la injusticia no sólo con relación a quien directamente la sufre, sino para todos los miembros de la colectividad que esperan que con la aplicación del derecho se materialicen elevados valores, destacando entre ellos la justicia, la seguridad y en general el bienestar social.
En relación a las penas aplicables como sanción por la comisión de ilícitos, el artículo 24, en su numeral 12, del Código Penal Federal, prevé:
"Artículo 24. Las penas y medidas de seguridad son:
"...
"12. Suspensión o privación de derechos."
Cabe indicar que la suspensión consiste en la interrupción temporal en el ejercicio de derechos, en tanto la privación consiste en la pérdida definitiva de derechos.
En relación a la suspensión de derechos, el artículo 45 del citado Código Penal Federal, prevé la existencia de dos clases de suspensión, a saber:
"Artículo 45. La suspensión de derechos es de dos clases:
"I. La que por ministerio de la ley resulta de una sanción como con
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21594-d76437be/suspension-de-los-derechos-civiles-del-sentenciado-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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