AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA ILEGAL NOTIFICACIÓN DE UN AUTO O RESOLUCIÓN EMITIDOS POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA, SIN NECESIDAD DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIONES PROCESALES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 130/2008-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO, EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, por tratarse de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito, en materia penal la cual es del conocimiento exclusivo de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el cual sustenta uno de los criterios contendientes.
TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla es preciso tener presentes los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron.
I. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver la revisión penal 140/2008, en sesión celebrada el nueve de octubre de dos mil ocho, realizó las consideraciones, que en lo conducente, a continuación se transcriben:
"UNDÉCIMO. Son inoperantes en una parte y fundados por la otra, los agravios expresados por la recurrente en contra del sobreseimiento decretado por la Juez Federal en contra de los actos atribuidos a la agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Notificación e Inconformidades de la Coordinación de Agentes del Ministerio Público auxiliares del procurador general de Justicia de esta ciudad, consistentes en las cédulas de notificación de veintitrés y veinticuatro de agosto de dos mil siete. En efecto, es inoperante el motivo de inconformidad consistente en que la Juez Federal con el dictado de la resolución recurrida ocasionó un agravio directo a los artículos 14, 16 y 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo ejercen la función de control constitucional, por ende, no es viable analizar en el recurso de revisión si aquéllos infringieron derechos públicos subjetivos del gobernado, porque sería ejercer un control constitucional sobre otro, por lo que sólo es posible examinar si se violaron disposiciones de la ley reglamentaria aplicable, como lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 28, cuyo rubro dice: ‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.’. Por otro lado, es fundado que la a quo realizó una incorrecta interpretación de los artículos 91 y 541 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, que a la letra preceptúan: (se transcribe). De la interpretación sistemática y armónica de los preceptos antes mencionados se establece que cuando una notificación deba ser cuestionada, es indudable que debe ser a través de un incidente no especificado, pues la propia legislación no establece la forma en que puede resolverse esa cuestión, además, la nulidad de pleno derecho no procede, sino que es necesario que se realice por medio de una determinación. Apoya a lo anterior por identidad jurídica sustancial la tesis de jurisprudencia número 298 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo IV, Materia Común, página 250, que reza: ‘NULIDAD. NO EXISTE DE PLENO DERECHO.’. Sin embargo, es indudable que el medio ordinario de defensa denominado doctrinariamente como incidente de nulidad de actuaciones, cuyo fin y objeto es la declaración de invalidez de una actuación ausente de las formalidades esenciales señaladas en la ley, así como las posteriores, únicamente puede tramitarse ante la autoridad judicial. En efecto, la premisa del razonamiento sostenido por la recurrente es justificada, porque las actuaciones que integra el Ministerio Público no están sujetas a análisis mediante un medio de impugnación ordinario, es decir, al realizar la notificación de un acuerdo de propuesta de no ejercicio de la acción penal, no es viable analizar si se ajustó a las formalidades establecidas en los ordinales 80 al 89 del código adjetivo penal aplicable, porque el incidente de nulidad de actuaciones únicamente procede su tramitación y resolución ante la autoridad judicial. Es así, porque el legislador en el artículo 541 del código en cita, estableció que las cuestiones incidentales que acontezcan durante el juicio se tramitarán en términos de los diversos preceptos 542 a 545 de la misma norma, los cuales se refieren a que el Juez será el encargado de llevar a cabo el trámite y dictar la resolución correspondiente, artículos que deben de interpretarse en forma restrictiva, por ende, únicamente aplicables durante el juicio, de lo contrario, se estaría estableciendo la disposición de medios de impugnación que la propia ley no estima aplicables, además, no existe disposición expresa que permita la aplicación de estas disposiciones durante la indagatoria. La anterior premisa se corrobora con el aspecto que la resolución recaída al incidente de nulidad de actuaciones es apelable en el efecto devolutivo, según lo dispone el artículo 545 del código adjetivo de la materia, lo que la hace incompatible con el procedimiento de averiguación previa, porque no procede el recurso de apelación en contra de las determinaciones de la representación social. Otro razonamiento que fortalece la anterior conclusión estriba en considerar que debería decirse que esas actuaciones llevadas a cabo por la institución ministerial escapan al ordenamiento jurídico y no son susceptibles de infringir disposiciones legales, empero, la procedencia del medio extraordinario de impugnación del juicio de amparo indirecto encuentra apoyo en lo dispuesto en el ordinal 114, fracción IV, de la ley de la materia, que señala que el juicio de garantías se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y en estos casos, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si en virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda, a no ser que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia. De ahí, que aun cuando el procedimiento penal se compone del periodo de preparación de la acción procesal, de preparación del proceso y del proceso, no todas las disposiciones resultan aplicables a la primera etapa conocida como averiguación previa, pues para ello es menester que exista disposición concreta al respecto o que no sean incompatibles, por ello, aun cuando el numeral 286 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, establece que las diligencias practicadas por el Ministerio Público y por la Policía Judicial, tendrán valor probatorio pleno, siempre que se ajusten a las reglas relativas de ese código, ello no implica que puedan ser cuestionadas las notificaciones mediante incidentes del proceso judicial. Por las razones anteriores es que tampoco se comparte la tesis aislada, en la que se apoyó la Juez Federal del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, diciembre de 2003, página 1401, cuyo rubro y texto dicen: ‘INCIDENTE NO ESPECIFICADO QUE IMPUGNA UNA NOTIFICACIÓN. SU TRÁMITE PROCEDE EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO, INCLUSO EN LA FASE ‘A’ DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).’ (se transcribe). Lo anterior se afirma, porque los artículos aquí interpretados de la legislación del Distrito Federal y los relativos de la del Estado de Puebla son similares, los cuales preceptúan, respectivamente: En consecuencia, al quedar demostrado que los fundamentos en que se basó el mencionado tribunal tienen sustancialmente la misma redacción que los aquí interpretados, es decir, que son disposiciones similares pero con un criterio divergente por parte del mencionado tribunal y éste, es evidente que existe una contradicción de criterios, pues el problema a dilucidar es si durante la averiguación previa procede o no el incidente de nulidad de actuaciones en contra de la notificación del ministerio público de una resolución o auto. En esa virtud, con base en lo expuesto, este tribunal no comparte la consideración de la a quo que la causal de improcedencia que se actualizó fue la prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia que señala que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que conforme a las leyes que los rijan proceda contra ellos algún medio de defensa legal en virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, pues, como lo alegó la parte quejosa, no está obligada a agotar el incidente de nulidad de actuaciones, puesto que el mismo no opera en la averiguación previa. Como se dijo, la procedencia del juicio es de naturaleza oficiosa y subsiste en el recurso de revisión como lo prevé el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, debe quedar asentado que la demanda de garantías se promovió en tiempo en contra de los actos atribuidos a la agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Notificación e Inconformidades de la Coordinación de Agentes del Ministerio Público auxiliares del procurador general de Justicia de esta ciudad, consistentes en las cédulas de notificación de veintitrés y veinticuatro de agosto de dos mil siete, toda vez que de conformidad con el artículo 21 de la ley antes citada, se presentó en el plazo de quince días, contados a partir de que el quejoso manifestó tener conocimiento de su existencia (foja 46 de esta ejecutoria), que lo fue el cinco de marzo del presente año, sin que exista prueba que acredite lo contrario, por lo cual el plazo para la impetrante de garantías transcurrió del nueve del mismo mes al dos de abril, con exclusión del ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de marzo, así como del diecisiete al veintiuno del mismo mes por ser semana santa, todos de esta anualidad, por haber sido inhábiles, en términos del artículo 23 de la ley in fine y la demanda se presentó el catorce de marzo del año en curso. En consecuencia, toda vez que no se advierte la actualización de alguna diversa causa de improcedencia o que las autoridades respectivas hubieran hecho valer alguna, lo procedente es levantar el sobreseimiento decretado por la Juez Federal, con apoyo en el ordinal 91, fracción III, de la Ley de Amparo, respecto de los actos que son materia del presente considerando y proceder a estudiar el concepto de violación expresado en su contra. En contra de esas actuaciones el quejoso hizo valer como concepto de violación el relativo a que éstas son nulas, virtud a que no se realizaron un día después de cuando se emitieron, lo que infringe el artículo 81 del Código Penal para el Distrito Federal, por ende, si la resolución es de cuatro de junio de dos mil siete, ésta debió notificarse al día siguiente, pero no dos meses posteriores (fojas 7 a la 9 del sumario de amparo). Lo anterior es infundado sobre la base de las siguientes consideraciones. El numeral en cita es del tenor siguiente: Ahora bien, para que proceda la invalidez de una notificación, debe dejar de observarse una formalidad que provoque un estado de indefensión tal, que impida que la persona a quien se dirige tenga conocimiento de ésta, por lo que únicamente la inobservancia de esa regla es la que puede estimarse como infringida, por tanto, si bien el legislador previó que las notificaciones se realizaran al día siguiente de su emisión, ello no es causa suficiente para declarar su invalidez, pues si bien, se realiza dos meses después o más tiempo, es a partir de la fecha en que se practique cuando se entiende por realizada. En esa vertiente, si bien es cierto que es inadecuado que no se dé cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 81 en comento, en todo caso podría acarrear otro tipo de consecuencias jurídicas para el encargado de llevar a cabo las notificaciones, pero no su invalidez. Es aplicable por identidad jurídica sustancial en su parte conducente la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, febrero de 2008, cuyo rubro: y contenido dicen: ‘NOTIFICACIÓN POR BOLETÍN JUDICIAL. NO GENERA SU NULIDAD LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE LOS DATOS DE LA SENTENCIA A NOTIFICAR SE HAYAN PUBLICADO EN DIVERSO DÍA AL HÁBIL SIGUIENTE AL EN QUE SE DICTÓ (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).’. En consecuencia, al ser infundado el concepto de violación (que se reiteró como agravio) y al estar en presencia de una persona moral a la que le es aplicable el principio de estricto derecho, lo procedente es negar el amparo solicitado a **********, por conducto de su apoderado en contra de los actos atribuidos a la agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Notificación e Inconformidades de la Coordinación de Agentes del Ministerio Público auxiliares del procurador general de Justicia de esta ciudad, consistentes en las cédulas de notificación de veintitrés y veinticuatro de agosto de dos mil siete de la averiguación previa **********. ..."
II. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el recurso de revisión 243/2003, en sesión celebrada el veintiuno de agosto de dos mil tres, sustentó las consideraciones, que en la parte que interesa, a continuación se reproducen:
"QUINTO. Son fundados en una parte pero inoperantes por insuficientes en otra, los agravios que hace valer **********, hoy inconforme; sin que en el presente caso, sea dable suplir la deficiencia de la queja en términos de lo señalado por la fracción II del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, al ser la parte ofendida quien recurre, por lo que es evidente que en el presente asunto rige el principio de estricto derecho. En efecto, aduce en esencia el inconforme, que el Juez de Distrito al analizar la determinación de la representante social de fecha seis de marzo de dos mil tres, mediante la cual se le desechó el incidente de nulidad promovido, de manera indebida estimó que la misma no resultaba violatoria de sus garantías, considerando dicho resolutor federal, que las formalidades que la ley procesal señala para las notificaciones no rigen en el trámite de la fase ‘A’ de la averiguación previa que se sigue ante el Ministerio Público, ya que tales notificaciones a las partes son propias del proceso penal y, por lo mismo, los incidentes no especificados deben promoverse dentro de éste, el cual se desarrolla ante los Jueces y las Salas; cuando en realidad, agrega el recurrente, los preceptos del código adjetivo de la materia conducentes, sí son aplicables a las actuaciones del Ministerio Público, máxime que como el propio ordenamiento procesal establece, las diligencias que la referida autoridad ministerial lleva a cabo, entre las que se encuentran las notificaciones, tendrán pleno valor probatorio, siempre que se ajusten a las reglas relativas del código; por lo que, los artículos que al respecto establece el citado ordenamiento procesal, abarcan tanto a la autoridad judicial como al Ministerio Público, no obstante que tratándose de los incidentes no especificados el multicitado código procesal establezca que los mismos se aplican durante la tramitación de un juicio de defensa social. El anterior motivo de inconformidad resulta fundado. Ciertamente, ello es así, toda vez que contrario a lo sostenido por el Juez Federal en la resolución que por esta vía legal se combate, si bien las notificaciones a las partes son propias del proceso que se sigue ante los Jueces y Salas, lo cierto es que como bien afirma el aquí inconforme, y de acuerdo con lo señalado por el artículo 50 del código procesal vigente, el procedimiento en materia de defensa social comprende cuatro periodos, entre los que se encuentra el de averiguación previa, misma que a su vez se divide en dos fases; y es en la primera de ellas, en la fase ‘A’, en donde el representante social lleva a cabo una serie de actuaciones, entre las que se encuentran las notificaciones; todo lo cual implica, como así lo expresa el revisionista, que sí les sean aplicables a dichas notificaciones los preceptos legales que al respecto establece el código procesal, máxime que de acuerdo con su artículo 73: ‘Las diligencias que practique el Ministerio Público tendrán pleno valor probatorio si se ajustan a las reglas relativas de este código.’. Sin embargo, no obstante los razonamientos expuestos con anterioridad, esta potestad federal estima que no es de considerarse las pretensiones vertidas por el inconforme en sus agravios, en el sentido de revocar la sentencia que se recurre y conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados; pues como enseguida se precisará, tales motivos de inconformidad resultan inoperantes por insuficientes. En efecto, se dice lo anterior, partiendo de la base de que según se desprende de autos, para sustentar su determinación de fecha seis de marzo de dos mil tres, a través de la cual desechó el incidente de nulidad promovido por el quejoso, misma que constituye el acto reclamado, la agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Averiguaciones Previas y Control de Procesos de la Zona Metropolitana Sur de esta ciudad, tuvo en consideración dos aspectos fundamentales, uno en contra de los cuales, como se verá enseguida, el aquí inconforme no vertió consideración alguna, sin que dicha omisión fuera observada por el Juez de Distrito. En efecto, de manera textual, la autoridad ministerial señaló: (se transcribe). En este sentido, y según se ha señalado en líneas precedentes, el aquí recurrente nada dijo en relación con la segunda de las consideraciones, que la autoridad responsable tuvo en cuenta para la emisión del acto reclamado; ya que únicamente se constriñó a señalar, lo cual fue motivo de análisis por parte del juzgador del amparo y por esta potestad federal, que de acuerdo con el código adjetivo de la materia, el procedimiento penal abarca tanto las actuaciones efectuadas por la autoridad ministerial como la judicial, y que por lo mismo, los preceptos que al respecto establece dicho ordenamiento para las notificaciones resultan aplicables para las realizadas por la primera de las autoridades señaladas. Así las cosas, en términos de lo dispuesto por el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta procedente declarar inoperantes los conceptos de violación y, por lo mismo, los agravios planteados por el hoy recurrente, pues como se ha visto, éstos resultan insuficientes para combatir en su totalidad los razonamientos torales que le sirvieron de base a la autoridad ministerial responsable para la emisión de su determinación, misma que constituye el acto reclamado. Resulta aplicable a lo anterior en lo conducente, la jurisprudencia número 580 del entonces Segundo Tribunal Colegiado de este circuito, misma que aparece visible en la página 386, del Tomo VI, Parte TCC, del Apéndice de 1995, Octava Época, de rubro y texto que disponen: ‘AGRAVIOS EN LA REVISIÓN, FUNDADOS PERO INOPERANTES.’. Consecuentemente, lo que se impone en la especie es confirmar la sentencia sujeta a revisión y negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados."
De la resolución transcrita derivó la tesis aislada cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:
"INCIDENTE NO ESPECIFICADO QUE IMPUGNA UNA NOTIFICACIÓN. SU TRÁMITE PROCEDE EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO, INCLUSO EN LA FASE ‘A’ DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Los artículos 50 y 349 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social de la entidad, respectivamente, dicen: ‘El procedimiento en materia de defensa social comprende cuatro periodos: I. El de averiguación previa que, a su vez se divide en dos fases: a) ... y b) ... II. El de instrucción ... III. El de juicio ... IV. El de ejecución ...’ y ‘Las cuestiones que se propongan durante la tramitación de un juicio de defensa social y que no sean de las especificadas en los capítulos anteriores, se resolverán en la forma que establecen las fracciones siguientes ...’. Así, de una interpretación armónica de los preceptos antes transcritos se llega a la convicción de que el incidente no especificado no sólo procede, entre otros casos, en contra de una notificación efectuada dentro del periodo llamado de juicio, sino también en cualquier otra etapa, aun en la de averiguación previa fase ‘a’ en donde el representante social lleva a cabo una serie de actuaciones, entre las que se encuentran las notificaciones a las partes; en consecuencia, a dichas actuaciones sí les son aplicables los preceptos que el código procesal prevé para las realizadas ante el Juez o las Salas, máxime que el artículo 73 del mismo ordenamiento legal dispone: ‘Las diligencias que practiquen el Ministerio Público tendrán pleno valor probatorio si se ajustan a las reglas relativas de este código.’ (Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVIII, diciembre de 2003, tesis VI.1o.P.218 P, página 1401).
"Amparo en revisión 243/2003. 21 de agosto de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Juan Gabriel Calvillo Carrasco."
III. Finalmente, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión 137/2008, en sesión celebrada el once de septiembre de dos mil ocho, sustentó las consideraciones, que en la parte que interesa, a continuación se reproducen:
"SEXTO. Los agravios que hace valer la parte recurrente son infundados, sin que en el particular se esté en alguno de los supuestos para suplir la deficiencia de la queja, conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción II, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso numeral 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo. En efecto son infundados los argumentos que hace la parte recurrente en el primer agravio, en el sentido que la Jueza de Distrito indebidamente desechó la demanda de amparo, aduciendo que no se agotó el principio de definitividad; sin embargo, los preceptos legales que regulan el trámite de los incidentes no especificados en el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal no son aplicables en la etapa de averiguación previa, sino sólo en el juicio penal, pues así se advierte de la lectura de los citados ordinales, motivo por el que se debe revocar el auto impugnado y ordenar la admisión de la demanda, máxime que la ilegal notificación reclamada a las responsables infringe lo dispuesto en el numeral 63 del Acuerdo A/003/99 de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad que dispone que la propuesta de no ejercicio de la acción penal se deberá notificar al denunciante, querellante u ofendido a través de notificación personal y, en este caso, las responsables no lo hicieron así; aduciones que apoyó en la tesis con el rubro: ‘MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. CARECE DE FACULTADES PARA SUSTANCIAR LOS INCIDENTES NO ESPECIFICADOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 494 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.’. En principio es de señalarse que la figura de la improcedencia es una institución jurídica por medio de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para estudiar y, por tanto, determinar si el acto o actos reclamados por el quejoso son o no inconstitucionales, es decir, la improcedencia motiva que el órgano jurisdiccional de amparo no dirima la controversia constitucional que le ha sido planteada, cuyas hipótesis se encuentran previstas en la Constitución, la Ley de Amparo y en la jurisprudencia formada por el más Alto Tribunal del País y por los Tribunales Colegiados. Asimismo, dicha institución es de estudio preferente e incluso, de oficio, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha manifestado a través de sus criterios jurisprudenciales que tanto los Jueces como los tribunales federales de amparo tienen la obligación de estudiar en principio si se actualiza o no alguna causa de improcedencia y, en caso de que así sea, deberá desechar la demanda de garantías, en términos de lo dispuesto en el ordinal 145 de la ley de la materia o, sobreseer en el juicio, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 73 en relación con el 74 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 3/99 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, enero de 1999, Novena Época, visible en la página trece, bajo el rubro y texto: ‘IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.’. Expuesto lo anterior, también es de señalarse que una vez que el quejoso ha presentado ante el Juez de Distrito correspondiente el escrito inicial de demanda debe examinarlo en su integridad y emitir un acuerdo que puede ser en cualquiera de los siguientes sentidos: A. De desechamiento (artículo 145 de la Ley de Amparo). B. Auto preventivo o de aclaración de la demanda (artículo 146 de dicho ordenamiento). C. Auto de admisión de la demanda (artículo 147). En el supuesto señalado en primer término, el Juez de amparo declara la inadmisibilidad de la demanda de garantías y tal figura se presenta cuando de la propia demanda se adviertan de modo manifiesto e indudable causas de improcedencia legales o jurisprudenciales de la acción constitucional. En efecto, el numeral 145 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: (se transcribe). De la anterior disposición legal se desprende que el Juez constitucional debe desechar una demanda de garantías cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; entendiendo por ‘manifiesto’ lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por ‘indudable’, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, es decir, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que resulta. En tal contexto, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones; además se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya se manifestaron de forma clara por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. En atención a lo razonado es de concluirse que si bien es cierto que de conformidad con el artículo 145 mencionado, el Juez constitucional debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano; sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende del criterio puramente subjetivo del juzgador, como ya se indicó, sino que para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas reguladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo u otra prevista en diverso precepto legal relacionado con la fracción XVIII de ese precepto legal. A lo anterior resulta aplicable, por identidad jurídica, lo sustentado por el Pleno del Máximo Tribunal del país en la jurisprudencia P./J. 128/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, visible en la página ochocientos tres, bajo el epígrafe y texto: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN «MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA» PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA.’. Expuesto lo anterior, este órg
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21840-08e17ba3/amparo-indirecto-procede-contra-la-ilegal-notificacion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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